CARTA INVITACIÓN. NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
AMPARO DIRECTO 357/2012. 11 DE OCTUBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARTINIANO BAUTISTA ESPINOSA. SECRETARIO: J. ASCENCIÓN GOICOCHEA ANTÚNEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Estudio. Por cuestión de método nos pronunciaremos primero respecto del concepto de violación tercero, en el cual se aprecia que el peticionario de garantías se duele en lo esencial, de una infracción procesal consistente en que no se le notificó la sentencia interlocutoria de **********, la cual resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada, contra el auto de nueve de enero del presente año, en que se admitió su demanda de nulidad.
Ello, lo explica, porque de las constancias procesales que integran el expediente **********, en su concepto se observa que no existe constancia de notificación alguna que acredite lo relativo a la notificación a su persona, en la forma y términos que exige la ley de la materia, por lo que fue hasta el día **********, en que se le notificó el diverso proveído de ********** (resolución que puso fin al juicio), y fue en esta fecha cuando se le dio a conocer el contenido medular de la referida sentencia interlocutoria de **********, la cual resolvió el recurso de reclamación de mérito.
Devienen inoperantes tales planteamientos.
Lo anterior se sustenta, porque en el amparo directo planteado contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio contencioso administrativo, si bien es posible analizar como violación a las leyes del procedimiento, los conceptos de violación en los que se impugnan las notificaciones realizadas durante la sustanciación del juicio ordinario, sin necesidad de que hayan sido preparadas las violaciones alegadas mediante un incidente de nulidad, también lo es que la parte quejosa debe expresar los motivos por los que esa infracción afecta sus defensas y trasciende al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, de la Ley de Amparo.
Sin embargo, en la especie, de la lectura del tercer motivo de desacuerdo formulado por el promovente se aprecia que sólo se concreta a relatar lo concerniente a que no se le notificó la sentencia interlocutoria de **********, la cual resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada contra el auto de ***********, en que se admitió su demanda de nulidad; aduciendo, además, que se impuso de su contenido medular hasta el día en que se le notificó la resolución que puso fin al juicio (acto reclamado), esto es, el **********, sin expresar los motivos por los que esa infracción procesal afectó sus defensas y trascendió al resultado del fallo.
Por otro lado, el primero y segundo conceptos de violación formulados, dada la íntima relación que guardan entre sí, se examinarán de manera conjunta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo.
De la lectura de la resolución que puso fin al juicio se aprecia, en lo esencial, que el Magistrado instructor de la Sala Fiscal responsable determinó con fundamento en el artículo 38, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, desechar por notoriamente improcedente la demanda de nulidad promovida por el actor, ahora quejoso.
Lo anterior, en cumplimiento a la sentencia interlocutoria de ***********, emitida por la Sala Fiscal en el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada, en el sentido de revocar el auto de **********, mediante el cual se admitió la demanda de nulidad promovida por el accionante natural contra el oficio número ********** y su antecedente, al estimarse de manera esencial que el acto impugnado por el disconforme se trata de una carta invitación para regularizar su situación fiscal, la cual no acredita la existencia de ninguna resolución que determine crédito fiscal alguno, por lo que no se ajusta, contrario a lo aducido por el demandante, a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, toda vez que no le causa un perjuicio inminente y directo en su esfera jurídica y patrimonial, al no contener en sí una obligación fiscal impuesta por una autoridad, sino sólo una exhortación para que cumpla con ciertas disposiciones legales, de modo que, en su contra, no procede el juicio contencioso administrativo.
Por su parte, el quejoso por conducto de su autorizada, aduce de manera esencial en el primero y segundo motivos de queja, que tal determinación infringe en su perjuicio los preceptos constitucionales, legales, jurisprudencia y tesis invocadas, porque el acto impugnado en su demanda de nulidad demuestra la existencia de un crédito fiscal.
Lo anterior es así, explica, porque la autoridad fiscal en el acto impugnado "detectó", con base en los depósitos efectuados, los ingresos que obtuvo por tal concepto en el ejercicio de **********; es decir, la autoridad fiscalizadora ejerció facultades de comprobación, ya que detectó o comprobó dichos depósitos en su cuenta bancaria.
Asimismo, aduce que del texto del acto impugnado se aprecia que la autoridad fiscalizadora aplicó la tarifa establecida en el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para calcular dicho impuesto, por lo que, bajo esa premisa, la autoridad exactora primero: a) ejerció sus facultades de comprobación; después b) detectó los ingresos a la cuenta bancaria del titular de la cuenta; posteriormente c) aplicó la tarifa de cálculo del impuesto sobre la renta establecida en dicho precepto; d) determinó un crédito fiscal a cargo del titular de la cuenta bancaria y, por último, e) le dio a conocer las bases para la liquidación de dicho crédito fiscal.
Por estas razones, explica, es claro que se ha determinado en su contra un crédito fiscal, el cual se dio a conocer en el oficio impugnado; inclusive se dieron las bases para la liquidación de dicho crédito fiscal, es decir, pagarlo en una, dos, tres, cuatro, cinco y hasta en seis mensualidades.
En consecuencia, concluye que el acto impugnado es un acto definitivo de los previstos por el artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y que hacen viable la vía jurisdiccional del juicio contencioso administrativo, puesto que el mismo le causa agravios, dado que: a) fue dictado por una autoridad fiscal federal, como lo es el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; b) se determina la existencia de una obligación fiscal, o sea, un impuesto sobre la renta determinado acorde a la tarifa establecida en el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; c) se fija en cantidad líquida de **********; y, d) se dan las bases para su liquidación, o sea, en una, dos, tres, cuatro, cinco y hasta en seis mensualidades, para liquidar dicho crédito fiscal.
Al respecto invoca, aplicables al caso, las jurisprudencias de rubros: "CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES. LA PRÁCTICA DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN Y REVISIÓN SI BIEN PUEDE PREVERSE EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL COMO UNA POTESTAD FISCALIZADORA DEL ESTADO, LA MISMA DEBE DERIVAR DE ACTUACIONES FUNDADAS Y MOTIVADAS DEBIÉNDOSE INVALIDAR LAS QUE REVELEN UN ACTO ARBITRARIO, COMO INTERFERIR EN LOS ASUNTOS MUNICIPALES O SOMETER AL MUNICIPIO EN MÁS DE UNA OCASIÓN AL PROCESO FISCALIZADOR DE UN MISMO EJERCICIO, SALVO EXCEPCIONES JUSTIFICADAS." y "PRESUNCIÓN DE INGRESOS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SE ACTUALIZA CUANDO EL REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS EN LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVARLA, NO ESTÉ SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE."
Devienen infundados tales conceptos de violación, con base a las consideraciones siguientes:
El artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el juicio contencioso administrativo federal procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y el numeral 14, en sus fracciones I y IV, establece que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, y que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.
Luego, conforme a los anteriores preceptos legales y a lo argumentado por el quejoso, por conducto de su autorizada, para la procedencia del juicio contencioso administrativo federal, en el caso concreto se infieren dos supuestos legales:
1. Que sean resoluciones definitivas las que determinen la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.
2. Que las resoluciones definitivas causen un agravio fiscal al contribuyente.
En efecto, del texto de los preceptos legales citados se advierte que la Sala Fiscal tiene atribuciones para conocer y resolver controversias suscitadas en materia administrativa; sin embargo, esa facultad se limita a los casos en que la resolución cuya nulidad se demande sea definitiva, y se haya dictado en los términos que se precisan en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Así, para considerar una resolución como definitiva, es dable atender a su naturaleza jurídica, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública, en tanto contenga una determinación o decisión cuyas características impidan modificaciones, y que ocasionen agravios a los gobernados.
Ahora bien, en el oficio impugnado número ***********, y en el oficio número **********, en sus partes conducentes, se aprecia lo siguiente:
"Oficio número de folio **********.
"...
"Nombre: **********.
"...
"El Servicio de Administración Tributaria (SAT), detectó que no ha presentado la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal **********, no obstante que tuvo depósitos en efectivo en el mismo ejercicio por ********** pesos, por lo que con el objeto de regularizar su situación fiscal de una manera simplificada, se le invita a utilizar el presente formulario que contiene la propuesta de pago del ISR derivado de ingresos percibidos por los depósitos en comento, el cual se propone por ********** pesos, de conformidad con los artículos 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación.
"El detalle de los depósitos los localiza en la carta invitación anexa al presente formulario.
"A continuación se le presenta la propuesta de pago:
Ver propuesta de pago
"Antes de efectuar el pago considere lo siguiente:
"A partir de la segunda mensualidad, el importe puede variar por recargos y actualización los cuales se generan mensualmente, por lo que entre más rápido se regularice, se evitará el pago de los mismos.
"El pago puede realizarlo hasta en 6 mensualidades sucesivas, la primera de ellas deberá efectuarla a más tardar el **********.
"Para el llenado del formulario puede consultar la guía en sat.gob.mx en el apartado regularización del ISR 2009.
"El pago de las mensualidades deberá efectuarlo en cualquier sucursal bancaria.
"Con el pago de la primera mensualidad se le tendrá por presentada la declaración del ISR 2009, por los ingresos que obtuvo derivados de los depósitos en efectivo. ..."
"Oficio número de folio **********.
"...
"Nombre: **********.
"...
"Con el objeto de regularizar su situación fiscal, el SAT le ofrece las siguientes alternativas, mismas que se encuentran contenidas en la regla II.2.8.3.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011.
"1. Utilizar el formulario anexo a la presente invitación el cual contiene un ejemplo por una cantidad similar al total de los depósitos en efectivo que usted percibió y una propuesta de pago del ISR 2009 por $********** pesos, que en términos de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley del ISR, corresponde a ingresos del capítulo IX del título IV de dicho ordenamiento legal. En caso de elegir la presente opción, considere lo siguiente:
"El pago puede realizarlo hasta en 6 mensualidades sucesivas, la primera de ellas deberá efectuarla a más tardar el **********.
"A partir de la segunda mensualidad, el importe puede variar por recargos y actualización, los cuales se generan mensualmente, por lo que entre más rápido se regularice, se evitará el pago de los mismos.
"Para el llenado del formulario puede consultar la guía en sat.gob.mx en el apartado regularización del ISR 2009.
"El pago de las mensualidades deberá efectuarlo en cualquier sucursal bancaria.
"Con el pago de la primera mensualidad se le tendrá por presentada la declaración del ISR 2009 por los ingresos que obtuvo derivados de los depósitos en efectivo.
"A continuación se le proporciona el dato aproximado que en caso de optar por esta alternativa pagará, dependiendo del número de mensualidades que elija:
"...
"2. Presentar su declaración anual 2009 del ISR utilizando la herramienta electrónica de DeclaraSAT, para presentar ejercicio 2009 disponible en sat.gob.mx apartado regularización del ISR 2009, acumulando la totalidad de sus ingresos. Para el envío de la declaración es necesario que cuente con su Clave de Identificación Electrónica Confidencial Fortalecida (CIECF), si no cuenta con ella, la podrá generar en cualquier Administración Local de Servicios al Contribuyente.
"Recuerde que podrá regularizar su situación fiscal a más tardar el **********, en caso contrario, perderá los beneficios contenidos en la regla II.2.8.3.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011.
"Regularizarse a la brevedad le ahorrará recargos y actualización, los cuales se generan mensualmente.
"Si requiere mayor información o recibir asistencia fiscal, puede:
"Consultar sat.gob.mx en el apartado regularización del ISR 2009, en donde encontrará información general, la forma en que puede regularizarse, servicios y preguntas frecuentes.
"Llamar sin costo al 01 800 InfoSAT (**********), eligiendo primero la opción 3 y posteriormente la opción 4, de lunes a sábado de 8:00 a 21:00 horas.
"Acudir previamente con cita a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana o de su preferencia, en donde con gusto le atenderán de 8:30 a 14:30 hrs. para registrar su cita visite nuestro portal de Internet sat.gob.mx.
"El no declarar sus ingresos, le puede generar requerimientos y sanciones, así como el inicio de facultades de comprobación previstas en el Código Fiscal de la Federación, por lo que se le invita a subsanar la citada omisión de manera inmediata y espontánea.
"**********
"Este documento es una invitación, por lo que no determina cantidad a pagar, ni crea derechos."
De lo anterior se advierte que el documento impugnado se trata de una carta invitación, en la cual no se determinó la existencia de alguna obligación fiscal, ni se constriñó al actor para que la corrigiera, indefectiblemente, con cualquiera de las dos opciones propuestas por la demandada, puesto que, no se le obliga a pagar alguna cantidad, así como tampoco se le obliga a que presente una declaración en la que acumule ingresos; consecuentemente, no genera un perjuicio al particular traducido en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico, dado que del contenido de dicha comunicación se desprende que sólo le propone algunas alternativas para regularizar su situación fiscal, para lo cual le anexa un formulario que contiene un ejemplo o propuesta de pago y se le proporciona un aproximado de lo que pagaría, si el particular elige dicha alternativa de pago, así como también le señala la posibilidad de acudir a las oficinas de la autoridad para actualizar su situación fiscal en el Registro Federal de Contribuyentes, y presentar su declaración anual de dos mil nueve del impuesto sobre la renta.
Además, también señala la posibilidad de que, de requerir mayor información o para recibir asistencia fiscal, puede consultar la página de Internet sat.gob.mx, llamar por teléfono o acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente, y establece de manera clara y precisa que dicho documento es una invitación, por lo que no determina cantidad a pagar ni crea derechos, ni establece sanción alguna para el caso de incumplimiento, por lo cual debe considerarse que ese documento verdaderamente constituye un programa preventivo para evitar sanciones y molestias innecesarias, que no trasciende de manera alguna a la esfera jurídica del contribuyente para causarle algún perjuicio, por lo que no se trata de una resolución definitiva impugnable en el juicio contencioso administrativo.
Es aplicable, por las razones jurídicas que la informan, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes:
"RENTA. LAS ‘CARTAS INVITACIÓN’ EMITIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NO CONSTITUYEN EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 80-A, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. Los oficios o ‘cartas invitación’ emitidos por la Administración Central de Programas Especiales del Servicio de Administración Tributaria mediante los que se comunica al contribuyente, que tiene trabajadores y empleados a su servicio, la obligación derivada del artículo 80-A, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuanto a la determinación del subsidio acreditable contra el impuesto que resulte a cargo de quienes perciban ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado y en los cuales se indica que en la contradicción de tesis 97/2000-SS (jurisprudencia 2a./J. 19/2001) la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para obtener la proporción aplicable para calcular el monto de dicho subsidio, deben incluirse las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dentro de las erogaciones relacionadas con los servicios personales subordinados, no generan un perjuicio al contribuyente traducido en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ello es así, porque con dichos documentos solamente se le comunica al contribuyente la jurisprudencia de este Alto Tribunal, en cuanto a la inclusión de las cuotas patronales mencionadas para determinar el subsidio acreditable, convocándolo a corregir su situación fiscal si incurrió en la omisión de no considerar tales cuotas, y si bien se le indica que una vez regularizada su situación fiscal, se proporcione a la autoridad fotocopia de las declaraciones presentadas en las que conste el pago de las diferencias dentro de un plazo no mayor a quince días, no se establece sanción alguna para el caso de incumplimiento, por lo cual, dichas cartas, en realidad, constituyen un programa preventivo para evitar sanciones y molestias innecesarias, que no trascienden de manera alguna a la esfera jurídica del contribuyente y, por ende, no le causan perjuicio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo."(1)
También es aplicable la tesis que dispone:
"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA ‘CARTA INVITACIÓN’ AL CONTRIBUYENTE PARA QUE ACUDA A LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD A REGULARIZAR SU SITUACIÓN FISCAL. El artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no prevé en alguna de sus diferentes porciones normativas, la posibilidad de impugnar actos de autoridad con las características de una ‘carta invitación’ en la que no se definió la situación del particular ni se determinó sanción alguna, al no tratarse de una resolución definitiva. Por ende, el juicio contencioso administrativo es improcedente contra la ‘carta invitación’ al contribuyente para que acuda a las oficinas de la autoridad a regularizar su situación fiscal, conforme a la fracción I del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con la fracción II del precepto 9o. del citado ordenamiento. Máxime que en tal documento no se determina crédito alguno."(2)
Igualmente, por las razones que expone, es aplicable la tesis que literalmente dice:
"CARTAS INVITACIÓN. LAS EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES FISCALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO NO GENERAN UN PERJUICIO AL CONTRIBUYENTE TRADUCIDO EN UNA AFECTACIÓN O MENOSCABO A SU PATRIMONIO JURÍDICO, NI PUEDEN CONSIDERARSE RESOLUCIONES DEFINITIVAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD. Las cartas invitación emitidas por las autoridades fiscales del Gobierno del Estado de México no generan un perjuicio al contribuyente, traducido en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico, porque sólo le comunican que se ha advertido la omisión de pago de determinados impuestos federales a su cargo, conminándole a comprobar que lo realizó mediante la exhibición de los documentos respectivos en un plazo determinado, pero no establecen sanción alguna en caso de incumplimiento; por tanto, dichos documentos únicamente constituyen parte de un programa preventivo para evitar sanciones y molestias innecesarias, que no trasciende a la esfera jurídica del contribuyente, causándole perjuicio y, por tanto, tampoco pueden considerarse como resoluciones definitivas para efectos de la procedencia del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa."(3)
A mayor abundamiento, el artículo 33, fracciones I, incisos b) y c) y III, del Código Fiscal de la Federación, que establece las facultades de la autoridad fiscal para enviar invitaciones a los particulares para auxiliarlos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, al disponer que dichas autoridades proporcionarán asistencia a los contribuyentes, para lo cual deberán orientarlos y auxiliarlos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; asimismo, elaborarán los formularios de declaración de manera que puedan ser llenados fácilmente por éstos, distribuirlos o difundirlos con oportunidad, así como informar de las fechas y lugares de presentación y, para tales efectos, podrá realizar invitaciones para informar y asesorar a los contribuyentes del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y promover su incorporación voluntaria o actualización de sus datos en el Registro Federal de Contribuyentes, sin que se pueda considerar como el inicio de facultades de comprobación cuando derivado de la invitación soliciten a los particulares datos, informes y documentos necesarios para corregir o actualizar el citado registro; precepto legal que, para más claridad, se transcribe a continuación:
"Artículo 33. Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:
"I. Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán:
"...
"b) Mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional que se ocuparán de orientar y auxiliar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, incluso las que se realicen a través de medios electrónicos, poniendo a su disposición el equipo para ello.
"c) Elaborar los formularios de declaración de manera que puedan ser llenados fácilmente por los contribuyentes y distribuirlos o difundirlos con oportunidad, así como informar de las fechas y de los lugares de presentación de los que se consideren de mayor importancia.
"...
"III. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus facultades de asistencia al contribuyente, podrá realizar recorridos, invitaciones y censos para informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras y promover su incorporación voluntaria o actualización de sus datos en el Registro Federal de Contribuyentes.
"No se considera que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando derivado de lo señalado en el párrafo que antecede, soliciten a los particulares los datos, informes y documentos necesarios para corregir o actualizar el Registro Federal de Contribuyentes. ..."
De lo anterior se obtiene que el legislador federal estableció disposiciones legales que establecen la figura jurídica de la invitación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales; es decir, establecen las facultades de la autoridad fiscal para enviar invitaciones a los particulares para auxiliarlos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, al disponer que dichas autoridades proporcionarán asistencia a los contribuyentes, para lo cual deberán orientarlos y auxiliarlos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, entre otros aspectos.
En otro orden, el quejoso, por conducto de su autorizada, aduce también en sus motivos de desacuerdo, de manera esencial, que la determinación de la Sala Regional Fiscal vulnera los derechos humanos tutelados por los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales (derecho humano de privacidad y protección de sus datos personales, así como del secreto bancario), toda vez que la autoridad hacendaria obtuvo información consistente en datos personales y de su cuenta bancaria, tales como su nombre, domicilio, saldos y depósitos bancarios efectuados en el ejercicio fiscal de **********; esto es, información relacionada con las instituciones de banca múltiple, en que él como ciudadano tiene cuentas, lo cual en su concepto, atenta contra el principio de identidad de los datos personales, sin darle oportunidad de ejercer su derecho de defensa, "del debido proceso" y la garantía de audiencia.
Devienen infundados tales planteamientos, con base en las consideraciones siguientes:
De conformidad con el decreto por el que se modificó la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, específicamente el artículo 1o., párrafos segundo y tercero,(4) y en observancia al principio de supremacía constitucional, previsto en el diverso 133 de la propia Carta Magna,(5) los Jueces del Estado Mexicano -entre quienes se encuentran los Magistrados que conforman las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa-, en los asuntos de su competencia, deben inaplicar las normas contrarias a los derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y/o tratados internacionales de los que aquél sea parte, sin hacer una declaración de invalidez de dichas disposiciones.
En ese sentido, las referidas Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa están facultadas para ejercer el control difuso de normas generales, en acatamiento al artículo 1o. de la Constitución Federal, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, el cual dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, razón por la cual, al resolver los asuntos de su competencia, deben optar por la determinación que garantice el pleno respeto de esos derechos humanos, pudiendo incluso apartarse del contenido de las disposiciones que pugnen con tales prerrogativas públicas, siempre y cuando no puedan aplicar el sistema de interpretación conforme en las normas jurídicas involucradas, lo cual genera la consecuencia de permitir o no la aplicabilidad de alguna disposición a un caso concreto.
En efecto, si bien es cierto que la Sala responsable no puede hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que considere contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 constitucionales -juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad y controversias constitucionales-), también lo es que sí está obligada a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en materia de derechos humanos.
Ello, atendiendo precisamente en observancia a lo que establece el artículo 1o., de la Constitución Federal, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once. Lo cual tiene apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 18/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de publicarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que dice:
"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o. constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de convenci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24164-3a64664f/carta-invitacion-no-constituye-una-resolucion-definitiva-impugnable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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