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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AL HABERSE RECONOCIDO LA VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 109 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 3o. DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, AMBAS DEL ESTADO DE SINALOA, DEBE DECLARARSE LA INVALIDEZ, EN VÍA DE CONSECUENCIA, DEL ACUERDO DE LA SALA REGIONAL ZONA NORTE DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ESE ESTADO, DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010, EN EL JUICIO DE NULIDAD 355/2010, PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ESA ENTIDAD, ASÍ COMO TODO LO ACTUADO EN DICHO EXPEDIENTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN IV, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DEL ARTÍCULO 13, FRACCIONES I Y V, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 264 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011, EN TANTO CESARON SUS EFECTOS. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos, en contra del voto de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia) TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA. AL ASUMIR COMPETENCIA PARA CONOCER SOBRE LA LEGALIDAD DE LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA IMPUESTA A UN SERVIDOR PÚBLICO DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL, Y EL DE DIVISIÓN DE PODERES, CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 17 Y 116, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES III Y V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA. AL IMPONER UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA A UN SERVIDOR PÚBLICO DEL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD, SE EXCEDIÓ EN SU ESFERA COMPETENCIAL, POR LO QUE TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA. EL TÉRMINO "AUTORIDADES DEL ESTADO" A QUE HACEN REFERENCIA LOS ARTÍCULOS 109 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD Y 3o. DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL NO PUEDE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL ESTATAL ESTÉN COMPRENDIDOS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE DICHO TRIBUNAL. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA. LOS ARTÍCULOS 109 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD Y 3o. DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL AL NO ESTABLECER ATRIBUCIÓN ALGUNA PARA QUE ESE TRIBUNAL CONOZCA DE LOS ACTOS, AUN LOS DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA, QUE EMITA EL PODER JUDICIAL ESTATAL, NO TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos)

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 82/2010. · Registro digital (IUS): 24154
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Pág. 69.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 82/2010. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA. 18 DE JUNIO DE 2012. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciocho de junio de dos mil doce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Autoridades, normas y acto impugnados. Por escrito presentado el doce de noviembre de dos mil diez en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Canuto Alfonso López López, quien se ostentó como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en representación del Poder Judicial de dicha entidad federativa, promovió controversia constitucional en contra de los siguientes poderes y órganos:

1) Poder Legislativo del Estado de Sinaloa;

2) Municipios de Choix, El Fuerte, Ahome, Guasave, Sinaloa, Mocorito, Angostura, Salvador Alvarado, Badiraguato, Culiacán, Navolato, Cosalá, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa;

3) Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa; y,

4) Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa.

En su demanda solicitó la declaración de invalidez del artículo 109 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa(1) y los artículos 3o. y 13, fracciones I y V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa.(2)

En concreto, del Congreso del Estado demandó la expedición de las normas generales señaladas en el párrafo precedente; de los Ayuntamientos, sólo la aprobación del artículo 109 Bis de la Constitución Política Local; del gobernador, la promulgación de sendas normas generales, y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el acuerdo de la Sala Regional Zona Norte de veintitrés de septiembre de dos mil diez, emitido en el juicio de nulidad 355/2010, promovido por Ángel Romero Valenzuela, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, el cual señala como primer acto de aplicación de las normas generales impugnadas.

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

1. El doce de agosto de dos mil nueve, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa ordenó formar "instructivo" en contra de Ángel Romero Valenzuela y José Ángel Miranda Navarrete, quienes ostentaban, respectivamente, los cargos de Juez y secretario del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Choix, Sinaloa, a fin de determinar si incurrieron en conductas constitutivas de responsabilidades oficiales y administrativas.

2. El veinticinco de febrero de dos mil diez, el Pleno determinó que Ángel Romero Valenzuela incurrió en infracciones y omisiones que conculcaron los principios de legalidad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su cargo, por lo que resolvió destituirlo.

3. El diecinueve de marzo de dos mil diez, ante la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, Ángel Romero Valenzuela promovió juicio de nulidad en contra del instructivo y de su resolución.

4. Por acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil diez, la Sala Regional declinó la competencia a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa.

5. Por auto de veintitrés de abril de dos mil diez, la Junta Especial Número Dos se declaró incompetente por razón de la materia y ordenó remitir las constancias al Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito en turno, con el fin de que resolviera el conflicto competencial.

6. Por resolución de veintiséis de agosto de dos mil diez, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito resolvió el conflicto declarando competente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

7. Por auto de veintitrés de septiembre de dos mil diez, la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento a la ejecutoria antes citada y con fundamento en el artículo 13, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, entre otros artículos, admitió la demanda y requirió a las autoridades demandadas para que produjeran su contestación; asimismo, fijó fecha para el desahogo de la audiencia de ley.

TERCERO. Concepto de invalidez. En su único concepto de invalidez, el poder actor manifiesta que las normas generales impugnadas transgreden los artículos 17, 116, párrafo primero y fracciones III y V, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en específico, la autonomía e independencia judiciales y, como consecuencia, el principio de división de poderes, por conferir atribuciones materiales al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa para conocer de la legalidad de los actos de naturaleza administrativa del Poder Judicial Local, concretamente, de la imposición de sanciones administrativas que finque a sus servidores públicos

Para sustentar sus argumentos, cita la tesis aislada de la Primera Sala LXXX/2009 y la tesis jurisprudencial del Tribunal en Pleno 20/2008, de rubros siguientes:

• "TRIBUNALES CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS ESTATALES. CARECEN DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES DICTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A DICHOS PODERES."; y,

• "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DECLARA SU COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES EN LAS QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA ENTIDAD SEÑALE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA E IMPONGA LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL LOCAL, TRANSGREDE LAS FRACCIONES III Y V DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

Con base en los criterios anteriores, el poder actor afirma que al Poder Judicial del Estado corresponde, a través del Supremo Tribunal de Justicia, ejercer la vigilancia y disciplina del propio Poder Judicial, por lo que el ejercicio que realice en esta atribución especializada no puede ser revisado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, puesto que el Poder Judicial le estaría subordinado, en desacato del principio de división de poderes, previsto en el artículo 116, primer párrafo y fracción III, de la Constitución.

Asimismo, afirma que los Tribunales Contenciosos Administrativos tienen competencia únicamente para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública y los particulares, mas no entre éstos y otros poderes estatales, como lo es el Poder Judicial, dado que no existe ninguna prevención constitucional en ese sentido, antes bien, se precisa su competencia limitada en la fracción V del artículo 116 constitucional.

A partir de estas premisas, plantea la inconstitucionalidad de las referidas normas generales, ya que dan competencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa para conocer de las controversias que se susciten en relación con la legalidad de actos, procedimientos y disposiciones de naturaleza administrativa y fiscal, emitidos por las autoridades estatales, y como el Supremo Tribunal de Justicia es una autoridad estatal, es factible inferir que el marco normativo de la entidad federativa faculta al referido tribunal para conocer de la legalidad de los procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa sustanciados o emitidos por el Supremo Tribunal de Justicia, así como de los instaurados para determinar la responsabilidad administrativa e imposición de sanciones a los miembros del Poder Judicial Local.

A su juicio, la sentencia del Tribunal Colegiado que resolvió el conflicto competencial, por el cual fue emplazado a juicio y que constituye el acto reclamado en este medio de control constitucional, sustenta el anterior razonamiento, en específico, por el siguiente fragmento:

"CUARTO. Este Tribunal Colegiado estima que la competencia legal para conocer de la demanda de nulidad, promovida por Ángel Romero Valenzuela, corresponde a la Sala Regional Zona Norte del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, por las razones que a continuación se exponen:

"Lo anterior se afirma, en base a que este órgano colegiado considera que el presente conflicto competencial debe dilucidarse a la luz de la naturaleza del acto de donde deriva la acción de nulidad intentada por el actor.

"En ese sentido, es necesario destacar que, por escrito de diecinueve de marzo de dos mil diez, presentado ese mismo día ante la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en Los Mochis, Ahome, Sinaloa, Ángel Romero Valenzuela promovió juicio de nulidad, con fundamento en los artículos 1o., 2o., 3o., 13, fracciones I y V, 37, 54, 56, 57, 58, 82, 80, 95, fracciones II y VI, 97 y demás relativos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, en contra del presidente y Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, reclamando, al primero, la nulidad del procedimiento llamado instructivo y, al segundo, la nulidad de la resolución de veinticinco de febrero de dos mil diez dictada en el procedimiento, y mediante la cual se destituyó al accionante del cargo de Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Choix, Sinaloa, así como de ambas demandadas la reinstalación a dicho puesto y salarios dejados de percibir.

"En el capítulo de antecedentes, expresó el actor, en la parte que importa, que era el titular del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Choix, Sinaloa; que dicho juzgado fue objeto de visita extraordinaria; que con base en ello, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa ordenó la formación de un instructivo para el trámite administrativo o investigación, a fin de determinar si el demandante incurrió en conductas constitutivas de responsabilidades oficiales y administrativas, y que previo haber comparecido a ese procedimiento, el citado Pleno dictó la resolución de veinticinco de febrero de dos mil diez, en la que consideró que el accionante incurrió en graves faltas administrativas y oficiales, destituyéndolo del cargo antes señalado.

"De tal resolución de veinticinco de febrero de dos mil diez, que obra agregada de foja cuarenta a sesenta y nueve, se obtiene, en lo que importa, lo siguiente: ...

"Así pues, de lo anteriormente sintetizado y reproducido se obtiene de manera indudable que el juicio de nulidad planteado por el actor deriva de la sanción administrativa de destitución, prevista en el artículo 48, fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, en relación a los artículos 100 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; en consecuencia, se está en presencia de un acto netamente administrativo, toda vez que en los antecedentes convergen hechos relacionados con supuestas irregularidades en las funciones encomendadas al actor cuando era Juez de primera instancia, mientras que en la resolución clasificatoria se determinan esas irregularidades como graves en el desempeño de sus funciones, sancionándolo con la sanción de destitución del cargo.

"Bajo esas condiciones, si la destitución como sanción administrativa impuesta por ese orden de gobierno en contra de ese servidor fue por faltas de carácter administrativo, entonces, no podría recaer la competencia a favor de una Junta Laboral Local, dado que esta autoridad no estaría en condiciones de decidir sobre la procedencia de prestaciones laborales, como la reinstalación y salarios dejados de percibir que, como se vio, también fueron exigidos, sin examinar y decidir la legalidad de la sanción administrativa, lo cual queda fuera de su competencia material.

"Es aplicable la jurisprudencia 4/99, derivada de la contradicción de tesis 2/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 257 del Tomo IX, correspondiente al mes de marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS.’ ...

"Bajo estas condiciones, corresponde a la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en Los Mochis, Ahome, Sinaloa, conocer sobre el juicio de nulidad promovido por Ángel Romero Valenzuela."

Posteriormente, reitera que las normas impugnadas violan el artículo 116, fracción V, de la Constitución General de la República, porque el legislador local, al facultar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa para revisar la legalidad de las resoluciones materialmente administrativas que emita el Poder Judicial Local, le brinda una atribución que la Constitución Federal no le concede a esa clase de tribunales. Lo anterior, en detrimento de la esfera competencial del Poder Judicial Local, quien de conformidad con los artículos 3o., fracción III, 57 y 58 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y 19, fracción IX y 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, es competente para sustanciar los procedimientos tendientes a fincar responsabilidad administrativa a sus integrantes y, en su caso, para imponer las sanciones que correspondan. De ahí que la revisión de tales determinaciones, por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituya una invasión al ámbito de atribuciones del Poder Judicial Local.

Al efecto, cita la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala 49/2006, cuyo rubro es:

• "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE IMPONE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A SUS SERVIDORES PÚBLICOS."

También cita las tesis jurisprudenciales del Tribunal Pleno 81/2004 y 113/2009, de rubros siguientes:

•"PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS."

•"CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL DISEÑO ESTABLECIDO POR EL CONSTITUYENTE LOCAL PARA SU INTEGRACIÓN, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE DIVISIÓN DE PODERES Y DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIALES."

En su opinión, las tesis anteriores son aplicables al caso por los siguientes motivos:

a) El Poder Legislativo Estatal llevó a cabo una conducta antijurídica, al autorizar al Tribunal de lo Contencioso para conocer de la legalidad de procedimientos y resoluciones que escapan de su competencia, delimitada por la Constitución Federal;

b) Al autorizar al Poder Ejecutivo para revisar las resoluciones del Poder Judicial que versen sobre la determinación de la responsabilidad administrativa en que incurran sus funcionarios, el Poder Judicial no sólo no puede tomar autónomamente sus decisiones, además, debe someterse a la voluntad del Tribunal de lo Contencioso, porque autoriza a éste para decidir sobre la situación que deben guardar los servidores públicos del Poder Judicial Local, sin que este último pueda optar por no acatar sus fallos, en detrimento de su autonomía e independencia;

c) La injerencia del Poder Ejecutivo versa sobre procedimientos relativos al fincamiento de responsabilidad administrativa de servidores del Poder Judicial del Estado; y,

d) Aunado a lo anterior, existe violación al principio de división de poderes, porque el tribunal local de mayor jerarquía tendría que destinar recursos materiales y humanos para cumplir con determinaciones del órgano jurisdiccional administrativo, aunque éstas escapen de su competencia constitucional, en detrimento de su correcto y eficiente funcionamiento.

Al efecto, reproduce el pronunciamiento que realizó la Primera Sala, al resolver la controversia constitucional 93/2007, de la cual surgió la tesis aislada 1a. LXXX/2009 citada en primer término.

Finalmente, solicita que en el caso de que se estime que las normas impugnadas no confieren atribuciones materiales al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer de la legalidad de los actos de naturaleza administrativa del Poder Judicial, concretamente, de la imposición de sanciones administrativas que finque a sus servidores públicos, entonces, se salve la incongruencia que existiría en relación con la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 4/2010, donde el aludido Tribunal de lo Contencioso Administrativo sí es competente materialmente para conocer de dichos conflictos; de modo que aplique el criterio jurídicamente correcto, so pena de verse afectada la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.

A su parecer, lo anterior no significaría desconocer el carácter de cosa juzgada que en materia de legalidad tienen las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de conflictos competenciales en términos de los artículos 106 constitucional y 21, fracción VI y 37, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto quinto, fracción II, del Acuerdo General del Tribunal Pleno Número 5/2001, ya que dicho principio no opera cuando el examen de constitucionalidad de la norma depende de su correcta interpretación, por tratarse de un tema de constitucionalidad que debe ser decidido por esta Suprema Corte de Justicia, como órgano terminal en materia de constitucionalidad de leyes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo contrario, reitera, subsistiría la eventual contradicción entre la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 4/2010 y los considerandos de la ejecutoria que se emita en este asunto.

En su apoyo, cita el siguiente razonamiento sustentado por la Segunda Sala, al resolver el amparo directo en revisión 1994/2005:

"Lo anterior no implica desconocer el carácter de cosa juzgada que, en materia de legalidad, tienen las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados en amparo directo, en términos de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la ley de la materia, ya que tal principio no opera cuando el examen de esa cuestión depende de la interpretación de la norma controvertida, por tratarse de un tema de constitucionalidad que debe ser decidido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano terminal en materia de constitucionalidad de leyes, la que, incluso, puede interpretar el precepto de manera distinta a como lo hizo el Tribunal Colegiado del conocimiento y, como consecuencia de ello, modificar o revocar la sentencia recurrida en ese aspecto, lo que de trascender al problema de legalidad obliga a este Alto Tribunal a pronunciarse también sobre ese aspecto atendiendo al justo alcance de la norma controvertida, aunque ya lo haya hecho el Tribunal Colegiado a partir de una premisa equivocada."

Asimismo, considera aplicable por analogía la tesis de la Primera Sala L/2010, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DENTRO DE LAS CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES MATERIA DE ESA INSTANCIA, DEBE COMPRENDERSE A LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONTROVERTIDA."

CUARTO. Registro y admisión. Por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil diez, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 82/2010 y, por razón de turno, designó a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

Mediante auto de diecisiete de noviembre de dos mil diez, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, les reconoció el carácter de autoridades demandadas a los poderes y órganos señalados en el primer resultando de esta ejecutoria, a quienes ordenó emplazar para que formularan su contestación y finalmente, ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

QUINTO. Contestación del Poder Legislativo. En su contestación a la demanda, el referido poder pide sobreseer en la controversia constitucional, con fundamento en la fracción II del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII de su artículo 19, en relación con los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República.

Lo anterior, porque la aplicación de las normas generales impugnadas derivan de actos de ejecución de una sentencia dictada por un tribunal del Poder Judicial de la Federación, en resolución de un conflicto competencial, en cumplimiento a las atribuciones que legal y constitucionalmente le han sido conferidas.

En este sentido, señala que el criterio de la Suprema Corte ha sido que las controversias constitucionales son notoriamente improcedentes en contra de los actos de ejecución de sentencias dictadas por los tribunales del Poder Judicial de la Federación en un juicio de amparo, en tanto actúan ejerciendo funciones extraordinarias de control constitucional y, en esa medida, sus resoluciones y los actos derivados del cumplimiento de las mismas no pueden estar sometidos, a su vez, a otro control constitucional, pues además de que convertiría a la controversia constitucional en un ulterior recurso del diverso juicio de garantías, ello sería contrario a la naturaleza de las acciones constitucionales.

Al efecto, cita la tesis aislada del Tribunal Pleno LXX/2004, del siguiente rubro:

• "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIOS DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS ACTOS REALIZADOS EN SU EJECUCIÓN."

En segundo lugar, también pide sobreseer en la controversia constitucional con fundamento en la fracción II del artículo 20 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con la fracción II de su artículo 21 y la fracción VII de su artículo 19.

En su opinión, la controversia constitucional también es improcedente por extemporánea, ya que asevera que el primer acto de aplicación de los preceptos impugnados fue la resolución del Tribunal Colegiado que resolvió el conflicto competencial a favor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, no así el auto de admisión de la demanda de nulidad que emitió la Sala Regional Zona Norte pues, a su juicio, fue en aquel momento en el que se interpretó su sentido y alcance, sin que la tesis que cita la parte actora sea obstáculo,(3) ya que no se trata del trámite de un juicio de amparo, sino de un procedimiento de demanda de controversia constitucional y, por lo tanto, no se afecta la técnica del referido procedimiento, aunado a que el auto de admisión de la demanda de nulidad es una consecuencia legal del primer acto de aplicación de los preceptos impugnados.

Al efecto, cita la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno 2/97, del rubro siguiente:

• "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO."

En relación con los conceptos de invalidez, considera que las normas generales impugnadas no vulneran la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, ni el principio de división de poderes, ya que, en su opinión, dichos preceptos no autorizan al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa a revisar los actos administrativos del Poder Judicial Local.

A su juicio, de una interpretación teleológica y sistemática de los artículos impugnados, en relación con los considerandos de los dictámenes mediante los cuales se aprobaron los artículos 109 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y su Ley de Justicia Administrativa, y en coherencia y cumplimiento al artículo 116 de la Constitución Federal, se aprecia que el mismo fue reformado para incluir a las resoluciones municipales como actos de competencia de la jurisdicción administrativa.

Por este motivo, afirma que lo que existe es una interpretación defectuosa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa y del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, ya que, a su parecer, ambos debieron atender el sentido de la Constitución General de la República e interpretar los preceptos impugnados bajo la óptica del principio de división de poderes, esto es, en sus propias palabras: "determinar que si bien las citadas normas mencionan en sentido amplio a las autoridades del Estado, este contexto se circunscribe a los actos de naturaleza administrativa, surgidos entre la administración pública y los particulares, pero no incluyen dentro de la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo la revisión de actos invadiendo la esfera de competencia del Supremo Tribunal de Justicia, al resolver un procedimiento de responsabilidad en contra de un servidor judicial."

El anterior razonamiento lo sustenta en la tesis del Tribunal Pleno IV/2008, así como en la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala 176/2010, y en la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno 20/2008, de rubros siguientes:

• "INTERPRETACIÓN CONFORME EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, CUANDO UNA NORMA ADMITA VARIAS INTERPRETACIONES DEBE PREFERIRSE LA COMPATIBLE CON LA CONSTITUCIÓN."

• "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN."

• "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DECLARA SU COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES EN LAS QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA ENTIDAD SEÑALE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA E IMPONGA LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL LOCAL, TRANSGREDE LAS FRACCIONES III Y V DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

SEXTO. Contestación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. El referido tribunal reconoció que se declaró competente para conocer del juicio de nulidad 355/2010, promovido por Ángel Romero Valenzuela, en contra del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y que admitió a trámite su demanda; sin embargo, precisa que esto fue en acatamiento a la resolución de veintiséis de agosto de dos mil diez, emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito en el conflicto competencial 4/2010, que en su resolutivo señala:

"ÚNICO. Se declara que la Sala Regional Norte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en Los Mochis, Ahome, Sinaloa, es competente para conocer en relación a la demanda entablada por Ángel Romero Valenzuela, en contra de las autoridades y por los actos especificados en el resultando primero de esta resolución."

SÉPTIMO. Opinión de la procuradora general de la República. Al formular su opinión, la procuradora manifestó, en síntesis, que la controversia constitucional es procedente y que quien la promueve cuenta con legitimación para hacerlo.

En relación con la oportunidad de la demanda, considera que su presentación es oportuna, respecto del acuerdo de la Sala Regional Zona Norte, el cual se señala como primer acto de aplicación de las normas generales impugnadas; sin embargo, considera que en el mismo sólo se aplicó el artículo 13, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa, no así el artículo 109 Bis de la Constitución Política Local, ni los artículos 3o. y 13, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa, por lo que, a su juicio, la impugnación de estos preceptos resulta extemporánea, atendiendo a que el plazo para éstos se debe computar a partir de la fecha en que fueron publicados: dos de enero de mil novecientos ochenta y uno para el artículo 109 Bis de la Constitución Política Local, y veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y tres para los artículos 3o. y 13 de la Ley de Justicia Administrativa, motivo por el cual considera que la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia se actualiza y procede sobreseer en el juicio, en términos de la fracción II de su artículo 20.

Respecto a la primer causa de improcedencia planteada por el Congreso del Estado de Sinaloa, en la que afirma que la aplicación de las normas impugnadas se relacionan con los actos de ejecución de una sentencia dictada por un tribunal del Poder Judicial de la Federación, al resolver un conflicto competencial, considera que la misma resulta infundada, porque el acto impugnado, a pesar de tratarse de una resolución jurisdiccional, no es una sentencia que haya resuelto el fondo del asunto, cuyo contenido se pretenda impugnar utilizando este medio de control constitucional como un ulterior recurso, sino que se trata de una determinación que asume una competencia que, de inicio, no le corresponde -al Tribunal de Contencioso Administrativo-, según lo aducido por el actor y, con la cual, se dice, invade la esfera competencial del Poder Judicial Local.

Por este motivo, considera que la presente controversia no versa en cuanto a conocer de la cuestión litigiosa que originó el juicio contencioso administrativo, sino estrictamente respecto a un aspecto que atañe al ámbito de competencias de los poderes actor y demandado. Por lo tanto, afirma que la cuestión a examinar atañe estrictamente sobre la presunta invasión a la esfera de competencia de uno de los órganos originarios del Estado, motivo por el que, a su criterio, procede la a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24154-050ea4a6/controversia-constitucional-al-haberse-reconocido-la-validez-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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