POLICÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. PARA QUE A SUS ELEMENTOS SE LES OTORGUE EL PAGO DE 12 DÍAS DE HABERES POR CADA AÑO DE SERVICIO PARA EFECTOS INDEMNIZATORIOS, LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO DEBE TENER COMO CAUSA LA SEPARACIÓN Y NO LA DESTITUCIÓN O BAJA.
AMPARO DIRECTO 881/2012. 7 DE FEBRERO DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ADELA DOMÍNGUEZ SALAZAR. PONENTE: F. JAVIER MIJANGOS NAVARRO. SECRETARIO: HÉCTOR LANDA BÁEZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los conceptos de violación son infundados.
A fin de establecer las razones que sustentan lo anterior, resulta oportuno atender a los antecedentes más relevantes.
En ese sentido, por escrito presentado el ********** de ********** de **********, ante la Oficialía de Partes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ********** demandó la nulidad de la resolución de ********** de ********** de **********, por medio de la cual el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal determinó su destitución del empleo, cargo o comisión que venía desempeñando dentro de dicha secretaría.
Dicho asunto correspondió conocerlo a la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, quien lo tramitó bajo el número de expediente **********, y por sentencia de ********** de ********** de **********, determinó declarar la nulidad de la resolución impugnada, en los siguientes términos:
"... Esta Sala ha realizado un estudio integral de la demanda y de los conceptos de nulidad expresados por la parte actora, así como del escrito de contestación de demanda rendido por la autoridad demandada, valorando, asimismo, la resolución impugnada, llegando a la conclusión de que resultan fundados los conceptos de nulidad expresados por la parte actora, ya que según se advierte del contenido de la resolución impugnada, no se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, que confiere competencia al Consejo de Honor y Justicia, como órgano colegiado, para conocer y resolver sobre las faltas graves en que incurren los elementos policiales, y según se observa de dicha resolución impugnada, y concretamente en el resultando 5, no intervino el Consejo Honor y Justicia, en su carácter de órgano colegiado, en todas y cada una las etapas del procedimiento administrativo instaurado en contra del actor, actualizándose así la causa de nulidad que establece el artículo 127, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por lo que es procedente decretar la nulidad de la resolución impugnada, quedando obligada la autoridad demandada a dejarla insubsistente en el plazo de quince días siguientes a la fecha en que esta sentencia cause ejecutoria, debiendo restituir al actor en los derechos que le fueron afectados y, en consecuencia, deberá serle cubierta la indemnización correspondiente, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (foja 71 vuelta).
Inconformes con tal resolución, tanto **********, como el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, interpusieron recurso de apelación, los cuales fueron admitidos por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, bajo los números ********** y ********** (acumulado), respectivamente.
Por sentencia de ********** de ********** de **********, la mencionada Sala Superior determinó, en un primer momento, que el primer agravio planteado por la inconforme en el recurso de apelación número **********, resultaba fundado y suficiente para revocar la sentencia apelada, toda vez que en la sentencia de primer grado no se realizó la necesaria valoración y examen de los argumentos planteados por las partes, ni se vertió argumento coherente mediante el cual se expusieran claramente a las partes las razones que justificaran el sentido del fallo.
Una vez revocada la sentencia apelada, la resolutora asumió jurisdicción y declaró la nulidad de la resolución impugnada, atento a que el acuerdo del inicio del procedimiento administrativo en contra del actor, indefectiblemente debió ser emitido por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, de manera que al haber sido firmado únicamente por el director general de dicho consejo, resultaba contrario a derecho.
Así las cosas, a efecto de restituir al actor en el derecho que indebidamente le fue afectado, la Sala de apelación precisó que el Consejo de Honor y Justicia quedaba obligado a restituir al actor en el goce de sus derechos indebidamente afectados, para lo cual debería únicamente dejar sin efectos la resolución contenida en el expediente número **********, de fecha ********** de ********** de ********** y, por lo que hacía a la reincorporación del actor en su empleo, sostuvo que ésta resultaba improcedente debido a que el dieciocho de junio de dos mil ocho se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, que impedía esa reinstalación y, por último señaló que:
"... teniendo en cuenta que el motivo que deparó que el actor fuese sancionado administrativamente con una destitución, derivó de que quedó acreditada la conducta que le fue imputada y que mereció que ********** fuese condenado penalmente con dos años de prisión y cincuenta días de multa, equivalente a $**********, como se desprende de la copia certificada de la sentencia de fecha ********** de ********** de **********, dictada en el expediente número **********, tramitado ante la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (obra de foja 30 a 58 del legajo de pruebas anexo al expediente principal) es que no procede ordenar el pago al actor de la indemnización constitucional correspondiente ni el pago de los salarios y demás prestaciones que dejó de percibir desde el momento en que fue suspendido de sus labores, en tanto que el derecho a obtener la indemnización a que se refiere el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, dependerá de que el afectado obtenga una resolución en la que se determine que la remoción que le fue dictada no deriva de una conducta ilícita, ya que si la remoción derivó de una conducta ilícita no es procedente que se otorgue la indemnización ni las prestaciones anteriormente referidas. Resulta aplicable el criterio contenido en la tesis I.13o.A.82 A, correspondiente a la Novena Época, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, misma que se transcribe a continuación: ‘INDEMNIZACIÓN. LOS MIEMBROS DE CORPORACIONES POLICIALES NO TIENEN DERECHO A LA. CUANDO SON REMOVIDOS DE SUS CARGOS POR LA REALIZACIÓN DE UNA CONDUCTA ILÍCITA.’ (se transcribe)." (foja 57 y vuelta del expediente de apelación).
En contra de esta última determinación **********, promovió juicio de amparo directo, el cual fue admitido por este tribunal bajo el número de expediente D.A. **********; sin embargo, en auxilio de este órgano colegiado, por sesión de ********** de ********** de **********, el Séptimo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región, dentro del expediente auxiliar D.A. **********, dictó sentencia en el sentido de conceder el amparo al quejoso, para los siguientes efectos:
"Ante la ilegalidad del acto reclamado, lo que procede es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Sala Superior, prescindiendo de aplicar las razones que extrajo de la tesis I.13o.A.82 A, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resuelva la cuestión efectivamente planteada, o bien, exponga las razones por las cuales estima que dicha tesis, no obstante interpretar el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, vigente de mil novecientos noventa y nueve al dieciocho de junio de dos mil ocho, es apta para sustentar y denegar al quejoso el derecho a la indemnización que reclama." (foja 114 del expediente de apelación).
En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal emitió una segunda sentencia, de fecha ********** de ********** de **********, la cual ahora es combatida, en donde reiteró las consideraciones relativas a la revocación de la sentencia de primera instancia y, una vez hecho lo anterior analizó los conceptos de anulación del accionante, determinando que éstos eran fundados, por lo que declaró la nulidad del acto impugnado, al tenor de las siguientes consideraciones:
a) Que el denominado "Acuerdo de radicación" de fecha ********** de ********** de **********, lejos de ser un simple acuerdo de radicación, de su análisis se desprendía que a través del mismo se dio a conocer al accionante tanto los preceptos jurídicos que probablemente había infringido con la conducta que presuntivamente llevó a cabo, además de que se encontraba ordenando el inicio del procedimiento administrativo en contra del actor, por lo que indefectiblemente debió ser emitido por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, de manera que al haber sido firmado únicamente por el director general del Consejo de Honor y Justicia, el mismo era contrario a derecho.
b) De esta manera, la juzgadora sostuvo que si el "Acuerdo de radicación" de ********** de ********** de **********, fue emitido por una autoridad incompetente, era claro que el resto de lo actuado dentro del procedimiento administrativo disciplinario, incluyendo la resolución definitiva impugnada era ilegal al ser fruto de un acto viciado de origen.
c) Expuesto lo anterior, al configurarse la causal de nulidad contenida en la fracción I del artículo 127 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, la responsable declaró la nulidad lisa y llana de la resolución contenida en el expediente número **********, de fecha ********** de ********** de **********, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
d) Por otra parte, la resolutora precisó que con fundamento en lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, no procedía la reinstalación del actor en el empleo, cargo o comisión que venía desempeñando, en razón que dicha reforma tuvo como fin el establecer de forma expresa que la remoción de los agentes del Ministerio Público y de los miembros de las instituciones policiales de los Municipios, entidades federativas y Federación se efectuaría libremente, en los términos que señalen las leyes, reiterándose que bajo ninguna circunstancia procedería la reinstalación o restitución de tales servidores públicos, pues de esta manera, en caso de que llegara a prosperar algún medio de defensa, el Estado debería cubrir una indemnización.
e) Asimismo, la autoridad responsable puntualizó que los conceptos de indemnización y demás prestaciones establecidas en el referido artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistían en el pago de tres meses de su remuneración, así como el pago que va desde la remuneración diaria ordinaria hasta los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto por la prestación de sus servicios que necesariamente debían estar catalogados en el presupuesto de egresos respectivo, desde la fecha en que se hizo del conocimiento de la parte actora la resolución por medio de la cual se le destituyó, hasta el momento en que se cumpliera con el presente fallo.
La Sala sustentó la anterior determinación en las tesis 2a. LXIX/2011 y 2a. LlX/2011, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se citan a continuación: "SEGURIDAD PÚBLICA. MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008." y "SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO CONTIENE COMO CONCEPTO JURÍDICO EL DE SALARIOS VENCIDOS."
f) En mérito de lo expuesto, la juzgadora concluyó que procedía declarar la nulidad de la resolución impugnada, por lo que quedaba obligada la parte demandada a restituir al actor en el goce de sus derechos indebidamente afectados, lo cual se hacía consistir en ordenar el pago de la indemnización que asciende a un monto de tres meses de la remuneración que percibía el accionante, así como el pago de las demás prestaciones económicas a que tenga derecho, mismas que consistían en el pago que va desde la remuneración diaria ordinaria hasta los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto por la prestación de sus servicios, que necesariamente debían estar catalogados en el presupuesto de egresos respectivo, desde la fecha en que se destituyó al accionante, hasta el momento en que se cumpliera con el fallo; sin que en ningún momento procediera la reinstalación, todo ello en términos del tercer párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahora bien, el quejoso manifiesta en su primer concepto de violación que la sentencia reclamada se emitió en contravención a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de nuestra Carta Magna, pues en la indemnización solamente se incluye el pago de tres meses de salario, cuando ya ha sido determinado por las propias leyes especiales de los policías que dicha indemnización deberá pagarse con tres meses de salario, más doce días por año de servicios.
En ese tenor, el impetrante de garantías aduce que el Alto Tribunal ha sostenido en la tesis 2a./J. 119/2011, que para determinar los conceptos que deben integrar la indemnización prevista en el citado precepto constitucional ha de estarse a lo dispuesto en la propia Constitución y, en su caso, en las leyes administrativas correspondientes; y es el caso que, en el artículo 26 del Reglamento para la Conclusión de la Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se determina el pago de los doce días por año de servicios.
No asiste razón al inconforme.
En efecto, el Máximo Tribunal del País ha determinado jurisprudencialmente que si bien para definir el monto de la indemnización contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe aplicarse analógicamente la fracción XXII del apartado A del mismo precepto legal, que prevé una indemnización por el importe de 3 meses de salario para el trabajador que es separado de su empleo injustificadamente; ello no significa que el servidor público, miembro de alguna institución policial de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios, tenga derecho a recibir el pago de 20 días de salario por cada año de servicios cuando la autoridad jurisdiccional resuelve que fue injustificada su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio.
Que esto es así, porque esa prestación no forma parte de la indemnización prevista en la fracción XXII del apartado A del citado artículo constitucional, sino que constituye el pago por la responsabilidad que deriva del conflicto ante el derecho del patrón de no reinstalar al trabajador, definida en la fracción XXI de ese mismo apartado.
Por tanto, como el concepto de 20 días por año no está expresamente señalado en la Constitución General de la República, no puede aplicarse analógicamente al caso de la indemnización de los miembros de instituciones policiales establecida en la fracción XIII del apartado B del mencionado artículo 123, porque se trata de un concepto jurídico exclusivo del derecho laboral, desarrollado en la Ley Federal del Trabajo, legislación que resulta inaplicable a los miembros de instituciones policiales, debido a que su relación es de naturaleza administrativa. Tiene aplicación a lo anterior la siguiente tesis:
"SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO COMPRENDE EL CONCEPTO DE 20 DÍAS POR AÑO. Si bien es cierto que esta Segunda Sala estima que para definir el monto de la indemnización contenida en el indicado precepto debe aplicarse analógicamente la fracción XXII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé una indemnización por el importe de 3 meses de salario para el trabajador que es separado de su empleo injustificadamente; ello no significa que el servidor público, miembro de alguna institución policial de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios, tenga derecho a recibir el pago de 20 días de salario por cada año de servicios cuando la autoridad jurisdiccional resuelve que fue injustificada su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio. Esto es así, porque esa prestación no forma parte de la indemnización prevista en la fracción XXII del apartado A del citado artículo constitucional, sino que constituye el pago por la responsabilidad que deriva del conflicto ante el derecho del patrón de no reinstalar al trabajador, definida en la fracción XXI de ese mismo apartado. Por tanto, como el término de 20 días por año no está expresamente señalado en la Constitución General de la República, no puede aplicarse analógicamente al caso de la indemnización de los miembros de instituciones policiales establecida en la fracción XIII del apartado B del mencionado artículo 123, porque se trata de un concepto jurídico exclusivo del derecho laboral, desarrollado en la Ley Federal del Trabajo, legislación que resulta inaplicable a los miembros de instituciones policiales, debido a que su relación es de naturaleza administrativa." (Novena Época. Registro IUS: 161185. Instancia: Segunda Sala. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXXIV, agosto de 2011. Materia: Administrativa. Tesis: 2a. LXX/2011. Página: 530).
Por otro lado, cabe señalar que si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la tesis 2a./J. 119/2011, cuyo rubro es: "SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", que para establecer los conceptos que deben integrar la indemnización prevista en el citado precepto constitucional ha de estarse a lo dispuesto en la propia Constitución y, en su caso, en las leyes administrativas correspondientes, lo cierto es que la prestación consistente en el pago de los doce días por año laborado, prevista en el artículo 26 del Reglamento que Establece el Procedimiento para la Conclusión de la Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, no le es aplicable.
Se afirma lo anterior, en razón de que en dicho numeral se prevé el pago de esa prestación sólo en los casos en que la conclusión del servicio del integrante de la policía del Distrito Federal, tenga su origen en una causa de separación, y no en una destitución, como sucedió en este caso.
En efecto, para acreditar lo anterior es oportuno tomar en consideración lo dispuesto en los artículos 21 y 26 del Reglamento que Establece el Procedimiento para la Conclusión de la Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, los cuales son del tenor siguiente:
"Artículo 21. La conclusión del servicio de un integrante de la policía del Distrito Federal es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por separación, destitución o baja.
"La separación, destitución o baja procederá por las causas siguientes:
"I. Separación:
"a) Por incumplimiento de los requisitos de permanencia por razones de edad a que se refieren los artículos 9, 10 y 11 del presente reglamento; o
"b) Por incumplimiento de los requisitos de permanencia a que se refieren los artículos 12, 13, 16, 17 y 19 del presente reglamento;
"II. Destitución:
"a) Por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o por incumplimiento de sus deberes policiales, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario y los principios de actuación policial, a que se refieren los artículos 16 y 17 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, o por incumplir los requisitos de ingreso, a que se refieren los artículos 4 y 5 del presente reglamento;
"b) Por incumplir alguno de los requisitos de permanencia a que se refieren los artículos 6, 7, 8, 14, 15, 18 y 20 del presente reglamento; o
"c) Por cualquiera de las causas a que hace referencia el artículo 52, de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, y
"III. Baja, por:
"a) Renuncia;
"b) Muerte;
"c) Incapacidad permanente, sea parcial o total; o
"d) Jubilación o retiro."
"Artículo 26. La separación de los elementos policiales por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia a que se refiere la fracción I, del artículo 21 del presente reglamento, será conocida y resuelta por el Consejo de Honor y Justicia en los términos del procedimiento establecido en la ley y la normatividad aplicable.
"El Consejo de Honor y Justicia en los casos previstos en la fracción I, del artículo 21 del presente reglamento, con base en los elementos aportados al expediente, tomando en consideración la hoja de servicios del elemento y escuchando sus argumentos, en caso de que se encuentre acreditada la causa de separación, emitirá resolución correspondiente, ordenando cubrir al elemento una indemnización que será equivalente a 90 días de haberes. El personal que a la fecha de su separación tenga más de un año de servicio, tendrá derecho a recibir el equivalente a 12 días de haberes por cada año de servicio en la Policía de Seguridad Pública del Distrito Federal.
"Para efectos de cálculo de indemnización se considerará el haber que tenía asignado el elemento policial conforme a su grado, riesgo y antigüedad, con base en los tabuladores registrados, más el concepto mensual que en su caso tenía asignado con motivo del servicio."
Del artículo 21 previamente transcrito se desprende que la conclusión del servicio de un integrante de la policía del Distrito Federal es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por separación, destitución o baja; asimismo, la fracción I de dicho numeral señala que la "separación" procede por incumplimiento de los requisitos de permanencia por razones de edad a que se refieren los artículos 9, 10 y 11 del Reglamento que Establece el Procedimiento para la Conclusión de la Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (edad límite para la prestación del servicio policial); o por incumplimiento de los requisitos de permanencia a que se refieren los artículos 12, 13, 16, 17 y 19 del mismo ordenamiento legal (incapacidad temporal, parcial y permanente, total y permanente, total permanente o parcial permanente; por no acreditar la evaluación que le sea practicada por el Centro de Control de Confianza en materia de personalidad, salud mental, psicológicas o psiquiátricas; no aprobar los procesos de promoción cuando es convocado, así como la no aprobación del proceso de evaluación de aquella persona que haya sido diagnosticada, por autoridad, como alcohólica).
Por su parte, la fracción II del artículo 21 referido dispone que la "destitución" es procedente por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o por incumplimiento de sus deberes policiales, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario y los principios de actuación policial, a que se refieren los artículos 16 y 17 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal (principios de actuación de los cuerpos de seguridad pública: esto es, actuar dentro del orden jurídico, respetando en todo momento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen; servir con fidelidad y honor a la sociedad; respetar y proteger los derechos humanos; actuar con la decisión necesaria y sin demora en la protección de las personas y de sus bienes; no discriminar en el cumplimiento de sus funciones a persona alguna en razón de su raza, religión, sexo, condición social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo; desempeñar con honradez, responsabilidad y veracidad el servicio encomendado, debiendo abstenerse de todo acto de corrupción, así como de hacer uso de sus atribuciones para lucrar; observar un trato respetuoso en sus relaciones con las personas, a quienes procurarán auxiliar y proteger en todo momento, debiendo abstenerse de todo acto de prepotencia y de limitar injustificadamente las acciones o manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico, realice la ciudadanía; recurrir a medios no violentos antes de emplear la fuerza y las armas; obedecer las órdenes de sus superiores jerárquicos y cumplir con todas las obligaciones que tengan a su cargo, siempre y cuando la ejecución de éstas o el cumplimiento de aquéllas no signifique la comisión de un delito; observar las normas de disciplina y orden que establezcan las disposiciones reglamentarias y administrativas internas de cada uno de los cuerpos de seguridad pública, entre otras).
Asimismo, la fracción II del precepto analizado dispone que la "destitución" es procedente por incumplir los requisitos de ingreso a que se refieren los artículos 4 y 5 del reglamento (esto es, no reportar en la solicitud de ingreso el contar con la doble nacionalidad o, en ese caso, no presentar el certificado de nacionalidad mexicana expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; incumplir el requisito de notoria buena conducta y reconocida solvencia moral, que entre otros motivos se da por haber sido sujeto a proceso por el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal, los Juzgados de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal o su equivalente en cualquier entidad federativa, por la comisión de conductas que tratándose de adultos estén tipificadas como delito grave o culposo agravado, aun cuando haya sido exonerado de los cargos; haber sido sujeto a proceso por la comisión de delito doloso grave o culposo agravado, aun cuando haya sido exonerado de los cargos; estar identificado como desertor del servicio por el Ejército Mexicano o la Armada de México; por haber sido destituido como servidor público de alguna institución de seguridad pública por el incumplimiento de los requisitos de permanencia o falta a los principios de la actuación policial, o presentar documentación falsa).
Además, la misma fracción del mismo dispositivo legal referido señala que son causas de "destitución" el incumplimiento de alguno de los requisitos de permanencia a que se refieren los artículos 6, 7, 8, 14, 15, 18 y 20 del reglamento (esto es, por no contar con la cartilla liberada; por tramitar o poseer pasaporte vigente expedido a su nombre por otro país; incumplir los requisitos de notoria buena conducta y reconocida solvencia moral, entre los que se encuentran los siguientes: acumular cinco o más correctivos disciplinarios de arresto, por veinticuatro horas o más, cada uno, en un plazo de doce meses; acumular tres o más medidas de apremio consistentes en amonestación, multa o arresto por no comparecer, sin causa justificada, a la audiencia a la que hubiere sido citado legalmente, por autoridad jurisdiccional competente, en un plazo de veinticuatro meses; hacer uso o aprovechar en su beneficio documentos falsos, con el objeto de obtener un servicio o beneficio en la secretaría o de los programas y servicios que otorga el Gobierno del Distrito Federal o federal, o para evitar la aplicación de las consecuencias previstas en la normatividad; suplantar a otro elemento policial en el ejercicio de sus funciones; realizar actividades de prestación de servicios personales, de carácter remunerativo, estando incapacitado total o parcialmente para brindar el servicio policial, conforme a documento expedido por autoridad competente; portar el uniforme o parte de él y llevar a cabo actos o actividades reservadas a policías en servicio activo, estando fuera del servicio; asentar datos falsos, modificar o alterar documentos oficiales de la secretaría o registros de ésta, documentos oficiales o partes policiales, una vez expedidos, aun cuando se realice bajo orden o instrucción de un superior jerárquico; declarar falsamente o cambiar su declaración sobre hechos que le consten en el ejercicio de su encargo y hayan sido manifestados ante autoridad administrativa, ministerial o judicial; abstenerse de presentar la justificación legal a la inasistencia incurrida dentro de las setenta y dos horas siguientes a la comisión de la falta; prestar sus servicios en otra institución de seguridad pública en cualquier entidad federativa, municipal, nacional, o institución de seguridad privada, siendo personal al serv
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24351-1819770f/policia-de-seguridad-publica-del-distrito-federal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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