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Modo: Corpus Pro

ABANDONO DE FAMILIARES. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A QUERELLARSE POR ESE DELITO COMIENZA A PARTIR DE QUE CESÓ LA OMISIÓN DE DAR SUSTENTO AL ACREEDOR ALIMENTICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT VIGENTE HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2011).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 158/2011. · Registro digital (IUS): 24378
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, Pág. 215.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 158/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO. 26 DE OCTUBRE DE 2011. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIOS: CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ Y JAIME SANTANA TURRAL.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio del referido decreto.

Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

Ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de amparo; de ahí que realizando una interpretación armónica sea posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto, se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional.

La anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estarían supeditados a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.

En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializados o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación, y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto, fueron presentadas con anterioridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, además de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente), y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental -antes de su reforma-, y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues en el caso fue realizada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Criterios contendientes. Los criterios jurídicos que sostuvieron los Tribunales Colegiados son los siguientes:

A. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 385/2010, sostuvo lo siguiente:

"Ahora bien, el delito de abandono de familiares previsto en el artículo 269 del Código Penal del Estado, como bien se estableció en el fallo recurrido, no es de naturaleza continuada, sino permanente o también conocido doctrinalmente como de ejecución continua porque, efectivamente, la acción delictiva se prolonga en el tiempo, es decir, se consuma de momento a momento, dado que la obligación jurídica de prestar los medios de subsistencia es de tracto sucesivo; la violación al imperativo de la norma se prolonga sin solución de continuidad durante todo el lapso en que el deudor mantiene el estado creado con su conducta omisiva.

"Es aplicable al respecto, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1177 del Tomo CVIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"‘ABANDONO DE PERSONAS (DELITOS CONTINUOS).’ (se transcribe)

"Asimismo, el injusto de que se trata se ubica en la categoría de los delitos de peligro, aunque configurado éste en abstracto, al no exigir para la existencia de la figura penal ningún peligro efectivo, sino un estatus potencial de peligro. Dicho de otra forma, en la integración del delito en examen no se requiere la causación de ningún resultado material, sino que basta que el abandono u omisión del activo, de proveer de recursos a sus hijos o su cónyuge, o bien, a ambos, haya puesto a éstos en una situación de eminente peligro de no seguir subsistiendo.

"Al respecto, cabe citar, por las razones que la informan, la tesis sustentada por la indicada Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, visible en la página 1728 del Tomo CV, Época y fuente citadas con antelación, de rubro y texto que siguen:

"‘ABANDONO DE PERSONAS, DELITO DE (LEGISLACIÓN DE OAXACA).’ (se transcribe)

"Sentado lo anterior, se afirma que opuesto a lo considerado en la sentencia impugnada y atento a lo expuesto en esta ejecutoria, sí es prescriptible el derecho del ofendido para querellarse por la comisión del delito de abandono de familiares, pues de la interpretación del artículo 108 del Código Penal de la entidad, se colige que el legislador estatal sí contempló a los ilícitos de naturaleza permanente, como es el delito en cita, partiendo de la base ya precisada, de que estableció la procedencia de dicha hipótesis legal aunque no se tratare de delitos continuados, lo que de suyo implica, se reitera, que de esa forma se incluyó también a los delitos instantáneos y a aquellos de naturaleza permanente, también llamados de ejecución continua.

"Ahora bien, los artículos 269 y 271, ambos del Código Penal para el Estado de Nayarit dicen: (se transcriben).

"La disposición transcrita en primer término tipifica el delito de abandono de familiares, y establece que al que sin causa justificada falte a dicha obligación, se le sancionará con uno a tres años de prisión y multa de tres a quince días de salario.

"En el numeral siguiente se establece que este delito será perseguible mediante querella de parte ofendida, del legítimo representante de los menores y, a falta de éste, se perseguirá de manera oficiosa en tanto el Juez de la causa designe un tutor especial.

"De lo anteriormente señalado se desprende una doble modalidad para la persecución del delito de que se trata, esto es: Puede iniciarse el procedimiento mediante querella presentada por el sujeto pasivo del delito o su legítimo representante, o bien, de manera oficiosa por el Ministerio Público por falta de legítimo representante, hasta en tanto se designe un tutor a los menores.

"Ahora bien, del contenido del artículo 108 del Código Penal del Estado deriva que la prescripción extingue el derecho a presentar querella por parte de quien se diga ofendido cuando hubiese transcurrido un tiempo determinado y bajo las condiciones señaladas en el mismo artículo, lo cual constituye una forma de sancionar la falta de pretender durante cierto plazo el derecho sustantivo y esto producirá sus efectos a pesar de la ignorancia y lo alegue o no parte interesada, en razón de su propia concepción, pues aunque se realice alguna gestión después de cumplido el plazo para ese efecto, ya será insuficiente a fin de dar nueva vigencia a lo que pereció ante su inactividad, lo cual se puede dar en los dos siguientes supuestos:

"1) Prescribe el derecho de querella en un año contado a partir de que el sujeto pasivo conoce el delito y al presunto delincuente, con independencia de las características del antisocial a estudio; y,

"2) Prescribirá en tres años en cualquier circunstancia distinta a la antes señalada.

"Lo antes indicado permite concluir que cuando se actualice la segunda de estas hipótesis, la prescripción del derecho de querella empezará a contar en función a la naturaleza del hecho, a partir de los momentos que se precisan en los supuestos previstos en el artículo 109 del Código Penal local, que dice:

"‘Artículo 109. Los términos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió el delito, si fuere consumado; desde que cesó si fuere continuado o permanente, o desde el día en que se hubiere realizado el último acto de ejecución.’

"Asimismo, cuando el delito de abandono de familiares se persiga de manera oficiosa, en términos de lo señalado por la última parte del numeral 271 de la legislación penal sustantiva, igualmente deberán atenderse las reglas de prescripción antes mencionadas.

"Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 123/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 437 del Tomo XXXI, del mes de marzo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación «y su Gaceta», al analizar el artículo 139 del Código Penal para el Estado de Chiapas, de idéntica disposición al numeral 271 del Código Penal para el Estado de Nayarit, que dice:

"‘INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. REGLAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DERIVADA DE LA COMISIÓN DE ESE DELITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS VIGENTE HASTA EL 8 DE ABRIL DE 1998).’ (se transcribe)

"En esa tesitura, resulta correcto que el presente asunto se ubique en la primera de estas hipótesis, pues con independencia de la temporalidad en la ejecución del delito, es decir, si éste es o no continuado, hubo una fecha determinada en que la ofendida ... conoció la conducta típica por la que se querelló, así como a su autor, y a partir de entonces inició el lapso de un año para que legal y válidamente pudiera interponer su querella ante la autoridad correspondiente.

"En ese contexto y para mejor comprensión de la conclusión que se adopta, es menester acudir a las pruebas habidas en el proceso penal de origen, según el legajo de copias certificadas remitidas por la autoridad responsable al rendir informe justificado, de valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que la querella fue presentada por ... el **********, ante la agencia del Ministerio Público en turno del Centro de Justicia Familiar de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit.

"En razón de lo anterior, el cómputo del plazo para que opere la prescripción del derecho de querella, debe hacerse regresivamente desde esa fecha, en relación con el momento en que se evidencie que la pasivo conoció el delito y el delincuente por el que se querelló y, además, deberá tomarse en cuenta si esto último ocurrió dentro o anterior a dicho lapso, es decir, debe determinarse si la querellante conoció el delito y al delincuente antes del **********; pues si lo hizo en esa fecha o en una posterior a la misma, entonces su derecho de querella aún no había prescrito, pero si los conoció antes, habría operado la prescripción aducida por el recurrente.

"Para ello, debe acudirse al propio escrito de querella presentado por la ofendida, cuyo capítulo de hechos es del tenor siguiente: (se transcribe).

"De la anterior transcripción se advierte que la parte ofendida manifestó conocer el delito y al delincuente, y que tal conocimiento ocurrió desde el mes de **********, en que el sujeto activo del delito la abandonó junto con sus menores hijos.

"En esas condiciones, si fue hasta el **********, en que presentó su querella por la comisión del delito de abandono de familiares, queda evidenciado que ya le había prescrito el derecho para hacerlo, como bien lo apunta el recurrente, por haber transcurrido más de un año de que tuvo conocimiento del delito y del delincuente.

"No obstante lo anterior, tomando en consideración, como bien se precisó en la sentencia impugnada, que el delito de abandono de familiares se actualiza por la omisión de cumplir con la obligación de proporcionar alimentos, y ello se genera sucesiva y permanentemente durante el tiempo en que el agente activo mantiene el estado antijurídico a pesar de que radica en su voluntad la facultad de hacer cesar ese efecto en tanto están referidos a una conducta omisiva, el derecho de querella de la parte ofendida, respecto de un año anterior a la fecha de presentación de la misma, no se encuentra prescrito, pues la hipótesis reprochada por el legislador, relativa al incumplimiento de la obligación de dar alimentos, se genera cada vez que aquélla se incumple; por ende, de la misma forma se origina la facultad de querellarse, es decir, este derecho nace cada vez que la omisión típica se presenta; empero, se reitera, en el supuesto de que se trata, se actualiza dicha figura exclusivamente respecto de los hechos delictuosos ocurridos con antelación a la anualidad previa antes referida.

"En esas condiciones, si bien es cierto que la autoridad responsable no se percató que el evento delictivo atribuido al quejoso previo al **********, había prescrito, no obstante que en el pliego de consignación respectivo, la agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia Familiar, estableció textualmente: (se transcribe); también es cierto que examinó los hechos comprendidos desde aquella fecha al de la presentación del escrito de querella, lo cual da pauta a que se analicen los elementos del ilícito de que se trata, por el periodo que se considera que no prescribió.

"Resulta conveniente acotar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la parte final de la ejecutoria que dio origen al criterio jurisprudencial arriba invocado, de rubro: ‘INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. REGLAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DERIVADA DE LA COMISIÓN DE ESE DELITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS VIGENTE HASTA EL 8 DE ABRIL DE 1998).’, estableció lo siguiente:

"‘Finalmente, resulta importante destacar que el efecto de la prescripción penal incide en la potestad del Estado para perseguir y sancionar los delitos, en este caso, el de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, mas no repercute en la obligación en sí, lo que implica que puede ocurrirse a la vía civil en aras de hacer exigibles las obligaciones alimentarias.’

"Es verdad, por otra parte, lo que se afirma en la sentencia impugnada, en el sentido de que tratándose de delitos de carácter permanente, como el de abandono de familiares, el término para la prescripción no corre mientras subsista el estado de antijuricidad. Sin embargo, también verdadero resulta que ello es aplicable al término prescriptivo de la acción penal que establece el diverso artículo 109 del código sustantivo de la localidad, que dice:

"‘Artículo 109. Los términos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió el delito, si fuere consumado; desde que cesó si fuere continuado o permanente, o desde el día en que se hubiere realizado el último acto de ejecución.’

"Figura relativa a la prescripción de la acción penal que no es materia de análisis en esta ejecutoria, puesto que la litis constitucional versó sólo respecto de la actualización de la prescripción del derecho del ofendido para presentar querella por la comisión de un hecho que considere delictuoso, en términos de lo que dispone el artículo 108 de ese propio ordenamiento."

B. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 26/2010, analizó un asunto con las siguientes características:

"QUINTO. Los agravios que hizo valer ... resultan fundados y suficientes para revocar la sentencia de amparo que se revisa.

"Esto es así, porque el cuatro de noviembre de dos mil nueve, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis número 286/2009, en la que se debatieron cuestiones inherentes al tema de la prescripción del derecho de querella en el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, conforme a la denominación que a ese ilícito le daba el artículo 138 del abrogado Código Penal del Estado de Chiapas, en la ejecutoria se plasmaron las consideraciones que enseguida se transcriben: ...

"Las anteriores consideraciones generaron el criterio jurisprudencial de rubro y texto siguientes:

"‘INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. REGLAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DERIVADA DE LA COMISIÓN DE ESE DELITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS VIGENTE HASTA EL 8 DE ABRIL DE 1998).’ (se transcribe)

"Ahora bien, las consideraciones que en torno al tema de la prescripción del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar han quedado anotadas con antelación, resultan exactamente aplicables al concreto caso que aquí se examina; esto es así, porque los preceptos que del Código Penal del Estado de Chiapas interpretó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son sustancialmente similares a los que en esta entidad federativa regulan el tema de la prescripción del derecho de querella y de la acción penal, así como respecto del ilícito de abandono de familiares conforme a la denominación que a dicho ilícito da el Código Penal para el Estado de Nayarit, como a continuación se demuestra a través del siguiente cuadro comparativo: ...

"Como podrá observarse, es inconcuso que la regulación que se da al delito de incumplimiento de la obligación de proporcionar asistencia familiar o abandono de familiares, en las legislaciones penales de Chiapas y Nayarit, desde la óptica de la prescripción del derecho de querella, resulta sustancialmente similar; de ahí que no exista impedimento jurídico alguno para que lo resuelto en la contradicción de tesis de que se dio noticia en párrafos precedentes, se aplique al caso materia de esta revisión pues, como bien lo alegó el recurrente, el artículo 108 del Código Penal de esta entidad regula de manera expresa y sin ambigüedad alguna los modos en los que debe operar el derecho de querella en aquellos delitos que, como el de abandono de familiares, se persiguen a petición del ofendido, es decir, por querella necesaria.

"Por consiguiente, tomando en cuenta que la Primera Sala del Más Alto Tribunal de la Nación ya definió que el delito que aquí se comenta prescribirá de conformidad a lo dispuesto en el artículo 106 del Código Penal para el Estado de Chiapas, y considerando que el numeral 108 de la legislación penal sustantiva de Nayarit es similar a la que fue materia de interpretación, entonces debe convenirse en que el sujeto pasivo o su legítimo representante tendrán el derecho para querellarse durante el año siguiente al en que se tenga conocimiento del delito y del delincuente; y si no concurren estos elementos, la acción prescribirá en tres años."

CUARTO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República, como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.

De lo anterior se sigue, que la actual integración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.

Sirven de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada número XLVII/2009, así como la jurisprudencia 72/2010, emitidas por el Tribunal Pleno, de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(1) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(2)

En la especie, sí se actualiza contradicción de criterios, pues los tribunales que contienden en el presente asunto abordan el mismo problema jurídico, y en torno a ellos ofrecen soluciones distintas, en los términos que se demostrarán en este considerando.

En efecto, los tribunales contendientes se ocuparon de analizar un mismo problema jurídico, consistente en determinar cómo opera la prescripción del derecho a ejercitar la querella por el delito de abandono de familia, previsto en el artículo 269 del Código Penal para el Estado de Nayarit, según las reglas previstas en el mismo ordenamiento legal. El problema derivó del modo de interpretar el artículo 108 del código referido, en relación sistemática con los artículos 109, 110, 111, 112, 269 y 271 del citado ordenamiento.

En efecto, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito concluyó que el derecho para presentar querella contra el delito de abandono de familia sí prescribe, salvo por lo que respecta a los hechos delictuosos acaecidos durante el año anterior a la fecha de la presentación de la querella, toda vez que se trata de un delito permanente. Dicho en otras palabras, la prescripción del derecho a querellarse prescribe exclusivamente respecto de los hechos delictuosos ocurridos con antelación a la anualidad antes referida.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito estimó que las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 286/2009, resultaban exactamente aplicables al caso concreto examinado por dicho tribunal, dado que la normatividad del Estado de Chiapas es sustancialmente similar a la del Estado de Nayarit; de ahí que no exista impedimento jurídico alguno para que lo resuelto en la contradicción de tesis se aplique al caso abordado por dicho tribunal.

Tal solución indica que el derecho de querella prescribe, tal como literalmente lo indica el artículo 108 de la legislación del Estado de Nayarit, al año desde que se tiene conocimiento del delito y del delincuente, y a los tres años en cualquier otra circunstancia.

Ahora, en virtud de que en la causa penal analizada la querella se había formulado cuatro meses después de transcurrido el año desde que la ofendida tuvo conocimiento del delito y del sujeto activo, dicho Tribunal Colegiado amparó al quejoso lisa y llanamente.

En consecuencia, esta Primera Sala considera que sí existe la contradicción de tesis y que el problema planteado se puede subsumir en la siguiente pregunta: ¿Cómo opera la prescripción del derecho a querellarse por el delito de abandono de familia, en términos del Código Penal para el Estado de Nayarit?

No es obstáculo para tener por integrada la contradicción, el hecho de que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito hubiere resuelto el caso concreto sometido a su potestad aplicando las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 286/2009, ya que, como se advierte de la lectura integral de la ejecutoria del Tribunal Colegiado de mérito, este último aplicó, por analogía, la solución prevista para el caso del Estado de Chiapas al caso del Estado de Nayarit.

En efecto, dicho órgano jurisdiccional estimó que la legislación del Estado de Chiapas es sustancialmente similar (mas no idéntica) a la del Estado de Nayarit, lo que a su juicio justificó trasladar la solución jurisprudencial ya prevista para Chiapas a un caso distinto, pero semejante, sobre el cual este Alto Tribunal no se ha pronunciado expresamente.

Por tratarse de la aplicación analógica de la jurisprudencia, subsiste la interrogante de si el ejercicio de analogía realizado por el citado Tribunal Colegiado es correcto, esto es, si realmente el caso del Estado de Nayarit es similar al del Estado de Chiapas y, con base en ello, si la solución previamente sustentada por esta Primera Sala soluciona, por identidad de razones, el caso de Nayarit. De otro modo, sería necesario que esta Primera Sala elaborara un criterio específico.

Por otro lado, la tesis de esta Primera Sala no es temática, ya que se ocupa de analizar, única y exclusivamente, la legislación del Estado de Chiapas, de ahí que los Tribunales Colegiados no estén obligados a aplicarla a todos aquellos casos que estimen similares. Sostener lo contrario implicaría que los Tribunales Colegiados pueden elevar a la categoría de tesis temática a una jurisprudencia que no se elaboró con ese propósito, lo que acarrearía inseguridad jurídica tanto para los gobernados como para los órganos jurisdiccionales encargados de aplicarla.

De ahí que corresponda a esta Primera Sala determinar cuáles serán las consideraciones jurídicas que podrán dar solución al caso en contradicción.

Al respecto, son aplicables, por identidad de razones, las consideraciones sostenidas por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en la tesis cuyos rubro y texto son:

"Novena Época

"Registro: 170445

"Instancia: Segunda Sala

"Tesis aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24378-07a825c7/abandono-de-familiares-el-computo-del-plazo-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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