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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ENCAMINADOS A EVIDENCIAR LA ILEGAL DETENCIÓN DEL QUEJOSO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 252/2012. · Registro digital (IUS): 24158
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Pág. 1696.

AMPARO DIRECTO 252/2012. 30 DE AGOSTO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN CAMPOS BEDOLLA.

CONSIDERANDO:

QUINTO. En principio, y por razón de mandato constitucional, de manera preliminar conviene señalar que, acorde con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del once siguiente, en términos de su tercer párrafo, corresponde a este órgano de control de constitucionalidad, en el ámbito de su competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Asimismo, en materia de derechos fundamentales debe decirse que el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias, es decir, los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna y aquellos derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de ahí que las normas provenientes de ambas fuentes son Normas Supremas; en el caso de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en ambas fuentes, la elección de la norma que será aplicable en materia de derechos humanos, atenderá a criterios de favorabilidad del individuo o lo que se ha denominado "principio pro persona".

En consecuencia, en aras de dicho principio, conforme al cual, y en términos del párrafo segundo del dispositivo constitucional en cita, así como los ordinales 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe favorecerse en todo tiempo a las personas la protección más amplia, por lo que, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos deberá realizar: una interpretación conforme en sentido amplio del orden jurídico a la luz y respecto de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; una interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que al existir varias interpretaciones jurídicamente válidas los juzgadores partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes deben preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales; y una inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles; de ahí que, de estimar la existencia de una violación a los referidos derechos humanos, se procederá a sancionar y reparar la misma, en los términos que establezca la ley para ello, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución General de la República y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. XIX/2011 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2918, Libro IV, Tomo 3, enero de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE."

Así como la tesis P. LXIX/2011 (9a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 552, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, »del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."

En ese sentido, es infundado lo que aduce el ahora quejoso en cuanto a que se viola en su perjuicio lo consagrado en el ordinal 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En efecto, en principio, no se advierte violación a lo previsto en el artículo 14 constitucional, en concordancia con lo dispuesto en el ordinal 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; numerales 7.2, 8.1 y 9, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José"; y los diversos 9, punto 1, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en razón de que el procedimiento del que deriva la sentencia reclamada se sustanció por las autoridades jurisdiccionales legalmente competentes, conforme a las disposiciones legales contenidas en el código adjetivo de la materia y fuero, en los términos y con las formalidades que el mismo exige, por leyes expedidas con anterioridad al hecho; asimismo, y en virtud de que la autoridad ministerial ejerció acción penal con detenido, por lo que oportunamente se hizo saber a dicho quejoso el inicio del procedimiento instaurado en su contra y de sus consecuencias, además de las garantías que le otorga la Constitución; se recibió su declaración preparatoria, en la que estuvo asistido por el defensor de oficio; enseguida se resolvió su situación jurídica; en la instrucción se admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas, a excepción de la ampliación de declaración del policía remitente ********** por haber desistido de su desahogo (foja 293); compareció a las diligencias a las que tenía derecho estando asistido en todo momento de su defensor; se le hizo saber si era su deseo ser careado con las personas que deponen en su contra, manifestando no querer hacerlo (foja 292); y previas conclusiones del Ministerio Público, y de su defensor particular, se pronunció la sentencia respectiva, contra la cual, inconforme el defensor de oficio del ahora quejoso interpuso recurso de apelación, que igualmente se tramitó acorde a las disposiciones legales preestablecidas, celebrándose la audiencia de vista con la asistencia de los Magistrados de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el defensor de oficio, el Ministerio Público y el secretario de Acuerdos; y una vez analizados los agravios hechos valer, atendiendo al principio de suplencia de la queja, se dictó en esa segunda instancia la sentencia materia de esta litis constitucional.

Las anteriores garantías, reconocidas no sólo por la Constitución Federal, sino también por los instrumentos internacionales antes mencionados, cuya observancia es obligatoria, conforme lo dispone el artículo 1o. del citado Pacto Federal, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, que entró en vigor al siguiente día; conforman la esencia del debido proceso legal a que todo inculpado tiene derecho, con la finalidad de ser oído públicamente y con justicia por un tribunal previamente establecido y con arreglo a los procedimientos legalmente establecidos, en los que se garantice su adecuada defensa; las que, como ya se indicó, fueron respetadas al ahora impetrante; por lo que contrario a lo que afirma, no existe violación a sus derechos humanos, ni a las garantías que lo protegen, establecidos en los artículos que cita el ahora quejoso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.

A lo expuesto es aplicable la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento treinta y tres, Tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

De ahí que no le asiste razón al ahora quejoso en cuanto a que se dejaron de observar los principios de derecho penal y procesal y los principios generales de derecho que cita en su único concepto de violación.

También es infundado lo aducido en torno a que se infringió lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, porque de la lectura integral de la sentencia reclamada se advierte que se encuentra debidamente fundada y motivada, satisfaciendo las exigencias a que alude el primer párrafo del mencionado numeral, en torno a la acreditación del delito de robo calificado y la demostración de la responsabilidad penal del quejoso en su comisión, pues la responsable citó los preceptos legales aplicables y expuso razonadamente los motivos por los cuales se estimaron acreditados todos y cada uno de los elementos de la hipótesis normativa.

A lo anterior se aplica la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página ciento sesenta y dos, bajo el epígrafe:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE."

Así como el criterio sustentado en la jurisprudencia número 553, visible en la página 335, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que sostiene lo siguiente:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."

Asimismo, aduce el quejoso que se viola en su perjuicio lo previsto en el artículo 133 constitucional en relación con el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y con el diverso 14, párrafo segundo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Preceptos que respectivamente disponen:

"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."

"Artículo 8. Garantías Judiciales.

"1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

"2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

"a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

"b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

"c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

"d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección o de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

"e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

"f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

"g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

"h) derecho de recurrir del fallo ante Juez o tribunal superior.

"3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

"4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

"5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia."

"Artículo 14. ...

"2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. ..."

Instrumentos internacionales de cuya lectura se desprende que son concernientes a los derechos que cada persona tiene, la igualdad ante la ley; a la libertad personal; las garantías mínimas que debe tener toda persona durante el proceso; al derecho de un recurso efectivo ante los tribunales; al derecho que toda persona acusada tiene en cuanto a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.

También podemos advertir que éstos contemplan las garantías mínimas que a toda persona privada de la libertad o sujeta a procedimiento se deben respetar, por tanto, con el dictado de la sentencia que se combate, no se violó ninguno de los derechos o principios contemplados en esos tratados, pues de la revisión tanto de la causa penal como del toca, se advierte que en todo momento se respetaron, ya que al ahora quejoso, primeramente, no se le privó de su libertad de manera injustificada, pues fue con motivo de los hechos denunciados por los ofendidos, además se le hizo saber el delito por el cual se le inició proceso (robo calificado), tuvo la oportunidad de ofrecer pruebas, así como de comparecer y alegar en todas las audiencias desahogadas durante el proceso, todo el tiempo estuvo asistido del defensor de oficio; la sentencia que se dictó fue acorde con la pretensión punitiva del Ministerio Público; asimismo, se hizo de su conocimiento el derecho que tenía para recurrir la sentencia de primera instancia, por tanto, se advierte una adecuada defensa.

Tampoco se advierte que el ahora quejoso durante la secuela procesal haya sido tratado de manera desigual, o se le haya hecho distinción por su condición personal y mucho menos existe constancia alguna de que estando privado de su libertad haya tenido un trato indebido.

Asimismo, respecto al principio de inocencia que se contempla en dichos instrumentos, también fue respetado ya que éste opera a favor de todo inculpado, siempre y cuando de la causa penal no se desprendan firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar tal principio, además de que al rechazar el inculpado las imputaciones en su contra y negar su participación en los hechos, éste necesariamente debe probar su postura sin que baste su sola negativa, ya que admitir como válida la sola manifestación del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su eficacia y alcance demostrativo.

Además, conforme a lo dispuesto en los ordinales 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el diverso 8, punto 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, de acuerdo con la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado en torno al principio de "presunción de inocencia", también reconocido por nuestra Carta Magna, en su redacción vigente, al realizar una interpretación sistemática de sus ordinales 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, así como los criterios establecidos en diversos casos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; es criterio general que la presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales e implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi le corresponde a quien acusa, en este caso al Ministerio Público, aunado a que dicho principio exige que una persona no puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal; empero, también es cierto, que cuando el inculpado o inculpada niega los hechos ilícitos que se le atribuyen, como acontece en este caso, es menester que los corrobore con pruebas idóneas y suficientes para desvirtuar aquellas en las que se basó el órgano técnico ministerial para acusarla, pues no basta que sólo niegue las imputaciones que se hacen en su contra y no aporte los medios probatorios idóneos para acreditar su dicho.

Y, del análisis conjunto de las pruebas que obran en la causa penal, mediante las reglas de justipreciación establecidas en el código adjetivo de la materia y fuero, se pone de manifiesto la comprobación de su responsabilidad en la comisión del delito que se le imputa, como más adelante se analizará, pues a través de la prueba presuncional, también denominada circunstancial o indiciaria, consistente en probar aquellos hechos que no son susceptibles de demostrarse de manera directa, por lo que la presunción nace de la probabilidad y que la relación entre el hecho conocido y el desconocido se apoya en una conjetura, motivo por el cual, es menester que la conclusión alcanzada sea el resultado de un proceso lógico; se determina que la sentencia reclamada es legal al haberse dictado conforme a derecho, sin que se haya trastocado el referido principio de presunción de inocencia.

Lo anterior tiene soporte jurídico en la jurisprudencia II.2o.P. J/20, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de dos mil seis, página mil quinientos doce, que a la letra dice:

"DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran."

También se aplica la jurisprudencia V.4o. J/3, del Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se comparte, publicada en la fuente antes citada, Novena Época, Tomo XXII, julio de dos mil cinco, página mil ciento cinco, que dice:

"INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL. Si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el encauzado rechaza las imputaciones y niega el delito, o su participación culpable en su actualización, éste necesariamente debe probar los hechos positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola negativa, no corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente la manifestación unilateral del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su eficacia y alcance demostrativo."

De ahí que no resulten aplicables en el sentido que pretende el quejoso las tesis que invoca bajo los rubros: "TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL." y "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", pues en todo caso se atendió a dichos criterios, ya que en todo momento se respetaron los derechos fundamentales previstos en los instrumentos internacionales que cita.

También es infundado que la responsable infringiera lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho), donde, entre otras garantías, se establecen aquellas atingentes a la no autoincriminación, que se reciba su declaración preparatoria donde se le haga saber el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación; a ser careada con quienes deponen en su contra; a que se le reciban los testigos y demás pruebas; a tener una defensa adecuada; las que también están reconocidas en los numerales 7, puntos 4, 5 y 6; y, 8, punto 2, incisos b), c), d), e), f) y g) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como los diversos 9, puntos 2, 3 y 4; y, 14, punto 3, incisos a), b), c), d) y g) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En virtud de que del análisis de las constancias que obran en el proceso penal instruido contra el quejoso, se advierte que le fueron respetadas las garantías en comento, ya que, en principio, al rendir su declaración preparatoria declaró asistido por el defensor de oficio, previo el conocimiento que se le hizo de la naturaleza y causa de la acusación; también se le recibieron las pruebas que ofreció, fue juzgado en audiencia pública por un Juez competente; fue informado de los derechos que establece en su favor la Constitución, y el derecho a una defensa adecuada, además que de las constancias de la causa penal que se instruyó al solicitante de amparo y del toca penal, no se advierte que se le haya obligado a declarar, o hubiere sido víctima de incomunicación, intimidación o tortura con ese objeto.

En relación con el argumento que el quejoso señaló en el sentido de que se ha dejado de cumplir con la obligación de respetar su derecho a la libertad personal, establecido en los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.6 y 7.7 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; puesto que de autos se advierte que su detención fue llevada a cabo de manera ilegal y arbitraria, ya que de autos se desprende que no fue detenido al momento de cometer un delito; además señala que de constancias se desprende que los policías aprehensores desde la ilegal detención jamás le informaron las razones de su detención y tampoco le notificaron sin demora del cargo o cargos formulados contra él, en ningún momento hicieron del conocimiento del quejoso, no solamente los derechos fundamentales de éste, sino el derecho a la libertad personal reconocido como derecho humano, en términos de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado Mexicano; por lo que tanto la autoridad ministerial como judicial han violado derechos humanos del quejoso al avalar la ilegal detención de éste, respecto de la determinación del Ministerio Público de calificar de legal su detención, cuando de autos se desprende que no se está en presencia de delito flagrante, caso urgente o una orden de aprehensión, violando con ello lo establecido en el artículo 7.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; al respecto debe decirse que es infundado, atento a lo siguiente:

Primeramente, debe decirse que este tribunal constitucional no comparte el criterio del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito sustentado en la tesis XV.5o.10 P, publicado en la página 1530 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, agosto de 2009, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ENCAMINADOS A EVIDENCIAR LA ILEGAL DETENCIÓN DEL QUEJOSO, SI DICHA CUESTIÓN NO FUE IMPUGNADA DURANTE EL PROCESO Y, POR TANTO, SE CONSUMARON DE MANERA IRREPARABLE LAS VIOLACIONES ADUCIDAS AL RESPECTO AL DICTARSE SENTENCIA DEFINITIVA Y CONFIRMARSE POR LA SALA CORRESPONDIENTE.", así como la jurisprudencia VI.2o. J/170 que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 1296 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, con el rubro: "DETENCIÓN ILEGAL, CONSUMACIÓN IRREPARABLE DE LA.", en el sentido de que se deben declarar inoperantes los conceptos de violación que se hagan valer en contra de las violaciones que pudieran existir en relación con la detención de una persona, por considerarse irremediablemente consumadas; y en consecuencia, no pueden analizarse en el juicio de amparo directo, ya que no constituyen una violación al procedimiento que afecte las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo, acorde con los artículos 158, 160 y 161 de la Ley de Amparo, y que dé lugar a la anulación y reposición del proceso; ya que dicha violación debe reclamarse a través del amparo indirecto, y si no fue impugnada oportunamente durante el proceso, quedó consumada irreparablemente con el dictado de la sentencia de primera instancia, en términos del artículo 73, fracción X, segundo párrafo, del mismo ordenamiento.

Ello es así, pues este órgano colegiado considera que sí procede el análisis de lo fundado o infundado que puedan resultar los conceptos de violación hechos valer en contra de una ilegal detención, dado que las violaciones cometidas en contra de un derecho humano como lo es la libertad personal, ya que se trata de una privación que se ha estimado como de protección superior, jurídica y axiológicamente; máxime que de ser fundadas las transgresiones cometidas en la fase de averiguación previa, el efecto de la concesión no sería la reposición del procedimiento, sino la invalidez de la declaración obtenida en perjuicio del sentenciado, de la prueba recabada ilegalmente e incluso la nulificación de las pruebas derivadas de ésta, aunque lícitas en sí mismas, mas no la reposición del procedimiento; por tanto, este tribunal constitucional procederá al análisis del concepto hecho valer por el quejoso de mérito.

Apoya lo anterior el criterio sustentado en la tesis 1a. CLV/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de publicación, bajo el rubro y texto:

"VIOLACIONES COMETIDAS EN LA DETENCIÓN DEL INCULPADO CON MOTIVO DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (FLAGRANCIA O CASO URGENTE). PROCEDE ANALIZARLAS EN AMPARO DIRECTO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 121/2009, de rubro: ‘AMPARO DIRECTO. PROCEDE QUE EN ÉL SE ANALICEN COMO VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LAS COMETIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, CUANDO AFECTEN LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO.’, sostuvo que es procedente que en el amparo directo se analicen como violaciones al procedimiento las cometidas en la averiguación previa cuando afecten las garantías contenidas en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual no debe interpretarse de manera limitativa, en la medida en que la protección del derecho humano al debido proceso está conformada sistemáticamente por diversos numerales constitucionales, esto es, el respeto a este derecho está vinculado con la observación de los parámetros que la Constitución establece para todas las etapas procedimentales. Así, el catálogo de derechos del detenido previsto en el artículo 20, apartado A, fracciones I, V, VII y IX constitucional, en su texto anterior a la reforma p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24158-5b30eda5/amparo-directo-es-procedente-el-estudio-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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