ROBO. SI POR INEXACTITUD EN LOS DICTÁMENES PERICIALES O POR FALTA DE PRUEBA NO PUEDE DETERMINARSE EL VALOR INTRÍNSECO O DE REPOSICIÓN DEL OBJETO MATERIA DEL APODERAMIENTO, PERO POR SU NATURALEZA SEA POSIBLE FIJARLE UNO POR SER ESTIMABLE EN DINERO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO, DEBE APLICARSE LA SANCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 367, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL SER MÁS BENÉFICA.
AMPARO DIRECTO 195/2012. 23 DE AGOSTO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RAMÓN OJEDA HARO. SECRETARIO: NELSSON PEDRAZA SOTELO.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Son fundados los conceptos de violación alegados por el quejoso.
En efecto, la sentencia que constituye el acto reclamado en esta vía uniinstancial es la emitida el veinticuatro de agosto de dos mil diez, por el Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca de apelación en definitiva **********, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por los inculpados ********** **********, la defensora pública del primero de los encausados y el agente del Ministerio Público, contra la sentencia dictada el doce de marzo de dos mil diez, por el Juez Segundo de lo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, en el proceso número **********, instruido en contra de los antes mencionados por el delito de robo calificado.
Los hechos concretos imputados al quejoso y a otro, consistieron en que aproximadamente a la una con cincuenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil nueve, llevaron a cabo el robo a la negociación denominada "**********", empresa que se ubica en la calle ********** número **********, de la colonia ********** en esta ciudad, esto cuando ********** se introdujo a la ********** citada empresa y sustrajo seis brocas en color negro de diferentes medidas, un juego de brocas con estuche, aproximadamente dieciocho buriles, dos verniers, así como dos calibradores y micrómetros los cuales se encontraban en su estuche, para posteriormente guardarlos en un vehículo de transporte de pasajeros, de la marca **********, tipo **********, color ********** denominado **********, placas de circulación ********** el cual era conducido por su cosentenciado.
Hechos que señaló se acreditaron con los siguientes medios de prueba.
1. Con la denuncia de **********, administrador de la empresa denominada "**********" en la que manifestó:
1.1 Que el veintiuno de noviembre de dos mil nueve, aproximadamente a las nueve horas, al llegar a la negociación se percató de la falta de diversos objetos, consistentes estos en herramientas, propiedad de la aludida empresa.
A la anterior declaración el Magistrado responsable otorgó valía convictiva al tenor de lo dispuesto por el artículo 323 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, al ser emitido por persona con el criterio suficiente para comprender el hecho relatado, el cual conoce por sí mismo.
1.2 Las declaraciones rendidas por los acusados ********** y ********** de las que se desprende en forma coincidente que el veintiuno de noviembre de dos mil nueve, alrededor de la una con cincuenta minutos, decidieron llevar a cabo el robo a la empresa denominada "**********", para lo cual el segundo de los citados se introdujo a dicha empresa sustrayendo diversos bienes muebles, consistentes en seis brocas en color negro de diferentes medidas, un juego de brocas con estuche, aproximadamente dieciocho buriles, dos verniers, dos calibradores y micrómetros los cuales se encontraban en su estuche; que posteriormente ********** abordó un vehículo de transporte de pasajeros, de la marca **********, tipo **********, color ********** denominado **********, placas de circulación **********, el cual era conducido por el primero de los declarantes, en cuya cajuela guardaron los objetos robados para finalmente huir del lugar.
Declaraciones a la que se les otorgó valía, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 311 del Código Penal del Estado, al ser emitidas ante el Ministerio Público, además de contar los deponentes con mayoría de edad, y con la asistencia de su defensor público, sin empleo de incomunicación, intimidación, tortura o cualquier otro medio de coacción, así como que se consideró que tenían capacidad suficiente para entender el hecho descrito y con pleno conocimiento de la causa penal que se les instruía.
1.3 De los testimonios de ********** y ********** (policías aprehensores), en la resolución materia del análisis se extrajo: que el día veintitrés de noviembre de dos mil nueve, aproximadamente a las nueve horas con treinta minutos, al ir circulando por la avenida **********, al cruce con la calle ********** en la colonia **********, en el Municipio de General Mariano Escobedo, Nuevo León, interceptaron a los activos cuando viajaban a bordo del vehículo tipo **********, de la marca **********, tipo **********, color ********** con **********, placas de circulación **********, quienes al notar su presencia intentaron huir, por lo que les marcaron el alto y al realizar una revisión del aludido vehículo, encontraron en la cajuela de dicho automotor seis cajas de madera conteniendo en su interior micrómetros, quienes al preguntarles sobre la tenencia de los objetos a los activos, éstos manifestaron que se los habían apoderado el veintiuno del mes y año en cita, del interior de un negocio de torno sin el consentimiento de su propietario.
A los anteriores testimonios el Magistrado responsable ponderó que adquirían valía de conformidad con lo dispuesto por el numeral 325 del Código de Procedimientos Penales en el Estado.
1.4 La inspección ministerial de veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, practicada por el agente del Ministerio Público, el cual dio fe de la existencia de un vehículo tipo **********, marca **********, modelo **********, de los denominados "**********", color **********, con placas de circulación **********, del Estado de Nuevo León, en el cual en el interior de la cajuela de dicho automotor, se localizaron de seis cajas de madera de diferentes dimensiones, las cuales al sacarlas para revisar su interior se localizaron micrómetros.
Medio convictivo al que se otorgó valía conforme a lo previsto por el artículo 321 del código procedimental penal en el Estado, por que demostró la existencia de los objetos robados.
Probanzas que a criterio del Magistrado responsable resultan suficientes para colmar los elementos del delito de robo a que se refiere el artículo 364 del Código Penal en vigor, pues se demostró que el día veintiuno de noviembre de dos mil nueve, alrededor de la una con cincuenta minutos, alguien robo a la empresa denominada "**********", ubicada en la calle ********** número **********, de la colonia ********** en esta ciudad, para lo cual se introdujeron a dicha empresa sustrayendo los bienes, consistentes estas en seis brocas en color negro de diferentes medidas, un juego de brocas con estuche, aproximadamente dieciocho buriles, dos verniers, dos calibradores y micrómetros los cuales se encontraban en su estuche; que posteriormente abordaron un vehículo de transporte de pasajeros, de la marca **********, tipo **********, color ********** denominado **********, placas de circulación ********** el cual era conducido por una persona, en cuya cajuela del automotor guardaron los objetos robados para finalmente huir del lugar.
Sin que en esta etapa de desarrollo de la sentencia, se advierta suplencia de queja deficiente que hacer valer a favor del quejoso.
Atinente a la responsabilidad del quejoso en la comisión del ilícito anotado, el Magistrado indicó que emanaba de los mismos datos de información reseñados, que lo llevaban al convencimiento de que el veintiuno de noviembre de dos mil nueve, aproximadamente a la una con cincuenta minutos ********** fueron quienes se pusieron de acuerdo para robar la empresa denominada "**********", ubicada en la calle ********** número **********, de la colonia ********** en esta ciudad, para lo cual el segundo de los citados se introdujo a la empresa forzando la chapa de la puerta sustrayendo diversas cosas muebles, consistentes en seis brocas en color negro de diferentes medidas, un juego de brocas con estuche, aproximadamente dieciocho buriles, dos verniers, dos calibradores y micrómetros los cuales se encontraban en su estuche; para después abordar un vehículo de transporte de pasajeros, de la marca **********, tipo **********, color ********** denominado **********, placas de circulación **********, el cual era conducido por el primero de los declarantes, en cuya cajuela guardaron los objetos robados para finalmente huir del lugar, y posteriormente el veintitrés del mes y año en mención fueron detenidos cuando viajaban a bordo del vehículo mencionado en líneas precedentes en cuya cajuela transportaban seis cajas de madera conteniendo en su interior micrómetros; aspectos que dijo emanaban primordialmente:
I. De la denuncia de **********, administrador de la empresa denominada "**********" así como su respectiva ratificación de la que se desprende que el veintiuno de septiembre de dos mil nueve, aproximadamente a las nueve horas, al llegar a la negociación la cual se encuentra ubicada en la calle ********** número **********, de la colonia ********** en esta ciudad, se percató de la falta de diversos objetos, consistentes en herramientas propiedad de la aludida empresa.
II. Las declaraciones rendidas por los acusados ********** quienes aceptaron la comisión de los actos imputados **********.
III. Los testimonios de los policías aprehensores ********** y **********.
IV. La inspección ministerial de veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, practicada por el agente del Ministerio Público.
Lo que denotó a criterio de la responsable que el quejoso desplegó un comportamiento físico que trascendió al delito y que de no haberse dado o no haber existido, no hubiera traído como consecuencia la comisión del delito imputado a título de dolo, conforme lo establece el artículo 27 del Código Penal vigente en el Estado, por lo que, se advirtió que el quejoso puso culpablemente una condición de resultado y debía responder conforme lo establece el artículo 39, fracción I, del mismo código, al haber ejecutado directamente el delito.
Debiendo ahondar, en que la aportación del quejoso a la comisión de la acción típica, evidencia que existió un reparto del dominio del hecho en la etapa de su realización (codominio funcional del hecho), dado que el se introdujo de manera directa al lugar para apoderarse de los bienes, siendo asistido por su cosentenciado quien lo recogió, con base en un acuerdo previo, por lo que pudieron entonces sustraer los objetos de los que se apoderaron, pues si no hubiera acudido el coacusado al lugar, dadas las características de los objetos, no se hubiera podido consumar el ilícito.
Motivo por el cual se coincide con el Magistrado responsable, en el sentido de que con el material probatorio se acredita de manera inconcusa la responsabilidad penal de ********** al hacerse patente que el veintiuno de noviembre de dos mil nueve, aproximadamente a la una con cincuenta minutos, el antes nombrado junto con su coacusado decidieron robar a la negociación denominada "**********" la cual se ubica en la calle ********** número **********, de la colonia ********** en esta ciudad, para lo cual el quejoso se introdujo al lugar antes mencionado apoderándose de seis brocas en color negro de diferentes medidas, un juego de brocas con estuche, aproximadamente dieciocho buriles, dos verniers, dos calibradores y micrómetros los cuales se encontraban en su estuche, para posteriormente abordar el vehículo de transporte de pasajeros, de la marca **********, tipo **********, color ********** denominado **********, placas de circulación **********, el cual era conducido por ********** previo resguardo de los objetos robados en la cajuela del automotor citado.
Sin que pase inadvertido para este órgano colegiado, que el quejoso nada manifestó respecto al acto delictuoso que se le reprocha, el cual se encuentra debidamente acreditado así como su responsabilidad, sin que exista dato que amerite suplir a su favor la queja deficiente, conforme a la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.
En otro aspecto, para acreditar la calificativa prevista por la fracción II a que refieren el artículo 374 del Código Penal estatal, se tuvo por acreditada, pues a criterio del Magistrado responsable de la dinámica de los hechos que motivaron la causa, se advertía que el robo de que se duele **********, administrador de la empresa denominada "**********" por parte de los activos ********** se verificó en el interior de una pieza no habitada ni destinada para ello; elemento que a criterio de ésta, se tuvo corroborado con la diligencia de inspección que se llevó en la negociación antes citada la cual se ubica en la calle ********** número **********, de la colonia ********** en esta ciudad, prueba a la que le otorgó valor convictivo en términos del numeral 321 del código adjetivo penal en el Estado.
Determinación que este órgano colegiado no comparte, por las consideraciones que a continuación se expondrán.
Primeramente, resulta imperativo invocar el artículo y fracción aludidos.
"Artículo 374. Además de la pena que le corresponda por el robo, se aplicaran al delincuente de dos a seis años de prisión, en los siguientes casos:
"...
"II. Cuando se cometa en un parque u otro lugar cerrado o en un edificio o pieza que no estén habitados, ni destinados para habitarse."
Ahora bien, los hechos sucedieron en un local destinado a taller de torno, que se encuentra dentro de la propiedad ubicada en la calle ********** número **********, de la colonia ********** en esta ciudad, mismo que puede considerarse como un lugar no destinado para habitarse aunado a que en autos, no se advierte que den albergue, residencia u hogar a personas para que les sirva de morada, como se repite, por la actividad que ahí se realiza, por lo que se advierte que por la hora en que sucedieron los hechos se encontraba cerrado al público.
Sin embargo, para que la autoridad responsable pudiera tener actualizada la agravante de mérito, debió apreciar el elemento complementario con que se integra, es decir que el inmueble en que se perpetró el ilícito sea un edificio o pieza no destinado para habitarse.
Claro, para estar en aptitud de establecer que lugar sea habitable, o no esté destinado para ello, se deben tomar en cuenta las circunstancias especiales o variables de cada caso en concreto.
En efecto, el concepto edificio entraña una gran construcción compuesta de varios locales, en tanto que como pieza podemos entender a la parte integrante de un todo, es decir algo que forma parte de una estructura integrada o vinculada a la misma, que por cuya naturaleza no puede ser desligada de la edificación sin que ésta sufra algún daño o menoscabo.
A más, al interpretar teleológicamente este precepto, puede colegirse que se contempló la posible existencia de piezas en un edificio destinado en su conjunto a la habitación, que paradójicamente no cumple con ese fin, como lo sería una pequeña bodega, cuarto de bombas, lavanderías, etcétera, que si bien no son habitables, su intromisión afecta la intimidad del edificio en conjunto que si se destinara para casa habitación.
Es por ello, que en la especie el taller de torno, aun cuando no estaba destinado a habitarse, se estima que no puede ser considerado como edificio o parte de éste, de tal forma que no era dable tomar el inmueble en que se constituye dicho negocio como un edificio o pieza de éste que no está destinado para habitarse.
De ahí que procede conceder al quejoso la protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable elimine la agravante contemplada en la fracción II del artículo 374 del Código Penal del Estado
Ahora bien por lo que hace a la segunda de las calificativas contemplada por la fracción IX del numeral 374 del código punitivo en cita, consistente en que para cometer el robo se utilice de cualquier forma una unidad del servicio público de transporte de pasajeros; ésta se tiene por acreditada con los elementos que obran en la causa, primordialmente con lo depuesto por los activos quienes manifestaron haber utilizado un vehículo de servicio público de los denominados "**********", marca **********, tipo **********, color ********** placas de circulación **********, en el cual guardaron en la cajuela de dicho vehículo las cosas hurtadas y huyeron del lugar a bordo de la unidad; elementos que se corroboran con la inspección practicada a dicha unidad por parte del agente del Ministerio Público en la cual se dio fe de la existencia del automotor.
Sin que, en el apartado relativo a la comprobación de esta última calificativa del delito en la comisión del ilícito se advierta queja deficiente que suplir a favor del impetrante de garantías, debiendo dejar intocada ésta.
Por otra parte, respecto a la forma de sancionar al quejoso, el Magistrado responsable manifestó que era aplicable la pena prevista en el artículo 369 del Código Penal vigente en el Estado, al no versar, medio de prueba que indique el valor intrínseco de lo robado (seis brocas en color negro de diferentes medidas, un juego de brocas con estuche, aproximadamente dieciocho buriles, dos verniers, dos calibradores y micrómetros los cuales se encontraban en su estuche), motivo por el cual debía de considerarse "indeterminado", de ahí que la sanción a imponer al activo era la prevista en dicho numeral.
Sobre lo anterior, el quejoso sostiene que la responsable dejó de observar lo dispuesto por la fracción I del artículo 367 del Código Penal vigente en el Estado, y aplicó inexactamente lo dispuesto por el artículo 369 del código sustantivo citado, ya que los objetos motivo del robo, sí se les puede asignar un valor intrínseco y no como erróneamente lo estimara la autoridad de alzada, ya que el producto de lo robado fue valorado tanto por el perito de la defensa como por el tercero en discordia, de ahí que sea incorrecta la estimación de considerar que no se allegó medio probatorio que indicara el valor de los objetos robados, y por dicha circunstancia era conducente aplicar la sanción prevista en el numeral citado en segundo término.
Asimismo, refiere el quejoso que al existir duda respecto al valor intrínseco de los objetos sustraídos la responsable debió inclinarse a lo más favorable al reo y no como erróneamente lo hizo en sancionarlo de conformidad al numeral 369 del código punitivo en cuestión, en apoyo de su argumento transcribió la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito de rubro: "ROBO. NO ES APLICABLE LA SANCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 369 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SI POR NEGLIGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO SE OMITE VALORAR EL OBJETO DEL DELITO O LA VALORACIÓN REALIZADA RESULTA DEFECTUOSA."
Lo antes expuesto es esencialmente fundado, de ahí que se considere incorrecto el actuar del tribunal de alzada al estimar que debía sancionar la conducta reprochada al quejoso de conformidad con lo dispuesto por el numeral 369 del Código Penal en vigor, al no versar en la especie medio probatorio en el cual se indicara el valor intrínseco de lo robado, lo que conllevaba ha tenerlo como indeterminado y por ello aplicar la sanción contemplada en dicho numeral.
Lo anterior, ya que existen tres peritajes allegados a la causa, ponderados por el Juez de primer grado, los que si bien pudieran presentar deficiencias, no por esa circunstancia puede arribarse a la conclusión que a los objetos materia de robo no se les pudiera fijar un valor o cantidad, porque sí son estimables en dinero debido a su naturaleza, de ahí que resulta incorrecto el actuar de la responsable, al sancionar al quejoso con base en la supuesta imposibilidad de determinar el valor de los bienes, cuando ello eleva la sanción que se le impone, pues debió en observancia al principio in dubio pro reo, contenido en el artículo 23 de la Carta Magna, aplicar al quejoso la sanción establecida en la fracción I del citado numeral 367 del Código Penal, que era más benéfica y no como erróneamente lo estimó.
Compartiéndose para lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, febrero de 2005, página 1588, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:
"ROBO. NO ES APLICABLE LA SANCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 369 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SI POR NEGLIGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO SE OMITE VALORAR EL OBJETO DEL DELITO O LA VALORACIÓN REALIZADA RESULTA DEFECTUOSA.-El artículo 369 del Código Penal del Estado de Nuevo León establece la sanción aplicable al delito de robo cuando la cosa materia del apoderamiento no fuere estimable en dinero; cuando no pudiere fijarse su valor o cantidad, dada su naturaleza; o si por cualquier circunstancia no se pudiere valorizar; de ahí que resulta indebido aplicar dicho precepto en los casos en que el Ministerio Público sí estuvo en condiciones de poder aportar al sumario elementos que permitieran apreciar el valor de lo robado, pero fue negligente en allegarlos o éstos presentaron deficiencias, porque tales hipótesis no encuadran dentro de las específicas que establece el mencionado numeral, aunado a que si en el caso existe duda respecto al valor del objeto sustraído, es precisamente ‘dicha duda’ la que debiera tomarse en cuenta para inclinarse por lo más favorable al reo y aplicar la sanción que establece el artículo 367, fracción I, del ordenamiento legal invocado."
Luego, si en el caso el Magistrado responsable estimó aplicable el artículo 369 citado y tener el robo como de cuantía indeterminada, cuando lo correcto conforme a los montos asignados en dos de los peritajes que valuaron los bienes por los montos de nueve mil treinta y seis pesos, por lo que ve al perito de la defensa, y diez mil trescientos veinte pesos por el perito tercero; no sobrepasan la suma que se ubicaba dentro de la fracción I del diverso 367 del código en consulta, que alude a que se sancionará con la pena que ahí se establece cuando el monto de lo robado no exceda de doscientas cuotas, cantidad diaria que al acontecer los hechos era de cincuenta y tres pesos con veintiséis centavos, por lo que el monto base para ubicar la sanción era de diez mil seiscientos cincuenta y dos pesos; motivo por el cual, al no exceder el monto de los bienes robados esa cantidad, conforme a los peritajes más bajos, procedía imponer esa pena, al ser evidente que la fijada por el Magistrado responsable no es la exactamente aplicable a los hechos, por tanto, no puede subsistir, ya que tal proceder violenta las garantías individuales del impetrante, al no haberse aplicado la ley en forma exacta al hecho delictivo de que se trata, en trasgresión a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Suprema, por lo que debe obligarse a la responsable a respetar el principio de non reformatio in peius, para aplicar a favor del impetrante aquella pena que más le beneficia, que es la citada que prevé la fracción I del artículo 367 del Código Penal del Estado, toda vez que si bien, tampoco es la que en derecho le corresponde al hecho ilícito imputado por no adecuarse a dicha normativa, lo cierto es que la inexactitud de los peritajes no puede desencadenar la imposibilidad de valuar los bienes, por ende, debe prevalecer como ya se determinó la aplicación de la ley en su mayor beneficio.
Sobre lo anterior es aplicable la tesis, que enseguida se enuncia y transcribe, que establece:
"No. Registro: 177,613
"Tesis aislada
"Materia(s): Constitucional, Penal
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXII, agosto de 2005
"Tesis: 1a. LXXXIX/2005
"Página: 299
"EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. SIGNIFICADO Y ALCANCE DE ESTA GARANTÍA CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.-El significado y alcance de dicha garantía constitucional no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta objetividad y justicia; que no se desvíe ese fin con una actuación arbitraria del juzgador, ni se cause un estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma, con el desconocimiento de la conducta que constituya el delito, así como de la duración mínima y máxima de la sanción, por falta de disposición expresa."
Por otra parte, al abordar el análisis de la individualización de la pena, se advierte que el ad quem, con base en los lineamientos que para ello proporciona el artículo 47 del Código Penal, determinó ubicar al quejoso en un grado de culpabilidad levemente superior al mínimo, ya que coincidía con el Juez primigenio que existían cuatro atenuantes y una agravante, siendo ésta el que se desplegó el delito coadyuvado por terceras personas.
Contra dicha aseveración, el quejoso expresa inconformidad, siendo ésta, en esencia, que el Magistrado responsable no realizó una aplicación exacta de lo dispuesto por el artículo 47 del Código Penal vigente en el Estado, ya que como única agravante expreso que "desplegó el delito coadyuvado por terceras personas, lo que sin duda le representó una ventaja adicional en el éxito de su propósito delictivo", siendo que dicha circunstancia se encuentra inmersa en la ejecución del hecho delictivo ya que el tomarla en cuenta sería realizar una reclasificación de la conducta.
El anterior motivo de disenso resulta fundado suplida a favor del reo la queja deficiente, esto es así ya que el ad quem, consideró como única agravante a fin de fijar el grado de culpabilidad del ahora quejoso (levemente superior a la mínima) el que aquél hubiese desplegado el delito coadyuvado por terceras personas, lo que le representó una ventaja adicional en el éxito de su propósito delictivo; sin embargo, dicha conclusión es violatoria de garantías, ya que tomar como agravante a fin de incrementar el grado de culpabilidad, un dato o circunstancia que es propia y constitutiva de la forma comisiva del delito, pues se consideró que el quejoso había sido coautor del ilícito de robo, implica un doble reproche del comportamiento penal, lo que resulta ilegal.
Sobre este último tema en estudio, este Tribunal Colegiado comparte el criterio que sustenta la tesis de jurisprudencia II.2o.P.A. J/2 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, publicada en la página 429 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:
"INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA, RECALIFICACIÓN DE CONDUCTAS. VIOLATORIA DE GARANTÍAS.-De conformidad con el principio de prohibición de la doble valoración de los factores de determinación de la pena, según el cual no pueden atenderse nuevamente por el juzgador al efectuar la individualización de la pena, aquellas circunstancias o elementos del delito en general que forman parte de la descripción típica en particular, por haber sido ya tomados en cuenta por el legislador al efectuar la individualización legal al fijar el marco punitivo entre el mínimo y el máximo de las sanciones a imponer; es evidente, que si el juzgador al momento de individualizar la pena utiliza como elementos de soporte del ejercicio de tal facultad jurisdiccional al hacer el razonamiento respectivo, el señalamiento de conductas por parte del justiciable, que han sido ya determinadas como elementos del tipo penal del delito que se le imputa, ello implica una recalificación de conducta al hacerse un doble reproche respecto de una misma determinación que, en consecuencia, resulta ilegal y violatoria del principio consignado en el apotegma ‘non bis in idem’ reconocido por el artículo 23 constitucional."
En otro tenor, en cuanto al capítulo de la reparación del daño, al haberse absuelto del mismo al quejoso, dicho apartado no se analizará, al no depararle perjuicio al activo dicha absolución.
En esa tesitura, al resultar violatoria de garantías individuales en perjuicio del quejoso en los aspectos precisados la sentencia reclamada, procede conceder a éste el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que reitere lo relativo a la existencia del delito de robo calificado, únicamente en lo que respecta a la considerada en la fracción IX y excluya la contemplada en la fracción II del artículo 374 del Código Penal vigente en el Estado, la responsabilidad del quejoso en su comisión y respecto a la forma de sancionar aplique la sanción prevista en la fracción I del artículo 367 del Código Penal vigente en el Estado, y establezca al quejoso en un grado de culpabilidad mínimo.
Determinación similar se tomó al resolver el juicio de amparo directo 43/2011 por mayoría de votos.
Por lo expuesto y con apoyo en lo que establecen los artículos 107, fracciones II y III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 76, 77, 78, 158, 159, 184 y 190 de la Ley de Amparo; así como 1o., fracción III, 34, 35 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra de la autoridad y por los actos precisados en el primer resultando de esta ejecutoria, para los efectos descritos en el quinto considerando de la misma.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen, y en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, José Heriberto Pérez García, Ramón Ojeda Haro y Juan Manuel Rodríguez Gámez, siendo ponente el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 3, 1
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24295-a48269e2/robo-si-por-inexactitud-en-los-dictamenes-periciales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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