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Modo: Corpus Pro

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA). NO CUENTA CON LA ATRIBUCIÓN PARA DELEGAR EN EL DIRECTOR GENERAL DE ESA INSTITUCIÓN, LA FACULTAD DE OTORGAR PODERES EN FAVOR DE TERCEROS (NORMATIVA DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 572/2012. · Registro digital (IUS): 24386
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, Pág. 663.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 572/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 6 DE MARZO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: OSCAR VÁZQUEZ MORENO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis sustentada entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito y el tema de fondo corresponde a la materia laboral, en la que se encuentra especializada esta Sala.

No pasa inadvertido que, a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito.

En esa distribución de competencias, esta Segunda Sala advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra reconocida constitucionalmente como órgano terminal en la solución de este tipo de conflictos; de ahí que dicha competencia constitucional para conocer de contradicciones de tesis deba estimarse extendida a los criterios contradictorios suscitados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como sucede en el presente caso.

Tal extensión de competencia encuentra justificación jurídica en un criterio de mayoría de razón, dado que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, este Alto Tribunal debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se generaría indefinición en la solución de asuntos como el que ahora se analiza, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue formulada por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito; de ahí que, formalmente, se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Posturas contendientes. A fin de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones que sustentan las ejecutorias de las que provienen los criterios materia de contradicción.

I. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito

Conoció de los recursos de revisión **********, ********** y **********, en los cuales sostuvo idéntico criterio. Al respecto, es oportuno transcribir, en lo que aquí interesa, las consideraciones de la ejecutoria relativa al amparo en revisión **********, interpuesto por el Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, contra la sentencia dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que fue la última que emitió dicho órgano colegiado, en que se determinó confirmar la sentencia recurrida y amparar al quejoso, al sostener lo siguiente:

"SEXTO. ... También resultan infundados los anteriores motivos de inconformidad, tal y como se demostrará a continuación: La escritura exhibida por quien en el proceso laboral de origen se ostentó como apoderado del Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, refiere como facultades del mencionado consejo las siguientes:

"‘Décima. El Consejo de Administración tendrá las siguientes atribuciones: I. Formular, justificar y autorizar su presupuesto de egresos; II. Proponer a los Ayuntamientos que integran el organismo, antes del 15 de julio de cada año, las tarifas y lineamientos para el cobro de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales, así como la determinación individualizada del costo de los servicios, en los términos de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a fin de que éstos los sometan para su aprobación definitiva al Congreso del Estado; III. Determinar los casos en que los servicios deban de cobrarse a cuota fija o a base de medidor, o bien, calcularse por medio de la estimación presuntiva, de conformidad con la legislación aplicable; IV. Nombrar y remover al director general del organismo; V. La creación, asignación y redistribución de facultades administrativas de las gerencias, los departamentos o dependencias, que sean convenientes para la realización de los objetivos del organismo; VI. Formular, aprobar y modificar en su caso, el reglamento interior de trabajo y los que fueren necesarios para el funcionamiento del organismo; VII. Formular, aprobar y modificar, en su caso, los sistemas de recaudación y manejo de los fondos derivados del organismo, de acuerdo con las tarifas y presupuestos relativos, llevando la contabilidad correspondiente, a través de las dependencias que al efecto se autoricen; VIII. Celebrar mensualmente como mínimo, una sesión ordinaria y las extraordinarias que solicite cualquier miembro del Consejo de Administración del organismo y tomar los acuerdos que correspondan. Los miembros del consejo tendrán derecho a incluir en la orden del día los asuntos que estimen convenientes; IX. Vigilar que los bienes propiedad del organismo se encuentren debidamente inventariados a través de la gerencia administrativa; X. Ejercer la vigilancia general que los servicios demanden y tomar las medidas necesarias, para su conservación y reparación, resolviendo lo relativo a sus mejoras y ampliaciones; XI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y su reglamento, por parte de los usuarios de los servicios, a través de su director general y las dependencias correspondientes; XII. Administrar los bienes y negocios del organismo con plenas facultades de gestión, representación y dominio, salvo que el patrimonio inmobiliario no podrá ser enajenado, sino con autorización previa de los Ayuntamientos que lo integran; concertar las bases para la contratación de créditos financieros y suscribir, por conducto de su director general, los contratos, títulos de crédito y demás documentos que se requieran, con la firma mancomunada del titular o encargado de la dependencia correspondiente; y XIII. Proponer a los Ayuntamientos involucrados, de conformidad con los ordenamientos legales respectivos, las sanciones a que se hagan acreedores los usuarios por la ilícita utilización de los servicios que preste el organismo o por conexiones sin licencia a los mismos. Para preparar las propuestas de tarifas que corresponde efectuar al Consejo de Administración y revisar la aplicación de las mismas, se establecerá un Consejo Consultivo Tarifario integrado por representantes de los propios Ayuntamientos que integran el organismo. Las atribuciones del Consejo de Administración señaladas en las fracciones III y VII requerirán previa consulta a los Ayuntamientos que integren al Ayuntamiento. Los Municipios que formen parte del organismo, por conducto de sus Ayuntamientos podrán establecer políticas tendientes a beneficiar a ciertos sectores de la población, ya sea subsidiando las tarifas a pagar, en la cancelación de adeudos o de accesorios fiscales, las cuales se propondrán al Consejo de Administración, para que de aprobarlas en el Municipio que las haya propuesto y aprobado por su órgano de gobierno. En ambos casos, en función de los costos que implique la aplicación de las políticas fiscales, los Municipios de que se trate, por los montos que deje de percibir el organismo derivados de beneficios otorgados a usuarios de los servicios de su circunscripción territorial, cubrirán al organismo una cantidad equivalente a aquella que resulte de la aplicación del beneficio o subsidio, salvo que se trate de la aplicación de una política general de reducciones en los accesorios fiscales (multas o gastos de ejecución) que acuerde el consejo.’. Sin embargo, de la lectura de la transcripción anterior no se advierte que entre las facultades del Consejo de Administración del Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, esté la de otorgar poderes en favor del director de dicha institución, para que éste, a su vez, los delegue en terceras personas, lo que torna inidónea la escritura pública en mención para el efecto de otorgar la representación del compareciente ante la autoridad responsable, ya que si el Consejo de Administración no tiene facultades para delegar la sustitución de poderes, entonces, el poder otorgado mediante la escritura pública número 26991 antes mencionada, en la que el director general otorgó poder general para pleitos y cobranzas a diversas personas, no es legítimo, porque quien facultó al otorgante del poder para ello no era el órgano o la persona idónea para el efecto. Para resolver el punto jurídico, se hace necesario analizar a detalle el contenido del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, que señala una serie de requisitos que se deben cumplir para que los poderes otorgados por las partes en el proceso laboral sean válidos. Así, a efecto de dejar en claro que el requisito consistente en la comprobación de los estatutos sociales que otorgan facultades al órgano que acordó el otorgamiento del poder, es exigible únicamente cuando el otorgante es una persona moral, se hace necesario reproducir el mencionado artículo 692 de la ley de la materia que, a la letra, dice: ... Del precepto anterior en su fracción III, se advierte como requisito de los testimonios notariales otorgados por personas morales, que las facultades para otorgarlas de quien las suscribe, deben comprobarse. En el presente caso, del análisis realizado a la escritura pública con la que compareció al juicio laboral quien se ostentó como apoderado del organismo descentralizado demandado, no se advierte que en el texto de la misma se encuentre inserta la facultad que tiene el Consejo de Administración del Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, para delegar en el director general de dicha institución la facultad de delegar poderes en terceras personas. En razón de lo anterior, ante tal defecto del instrumento notarial referido, no existe certeza que la persona que se ostenta como apoderado legal del organismo demandado en el juicio de origen, tiene capacidad para tal efecto, en virtud de que no se demostró que la persona que le otorgó poder tuviese facultades para ello, por el motivo que quien, a su vez, facultó al director general, no se desprende del instrumento notarial referido que tenía facultades para ello, situaciones que no fueron tomadas en consideración por el quejoso. Así pues, en el entendido que la representación en el proceso laboral debe demostrarse de manera fehaciente, de conformidad con el artículo 692, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, es que no puede considerarse al compareciente como apoderado de la demandada en el proceso laboral de origen. No escapa al análisis de este Tribunal Colegiado el Convenio de Asociación Intermunicipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales, por el cual se modificaron las atribuciones y organización interna del SIAPA, publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ el seis de junio de dos mil dos, que por estar publicado en el referido órgano de difusión oficial, es un documento del dominio público, y del mismo tampoco se advierte que el Consejo de Administración de dicho organismo público descentralizado tenga capacidad para delegar en el director general del mismo, la facultad de designar apoderados. En tal sentido, se insiste que no puede reconocerse el carácter de apoderado del organismo demandado, a la persona que acudió con ese carácter en el proceso laboral de origen. A mayor abundamiento, tampoco pasa desapercibida para este órgano colegiado la cláusula decimotercera, fracciones I, II y XII del referido convenio intermunicipal, las cuales establecen como atribuciones y obligaciones del director general del hoy recurrente lo siguiente: ‘Decimotercera. El director general del organismo será el ejecutor de los acuerdos del consejo y el superior jerárquico de todas las dependencias. Será atribución del director general nombrar a los gerentes, superintendentes, jefes y subjefes de departamento, oficinas y secciones, auditores, contadores y ayudantes, y demás personal; y tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones: I. Ejecutar los acuerdos del consejo; II. Representar al organismo como apoderado general para pleitos y cobranzas y para actos de administración, con todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial de acuerdo con la ley; sin perjuicio de que se otorguen otros poderes, cuando lo determine el Consejo de Administración. Ejercerá las facultades de dominio en representación del consejo, salvo en el caso de la excepción contenida en el artículo 6, fracción XI; XII. Dentro de sus facultades, realizar los actos de administración que le encomienden el consejo o el presidente.’. Empero, se dice que lo anterior no es suficiente para que el director general pudiera delegar el poder con que cuenta en diversa persona, ya que debe contarse con facultades expresas para ese efecto y no inferirse a base de interpretaciones, ya que el hecho de que sea el ejecutor de los acuerdos del Consejo de Administración, no es suficiente para que él haya otorgado el poder en favor de un tercero, ya que de la lectura de la cláusula primera de la escritura pública 26991 antes referida, se advierte que fue el director y no el Consejo de Administración quien otorgó el poder a los terceros; de ahí que la fracción I, en este caso, no lo autorizaba a otorgar poderes, porque no acudió a protocolizar un acuerdo donde el referido consejo otorgó poder en favor de terceros, sino que ejecutó la facultad de delegar poderes que, como se analizó anteriormente, indebidamente se la autorizaron, porque no la tenía el consejo. Asimismo, el que se diga en la fracción II que el director general actúa como representante y apoderado general para pleitos y cobranzas y para actos de administración, con todas la facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley para que se entienda conferido sin limitación alguna, tampoco se considera suficiente para que el director general estuviera autorizado para delegar poder, ya que esta circunstancia debe entenderse circunscrita al ámbito de las facultades relacionadas exclusivamente con pleitos y cobranzas, ya que la referida fracción III del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la autorización de la persona que otorga el poder debe ser legal, lo que debe entenderse como explícito. En cuanto a la leyenda contenida en la fracción II de la cláusula décimo tercera en análisis, que refiere ‘sin perjuicio de que se otorguen otros poderes, cuando lo determine el Consejo de Administración’, y que refiere la recurrente que en uso de esa facultad el director general delegó el poder al tercero que compareció al proceso laboral, tampoco ello es suficiente, ya que, como se analizó, fue el director general quien delegó dicho poder ejerciendo facultades que quien se las otorgó no estaba facultado para ello, es decir, el mencionado director no ejecutó un acuerdo del Consejo de Administración sino que fue él quien, ejercitando facultades delegadas, determinó a quien delegar el poder y en virtud que la facultad que le habían conferido no es legítima, no podía delegar por sí el poder de referencia. En cuanto a la fracción XII de dicha cláusula décimo tercera del multicitado convenio, tampoco facultaba al director general para delegar el poder que tiene en favor de terceros, ya que tal como se ha analizado, la delegación del poder la ejerció él mismo con base en la ilegítima facultad que le había otorgado el Consejo de Administración; de ahí que no se considera que en el otorgamiento del poder en comento, el director general haya actuado ejercitando un acto de administración que le hubiese encomendado el Consejo de Administración. Sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia I.1o.T. J/46, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito que se comparte y que aparece publicada en la página 1258 del Tomo XVIII, septiembre de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: ‘PERSONALIDAD. EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS REQUIERE CLÁUSULA ESPECIAL PARA DELEGARLO.’. Asimismo, de las cláusulas sexta y décima, fracciones IV y V, del referido Convenio de Asociación Intermunicipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales, tampoco se advierten facultades para que el Consejo de Administración del citado organismo, pueda autorizar a su director general que delegue poderes en favor de terceros. En efecto, pues las mencionadas cláusulas son del tenor literal siguiente: ‘Sexta. La administración del organismo estará a cargo de un Consejo de Administración, de un director general designado por el propio consejo y las dependencias que se estimen convenientes para cumplir sus objetivos. El Consejo de Administración se integrará por: I. Un presidente; que será designado de entre los miembros del consejo; II. Un secretario, designado por el consejo; III. El director general del organismo; IV. Dos representantes por cada Ayuntamiento de los que suscriben el presente convenio; y V. Tres representantes del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. El Consejo de Administración, podrá invitar a participar a sus sesiones a funcionarios del Gobierno Estatal relacionados con el cumplimiento de sus funciones, así como a expertos en la materia, quienes tendrán únicamente derecho de voz.’. ‘Décima. El Consejo de Administración tendrá las siguientes atribuciones: V. La creación, asignación y redistribución de facultades administrativas de las gerencias, los departamentos o dependencias, que sean convenientes para la realización de los objetivos del organismo; VII. Formular, aprobar y modificar, en su caso, los sistemas de recaudación y manejo de los fondos derivados del organismo, de acuerdo con las tarifas y presupuestos relativos, llevando la contabilidad correspondiente, a través de las dependencias que al efecto se autoricen; XII. Administrar los bienes y negocios del organismo con plenas facultades de gestión, representación y dominio, salvo que el patrimonio inmobiliario no podrá ser enajenado, sino con autorización previa de los Ayuntamientos que lo integran; concertar las bases para la contratación de créditos financieros y suscribir, por conducto de su director general, los contratos, títulos de crédito y demás documentos que se requieran, con la firma mancomunada del titular o encargado de la dependencia correspondiente.’. Ahora bien, de la cláusula sexta se desprenden quiénes serán los administradores del citado organismo, pero de ninguna forma se advierte que de ella emane dicha facultad, ya que la misma dispone que será administrado por un Consejo de Administración y por su director general, mas no expresa que alguno de ellos pueda legítimamente realizar la función de referencia. Por otro lado, la cláusula décima, en sus fracciones V, VII y XII, establece las facultades del Consejo de Administración, esto es, crear, asignar y redistribuir las facultades administrativas de las gerencias, departamentos o dependencias, que sean convenientes para la realización de los objetivos del propio organismo, la administración de la recaudación y fondos, y la administración de los bienes y negocios del organismo; sin embargo, ello no implica la facultad del Consejo de Administración para autorizar al director general a delegar poderes, porque las facultades que prevé se entiende que son la para la cuestión orgánica de la referida entidad pública, a fin de realizar las funciones sustantivas para las que fue creado, la administración de la recaudación por los servicios que presta, así como de sus fondos, patrimonio y negocios del referido organismo, no así cuestiones de representación hacía el exterior del mismo y mucho menos la legitimación para litigar en su nombre, cuestión que, como se ha analizado, debe contenerse en forma expresa la facultad del referido consejo para autorizar la delegación de poderes, ya que las facultades del mismo que se han analizado son para que sean ejercitadas por el propio consejo, en razón de que, en el referido convenio de asociación, así lo dispuso la asamblea de los Ayuntamientos que se unieron para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. Por ende, las facultades de administración y dominio otorgadas al referido Consejo de Administración, relativas a la creación, asignación y redistribución de facultades administrativas, la administración de la recaudación por los servicios que presta, así como de sus fondos, patrimonio y negocios del referido organismo, son para ser ejercidas hacia el interior del organismo, a fin de cumplimentar los objetivos para los que fue creado, que es la prestación de los servicios relacionados con el agua potable, alcantarillado y disposición y tratamiento de aguas residuales, y en razón de que dicho organismo no fue creado con el objetivo de otorgar poderes para litigios, entonces, dicha facultad no debe interpretarse en el sentido de que dicho consejo puede autorizar a su director general la delegación de poderes en favor de terceros, sin que obste a ello que el Consejo de Administración tenga incluso, facultades de dominio para administrar bienes y negocios del organismo, ya que ello debe entenderse que fue una facultad acotada que le otorgó la asamblea de Municipios para que la ejerciera por sí, sin que se advierta que haya sido autorizado para delegarla, mucho menos para autorizar a su director general la delegación de una facultad de suma trascendencia como es el otorgamiento de poderes generales para pleitos y cobranzas. Aunado a lo anterior, cabe señalar que del análisis en conjunto de las facultades enumeradas en las cláusulas de dicho convenio que se han analizado en párrafos previos, no se desprende de manera expresa que el Consejo de Administración se encuentre facultado para autorizar a su director general la delegación de poderes en favor de terceras personas, ya que ni adminiculando unas cláusulas con otras se puede arribar a dicha conclusión, pues tal como se refirió anteriormente, la facultad en mención debe contenerse expresamente en favor de la persona que la va a ejercer, máxime que, en el presente caso, el referido consejo actúa en representación del propio organismo y como tal, sus facultades se encuentran limitadas a las que le han sido otorgadas mediante los instrumentos jurídicos analizados; de ahí que, como se adelantó, los argumentos sometidos a análisis resulten infundados. ..."

II. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco

Conoció el amparo en revisión ********** (derivado del amparo en revisión ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito), interpuesto por el Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, contra la sentencia dictada por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo del Estado de Jalisco, en el juicio de amparo indirecto **********, en el que resolvió revocar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado por el quejoso, al considerar, en lo que al caso interesa, lo siguiente:

"SEXTO. De acuerdo con lo anterior, al haber sido revocado el amparo concedido, lo procedente es que este tribunal, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, realice el estudio de los conceptos de violación, cuyo estudió omitió el juzgador. Devienen infundados el primer y segundo conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, en cuanto afirma, en síntesis, que al ser el Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua y Alcantarillado un organismo público descentralizado, creado mediante convenio de asociación intermunicipal, celebrado entre los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, autorizado mediante el decreto respectivo por el Congreso del Estado de Jalisco, es claro que las facultades del Consejo de Administración, así como del director general, se encuentran delimitadas en dicho convenio, por lo cual no pueden de manera arbitraria crearse o arrogarse facultades que no estén contempladas en el aludido convenio. Por tanto, si del convenio de referencia se advierte, por una parte, que el representante de dicho organismo es el director general y, por otra, que el único facultado para otorgar poderes es el Consejo de Administración, es incuestionable que este último no puede delegar a aquél la facultad para otorgar poderes; de ahí que el otorgado por el referido director al licenciado Francisco Javier Flores Pérez, fue realizado por persona sin facultades para ello. A efecto de evidenciar lo infundado de los sintetizados motivos de queja, es conveniente reproducir las cláusulas conducentes del Convenio de Asociación Intermunicipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales, a través del organismo público descentralizado intermunicipal denominado ‘Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado’ (SIAPA), de fecha siete de febrero de dos mil dos, celebrado entre los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, que disponen: ‘Sexta. La administración del organismo estará a cargo de un Consejo de Administración, de un director general designado por el propio consejo y las dependencias que se estimen convenientes para cumplir sus objetivos. El Consejo de Administración se integrará por: I. Un presidente; que será designado de entre los miembros de consejo; II. Un secretario; designado por el consejo; III. El director general del organismo; IV. Dos representantes por cada Ayuntamiento de los que suscriben el presente convenio; y V. Tres representantes del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. El Consejo de Administración, podrá invitar a participar a sus sesiones a funcionarios del Gobierno Estatal relacionados con el cumplimiento de sus funciones, así como a expertos en la materia, quienes tendrán únicamente derecho de voz.’. ‘Décima. El Consejo de Administración tendrá las siguientes atribuciones: I. Formular, justificar y autorizar su presupuesto de egresos; II. Proponer a los Ayuntamientos que integran el organismo, antes del 15 de julio de cada año, las tarifas y lineamientos para el cobro de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales, así como la determinación individualizada del costo de los servicios, en los términos de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a fin de que éstos los sometan para su aprobación definitiva al Congreso del Estado; III. Determinar los casos en que los servicios deban de cobrarse a cuota fija o a base de medidor o bien, calcularse por medio de la estimación presuntiva, de conformidad con la legislación aplicable; IV. Nombrar y remover al director general del organismo; V. La creación, asignación y redistribución de facultades administrativas de las gerencias, los departamentos o dependencias, que sean convenientes para la realización de los objetivos del organismo; VI. Formular, aprobar y modificar en su caso, el reglamento interior de trabajo y los que fueren necesarios para el funcionamiento del organismo; VII. Formular, aprobar y modificar, en su caso, los sistemas de recaudación y manejo de los fondos derivados del organismo, de acuerdo con las tarifas y presupuestos relativos, llevando la contabilidad correspondiente, a través de las dependencias que al efecto se autoricen; VIII. Celebrar mensualmente como mínimo, una sesión ordinaria y las extraordinarias que solicite cualquier miembro del Consejo de Administración del organismo, y tomar los acuerdos que correspondan. Los miembros del consejo, tendrán derecho a incluir en la orden del día los asuntos que estimen convenientes; IX. Vigilar que los bienes propiedad del organismo se encuentren debidamente inventariados a través de la gerencia administrativa; X. Ejercer la vigilancia general que los servicio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24386-e2285f1c/consejo-de-administracion-del-sistema-intermunicipal-para-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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