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Modo: Corpus Pro

PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. PROCEDE LA AMPLIACIÓN DEL CUESTIONARIO RELATIVO, SIEMPRE QUE LOS PLANTEAMIENTOS GUARDEN RELACIÓN CON LOS HECHOS QUE EL OFERENTE PRETENDA ACREDITAR EN EL JUICIO Y CON LOS CUESTIONAMIENTOS ORIGINALMENTE FORMULADOS.

Tipo de asunto: QUEJA 71/2012. · Registro digital (IUS): 24356
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Pág. 1915.

QUEJA 71/2012. 29 DE AGOSTO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ARAUJO OSORIO.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Analizados en su conjunto, conforme lo prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo, los agravios son esencialmente fundados.

A este respecto se tiene presente que el artículo 150 de la Ley de Amparo establece lo relativo a la admisibilidad de las pruebas en el juicio de amparo, a saber:

"Artículo 150. En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho."

Como se puede apreciar, el artículo en comento sujeta la admisibilidad de las pruebas a la clase a la que pertenecen; es decir, sin hacer distinción alguna entre los medios probatorios que la doctrina y los textos legislativos reconocen, a saber: documental, pericial, testimonial, confesional, inspección judicial, etcétera; de ahí que pueda afirmarse que el numeral establece que toda clase de pruebas es admisible, exceptuando taxativamente dos: prueba por posiciones, contraria a la moral o al derecho.

Esto es, interpretado tal texto en sentido contrario, se puede afirmar que únicamente se dejarán de admitir -en el juicio de amparo- las pruebas por posiciones y aquellas que vayan en contra de la moral o del derecho; lo cual implica que todas las demás pueden y deben ser admitidas como medio probatorio en el juicio de amparo.

Tal criterio de admisibilidad de una prueba en el juicio de amparo, se complementa con lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio constitucional de conformidad con el artículo 2o. de la Ley de Amparo, al contener aquel principio en materia probatoria que todo juzgador federal deberá observar en la sustanciación del mismo.

En efecto, el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece lo siguiente:

"Artículo 79. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.

"Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes."

Luego, la interpretación sistemática de los dispositivos en comento evidencia la existencia de los principios de pertinencia e idoneidad de la prueba.

De tal forma, se establece que el medio probatorio presentado por las partes no debe ir contra la moral o el derecho, y debe tener relación directa con los hechos controvertidos que les corresponden acreditar en el proceso, con la finalidad de evitar diligencias innecesarias; y que el medio probatorio sea adecuado y apropiado para probar el hecho que se pretende demostrar, con la finalidad de procurar la eficacia del proceso.

En otras palabras, mientras que la pertinencia de la prueba implica que ésta sea capaz de demostrar el hecho a probar, la idoneidad implica que esa capacidad sea adecuada y apropiada, es decir: proporcional con lo que se pretende y eficiente en la consecución del resultado.

En este sentido, la pertinencia e idoneidad de la prueba son un límite a la admisibilidad probatoria, lo que debe ser tomado en cuenta por el juzgador al momento de calificar tanto la admisión o desechamiento de las ofrecidas por las partes, como aquellas de las cuales se allegue oficiosamente, para con ello optimizar la prontitud en la administración de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dentro del universo de pruebas reguladas por los principios de pertinencia e idoneidad, en cuanto a su admisión al proceso, cobra relevancia en el caso concreto la prueba pericial, cuyas reglas sobre su admisibilidad se encuentran reguladas por el artículo 151 de la Ley de Amparo, el cual a la letra señala:

"Artículo 151. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.

"Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El Juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial.

"Al promoverse la prueba pericial, el Juez hará la designación de un perito, o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el Juez o rinda dictamen por separado.

"Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el Juez deberá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 66 de esta ley. A ese efecto, al aceptar su nombramiento manifestará, bajo protesta de decir verdad, que no tiene ninguno de los impedimentos legales.

"La prueba pericial será calificada por el Juez según prudente estimación."

En abono a lo anterior, el artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, de conformidad con el numeral 2o. de la Ley de Amparo, establece lo atinente a la adición del cuestionario de la prueba pericial en los siguientes términos:

"Artículo 146. La parte que desee rendir prueba pericial, deberá promoverla dentro de los diez primeros días del término ordinario o del extraordinario, o en su caso, por medio de un escrito en que formulará las preguntas o precisará los puntos sobre que debe versar; hará la designación del perito de su parte, y propondrá un tercero para el caso de desacuerdo.

"El tribunal concederá, a las demás partes, el término de cinco días para que adicionen el cuestionario con lo que les interese, previniéndolas, que, en el mismo término, nombren el perito que les corresponda, y manifiesten si están o no conformes con que se tenga como perito tercero al propuesto por el promovente.

"Si, pasados los cinco días, no hicieren las demás partes el nombramiento que les corresponde, ni manifestaren estar conformes con la proposición del perito tercero, el tribunal, de oficio, hará el o los nombramientos pertinentes, observándose lo dispuesto en la parte final del artículo 145, en su caso."

La interpretación sistemática de los dispositivos en comento, implica que para el caso de la prueba pericial, la adición al cuestionario que realice la contraparte de la oferente -como parte integrante del haber probatorio-, es la forma procesal para introducir cuestiones atinentes al objeto de la prueba que puedan revestir algún aspecto técnico relevante para ilustrar al Juez sobre el punto controvertido y que pudiera haber sido excluido de los planteamientos originales del oferente al ser contrario a sus intereses.

Esto es, la posibilidad de adicionar el cuestionario de la pericial es una forma de equilibrar la libertad de impulso procesal de las partes, respetando así el principio de paridad procesal, al permitir a cada una de ellas que se emita la opinión técnica sobre un punto de conformidad con sus pretensiones, al mismo tiempo que se privilegia la economía procesal, en tanto que hace innecesario que la contraparte tenga que ofrecer a su vez una diversa prueba pericial; en la inteligencia que el Juez, al momento de pronunciarse sobre la adición al cuestionario, deberá verificar si las nuevas preguntas guardan o no relación con la materia de la prueba pericial, a efecto de calificar su pertinencia e idoneidad.

En este sentido, la lectura de la demanda de amparo muestra que los hechos del caso pueden sintetizarse de la siguiente manera:

1. La parte quejosa demandó en el juicio de amparo la aplicación retroactiva en su perjuicio de las reformas sufridas por el párrafo tercero del artículo 57 de la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las cuales cita, entraron en vigor a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, y de manera sucesiva las reformas que entraron en vigor a partir del primero de enero del año dos mil dos y, como consecuencia de lo anterior, la omisión de pagar su pensión, incrementando el monto al mismo tiempo y en la misma proporción en que se incrementaron los salarios básicos de los trabajadores en activo, en los términos establecidos en el precepto legal en cita que estuvo en vigor hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres.

2. Asimismo, la parte impetrante ofreció prueba pericial contable, con la finalidad de demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, al tenor del cuestionario formulado en la propia demanda.

3. El quejoso adujo que el objeto primordial de la prueba ofrecida era ilustrar al Juez de Distrito con precisión respecto de:

a) La forma en que las autoridades responsables han pagado e incrementado la pensión del impetrante;

b) Los porcentajes exactos y las ocasiones en que se han incrementado los sueldos básicos de los trabajadores en activo, al tenor de la constancia de evolución salarial emitida por la dependencia pública para la cual el ex trabajador prestó sus servicios, para compararla con la pensión real pagada al quejoso; y,

c) Las diferencias pensionarias resultantes por la aplicación retroactiva en perjuicio de la quejosa de las reformas del artículo 57 de la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

4. La demanda de amparo se admitió a trámite por auto de ********** (foja 49 del presente sumario), señalándose para la celebración de la audiencia constitucional las diez horas del **********; y, con relación a las pruebas, el juzgado federal proveyó que: "... De conformidad con los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada en tiempo y forma la prueba pericial en materia de contabilidad, por lo tanto, se admite y se ordena distribuir entre las partes copia del cuestionario sobre el que se desarrollará dicha prueba para que, de convenir a sus intereses, dentro del plazo de cinco días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, adicione preguntas al cuestionario y proponga un perito de su parte, apercibidas que de no hacerlo así se tendrá por precluido tal derecho y el asunto se resolverá con las constancias que obren en el expediente ..."

5. Por ocurso recibido el **********, en la oficialía de partes del juzgado del conocimiento, el autorizado de la parte quejosa pretendió ampliar el cuestionario relativo a la prueba pericial en materia contable ofrecida en el escrito inicial de demanda, en los siguientes términos (fojas 60 a 63 del presente sumario): "... Que por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 151 y 152 de la Ley de Amparo, y con la anticipación de cinco días hábiles anteriores a que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio, vengo a ampliar el cuestionario sobre el cual versará el desahogo de la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida por la quejosa en su demanda de garantías (sic). Los puntos que se adicionan y deberán responder los peritos que intervengan en el presente asunto son los siguientes: 1. Con base en el historial de la pensión efectivamente pagada a la parte quejosa, que diga el perito si en el periodo comprendido del ********** al **********, dicha pensión fue incrementada conforme a los incrementos del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal o con parámetros similares a tales incrementos. 2. Con base en el historial de la pensión efectivamente pagada a la parte quejosa, que diga el perito si en el periodo comprendido del ********** y hasta hoy en día, dicha pensión se ha incrementado conforme a los incrementos que en el año calendario anterior tuvo el Índice Nacional de Precios al Consumidor o con parámetros similares a tales incrementos. 3. Que diga el perito si desde el punto de vista contable, los incrementos materialmente otorgados a la pensión del quejoso por parte del ISSSTE le han causado un detrimento patrimonial, comparativamente con el caso de que su pensión se hubiera incrementado al mismo tiempo y en la misma proporción en que se incrementan los sueldos básicos de los trabajadores en activo. 4. Que diga el perito qué elementos, parámetros y documentos tomó en consideración para dar respuesta a los tres puntos anteriores. 5. Que diga y explique el perito cuáles fueron las operaciones aritméticas realizadas para dar respuesta a los puntos sometidos a su pericia, explicando el procedimiento para alcanzar sus resultados. En ese tenor se pide atentamente a usía que la ampliación del cuestionario que deberán responder los peritos que intervengan en el presente asunto, se admita y se considere como parte del citado cuestionario, ya que éste configura un elemento de integración para el desahogo de la prueba pericial, siendo la adición formulada un elemento formal y materialmente parte integrante de la prueba en cita, y no un medio probatorio diverso al ya ofrecido en la demanda de amparo. Además, los puntos sobre los cuales se formula ampliación del cuestionario relativo, tienen relación inmediata y directa con la litis constitucional y con los cuestionamientos previamente formulados por el oferente de la prueba que nos ocupa ..."

6. A dicha promoción recayó el auto que constituye la materia del presente recurso, en el cual la Jueza federal proveyó no haber lugar a tener por ampliado el cuestionario de mérito, ya que en términos del artículo 151 de la Ley de Amparo, fue la parte quejosa quien ofreció la prueba pericial y, por ende, el cuestionario respectivo por el cual se desahogará la probanza en cuestión, no prevé que el propio oferente de la prueba pueda ampliarlo, sino únicamente las demás partes. Criterio que apoyó en la tesis de rubro: "PERICIAL. CUESTIONARIO PARA LOS PERITOS, EN EL AMPARO INDIRECTO NO ES PERMITIDO AMPLIAR EL."

Bajo ese contexto, este Tribunal Colegiado considera que es fundado el agravio expuesto por la quejosa y recurrente, ya que tal como aduce la recurrente es incorrecta la determinación asumida por la a quo, dado que la ampliación al interrogatorio respectivo fue formulada con la anticipación prevista en el artículo 151, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues se anunció dentro de los cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el de la propia audiencia y, además, el oferente está facultado para añadir las preguntas al cuestionario inicial, las cuales, según se colige de su contenido, cuya reproducción consta en líneas precedentes, en términos del artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, de conformidad con el numeral 2o. de la Ley de Amparo, satisfacen en principio el requisito de idoneidad.

Máxime que, en la especie, no fue ponderada la idoneidad de dichos cuestionamientos, sino exclusivamente la ampliación a los originalmente propuestos, por lo que no es materia de examen la eficacia o, en su caso, la relevancia de tal medio de convicción para acreditar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, por lo cual se estima que las preguntas adicionadas por el demandante son aptas para el desahogo de la probanza anunciada.

En efecto, toda vez que la demanda de amparo en la cual se ofreció originalmente la prueba pericial en materia de contabilidad se interpuso con fecha **********, siendo admitida el día **********; y, debido a que la celebración de la audiencia se señaló para el **********; ello implica que al haberse exhibido la propuesta de ampliación al cuestionario original el día ********** previo, entre ambas fechas medió un término de seis días hábiles, el cual transcurrió del **********, descontando el ********** por ser inhábiles; y que implica que se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 151 de la Ley de Amparo, que dispone que tal medio probatorio debe anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia respectiva, esto sin contar el día del ofrecimiento ni el señalado para el citado acto judicial.

Por ello, por cuanto a su oportunidad debe estimarse que la adición al cuestionario al tenor del cual habrá de desahogarse la prueba pericial en materia de contabilidad fue propuesto oportunamente.

Por otra parte, debe decirse que es incorrecta la determinación de la Jueza de Distrito al denegar la adición del cuestionario propuesto originalmente, en atención a que si bien es verdad que el artículo 151 de la Ley de Amparo no prevé expresamente la posibilidad para el oferente de ampliar el cuestionario de la prueba pericial, en la especie tampoco existe impedimento para proponer una extensión a los planteamientos sobre los cuales habrá de versar dicho medio de convicción, siempre que guarden relación con los hechos que se pretendan acreditar en el juicio de amparo y con los cuestionamientos originalmente formulados, como en la especie ya quedó evidenciado.

Lo anterior es de esa manera porque, siendo un medio probatorio reconocido por la ley, cuya finalidad es la de orientar la convicción del juzgador de amparo en alguna materia que requiera la experticia de un especialista, como es el caso de un perito contable; la ley que rige permite proponer cuestionamientos a la luz de los cuales habrá de solventarse el tema debatido y que, como se anticipó, si bien no prevé expresamente la posibilidad de ampliar el cuestionario relativo, tampoco lo impide, siempre que los mismos sean relacionados con la litis y con los mismos aspectos que son abordados en la propuesta primigenia y que, además, dicho suplemento esté propuesto con oportunidad con relación a la celebración de la audiencia constitucional.

Además, como ya se dijo, dicha ampliación fue aportada con la anticipación debida, por lo cual aquella debe seguir la suerte de la propuesta original del cuestionario.

Siendo de apoyo a tal consideración, aplicada por identidad de razones, la jurisprudencia P./J. 12/95 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, página 9, la cual lleva por rubro y texto:

"PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DE LAS COPIAS DEL INTERROGATORIO AL MOMENTO DE ANUNCIARLA NO DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO SINO A QUE SE REQUIERA AL ANUNCIANTE. El artículo 151 de la Ley de Amparo establece que la prueba testimonial deberá ser anunciada cinco días antes de la fecha señalada para la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia, para cada una de las partes, de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos a fin de que estén en posibilidad de formular por escrito o verbalmente repreguntas al verificarse la audiencia. Este dispositivo legal está inspirado en el principio de igualdad procesal de las partes, el cual implica que éstas deben tener en el proceso un mismo trato, es decir, que se les debe dar las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos y ejercitar sus defensas. Por tanto, mientras esa igualdad procesal de las partes se conserva, no es válido que se deseche una prueba testimonial anunciada en tiempo, sólo por no haberse cumplido el requisito formal de exhibir la parte o la totalidad de las copias del interrogatorio al momento de anunciarse, sino que debe requerirse al anunciante para que las exhiba, ya que en estos casos existe la posibilidad de que las partes del litigio constitucional puedan conocer el interrogatorio para los testigos y preparar sus repreguntas sin afectar la celeridad del proceso. Por tanto, sólo se le deberá desechar o tener por no anunciada la prueba, cuando no exhiba las copias respectivas en el término perentorio que para tal efecto se le otorgue."

Extremos todos que se ven colmados en el presente asunto, y que denotan que resulta desafortunado el criterio adoptado por la Jueza de Distrito pues, contrario a tal determinación, en la especie es de estimar que se actualiza el criterio contenido en la tesis visible en la página 51 del Semanario Judicial de la Federación, perteneciente al índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Volumen 38, Tercera Parte, Séptima Época, de rubro y texto siguientes:

"PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO, AMPLIACIÓN DE LA.-El artículo 151 de la Ley de Amparo no contempla la hipótesis de ‘ampliación de la prueba pericial’, pero admitiendo que no exista impedimento para ofrecerla, ello tiene que hacerse con la anticipación que señala la ley para la prueba pericial, la que, determinada conforme a la jurisprudencia, se entiende que al efecto deben mediar cinco días hábiles antes de la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, sin contarse el día del ofrecimiento, ni el de la propia audiencia, requisitos que no se cumplen cuando se pretende anunciarla el mismo día de la audiencia a que se alude."

Se afirma lo anterior, dado que el texto del citado criterio implica que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en términos del artículo 151 de la Ley de Amparo, si bien no se prevé la hipótesis de ampliación de la prueba pericial -como precisamente es el caso de la ampliación propuesta por cuanto al cuestionario al tenor del cual habrá de desahogarse la prueba pericial contable-, se debe admitir que no existe impedimento para ofrecer dicha adición; siempre que no exista inconveniente para ofrecerla, como sería -según se evidenció previamente- en caso de anunciar la propuesta de complemento fuera del término que el numeral en comento prevé -cinco días de antelación a la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el día del ofrecimiento ni el de la celebración de aquélla-, o que los nuevos cuestionamientos no guarden relación con la litis.

De ahí que deba estimarse incorrecta la afirmación de la juzgadora, pues tal criterio evidencia no sólo que dicha adición resulta pertinente -siempre que se proponga dentro del término respectivo-, ya que en tal supuesto incluso la propia ley de la materia establece el término correspondiente para tal fin; sino a la propia posibilidad de que la prueba se vea complementada por la oferente, siempre que se cumpla con las condiciones legales necesarias para ello -oportunidad e idoneidad-, según se apuntó antes.

No pasa inadvertido para este órgano judicial que la juzgadora, en el auto impugnado, apoyó su decisión en la tesis aislada intitulada: "PERICIAL. CUESTIONARIO PARA LOS PERITOS, EN EL AMPARO INDIRECTO NO ES PERMITIDO AMPLIAR EL.", emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito; sin embargo, dadas las razones expuestas con antelación, este tribunal no comparte dicho criterio, el cual, al no constituir jurisprudencia ni emanar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, no es de observancia obligatoria.

En las relatadas condiciones, y advirtiendo por las razones expuestas que la adición al cuestionario ofrecido por la parte quejosa y recurrente respeta los principios de idoneidad y pertinencia que rigen en materia probatoria en el juicio de amparo, este tribunal declara fundada la queja y ordena la admisión de la adición al cuestionario en los términos en que fue ofrecida.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-Es procedente y fundado el recurso de queja interpuesto por **********.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos de las Magistradas (presidenta), María Guadalupe Saucedo Zavala, Adriana Leticia Campuzano Gallegos y Ma. Gabriela Rolón Montaño lo resolvió el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo ponente la última de las nombradas.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II y VI, 13, fracción IV, 14, fracciones I y IV y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 2, fracciones VIII, IX, XXI y XXII, 8, párrafo tercero y 9, segundo párrafo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24356-5231d5d4/prueba-pericial-en-el-amparo-procede-la-ampliacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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