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PLAZOS Y TÉRMINOS EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. FORMA DE COMPUTARLOS (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO PRIMERO, IN FINE, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 24 Y 77 DE LA LEY DE LA MATERIA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 386/2016. · Registro digital (IUS): 27816
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-05-11
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Pág. 2700.

PLAZOS Y TÉRMINOS EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. FORMA DE COMPUTARLOS (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO PRIMERO, IN FINE, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 24 Y 77 DE LA LEY DE LA MATERIA).

AMPARO EN REVISIÓN 386/2016. 25 DE ENERO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: PABLO JESÚS HERNÁNDEZ MORENO. PONENTE: JORGE ENRIQUE EDEN WYNTER GARCÍA. SECRETARIO: DÍDDIER ROLANDO RAMÍREZ CANTO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-Oportunidad.

En principio, cabe acotar que mediante acuerdo dictado por el Juez Quinto de Distrito el quince de julio de dos mil dieciséis en el amparo indirecto **********, se determinó que la sentencia sujeta a revisión había causado ejecutoria, al considerar el juzgador de amparo, que el término conferido a las partes para impugnar la sentencia había concluido a las nueve horas del propio día.

En tal virtud, este tribunal debe analizar la oportunidad de la interposición del recurso de revisión interpuesto por la parte tercero interesada pues, de lo contrario, sería improcedente, como lo señala la jurisprudencia P./J. 49/2014 (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes:

"RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DECLARADAS EJECUTORIADAS, SALVO QUE LA DECLARACIÓN RELATIVA SE REALICE CON POSTERIORIDAD A LA INTERPOSICIÓN OPORTUNA DE AQUEL O ANTES DE QUE FENEZCA EL PLAZO PARA ELLO. El derecho de acceso a la justicia inmerso en el de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, y reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva el deber de garantizar que los recursos legales sean sencillos, rápidos y efectivos. Así, tratándose del recurso de revisión, esa directriz se observa cuando se garantiza el respeto al plazo previsto por la Ley de Amparo para su interposición; por ello, una sentencia de amparo indirecto declarada ejecutoriada es irrecurrible, salvo en los casos en los que la autoridad judicial realice la declaración relativa con posterioridad a la interposición oportuna del recurso de revisión hecho valer en su contra, o antes de que fenezca el plazo para ello, pues en estos supuestos, tal declaratoria no da lugar a estimar que la sentencia adquirió la calidad de cosa juzgada. Lo anterior sin exigir que el auto que declara que la sentencia ha causado ejecutoria deba ser impugnado mediante el recurso de queja previsto en los artículos 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor y 95, fracción VI, de la abrogada, pues exigir su interposición implicaría una carga procesal excesiva para el particular; además, la competencia jurisdiccional otorgada a los Tribunales Colegiados de Circuito por los artículos 107, fracción VIII, párrafo último, constitucional, 83, fracción IV, 85, fracción II, y 86 de la Ley de Amparo abrogada, para revisar las sentencias de amparo indirecto, se actualiza cuando el recurso de revisión se presenta en tiempo y forma; esto es, dicha competencia es una cuestión que opera de pleno derecho, que no puede atribuirse o renunciar a voluntad del órgano jurisdiccional, ni desconocerse por las partes y, menos aún, hacerla depender de la existencia de un auto dictado por una autoridad jurisdiccional de rango inferior que, además, lo ha emitido indebidamente. Este criterio también es aplicable conforme a la Ley de Amparo vigente, en virtud de que las figuras involucradas mantienen su naturaleza y regulación."(1)

Lo anterior, porque la temporalidad en que se interpuso el recurso que establece la Ley de Amparo (revisión) es una cuestión de orden público y exige atenderse de manera preferente y oficiosa.

Determinación de este Tribunal Colegiado.

El presente recurso resulta oportuno, toda vez que fue interpuesto dentro del plazo de diez días a que alude el artículo 86, en relación con los diversos 21 y 22, todos de la Ley de Amparo.

Para explicar lo anterior, es necesario acudir a las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo en vigor, respecto a los plazos y términos.

Así, los artículos 17 al 23 de la ley de la materia señalan:

"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:

"I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;

"II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;

"III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;

"IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo."

"Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."

"Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor."

"Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido.

"Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas."

"Artículo 21. La presentación de las demandas o promociones de término en forma impresa podrá hacerse el día en que éste concluya, fuera del horario de labores de los tribunales ante la oficialía de partes correspondiente que habrá de funcionar hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento.

"La presentación de las demandas o las promociones de término en forma electrónica a través de la Firma Electrónica, podrán enviarse hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento.

"Con independencia de lo anterior, los órganos jurisdiccionales de amparo podrán habilitar días y horas cuando lo estimen pertinente para el adecuado despacho de los asuntos."

"Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.

"Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva."

"Artículo 23. Si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán presentarse, dentro de los plazos legales, en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, en la más cercana en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica."

Para efectos de este estudio, por tratarse de un recurso de revisión, cobrará especial relevancia el contenido de los numerales 21, primer párrafo y 22, primer párrafo, antes señalados, los que para una mejor comprensión, se transcriben nuevamente:

"Artículo 21. La presentación de las demandas o promociones de término en forma impresa podrá hacerse el día en que éste concluya, fuera del horario de labores de los tribunales ante la oficialía de partes correspondiente que habrá de funcionar hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento."

"Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento."

El primer artículo se refiere al último momento en que pueden presentarse las promociones de término, siendo éste, el día que fenezca el plazo, incluso, fuera del horario de labores y hasta las veinticuatro horas del día del vencimiento.

El segundo se refiere a la forma en que deben contarse los plazos, que será por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive, para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento.

Es decir, establecen las bases para computar los plazos en el juicio de amparo, así como el término en que éstos fenecen.

A fin de explicar con mayor claridad el sentido de esta determinación, es menester precisar las diferencias gramaticales entre los plazos y los términos.

Jurídicamente, se han tomado las palabras "término" y "plazo", como sinónimas, pero no lo son, pues tienen connotaciones diferentes.

Así, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua Española(2) las define de la siguiente manera:

"Término:

"Del lat. terminus.

"1. m. Último punto hasta donde llega o se extiende algo.

"2. m. Último momento de la duración o existencia de algo.

".

"7. m. Plazo de tiempo determinado. ."

"Plazo

"Del lat. placitum 'convenido'.

"1. m. Término o tiempo señalado para algo.

"2. m. Vencimiento del plazo. ."

Por su parte, los juristas Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, en su obra titulada "Diccionario de Derecho",(3) definen:

"Plazo. Espacio de tiempo que generalmente se fija para la ejecución de actos procesales unilaterales, es decir, para las actividades de las partes fuera de las vistas."

"Término. Momento en que un acto jurídico debe comenzar a producir o dejar de producir sus efectos característicos. Denominase también plazo."

Asimismo, el jurista Ignacio Burgoa señala que el concepto de término está vinculado estrechamente a la temporalidad, al señalar: "Desde luego, la idea de término procesal tiene una naturaleza esencialmente cronológica, pudiéndose concebir como el momento o punto de finalización de un lapso, de un intervalo, de un periodo.(4) Asimismo, para el Diccionario Jurídico Mexicano(5), plazo es el lapso durante el cual puede realizarse una obligación, mientras que término es el momento en que ha de cumplirse o extinguirse una obligación, siendo el término el fin del plazo."

Finalmente, importa destacar que el Senado de la República, desde el año de mil novecientos noventa y ocho, en el dictamen a la reforma a los artículos 16, 19, 22 y 123 constitucionales,(6) señaló lo siguiente:

".b) Por precisión jurídica se clarifica que el lapso de setenta y dos horas es un plazo y no un término, en virtud de que el vocablo 'término' es el momento específico en el que nace o se extingue una obligación y el 'plazo' hace referencia al periodo de tiempo en que una obligación jurídica debe cumplirse, al 'término' del cual se da una consecuencia jurídica, como el nacimiento o extinción de un derecho o una obligación."

Estas definiciones nos llevan a establecer que como plazo debe tenerse aquel lapso en que las partes pueden hacer valer un derecho o cumplir con una obligación, en tanto que término es el momento en que finaliza dicho plazo.

Lo cual resulta relevante para el sentido de esta ejecutoria, ya que con base en ellas puede discernirse cuál fue la intención de legislador al establecer plazos y términos en la Ley de Amparo.

Para ello, es menester efectuar la primera interrogante: ¿cuál es el plazo que tienen las partes para impugnar las sentencias dictadas en los juicios de amparo indirecto?

En el caso, en el artículo 86 de la Ley de Amparo, se señala:

"Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida.

"La interposición del recurso por conducto de órgano diferente al señalado en el párrafo anterior no interrumpirá el plazo de presentación."

De la literalidad de este precepto puede distinguirse tanto el plazo que tienen las partes para interponer el recurso de revisión, como el término en que finaliza dicho plazo.

En el caso, el plazo que tienen es de diez días; en tanto que su término ocurre al décimo día hábil después.

Es decir, las partes inconformes cuentan con un lapso de diez días para que en cualquier momento, dentro de ese plazo, interpongan el recurso de revisión; sin embargo, ese lapso termina al décimo día.

Precisado lo anterior, surge la siguiente interrogante: ¿cómo debe computarse ese plazo de diez días para saber cuándo fenece?

Para lo cual, debe acudirse nuevamente al artículo 22, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que señala:

"Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento."

Conforme a este numeral, el lapso de diez días que tienen las partes para interponer el recurso de revisión, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, y se incluirá en ellos el del vencimiento.

Numeral que establece una excepción en materia penal, en donde señala que los plazos se computarán de momento a momento.

Es decir, en cualquier materia, excepto la penal, los plazos deben computarse por días, en tanto que en la materia penal, de momento a momento.

Finalmente, surgen dos interrogantes más:

¿Hasta qué momento de ese décimo día puede presentarse el recurso de revisión?

¿Existe alguna distinción para la materia penal para presentar el recurso de revisión?

Para dar respuesta a estas preguntas, debe acudirse al diverso numeral 21 de la ley de la materia, que establece:

"Artículo 21. La presentación de las demandas o promociones de término en forma impresa podrá hacerse el día en que éste concluya, fuera del horario de labores de los tribunales ante la oficialía de partes correspondiente que habrá de funcionar hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento."

Este numeral extendió a las partes la oportunidad de presentar sus demandas o promociones de término, hasta las veinticuatro horas del día en que fenezca el término que se le señaló.

Esto es, sin desconocer el día o momento en que fenecen los plazos conforme al artículo 22, el legislador estableció una regla especial para la presentación material de las promociones de término, consistente en que las partes tenían las veinticuatro horas del día del vencimiento para hacerlo.

Regla que resulta aplicable al caso, pues como promoción de término, debe entenderse aquellas en que el ocursante tiene una fecha u hora límite para presentarla.

Como acontece con los recursos de revisión, los cuales, como se ha establecido, deben promoverse dentro de los diez días siguientes, es decir, tienen un término para su presentación.

Precepto cuya literalidad vislumbra que no prevé excepción, ni limitación alguna para determinada materia, esto es, aplica a cualquiera de las ramas del derecho, incluso, la penal; ello, partiendo del principio universal de derecho que dice: "donde el legislador no distingue, el juzgador no debe distinguir".

Es decir, con independencia de que el plazo de diez días deba computarse por días (cualquier otra materia) o de momento a momento (penal), el inconforme tiene hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento para interponer su escrito de revisión.

4. Caso concreto.

Ahora bien, hechas estas precisiones, corresponde ahora aplicarlas al caso concreto; para lo cual, es necesario tomar en consideración lo siguiente:

a) La sentencia recurrida dictada por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, en el juicio de amparo **********, de su índice, fue notificada por medio de lista a la tercero interesada (aquí recurrente), el treinta de junio de dos mil dieciséis, a primera hora del despacho (nueve horas).(7)

b) La referida notificación surtió sus efectos al día hábil siguiente (uno de julio del año en cita), de conformidad con el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo.(8)

c) Por tanto, el plazo de diez días para interponer el recurso de revisión, por conducto del órgano jurisdiccional que dictó la resolución recurrida, a saber, Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, acorde con el precitado artículo 86 de la ley de la materia, transcurrió del cuatro al quince de julio a las nueve horas;

d) Para computar cuándo inicia el plazo, así como la duración de éste, deben descontarse los días dos, tres, nueve y diez de julio del año dos mil dieciséis, por ser inhábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo.

Ahora, a partir de estas reglas, el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, se cuenta de momento a momento, a partir de que se realizó la notificación correspondiente, es decir, a las 09:00 horas del treinta de junio de dos mil dieciséis, surtió sus efectos al día siguiente (uno de julio), por lo que el plazo de diez días comenzó un minuto después de esa hora (cuatro de julio a las 09:01) y feneció hasta las 09:00 del quince de ese mes.

Así que si el primer día con que disponía la tercero interesada para intentar la revisión, comenzó a contarse a partir de las 09:00 horas del cuatro de julio de dos mil dieciséis, y así sucesivamente hasta llegar al décimo día, sin contar, como se dijo, los días sábados dos y nueve y los domingos tres y diez. Entonces, es inconcuso que el plazo fenecía hasta las 09:00 horas del quince siguiente.

Sin embargo, conforme al ya transcrito artículo 21 de la ley de la materia, la inconforme tenía hasta las veinticuatro horas del día en que feneció su plazo, quince de julio de dos mil dieciséis a las nueve horas, para presentar su escrito de revisión.

De manera que si el recurso de revisión se presentó en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el quince de julio de dos mil dieciséis a las 7:22 p.m., indudablemente dicho medio de impugnación fue instado de manera oportuna, pues se presentó el día del vencimiento del plazo, antes de las veinticuatro horas. Lo anterior puede apreciarse gráficamente en el siguiente calendario:

Ver calendario

No pasa inadvertido para este tribunal, que el sentido de esta determinación pareciera dejar sin aplicación fáctica la distinción hecha en el artículo 22, primer párrafo, de la Ley de Amparo, consistente en que en la materia penal los plazos deben computarse de momento a momento, ya que con independencia de que se computen por día o por momentos, de cualquier manera las partes tienen hasta las veinticuatro horas del día del vencimiento para interponer su recurso.

Sin embargo, no es así.

Ello, pues una interpretación sistemática de la Ley de Amparo, permite llegar a la convicción de que tal regla tiene como objeto ponderar la libertad de los quejosos sujetos a un procedimiento penal, de manera tal que los juicios de amparo en esa materia deban agilizarse, obligando, incluso, al juzgador, tal como lo realizó el Juez de Distrito, al emitir el acuerdo de firmeza inmediatamente después de que fenezca el plazo señalado en el citado artículo, aun y cuando su contraparte todavía estuviera en aptitud de controvertir la sentencia concesoria.

Es decir, con independencia de que la contraparte todavía estaba en aptitud de interponer el recurso de revisión, el Juez de Distrito estaba obligado a emitir el acuerdo que declaraba firme la sentencia dieran (sic) las nueve horas con un minuto del día quince de junio de dos mil diecisiete (sic).

Ello encuentra explicación en las siguientes consideraciones:

Esta distinción, respecto a la manera en que deben computarse los plazos en los juicios de amparo, surgió con la nueva Ley de Amparo, publicada el tres de abril de dos mil trece, es decir, no existía en la anterior ley.

Así como esta distinción, en la nueva ley se establecieron disposiciones novedosas, a saber:

"Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento."

"Artículo 24. Las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera de procedimiento, en que se notificarán inmediatamente en que sean pronunciadas. La razón que corresponda se asentará inmediatamente después de dicha resolución."

"Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

"I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y

"II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

"En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho.

"En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales.

"En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. ."

Un análisis sistemático de estas disposiciones, permite vislumbrar que su objetivo fue agilizar el trámite de los procedimientos de amparo en materia penal, a fin de que los quejosos que obtuvieren una sentencia concesoria lisa y llana puedan ser dejados en libertad lo más rápido posible, lo cual, únicamente sería posible obligando a los órganos jurisdiccionales a notificar inmediatamente las resoluciones, a computar los plazos momento a momento y a dejar en libertad a los quejosos que obtuvieren una sentencia concesoria, no obstante que ésta no se encuentre firme o que aún subsista la posibilidad de ser recurrida.

Motivos por los cuales, acorde con el contenido del artículo 22 de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo en materia penal, están obligados a que una vez fenecido el plazo de diez días, que deben computar de momento a momento, declarar la firmeza de su resolución, aun cuando la contraparte todavía tenga la oportunidad de recurrirla y, por ende, exista la posibilidad de que sea revocada.

Sólo resta precisar, que interpretar el artículo 22 en comento, en el sentido de que la oportunidad de presentar el recurso de revisión fenece en el mismo momento en que termina el plazo de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, tornaría restrictiva e inequitativa dicha disposición, además de que sería contraria a lo señalado en el artículo 21, el cual otorga a las partes la posibilidad de presentarlo hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento.

Un ejemplo claro es el caso concreto, en el que se notificó a la tercero interesada la sentencia recurrida a las nueve horas, por lo que de interpretar la norma en el sentido restrictivo ya señalado, implicaría que ésta prácticamente tuviera sólo nueve días para interponer el recurso y no los diez a que alude la ley, ello dado que las oficinas de correspondencia común a los Juzgados de Distrito laboran de las ocho horas con treinta minutos hasta las veinticuatro horas, razón por la cual, el día nueve de su plazo fenecería a las veinticuatro horas, pero del día diez únicamente contaría con media hora, de las veinticuatro que comprende.

Máxime que esta restricción únicamente sería aplicable a los amparos en materia penal, de manera que las partes en dicho juicio quedarían en inequidad jurídica con las partes integrantes de los amparos de otras materias, quienes sí contarían con los diez días completos para presentar sus promociones.

TERCERO.-Sentencia recurrida. A fin de dar cumplimiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuye que la justicia debe ser pronta y expedita, no se transcribirá la parte considerativa de la resolución impugnada, ya que el diverso 74 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos que deben contener las sentencias, no lo refiere como tal, ni existe precepto legal alguno que establezca esa obligación, sin que esa circunstancia perjudique en forma alguna a la parte inconforme, habida cuenta que es de estimarse que conoce el fallo.

Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis XVII.1o.C.T.30 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2115, Tomo XXIII, marzo de 2006, materia común, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 175433, que se comparte, cuyos rubro y texto son:

"SENTENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.-El hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito, no se transcriba la resolución recurrida, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual quedan sujetas sus actuaciones, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al recurrente, puesto que ese fallo obra en los autos y se toma en cuenta al resolver."

CUARTO.-Agravios. Tendente a impugnar el fallo recurrido, la parte recurrente hizo valer los agravios que se desprenden de su escrito correspondiente, sin que resulte necesaria su transcripción.

Tal proceder no implica que se deje en estado de indefensión al inconforme, puesto que ya tiene conocimiento del contenido del acto reclamado, por obrar en autos; y por tratarse de la parte que expresa los agravios correspondientes, es claro que no se le priva de la oportunidad de impugnar la sentencia que constituye el acto reclamado y alegar lo que estime pertinente.

Dicha determinación encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.-De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteado

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27816-b2885e8c/plazos-y-terminos-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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