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LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, MODIFICADO MEDIANTE LEY QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE ÉSTE, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 25 DE FEBRERO DE 2011, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY Y EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA RECONOCIDOS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2011 · Registro digital (IUS): 24375
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Pág. 186.

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, MODIFICADO MEDIANTE LEY QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE ÉSTE, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 25 DE FEBRERO DE 2011, AL ESTABLECER QUE AQUÉLLA SE REVOCARÁ CUANDO CON POSTERIORIDAD, EL DELITO POR EL QUE SE SIGUE EL PROCESO, SEA CONSIDERADO GRAVE, TRANSGREDE LOS DERECHOS HUMANOS DE IRRETROACTIVIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA RECONOCIDOS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de diez votos, en contra del voto del Ministro José Ramón Cossío Díaz)

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2011. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 31 DE ENERO DE 2013. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta y uno de enero de dos mil trece.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito recibido el veintiocho de marzo de dos mil once en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raúl Plascencia Villanueva, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

"II. Los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas:

"A) Órgano Legislativo: Congreso del Estado de Querétaro.

"B) Órgano Ejecutivo: Gobernador del Estado de Querétaro.

"III. La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se hubiere publicado:

"Artículo 132, fracción V, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro, reformado mediante la ‘Ley que reforma diversas disposiciones del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro’, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, el 25 de febrero de 2011."

SEGUNDO. El concepto de invalidez que se hace valer es, en resumen, el siguiente:

Violación al artículo 14 de la Constitución Federal. El artículo 132, fracción V, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro transgrede el principio de irretroactividad de la ley, así como la garantía de seguridad jurídica, al permitir la revocación de la libertad provisional con motivo de la entrada en vigor de una nueva disposición que modifique la clasificación del delito.

El artículo 121 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro establece que todo imputado tendrá derecho a ser puesto en libertad bajo caución, siempre y cuando garantice el monto estimado de la reparación del daño y las sanciones pecuniarias que, en su caso, puedan imponérsele y no se trate de delitos respecto de los que, por su gravedad, se prohíba expresamente conceder ese beneficio, para lo cual establece un listado de delitos considerados como graves.

De acuerdo con este artículo, una persona a la cual se le impute un delito no calificado por la ley como grave, podrá beneficiarse del derecho a la libertad provisional. No obstante, derivado de lo dispuesto en el artículo 132, fracción V, impugnado, si como consecuencia de una posterior reforma al referido listado, el delito es considerado como grave, la persona perderá automáticamente este derecho y será privada de su libertad.

El artículo 14 constitucional establece el principio de irretroactividad de la ley y la garantía de seguridad jurídica. Una norma es retroactiva cuando modifica o altera derechos adquiridos, supuestos jurídicos o consecuencias nacidos bajo la vigencia de una ley anterior, lo cual se encuentra vinculado con la seguridad de que las normas futuras no modificarán situaciones jurídicas surgidas al amparo de una norma vigente en un momento determinado.

Al respecto, resultan aplicables las jurisprudencias de rubros: "PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY." y "CONSEJEROS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS PRECEPTOS DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DE ESA ENTIDAD, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE ABRIL DE 2008, VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", así como la tesis aislada de rubro: "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, 73 BIS, 73 TER, 75, 86 Y 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD."

Del mismo modo, el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe imponer una pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito, lo cual ha sido reiterado en diversas ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que la inobservancia de esta disposición vulnera la seguridad jurídica con que cuentan los individuos.

Por lo anterior, resulta claramente inconstitucional el artículo impugnado, pues autoriza la revocación de un derecho adquirido por el procesado, consistente en el disfrute de la libertad provisional mediante la aplicación retroactiva de una ley sustantiva que agrava el delito cometido, lo cual viola el principio de irretroactividad de la ley y trastoca la garantía de seguridad jurídica con que cuentan los imputados que gozan de la libertad provisional, de que las normas futuras no modificarán los derechos que han adquirido al amparo de una norma vigente en un momento anterior, toda vez que se deja al procesado en un estado de incertidumbre, al desconocerse la libertad obtenida con anterioridad.

Respecto de la garantía de seguridad jurídica, resultan aplicables las jurisprudencias de rubros: "ACTA DE IRREGULARIDADES DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, AL NO ESTABLECER UN PLAZO PARA QUE LA AUTORIDAD LA ELABORE Y NOTIFIQUE, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." e "ISSSTE. EL ARTÍCULO 251 DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER UN PLAZO DE DIEZ AÑOS PARA LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A RECIBIR LOS RECURSOS DE LA CUENTA INDIVIDUAL DEL TRABAJADOR SIN PRECISAR EL MOMENTO DE SU INICIO, ES VIOLATORIO DE LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA Y SEGURIDAD SOCIAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007)."

El principio de irretroactividad busca proteger al gobernado de la aplicación en su perjuicio de una ley posterior, mas no de la posible modificación de una ley per se. En otras palabras, el legislador siempre podrá expedir nuevas disposiciones o leyes que modifiquen hipótesis normativas preexistentes; sin embargo, conforme a este principio, queda prohibido aplicar esas nuevas disposiciones, causando un perjuicio a quien hubiera adquirido derechos, ubicándose en el supuesto de la normativa anterior.

TERCERO. El precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estima infringido, es el artículo 14.

CUARTO. Mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil once, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 9/2011 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.

Por auto de treinta de marzo siguiente, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas impugnadas y al ejecutivo que las promulgó para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República para que formulara el pedimento correspondiente.

QUINTO. El Poder Legislativo del Estado de Querétaro, al rendir su informe, señaló, sustancialmente, lo siguiente:

a) Resulta inexacta la apreciación del promovente, pues lo dispuesto en la norma impugnada no implica que la libertad provisional se revoque por la entrada en vigor de una nueva ley que modifique la calificación de un delito, sino que se refiere a un cambio de criterio para la revocación de la libertad provisional, atendiendo a la gravedad del delito, en lugar de a la duración de la pena, como ocurría con anterioridad; aspecto que quedó plasmado en el considerando séptimo de la ley en que se contiene el precepto combatido.

Lo anterior no busca causar un daño al inculpado, sino sólo que el juzgador atienda a un criterio más justo para valorar la necesidad de revocar la libertad provisional bajo caución que se había concedido.

b) Respecto de la supuesta vulneración del principio de irretroactividad, debe señalarse que éste no opera en materia procesal, de conformidad con la tesis aislada, de rubro: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTOS."

El artículo impugnado no atiende al supuesto de que posterior a la comisión del hecho delictivo, la calificación sea modificada mediante una reforma que se aplique de manera retroactiva, sino al relativo a que iniciado un procedimiento en contra del imputado por un delito que, a juicio de la autoridad, no se consideraba como grave, con posterioridad, derivado de las investigaciones realizadas durante el procedimiento, se desprenda que, en realidad, la conducta correspondía a un delito grave, en términos del artículo 121 del Código de Procedimientos Penales para el Estado.

Tal determinación resulta totalmente válida y, por ende, no violatoria de las garantías individuales que se invocan, de conformidad con la tesis aislada de rubro: "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN OTORGADA DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. PROCEDE SU MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN DE OFICIO, HASTA ANTES DE QUEDAR FIRME LA SENTENCIA, SI SE ACTUALIZA ALGUNA DE LAS CAUSALES DE REVOCACIÓN PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 412 Y 413 O NO SE SATISFACE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS QUE PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO BENEFICIO EXIGE EL NUMERAL 399, TODOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES."

c) De conformidad con los artículos 121 y 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro, resulta válido conceder el beneficio de la libertad caucional, así como proceder a su revocación cuando se actualiza alguno de los supuestos previstos en el citado código, siendo facultad del juzgador determinar lo conducente, sin que la revocación que se ordene implique violación al derecho de libertad del inculpado, como se desprende de la tesis aislada antes citada.

La libertad provisional es una medida cautelar en razón de la cual se produce un estado de libertad limitada, vinculado en forma directa con los fines del proceso, cuyo objeto no es garantizar la libertad del inculpado, sino la sujeción de éste al proceso.

SEXTO. En el informe rendido por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, presentado de forma extemporánea, sólo se refiere a haber cumplido con la obligación que se establece en el artículo 22, fracción I, de la Constitución Política del Estado, en cuanto a la promulgación y publicación de la reforma a la fracción V del artículo 132 del Código de Procedimientos Penales estatal.

SÉPTIMO. Al formular su pedimento, el procurador general de la República manifestó, en esencia, lo siguiente:

a) El concepto de invalidez hecho valer por el promovente resulta fundado, ya que la irretroactividad en materia penal es considerada un principio protector mediante el cual se asegura que al responsable de un hecho delictivo le sea impuesta la pena vigente en el momento en que se cometió el ilícito, donde, además, se cumple con el principio de legalidad y, en consecuencia, se tiene la certeza de que si por diversas razones, el legislador decidiera posteriormente agravar la pena, ello no perjudicaría al infractor, pues la prohibición expresa de irretroactividad surte efectos cuando la modificación resulta en perjuicio del procesado.

b) Tratándose de normas procesales, cuando de acuerdo a su naturaleza sean verdaderamente de este tipo, en nada debe afectar al infractor la entrada en vigor de una nueva norma que establezca un determinado procedimiento, pues la irretroactividad debe operar solamente respecto de normas sustantivas, cuando se perjudique al acusado.

No obstante, del análisis conjunto de lo dispuesto en la fracción V del artículo 132 y en el primer párrafo del artículo 121, ambos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro, resulta claro que se transgrede el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional, al considerarse retroactiva toda ley que vuelva al pasado para modificar o suprimir derechos individuales nacidos bajo la vigencia de una norma anterior, como sucede en el presente caso.

Por ello, aunque si bien el principio de irretroactividad no opera en materia procesal, en la especie, la norma procesal afecta derechos sustantivos y, por tanto, debe considerarse aplicable el referido principio, resultando aplicable a este respecto la jurisprudencia de rubro: "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. ES UN DERECHO SUSTANTIVO RESPECTO DEL CUAL RIGE LA EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY EN BENEFICIO DEL REO."

OCTAVO. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre el artículo 132, fracción V, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Por cuestión de orden, en primer lugar, se analizará si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.

El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnados sean publicados en el correspondiente medio oficial, si el último día del plazo fuese inhábil la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

Conforme a este artículo, el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiera publicado la norma impugnada, y si el último día del plazo fuese inhábil, el escrito podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

Del escrito por el que se promueve la acción, se advierte que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna el artículo 132, fracción V, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes veinticinco de febrero de dos mil once.

Por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción, inició el sábado veintiséis de febrero y concluyó el domingo veintisiete de marzo de dos mil once; sin embargo, en atención a que el último día del plazo fue inhábil, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o. y 3o. de la ley reglamentaria, en relación con el diverso 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el escrito relativo podía presentarse el primer día hábil siguiente, esto es, el lunes veintiocho de marzo de dos mil once.

De este modo, al haberse presentado la acción de inconstitucionalidad en esta fecha, debe concluirse que fue promovida de manera oportuna.

TERCERO. A continuación, se procede a analizar la legitimación de quien promueve la acción, por ser un presupuesto indispensable para su ejercicio.

Suscribe el escrito respectivo, Raúl Plascencia Villanueva, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia de la comunicación emitida por el presidente de la mesa directiva de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el cinco de noviembre de dos mil nueve, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo, a partir del dieciséis de noviembre de dicho año y hasta el quince de noviembre de dos mil catorce (foja veinte del expediente).

Ahora bien, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal establece:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los Estados de la República, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas Locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal."

Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59 de la ley reglamentaria de la materia establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos:

"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. ..."

"Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el título II."

En este sentido, en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18 de su reglamento interno, corresponde al presidente de la referida comisión su representación legal:

"Artículo 15. El presidente de la comisión nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

"I. Ejercer la representación legal de la comisión nacional."

"Artículo 18. La presidencia es el órgano ejecutivo de la comisión nacional. Está a cargo de un presidente, al cual le corresponde ejercer, de acuerdo con lo establecido en la ley, las funciones directivas de la comisión nacional y su representación legal."

En consecuencia, debe considerarse que, en el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra legitimada para promover la presente acción de inconstitucionalidad y que quien suscribe el escrito respectivo es en quien recae la representación legal de dicha comisión.

Es importante resaltar que, conforme al artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un órgano legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal, como lo es la norma que se impugna, por estimar que viola derechos fundamentales, como lo plantea el accionante en su escrito.

CUARTO. Al no haberse hecho valer por las partes alguna causal de improcedencia, ni advertirse de oficio por este Alto Tribunal, se procede a examinar el concepto de invalidez planteado por el promovente, en el que solicita se declare la invalidez del artículo 132, fracción V, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro, que a la letra establece: Ver votación

"Artículo 132 (Revocación de la libertad provisional cuando el imputado haya garantizado la misma). Cuando el imputado haya garantizado por sí mismo su libertad bajo caución, aquélla se le revocará en los casos siguientes:

"...

"V. Cuando con posteridad, el delito por el que se encuentra procesado, sea considerado grave."

Como se advierte, el artículo impugnado establece como causal de revocación de la libertad provisional, el que con posterioridad al otorgamiento del citado beneficio, el delito por el que se sigue el proceso sea considerado grave.

Esta consideración del delito como grave sólo podría entenderse de una interpretación literal del artículo, como que mediante una reforma legal, éste se considerase como tal.

Al respecto, el Poder Legislativo manifiesta en su informe que la finalidad de la reforma consistió en dos puntos: por un lado, modificar el criterio para la revocación de la libertad provisional, atendiendo a la gravedad del delito, en lugar de a la duración de la pena y, por otro, establecer como causal de revocación que si durante el proceso resulta que con posterioridad y derivado de nuevos hallazgos, la pena que correspondía al inculpado no permitía el otorgamiento de la libertad bajo caución, ésta le sería revocada, lo cual efectivamente no altera el principio de irretroactividad, pues la libertad bajo caución, al ser una medida cautelar que implica la sujeción al proceso, puede ser modificada hasta en tanto no se emita la sentencia definitiva; tan es así, que dicho supuesto se encuentra previsto tanto en el artículo 399 Ter del Código Federal de Procedimientos Penales, como en diversos Códigos de Procedimientos Penales estatales.

El primero de estos puntos se ve reflejado tanto en el séptimo considerando de la "Ley que reforma diversas disposiciones del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro",(1) como en el propio texto del artículo impugnado que, anteriormente, establecía:

"Artículo 132 (Revocación de la libertad provisional cuando el imputado haya garantizado la misma). Cuando el imputado haya garantizado por sí mismo su libertad bajo caución, aquélla se le revocará en los casos siguientes:

"...

"V. Cuando aparezca con posteridad que le corresponde al imputado una pena que no permita otorgar la libertad."

Sin embargo, el segundo de ellos no se ve reflejado a lo largo del procedimiento legislativo, ni en el texto del artículo impugnado, pues, aun cuando de acuerdo con el informe del órgano legislativo, lo que se pretendió fue hacer referencia a la posibilidad que tiene el Juez de reclasificar el delito, esto es, redefinir el delito por el cual fue consignado el inculpado, basándose en nuevos hechos o hallazgos surgidos con posterioridad;(2) la redacción final del precepto no se refiere a esto, sino a un cambio en la consideración del mismo delito por el que se encuentra procesado el inculpado, de no grave a grave, lo cual, como se ha señalado, sólo podría darse a través de una reforma legal que así lo estableciere y que, de aplicarse para efectos de revocar la libertad provisional bajo caución, redundaría en perjuicio del procesado.

De esta forma, es posible afirmar que nos encontramos ante un caso en el cual el legislador local tuvo la intención de plasmar cierto aspecto, pero su trabajo final refleja otro totalmente diferente, cuestión que, de ser pasada por alto, podría generar graves problemas de inseguridad jurídica.

Ahora bien, respecto a la literalidad de la norma, es preciso resaltar que en lo general, pero sobre todo en el ámbito penal, las leyes deben ser claras y precisas, pues una ley indeterminada o imprecisa y, por ello, poco clara, no puede proteger al ciudadano de la arbitrariedad, porque no implica una limitación al ius puniendi estatal.

En términos generales, en materia penal el Juez se encuentra constreñido a cumplir con el principio de estricta aplicación de la ley, el cual le prohíbe extender el ámbito de aplicación de un tipo penal o una sanción más allá de la expresa mención legal, por lo cual le está vedado imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no sea exactamente aplicable a la situación de que se trate.

En este sentido, si bien es cierto, como lo sostuvo la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 55/2004-PS, que este Pleno comparte, el artículo 14 constitucional prohíbe imponer pena por simple analogía y aun por mayoría de razón, esto no quiere decir que las leyes penales no admitan interpretación y que deban aplicarse según su significado literal, que puede ser antijurídico, o bien, conducir al absurdo. La prohibición del citado artículo constitucional debe entenderse en el sentido natural y razonable, haciendo uso de los diversos procedimientos de dialéctica jurídica, tales como el contexto histórico, los trabajos preparatorios, el fin de la ley, la concordancia de los textos, etcétera, por lo que la interpretación que judicialmente se haga de la ley debe centrarse en desentrañar su sentido y determinar su aplicación, esto es, a partir del texto de la norma, el juzgador debe explicar su sentido. Así, establecida una norma por el legislador, es obligación fundamental de los Jueces aplicarla. Tal aplicación exige su previa interpretación para determinar si el caso concreto que se examina debe o no incluirse en ella, explicando las palabras que parezcan ambiguas, equívocas o dudosas, sin variar ni alterar la fuerza o el sentido de la disposición.

Derivado de lo anterior, es posible afirmar que, en caso de que se requiera hacer una interpretación, derivado de que la norma de que se trate sea oscura, deberá hacerse tomando en cuenta los procedimientos de dialéctica jurídica relacionados con dicha norma. En el presente caso, los mencionados procedimientos no resultan de ayuda para tal fin, pues en ninguna parte del procedimiento legislativo se advierte que la intención del legislador haya sido la que manifiesta en su informe.

Por tal razón, la interpretación literal del precepto, en la forma señalada, lleva a la conclusión de que sí viola el principio de irretroactividad y la garantía de seguridad jurídica, por las siguientes razones:

En primer lugar, conviene establecer aquello que se entiende por irretroactividad y seguridad jurídica, así como el marco constitucional y legal que los rige.

El principio de irretroactividad de la ley penal en perjuicio de persona alguna, encuentra su fundamento en el artículo 14(3) de la Constitución Federal. Es de explorado derecho que esta disposición prohíbe aplicar una ley de forma retroactiva en perjuicio de algún individuo, debiendo entender por tal aquella norma que modifica o restringe las consecuencias jurídicas de hechos realizados durante la vigencia de una norma anterior.

Tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal han definido y establecido la trascendencia del principio en estudio, como se advierte de las tesis y jurisprudencia siguientes:

"Quinta Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XCIV

"Página: 1438

"LEYES PENALES, APLICACIÓN DE LAS. El artículo 14 de la Constitución Política de la República contiene los siguientes mandamientos: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, nadie podrá ser privado de su libertad, sino mediante juicio y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al caso. De estos mandamientos se desprende que todo acto criminal debe ser juzgado y sancionado de acuerdo con las prevenciones contenidas en la ley que rija en la fecha en que ese acto criminal se perpetró. Esta regla sólo sufre dos excepciones, autorizadas por el mismo artículo 14 constitucional, al establecer la irretroactividad de las leyes sólo para casos en que la aplicación retroactiva de la ley se haga en perjuicio de alguna persona, y señaladas por los artículos 56 y 57 del Código Penal del Distrito Federal, y esas dos excepciones son las siguientes: cuando con posterioridad a la comisión del delito, se promulga una ley que sanciona ese delito con pena menor, porque entonces, por equidad, se aplica esa última sanción; y, cuando con posterioridad se promulgue una ley, según la cual, el acto considerado por la ley antigua como delito, deja de tener tal carácter, en cuyo caso se manda poner desde luego en libertad al procesado, porque sería ilógico que si el legislador, tiempo después, ha juzgado que no hay motivos para suponer que el orden social se ha podido alterar con el acto que se reputa criminal, el poder público insista en exigir responsabilidad por un hecho que no lo amerita."

"Sexta Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Volumen CXXXV, Tercera Parte

"Página: 161

"IRRETROACTIVIDAD. LAS NORMAS RIGEN EXCLUSIVAMENTE HECHOS ACONTECIDOS A PARTIR DE SU VIGENCIA. Aunque es verdad que es principio general de derecho que toda norma posterior viene a derogar a la anterior, aquélla no puede ejercer efectos retroactivos sobre situaciones jurídicas establecidas antes de esa vigencia, sino que la norma posterior rige precisa y exclusivamente los hechos acontecidos a partir de su vigencia."

"Sexta Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24375-61cb8fc5/libertad-provisional-bajo-caucion-el-articulo-132-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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