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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA RADICAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD INSTAURADO CONTRA LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO). CORRESPONDE TANTO AL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA INDICADA SECRETARÍA (COMPETENCIA ORIGINARIA), COMO A SU DIRECTOR GENERAL CUANDO ACTÚA EN AUXILIO DE ESTE ÓRGANO (COMPETENCIA DERIVADA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2016. · Registro digital (IUS): 26925
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-02-03
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo II, Pág. 805.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE NOVIEMBRE DE 2016. MAYORÍA DE DIECIOCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, ARTURO ITURBE RIVAS, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, EMMA MARGARITA GUERRERO OSIO, ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ, NEÓFITO LÓPEZ RAMOS, ÓSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, EUGENIO REYES CONTRERAS, LUZ CUETO MARTÍNEZ, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ, CARLOS AMADO YÁÑEZ, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, CARLOS ALBERTO ZERPA DURÁN Y MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA. DISIDENTES: JORGE OJEDA VELÁZQUEZ Y EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA. PONENTE: JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA. SECRETARIA: KATHIA GONZÁLEZ FLORES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y al funcionamiento de los Plenos de Circuito, por plantearse una probable contradicción entre criterios sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los integrantes del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios participantes en la contradicción.

TERCERO.-A fin de resolver la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente precisar las consideraciones sustanciales que sirvieron de base a los órganos contendientes para asumir su postura.

1. Criterio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********.

Cabe precisar, como antecedentes del caso, que la parte quejosa reclamó la sentencia dictada por la Sala Superior del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en el recurso de apelación **********, en la que revocó la diversa pronunciada por la Primera Sala Ordinaria del citado tribunal, en el juicio de nulidad **********, y reconoció la validez de la resolución emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal el veinte de febrero de dos mil catorce, en la que sancionó al quejoso con la destitución del empleo, cargo o comisión que venía desempeñando en la mencionada secretaría.

En el fallo citado, la Sala responsable precisó que, contrario a lo determinado por la diversa ordinaria, el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal sí es competente para emitir el acuerdo de radicación del procedimiento administrativo de responsabilidad, en términos de los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Seguridad Pública de dicha entidad.

En contra de esa sentencia, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito otorgó el amparo al considerar que la facultad de radicar el procedimiento administrativo de responsabilidad recae en el titular de la Dirección del Consejo de Honor y Justicia y no en el propio órgano colegiado.

Precisó que de los artículos 36, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y 53, 54 y 55 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, se advierte que la facultad de radicar y notificar el inicio del procedimiento está reservada al titular de la Dirección del Consejo de Honor y Justicia, y si bien el propio consejo está facultado para conocer de éste y resolverlo, lo cierto es que no lo está para emitir el auto de radicación, por ser facultad exclusiva de su director.

Expuso que no es impedimento a la conclusión arribada que dicha facultad se encuentre prevista en el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y las facultades del Consejo de Honor y Justicia de esa entidad federativa estén reguladas en la Ley de la Seguridad Pública del Distrito Federal, la cual es de mayor jerarquía que el primer ordenamiento en mención, pues mientras el reglamento referido se encuentre vigente, las autoridades administrativas están constreñidas a acatar sus disposiciones.

Sin que el hecho de que en el auto de radicación se hubiera dado inicio al procedimiento implique que el Consejo de Honor y Justicia era el órgano competente para emitirlo, máxime que de autos no se advierte alguna otra actuación que se denomine de esa manera o que cumpla con los elementos que prevé la fracción IV del artículo 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

En virtud de lo anterior, el citado tribunal otorgó el amparo para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emitiera otra en la considerara que los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal carecen de facultades para emitir el auto de radicación del procedimiento administrativo de responsabilidad y, con libertad de jurisdicción, resolviera lo que en derecho corresponda.

2. Criterio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********.

En el asunto citado, la parte quejosa reclamó la sentencia dictada por la Sala Superior del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en el recurso de apelación **********, en la que confirmó la diversa pronunciada por la Tercera Sala Ordinaria del citado tribunal en el juicio de nulidad **********, y reconoció la validez de la resolución dictada el diecinueve de septiembre de dos mil catorce por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, mediante la cual se le destituyó del empleo, cargo o comisión que desempeñaba.

En el fallo citado, la Sala responsable declaró infundado el argumento de la actora y reconoció la validez de la resolución impugnada, al estimar que, de conformidad con los artículos 53 y 54 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública de dicha entidad, es competente para emitir el acuerdo de radicación en el procedimiento administrativo disciplinario.

Inconforme, la quejosa promovió juicio de amparo, el cual fue negado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en virtud de las siguientes consideraciones:

En primer término, respecto al argumento relativo a que la subdirectora de Notificaciones e Instrumentación de Procedimientos del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, autoridad que intervino en el procedimiento administrativo de responsabilidad en su contra, carece de competencia, precisó que de las constancias de autos se advierte que el procedimiento administrativo de responsabilidad fue instaurado por el Consejo de Honor y Justicia de la citada secretaría, y no, de manera individual, por la referida subdirectora.

Añadió que el hecho de que la Sala no hubiese invocado de manera oficiosa la incompetencia mencionada implica que estimó que dicha subdirectora sí era competente para actuar de la forma en que lo hizo, aunado a que ese argumento, así como el relativo a que era menester precisar en qué grado la autoridad referida coadyuvó en las actuaciones del procedimiento administrativo no formaron parte de la litis en el juicio de nulidad.

Por otra parte, respecto al concepto de violación relativo a que el acuerdo de radicación fue emitido por autoridad incompetente, el citado órgano colegiado, precisó: (i) que de los artículos 53 a 55 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal se advierte que corresponde al Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal conocer de las faltas graves en que incurran los elementos policiales; (ii) que dicho órgano está integrado por un presidente, un secretario y tres vocales; y, (iii) que actuará de manera colegiada durante la sustanciación del procedimiento administrativo de responsabilidad; de ahí que resulte correcta la consideración de la Sala responsable respecto a que el Consejo de Honor y Justicia es competente para conocer de las actuaciones que se lleven a cabo dentro del procedimiento de responsabilidad de los elementos policíacos, lo que, además, debe hacerse de manera colegiada.

Precisó que no es obstáculo que el artículo 36, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal establezca que corresponde al director general del Consejo de Honor y Justicia de la citada secretaría signar el acuerdo de radicación, ya que dicho precepto no se refiere a facultades exclusivas sino a atribuciones, pues incluso la fracción I de la norma mencionada dispone que también es una atribución del director general vigilar y coadyuvar en la sustanciación de los procedimientos administrativos disciplinarios, lo que implícitamente hace referencia a una actuación colegiada.

Añadió que debe atenderse a lo previsto en la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, que en sus artículos 53 a 55 hace referencia al Consejo de Honor y Justicia, como órgano colegiado, y a los asuntos que serán de su competencia legal, entre los que se encuentra conocer, de manera colegiada, sobre las faltas graves en que incurran los elementos policiales a los principios de actuación y a las normas disciplinarias de cada uno de los cuerpos de seguridad pública.

CUARTO.-Una vez establecidas las posturas que originaron la denuncia de contradicción de tesis en estudio, corresponde verificar su existencia.

Con esa finalidad, conviene precisar que, sobre la existencia de la contradicción de tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se configura cuando los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos implicados en la denuncia, examinan temas jurídicos esencialmente iguales, incluso cuando parten de aspectos fácticos distintos, frente a los cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones contenidos en las sentencias respectivas.

Dicho criterio está reflejado en la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

En atención a lo expuesto, y con base en los razonamientos que tuvieron en cuenta los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito, los cuales fueron resumidos en el considerando que antecede, se advierte que existe la contradicción de criterios denunciada, ya que los mencionados órganos judiciales, al resolver los asuntos que participan en esta contienda, examinaron temas jurídicos sustancialmente iguales, en específico, a quién corresponde la facultad de radicar el procedimiento administrativo de responsabilidad instaurado en contra de elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México).

Al respecto, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concluyó que dicha facultad corresponde, exclusivamente, al director del Consejo de Honor y Justicia, y que si bien el propio consejo está facultado para conocer del procedimiento administrativo, lo cierto es que no lo está para emitir el auto de radicación, por ser facultad exclusiva de su director.

Por otro lado, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concluyó que la facultad de radicar el procedimiento administrativo de responsabilidad instaurado en contra de elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal corresponde al Consejo de Honor y Justicia de dicha secretaría de forma colegiada, sin que sea obstáculo que el artículo 36, fracción IV, del Reglamento Interior de la citada secretaría establezca que corresponde al director general del Consejo de Honor y Justicia signar el acuerdo de radicación, ya que ese precepto no se refiere a facultades exclusivas sino a atribuciones.

Consecuentemente, al no haber correspondencia entre las posturas adoptadas por los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados y, por tanto, actualizarse la contradicción de tesis denunciada, corresponde a este Pleno de Circuito definir a quién corresponde la facultad de radicar el procedimiento administrativo de responsabilidad instaurado en contra de elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México).

Sin que sea óbice que en el asunto analizado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, además de los argumentos vertidos con relación al tópico mencionado, la quejosa alegó la incompetencia de la subdirectora de Notificaciones e Instrumentación de Procedimientos del Consejo de Honor y Justicia de la citada secretaría para actuar en el procedimiento administrativo de responsabilidad, pues en el diverso estudiado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, únicamente se invocó la incompetencia del referido consejo para radicar tal procedimiento; de ahí que el primer tema señalado no sea materia de la presente contradicción de tesis.

QUINTO.-Una vez establecida la existencia de la contradicción de tesis, es necesario que este Pleno de Circuito determine cuál es el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia, en términos del artículo 226, fracción III, de la Ley de Amparo, para lo cual se toma en consideración el contexto normativo que corresponde al caso.

Los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, 36 y 61 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública de dicha entidad, y 26 y 27 del Reglamento que establece el Procedimiento para la Conclusión de la Carrera Policial de la citada secretaría disponen:

Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal

"Artículo 53. En cada uno de los cuerpos de seguridad pública habrá un Consejo de Honor y Justicia, que será el órgano colegiado competente para:

"I. Conocer y resolver sobre las faltas graves en que incurran los elementos policiales a los principios de actuación previstos en la presente ley, así como a las normas disciplinarias de cada uno de los cuerpos de seguridad pública;

"II. Resolver sobre la suspensión temporal y la destitución de los elementos;

"III. Otorgar condecoraciones y determinar, con arreglo a la disponibilidad presupuestal, estímulos y recompensas, y

"IV. Conocer y resolver los recursos de rectificación.

"El Consejo de Honor y Justicia velará por la honorabilidad y reputación de los cuerpos de seguridad pública y combatirá con energía las conductas lesivas para la comunidad o la corporación, para tal efecto, gozará de las más amplias facultades para examinar los expedientes u hojas de servicio de los agentes y para practicar las diligencias que le permitan allegarse de los elementos necesarios para dictar su resolución."

"Artículo 54. El Consejo de Honor y Justicia correspondiente estará integrado por:

"I. Un presidente, que será designado por el secretario o por el procurador, según sea el caso, de entre los elementos policiales que tengan jerarquía correspondiente a los niveles medios por lo menos y una reconocida honorabilidad y probidad;

"II. Un secretario, que será designado por el presidente del consejo, y deberá contar con título de licenciado en derecho;

"III. Un vocal, que deberá ser un representante de la Contraloría General del departamento o de la Contraloría Interna de la procuraduría, según corresponda, y

"IV. Dos vocales, quienes deberán ser insaculados de entre los elementos policiales que tengan por lo menos una jerarquía correspondiente a niveles medios y que gocen de reconocida honorabilidad y probidad. Estos vocales durarán en su cargo un año y no serán reelectos.

"Para cada uno de estos cargos, también se designará un suplente."

"Artículo 55. En todo asunto que deba conocer el Consejo de Honor y Justicia, se abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el particular y se sujetará al siguiente procedimiento:

"I. Desde luego se hará saber al elemento sujeto al procedimiento, la naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca los hechos que se le imputan y pueda defenderse por sí o por persona digna de su confianza o, en su defecto, se le nombrará un defensor de oficio, concediéndole diez días hábiles para que ofrezca las pruebas pertinentes y señalándole lugar, día y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional de la autoridad y las que fueren en contra del derecho, la moral y las buenas costumbres;

"II. En dicha audiencia se desahogarán las pruebas ofrecidas y el interesado podrá presentar, en forma verbal o por escrito, los alegatos que a su derecho convengan. El consejo dictará su resolución debidamente fundada y motivada, dentro de los diez días siguientes y la notificará personalmente al interesado;

"III. La resolución tomará en consideración la falta cometida, la jerarquía y los antecedentes del elemento sujeto a procedimiento, así como las pruebas desahogadas;

"IV. De todo lo actuado se levantará constancia por escrito; y

"V. Las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia que recaigan sobre el recurso de rectificación, serán definitivas.

"Las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia se agregarán a los expedientes u hojas de servicio de los elementos de los cuerpos de seguridad pública."

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal

"Artículo 36. Son atribuciones de la Dirección General del Consejo de Honor y Justicia:

"I. Vigilar y coadyuvar en la sustanciación de los procedimientos administrativos disciplinarios de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia;

"II. Registrar las actas, quejas y denuncias iniciadas y remitidas por las autoridades competentes de la secretaría, en contra de los policías e integrar el expediente respectivo;

"III. Informar y, en su caso, devolver a las autoridades que remiten las actas administrativas sobre las deficiencias que presenten éstas, a fin de que sean subsanadas;

"IV. Elaborar y firmar los acuerdos de radicación en los que se describe la conducta que se atribuye al probable infractor, así como el fundamento legal que lo contempla;

"V. Vigilar que se realice la debida notificación de inicio de procedimiento y sobre la resolución que emita el Consejo de Honor y Justicia;

"VI. Vigilar que se elabore el auto de admisión de pruebas ofrecidas por el probable infractor y realizar las audiencias necesarias al desahogo de las mismas;

"VII. Elaborar los proyectos de acuerdo de suspensión de policías y someterlos a la aprobación del Pleno del Consejo de Honor y Justicia, así como los de procedencia o improcedencia de las sanciones a los policías probables infractores;

"VIII. Formular los proyectos de resolución y programar su presentación ante el Consejo de Honor y Justicia, para su discusión y, en su caso, aprobación en la sesión correspondiente;

"IX. Vigilar el cabal cumplimiento de las resoluciones emitidas por autoridades administrativas o judiciales, derivadas de los recursos o juicios hechos valer por los policías sujetos a procedimiento ante el Consejo de Honor y Justicia;

"X. Recabar las constancias que acrediten el cumplimiento de las ejecutorias de resolución emitidas por el Consejo de Honor y Justicia;

"XI. Colaborar en la determinación de los lineamientos y directrices para el otorgamiento de condecoraciones, estímulos y recompensas a los policías;

"XII. Mantener actualizados los registros de control de los procedimientos seguidos ante el Consejo de Honor y Justicia;

"XIII. Informar a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes sobre las resoluciones emitidas por el Consejo de Honor y Justicia; y

"XIV. Las demás que le atribuya la normativa vigente."

"Artículo 61. El Consejo de Honor y Justicia, además de las funciones que tiene establecidas en la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, tiene las funciones siguientes:

"I. Conocer y resolver los casos de suspensión temporal, preventiva y correctiva de los elementos de la Policía del Distrito Federal, así como de su destitución o remoción en términos de la legislación y normatividad aplicable;

"II. Conocer y resolver los casos de separación del servicio de los elementos de la Policía del Distrito Federal por dejar de cumplir los requisitos de permanencia establecidos en la legislación y la normatividad de la materia; y

"III. Conocer y resolver cualquier tipo de controversias que se susciten con relación a la carrera policial de la Policía del Distrito Federal, que no esté reservada para su resolución por otra autoridad en la secretaría.

"La Dirección General del Consejo de Honor y Justicia le corresponde brindar el apoyo, soporte y coadyuvancia al Consejo de Honor y Justicia para el desarrollo se (sic) sus funciones."

Reglamento que establece el Procedimiento para la Conclusión de la Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal

"Artículo 26. La separación de los elementos policiales por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia a que se refiere la fracción I, del artículo 21 del presente reglamento, será conocida y resuelta por el Consejo de Honor y Justicia en los términos del procedimiento establecido en la ley y la normatividad aplicable.

"El Consejo de Honor y Justicia en los casos previstos en la fracción I, del artículo 21 del presente reglamento, con base en los elementos aportados al expediente, tomando en consideración la hoja de servicios del elemento y escuchando sus argumentos, en caso de que se encuentre acreditada la causa de separación, emitirá resolución correspondiente, ordenando cubrir al elemento una indemnización que será equivalente a 90 días de haberes. El personal que a la fecha de su separación tenga más de un año de servicio, tendrá derecho a recibir el equivalente a 12 días de haberes por cada año de servicio en la Policía de Seguridad Pública del Distrito Federal.

"Para efectos de cálculo de indemnización se considerará el haber que tenía asignado el elemento policial conforme a su grado, riesgo y antigüedad, con base en los tabuladores registrados, más el concepto mensual que en su caso tenía asignado con motivo del servicio."

"Artículo 27. El Consejo de Honor y Justicia de la secretaría conocerá y resolverá, en términos de la normatividad aplicable, los casos de destitución de los elementos policiales que se generen por incumplir los requisitos de permanencia a que se refiere la fracción II, del artículo 21 del presente reglamento. Desahogado el proceso, y en caso de acreditarse la causal, se decretará la destitución, sin que en esos casos resulte procedente la indemnización a que se refiere el artículo anterior." (énfasis añadido)

De los artículos 53 y 54 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, 61 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y 26 y 27 del Reglamento que Establece el Procedimiento para la Conclusión de la Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal se advierte, sustancialmente, que el Consejo de Honor y Justicia de la secretaría referida es un órgano colegiado integrado por un presidente, un secretario y tres vocales, que es competente, entre otros asuntos, para conocer y resolver sobre las faltas graves en que incurran los elementos policiales a los principios de actuación y a las normas disciplinarias y sobre la suspensión temporal y la destitución, remoción o separación de dichos elementos, así como cualquier tipo de controversias que se susciten en relación con la carrera policial, cuya competencia no esté reservada a otra autoridad, y que gozará de las más amplias facultades para practicar las diligencias que le permitan allegarse de los elementos necesarios para dictar su resolución.

El conocimiento al que hace referencia el precepto mencionado implica desde el inicio del procedimiento que se instaure en virtud de la comisión de faltas graves de los elementos policiales o sobre su suspensión temporal, destitución, remoción o separación, lo cual ocurre con el acuerdo de radicación y admisión, hasta su resolución, incluyendo facultades de instrucción, pues tal disposición no distingue o precisa que al consejo referido sólo le corresponda conocer una parte de tal procedimiento, máxime que si señala que le compete su conocimiento y resolución, debe entenderse que es respecto a la totalidad del asunto, desde su inicio.

Aunado a que el propio artículo 53 dota al consejo para practicar las diligencias que le permitan allegarse de los elementos necesarios para dictar su resolución, esto es, instruir el procedimiento para estar en aptitud de resolver.

Por su parte, el artículo 55 de la citada ley dispone el procedimiento a seguir en todos los asuntos que corresponda conocer a dicho consejo, esto es, abrir un expediente con las constancias que existan sobre el particular, sujetándose a lo siguiente:

1. Desde luego, se hará saber al elemento de la policía el procedimiento, su naturaleza y causa, para para que se pueda defender, y se le dará un plazo de diez días para ofrecer pruebas, señalando el lugar, día y hora para la celebración de audiencia de pruebas y alegatos.

2. En la audiencia se desahogarán las probanzas ofrecidas y se presentarán alegatos en forma verbal o escrita.

3. Dentro de los diez días siguientes, el Consejo de Honor y Justicia de la S

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26925-cb145ac2/competencia-para-radicar-el-procedimiento-administrativo-de-responsabilidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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