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PRUEBA TESTIMONIAL. EL ARTÍCULO 245 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD. PRUEBA TESTIMONIAL. ES FACULTAD DEL JUZGADOR RECABARLA DE OFICIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 245 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, POR LO QUE SI DEL SUMARIO SE ACREDITA LA NECESIDAD DE DESAHOGARLA Y NO LO HIZO, SE ACTUALIZA LA VIOLACIÓN PROCESAL ANÁLOGA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PRUEBA TESTIMONIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 245, 246 Y 247 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. EL TRATO DIFERENCIADO ENTRE LA QUE PUEDE RECABAR DE OFICIO EL JUZGADOR Y LA QUE REQUIERE SOLICITUD DE PARTE PARA SU DESAHOGO, ESTÁ LEGALMENTE JUSTIFICADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 487/2011. · Registro digital (IUS): 24289
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Pág. 752.

PRUEBA TESTIMONIAL. EL ARTÍCULO 245 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD.

PRUEBA TESTIMONIAL. ES FACULTAD DEL JUZGADOR RECABARLA DE OFICIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 245 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, POR LO QUE SI DEL SUMARIO SE ACREDITA LA NECESIDAD DE DESAHOGARLA Y NO LO HIZO, SE ACTUALIZA LA VIOLACIÓN PROCESAL ANÁLOGA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 487/2011. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE TRES VOTOS EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTES: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARIO: JORGE ANTONIO MEDINA GAONA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el **********; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia penal (civil), en la que se encuentra especializada esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del **********, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ********** de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito.

En esa distribución de competencias, esta Primera Sala advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra reconocida constitucionalmente como órgano terminal en la solución de este tipo de conflictos; de ahí que dicha competencia constitucional para conocer de contradicciones de tesis, deba estimarse extendida a los criterios contradictorios suscitados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como sucede en el presente caso.

Tal extensión de competencia encuentra justificación jurídica en un criterio de mayoría de razón, dado que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, este Alto Tribunal debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se generaría indefinición en la solución de asuntos como el que ahora se analiza, en claro perjuicio del orden público y el interés social.(4)

SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, pues, en el caso, fue realizada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el **********, el amparo directo **********,(5) negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y en lo que aquí interesa, estimó que no se actualiza la violación al procedimiento en términos de la fracción VI del artículo 160 de la Ley de Amparo, si el Juez instructor inadvierte el interés del procesado de allegarse a la causa el testimonio de quien fue señalado por el quejoso como una persona que participó o presenció los hechos imputados, al no haber sido aportado por la defensa.

• Resolución del Tribunal Colegiado:

"De igual forma, resulta inexacto lo aseverado por el impetrante del amparo en el sentido de que se actualice una violación al procedimiento en términos de la fracción VI del artículo 160 de la Ley de Amparo, en razón de que la Sala responsable soslayó que el Juez de la causa inadvirtió su interés de que se allegare al proceso el testimonio del menor **********, pues dentro del mismo fue señalado tanto por la menor agraviada como por el propio sentenciado al producir sus respectivas declaraciones, como la persona que junto con la pasivo estaban a cargo de su progenitora, ello a fin de esclarecer los hechos denunciados, con independencia de que no haya sido aportado por la defensa.

"Lo anterior es así, habida cuenta que como quedó precisado en el párrafo anterior, la defensa adecuada quedó garantizada por parte del Juez de la causa al permitir que se dieran todas las condiciones necesarias para la defensa, sin llegar al extremo de recabar de oficio pruebas que no ofrecieron las propias partes, pues tal facultad no se encuentra contemplada en la legislación procesal penal vigente en la entidad, y si bien es verdad que de conformidad con el artículo 245 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, la autoridad tiene la facultad de examinar a personas que hayan presenciado o tengan datos informativos para el esclarecimiento del delito, de sus características o de las circunstancias particulares del sujeto activo; sin embargo, dicha atribución sólo puede entenderse, en relación con el Juez de instrucción, con las pruebas ofrecidas por las partes, pues de estimar lo contrario, entrañaría llegar al extremo de obligar a la autoridad judicial a realizar funciones de indagación que solamente le corresponden al Ministerio Público.

"Sin que obste a lo anterior, la tesis número VII.2o.(IV región) 2 P, que cita el peticionario de garantías en su demanda de amparo, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, de rubro: ‘VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL ANÁLOGA A LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. SE ACTUALIZA SI EL JUZGADOR INADVIERTE EL INTERÉS DEL INCULPADO DE QUE SEAN LLAMADAS A JUICIO PERSONAS QUE PRESENCIARON LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN, NO OBSTANTE QUE HUBIERA EXISTIDO PASIVIDAD DE LA DEFENSA AL RESPECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).’, toda vez que aunque respetable dicho criterio, este tribunal no comparte, habida cuenta que además de que no resulta obligatorio en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, al no tratarse de una jurisprudencia, sino de una tesis aislada, también resulta inaplicable al contraponerse con lo sustentado por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal del País, en relación a la forma en que queda garantizada la defensa adecuada, en donde se insiste, señaló claramente que se satisface con brindarle la oportunidad de nombrar un defensor y no entorpecer el ejercicio del derecho de su defensa, de tal suerte que el Juez de instrucción no se encuentra facultado a recabar pruebas que no fueron ofrecidas por las partes, por más que éste haya sido su interés, si esto último no fue concretado materialmente por las propias partes.

"De ahí que este órgano colegiado se encuentra impedido a ordenar el allegamiento oficioso de pruebas que no fueron aportadas por las partes en la causa y, por ende, no cobra vigor violación al procedimiento alguna (sic) en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo."

En similares términos se pronunció dicho órgano colegiado al resolver los juicios de amparo directo ********** y **********,(6) pues aun cuando no citó el artículo 245 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, determinó que no se surte la violación al procedimiento análoga a la prevista por el artículo 160, fracción VI, de la ley de la materia, ya que el Juez del proceso no estaba obligado a ordenar de oficio, el desahogo de la prueba testimonial; esto es, aplicó el numeral en comento tácitamente, pues al efecto estimó que la inclusión en el procedimiento penal de tal probanza, está sujeta a que lo soliciten las partes.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en sesión de **********, al resolver el amparo directo **********,(7) concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, al estimar que se violaron las leyes del procedimiento penal, en tanto que el Juez de la causa tuvo conocimiento de la intervención de personas en el desarrollo de los hechos delictivos, y omitió llamarlas al proceso a fin de examinarlas, como lo faculta el artículo 245 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, con el objeto de esclarecer la verdad histórica de los hechos ante la grave deficiencia en que incurrió la defensa.

• Resolución del Tribunal Colegiado:

"El impetrante del amparo aduce, en forma destacada, que en el caso se actualiza una violación a las reglas generales del procedimiento penal, en razón de que el Juez de la causa soslayó avocarse a esclarecer los hechos denunciados, en razón de que omitió llamar al juicio a las personas que señalaron tanto la menor agraviada como el propio sentenciado al producir sus respectivas declaraciones, que lo fueron **********, ********** y la señora **********.

"Lo anterior es sustancialmente fundado.

"En primer término, es necesario mencionar que, la menor ofendida, al declarar dentro de la investigación ministerial, adujo -en forma destacada- que el activo: ‘... me llevó con una familia y eran los tíos de él y que sólo sé el nombre de la tía, la cual se llama ********** y tenía ahí a sus primos ...’

"Y, posteriormente, agregó que a dichas personas les mintió, a petición del activo, en relación con su edad; y que dentro de uno de los cuartos del rancho propiedad de éstos, fue en el que, mediante el uso de la fuerza moral, le impuso la cópula.

"Por su parte, el quejoso hizo referencia en su declaración preparatoria a que: ‘... nos fuimos a **********, que ya estaba oscuro y nos fuimos a un hotel de **********, ahí en ese momento estuve a punto de tocarla, pero no lo hice, me arrepentí, de ahí nos salimos, que sólo estuvimos media hora, y de ahí nos fuimos para **********, y yo le dije a mi hermano ********** que me acompañara para que devolviera la camioneta, nosotros nos fuimos a un rancho de mi tío **********, que es hermano de mi papá ...’

"De esta manera, como se advierte de los autos del juicio penal, pese a que las personas que fueron mencionadas tanto por la menor ofendida como por el inculpado, tuvieron relación directa en el desarrollo de los hechos del caso, y su dicho era de suma utilidad para su esclarecimiento, el abogado defensor de oficio adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, con sede en la congregación de ‘La Toma’, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, incurrió en una omisión grave, al haber soslayado ofrecer sus testimonios como pruebas de descargo.

"No obstante, a pesar de que la legislación procesal penal vigente en la entidad no contemple expresamente un catálogo de violaciones procedimentales que prevean casos en los que resulte necesaria la reposición del procedimiento, tal como acontece en la legislación procesal federal, concretamente en el artículo 388 que establece que la reposición del proceso tendrá lugar cuando, entre otras causas, existan omisiones graves de la defensa en perjuicio de sentenciado, entendiéndose como tales, en lo que interesa, el haber soslayado ofrecer y aportar las pruebas necesarias para la defensa del inculpado, lo cierto es que la Ley de Amparo, en su artículo 160, fracción XVII, otorga a los Tribunales Colegiados de Circuito la potestad de advertir violaciones a las leyes del procedimiento análogas a las previstas en las restantes fracciones contenidas en dicho dispositivo legal.

"De esta suerte, se estima que en el caso se actualiza una hipótesis análoga a la prevista en la fracción VI del artículo 160 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece que en los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso, entre otras hipótesis, cuando no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho.

"Desde otro ángulo, aun cuando en el caso concreto -en principio- constituye una obligación para la defensa del sentenciado el ofrecer y aportar medios de convicción favorables al sentenciado, tomando en cuenta que este último hizo patente su intención de que fueran llamadas a juicio las personas que presenciaron los hechos, y que mencionaron tanto él como la propia menor ofendida, el Juez de la causa debió advertir ese interés del encausado y, ante la pasividad de la defensa, ejercer las facultades que la legislación procesal penal vigente en el Estado de Veracruz le confieren para allegarse de tales elementos de prueba en casos como éste, en aras de obtener certeza en torno a la verdad histórica de los hechos controvertidos.

"En efecto, de conformidad con la legislación procesal vigente en el Estado de Veracruz, el procedimiento penal se sujetará, entre otros, al principio de búsqueda y conocimiento de la verdad histórica de los hechos, tal como se advierte del artículo 5o. del Código de Procedimientos Penales vigente, que dice:

"‘Artículo 5o. El procedimiento penal se sujetará a los principios de legalidad, equilibrio, contradicción procesal, presunción de inocencia, búsqueda y conocimiento de la verdad histórica e inmediatez procesal.’

"En ese sentido, conforme al diverso numeral 8o. del mencionado ordenamiento legal, el Juez de la causa también tiene facultades para actuar sin necesidad de que las partes impulsen el proceso, como se observa a continuación:

"‘Artículo 8o. El Juez cuidará que el proceso se desarrolle puntualmente y actuará, salvo que en la ley exista disposición en contrario, sin esperar a que las partes lo impulsen conforme a las atribuciones que la ley le confiere.’

"Y, en ese mismo orden, el artículo 245 del mencionado código procesal, determina que si fuera necesario examinar a personas que hubieren presenciado los hechos delictuosos, o tuvieran datos informativos que permitan esclarecerlos, podrá hacerlo, en su caso, el Juez de la causa:

"‘Artículo 245. Si fuere necesario examinar a personas que hayan presenciado o tengan datos informativos para el esclarecimiento del delito, de sus características o de las circunstancias particulares del indiciado, lo harán el Ministerio Público o el Juez, en su caso.’

"Con base en lo anterior, si el juzgador de primer grado tuvo conocimiento de la intervención de las personas antes mencionadas en el desarrollo de los hechos, pues tanto la menor ofendida como el sentenciado, al producir sus declaraciones, evidenciaron la participación de personas que presenciaron los hechos motivo del juicio, sin que se hubieren ofrecido dichos testimonios por parte de la defensa, resulta evidente que se encontraba constreñido, en aras de cumplir con el principio de búsqueda de la verdad histórica, contenido en los artículos 5o. y 245 de la legislación procesal penal vigente en el Estado de Veracruz, a llamar a juicio a los testigos de que se trata, con la finalidad de que declararan en relación con los mismos.

"En ese sentido -como ya se dijo- a juicio de este Tribunal Colegiado, se actualiza una violación a las leyes del procedimiento penal análoga a la prevista en la fracción VI del artículo 160 de la Ley de Amparo, consistente en la omisión del Juez de la causa de recabar elementos de prueba suficientes para el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos ante la grave deficiencia en que incurrió la defensa, lo que sin duda afectó de manera relevante las defensas del quejoso ..."

La citada ejecutoria dio origen a la tesis aislada que dice:

"VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL ANÁLOGA A LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. SE ACTUALIZA SI EL JUZGADOR INADVIERTE EL INTERÉS DEL INCULPADO DE QUE SEAN LLAMADAS A JUICIO PERSONAS QUE PRESENCIARON LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN, NO OBSTANTE QUE HUBIERA EXISTIDO PASIVIDAD DE LA DEFENSA AL RESPECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). A diferencia de la legislación procesal penal federal, que prevé que la reposición del proceso tendrá lugar cuando, entre otras causas, existan omisiones graves de la defensa en perjuicio del sentenciado, entendiéndose como tales, en lo que interesa, el haber soslayado ofrecer y aportar las pruebas necesarias para su defensa; el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz no contiene expresamente una disposición en ese sentido. No obstante lo anterior, el artículo 5o. de dicho ordenamiento local prevé que el procedimiento penal se sujetará, entre otros, al principio de búsqueda y conocimiento de la verdad histórica de los hechos, al disponer: ‘El procedimiento penal se sujetará a los principios de legalidad, equilibrio, contradicción procesal, presunción de inocencia, búsqueda y conocimiento de la verdad histórica e inmediatez procesal.’. En ese orden, el artículo 8o. del mismo código señala que el Juez de la causa también tiene facultades para actuar sin necesidad de que las partes impulsen el proceso: ‘El Juez cuidará que el proceso se desarrolle puntualmente y actuará, salvo que en la ley exista disposición en contrario, sin esperar a que las partes lo impulsen conforme a las atribuciones que la ley le confiere.’. Asimismo, el artículo 245 del ordenamiento estatal en cita, determina que si fuera necesario examinar a personas que hubieren presenciado los hechos delictuosos o tuvieran datos informativos que permitan esclarecerlos, podrá hacerlo, en su caso, el Juez de la causa: ‘Si fuere necesario examinar a personas que hayan presenciado o tengan datos informativos para el esclarecimiento del delito, de sus características o de las circunstancias particulares del indiciado, lo harán el Ministerio Público o el Juez, en su caso.’. Con base en lo anterior y considerando la facultad que la Ley de Amparo confiere a los Tribunales Colegiados de Circuito en su artículo 160, fracción XVII, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza una violación a las leyes del procedimiento penal análoga a la prevista en la fracción VI del último numeral, si el encausado, en el desarrollo del juicio, hizo patente su intención de que fueran llamadas al mismo personas que presenciaron los hechos y el Juez de la causa inadvierte ese interés, no obstante que hubiere existido pasividad de la defensa al respecto; lo anterior es así, toda vez que dicho juzgador soslayó ejercer las facultades que la legislación procesal penal en el Estado de Veracruz le confieren para allegarse de tales elementos de prueba, en aras de obtener certeza en torno a la verdad histórica de los hechos controvertidos."(8)

El órgano colegiado de mérito, informó que reiteró su criterio al resolver los diversos juicios de amparo directo **********, **********, ********** y **********.(9)

Sin embargo, examinadas las copias de las sentencias dictadas en dichos juicios, se advierte que los primeros tres no resultan aptos para formar parte de la presente contradicción, ya que en estos asuntos se determinó la violación a las leyes del procedimiento análoga a la prevista en el artículo 160, fracción VI, de la Ley de Amparo, cuando el Juez omite recabar pruebas "documentales", en busca de la verdad histórica de los hechos, ante la pasividad de la defensa, mientras que el tema de la contradicción que se estudia se centra en el examen oficioso de la "testimonial", en términos del numeral 245 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz.

En esa medida, las únicas resoluciones aptas para integrar la presente contradicción, son las relativas a los amparos directos ********** (ejecutoria transcrita) y **********.

Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por ambos Tribunales Colegiados no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(10)

CUARTO. Existencia de la contradicción. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de **********, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis, no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(11) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.

Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.

Así, ¿qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes (énfasis añadido):

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando ya sea en Salas o en Pleno. Mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca esencialmente unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados -o las Salas de la Corte, en su caso- llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.

Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio"; sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.

La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.

Lo anterior, no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas", esencialmente porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional, mediante el que se va creando el llamado derecho en acción. La legalidad, como dice **********, se complementa con el arbitrio judicial: "el sistema de arbitrio judicial y el sistema de legalidad forman una unidad imprescindible: tan falso e incompleto es un principio de arbitrio que prescinde de la legalidad como un principio de legalidad que prescinde del arbitrio. La razón de lo anterior es que tanto la legalidad necesita del arbitrio para ser efectiva como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito".

La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios, la interpreten en relación con el supuesto concreto que han de solventar, o completen algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.

Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.

Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación -no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.

El anterior criterio se sustenta en las tesis jurisprudenciales números 22/2010 y 23/2010, aprobadas por esta Primera Sala, que respectivamente, a la letra dicen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24289-99332707/prueba-testimonial-el-articulo-245-del-codigo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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