SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE. LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE EL CONCESIONARIO Y LOS USUARIOS DOMÉSTICOS, SE UBICA EN UN PLANO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN, RESPECTO DE LOS ACTOS REALIZADOS POR AQUÉL RELACIONADOS CON EL COBRO Y SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 24 DE JUNIO DE 2016. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL ÁNGEL ALVARADO SERVÍN, ÁLVARO OVALLE ÁLVAREZ, SILVERIO RODRÍGUEZ CARRILLO, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SANTILLÁN, LUIS ENRIQUE VIZCARRA GONZÁLEZ Y ESTEBAN ÁLVAREZ TRONCOSO. PONENTE: ÁLVARO OVALLE ÁLVAREZ. SECRETARIO: VÍCTOR CISNEROS CASTILLO.
Aguascalientes, Aguascalientes. Resolución del Pleno del Trigésimo Circuito, correspondiente a la sesión de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis.
VISTOS para resolver los autos de la denuncia de contradicción de tesis 3/2016; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia. Mediante oficio de quince de marzo de dos mil dieciséis, el Magistrado Moisés Muñoz Padilla, presidente del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guadalajara, Jalisco, denunció por acuerdo del Pleno de ese órgano, la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por dicho tribunal, al resolver en apoyo del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, el amparo en revisión administrativo 853/2015 (cuaderno auxiliar 91/2016) y el sustentado por el propio Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al fallar el amparo en revisión 697/2015.
SEGUNDO.-Trámite. Por auto de treinta de marzo de dos mil dieciséis, el presidente del Pleno del Trigésimo Circuito ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente contradicción de tesis; la admitió a trámite; tuvo por recibida la copia certificada de la ejecutoria dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guadalajara, Jalisco; dio aviso a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, conforme al artículo 22 del Acuerdo General Número 20/2013; solicitó al presidente del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito remitiera copia certificada, y en vía electrónica en formato PDF, de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativo 697/2015; y también que informara si el criterio en los asuntos materia de la denuncia de contradicción de tesis se encontraba o no vigente, o bien, de ser el caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; asimismo, solicitó al presidente del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región informara si el criterio sustentado en el asunto materia de la denuncia de la mencionada contradicción de tesis, se encuentra vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
En ese mismo auto se ordenó notificar, por medio de lista, tanto el propio acuerdo como los subsecuentes, a la procuradora general de la República, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo.
Mediante auto de cuatro de abril de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el oficio número 133, de treinta y uno de marzo del año en curso, suscrito por el actuario judicial del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, a través del cual, en cumplimiento al acuerdo dictado en fecha treinta de marzo por el presidente del mencionado tribunal, remitió copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativo 697/2015, e informó que el criterio sustentado sigue vigente; igualmente, se reservó acordar su contenido hasta en tanto el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara, Jalisco, informara lo relativo a la vigencia del criterio sustentado en el amparo en revisión administrativo 853/2015 (cuaderno auxiliar 91/2016), como le fue solicitado.
Finalmente, el veintiséis de abril de dos mil dieciséis se agregó a los autos el oficio 951/2016 del secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en el que informa que el criterio sostenido en el amparo en revisión 853/2015 (cuaderno auxiliar 91/2016), continúa vigente; asimismo, se determinó que, en virtud de que ya se encontraba debidamente integrado el expediente de la denuncia de contradicción de tesis, se turnaran los autos a la ponencia del Magistrado Álvaro Ovalle Álvarez para que formulara el proyecto de resolución correspondiente, dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Trigésimo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre el Primer Tribunal Colegiado de este circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, actuando en apoyo a las labores de aquél, pues la competencia para conocer de las contradicciones de tesis, atiende al circuito del tribunal auxiliado y, en el caso concreto, debe considerarse que ambas decisiones corresponden a un mismo circuito, pues se estima que el tribunal auxiliar, sólo para ese menester, pertenece al circuito del tribunal auxiliado y lo que se busca con la contradicción de tesis es homologar los criterios de un circuito determinado y evitar que se decidan cuestiones distintas en casos iguales.
Es aplicable en sentido contrario, en virtud de que en la especie sí existe Pleno de Circuito, la tesis aislada 2a. XXI/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de marzo de 2014 a las 10:18 horas y en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 1080, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR QUE DICTA RESOLUCIÓN EN APOYO DE AQUÉL. CORRESPONDE CONOCER DE AQUÉLLA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CUANDO EN EL CIRCUITO DE QUE SE TRATE NO SE HA INTEGRADO EL PLENO DE CIRCUITO RESPECTIVO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los Plenos de Circuito son competentes para conocer de las denuncias de contradicción de tesis, si se suscitan entre un Tribunal Colegiado ordinario perteneciente a un circuito y un Tribunal Colegiado Auxiliar que dicta resolución en apoyo de aquél, ya que en este supuesto ambas decisiones corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, lo que atiende a la finalidad del Constituyente al introducir dichos órganos, ya que permite homologar los criterios de un circuito determinado, y evita que se decidan cuestiones distintas en casos iguales. No obstante, el criterio que antecede es inaplicable cuando se encuentren involucrados órganos jurisdiccionales de la naturaleza mencionada, si en el circuito de que se trate no se ha integrado y, en consecuencia, no se encuentra funcionando el Pleno de Circuito al que corresponde determinar la postura que debe prevalecer, lo que acontece cuando en el circuito respectivo sólo existe un Tribunal Colegiado, según deriva del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así, como esta situación no fue prevista por el Constituyente o por el legislador ordinario, ni por el propio Consejo citado, entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos en los que se adoptaron posturas disímiles."
De igual forma, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, consultable el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas y en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, página 1656, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los tribunales auxiliares apoyan a órganos de distintos circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."
Si bien del texto de dicha jurisprudencia no se advierte que se refiera de manera precisa a la contradicción de tesis entre el Tribunal Colegiado auxiliado y el Tribunal Colegiado que lo auxilia, lo cierto es que del tercer considerando de la ejecutoria sí se desprende dicha circunstancia, toda vez que uno de los criterios contendientes se refirió a esa situación, tal como se advierte de la siguiente transcripción:
"Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito
"El indicado Pleno de Circuito, al resolver en sesión del cuatro de agosto de dos mil catorce, la contradicción de tesis 5/2014, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, sostuvo en lo que interesa, lo siguiente:
"‘ÚNICO.-Este Pleno de Circuito no hará pronunciamiento respecto de la posible contradicción de tesis denunciada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, toda vez que este órgano colegiado advierte que el presente conflicto se planteó respecto de un criterio emitido por un Tribunal Colegiado de un diverso circuito, situación sobre la cual, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, en los términos del artículo primero transitorio de dicha ley, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformada el dos de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene competencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación.-En efecto, como se desprende del resultando primero de esta resolución, este asunto inició con el oficio suscrito por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, a través del que denunciaron la posible existencia de contradicción de tesis entre el criterio que sustentaron, al resolver el juicio de amparo directo 349/2013, y el diverso emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en el Distrito Federal, al fallar el diverso juicio de garantías uni-instancial 255/2013 (expediente auxiliar 511/2013).-Luego, el punto en conflicto reside en determinar si cuando se controvierte la legalidad de una negativa ficta, relativa a la solicitud de devolución de cargos tarifarios denominados ‘demanda facturable’ y ‘cargo por demanda’, es posible analizar la argumentación que se hace valer contra el acuerdo que autoriza la modificación de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica.-Cabe referir que la denuncia de posible contradicción de criterios proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor.-Entonces, en virtud de que en el presente asunto se formuló contradicción de tesis respecto de los criterios adoptados por Tribunales Colegiados de distintos circuitos, es que se considera que es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a quien compete resolver ésta, conforme a lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, en los términos del artículo primero transitorio de dicha ley, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformada el dos de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.-Consecuentemente, al existir la posible contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de diversos circuitos, lo procedente es declarar legalmente incompetente a este Pleno de Circuito, para conocer de la contradicción de tesis planteada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y remitir el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.-Tampoco es obstáculo para la anterior determinación, el que, por auto de once de marzo de dos mil catorce, dictado por el presidente de este Pleno de Circuito, se hubiera admitido a trámite esta contradicción de tesis, toda vez que el auto admisorio no causa estado, pues el estudio definitivo acerca de la procedencia compete realizarlo al órgano colegiado y, por ende, ese auto no constriñe a este Pleno de Circuito. Consecuentemente, si con posterioridad se ha advertido que se carece de competencia legal para conocer de la denuncia formulada, así debe decretarse. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 19/98, en la página diecinueve del Tomo VII, marzo de 1998, Pleno y Salas, correspondiente a la Novena Época del Semanario aludido, que dice: ‘REVISIÓN EN AMPARO. NO ES OBSTÁCULO PARA EL DESECHAMIENTO DE ESE RECURSO, SU ADMISIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.’ (se transcribió).-Finalmente, como el anterior criterio se opone a lo considerado por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis que enseguida se transcribirá, denúnciese la contradicción respectiva. El criterio de que se habla, señala lo siguiente: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR QUE RESOLVIÓ EN APOYO DE OTRO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA RESOLVER EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.’ (se transcribió).-En efecto, objetivo primordial de los tribunales auxiliares es apoyar en el dictado de resoluciones a los órganos jurisdiccionales federales en donde existan problemas de cargas de trabajo que propicien congestionamiento en la resolución de los asuntos, cuya existencia deriva de las medidas adoptadas en acuerdos generales por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para una mejor, más eficiente y pronta impartición de justicia.-Sin embargo, las particularidades de esta contradicción de tesis, no permiten establecer una vinculación con el órgano auxiliado, porque sería tanto como sostener que el único tribunal contendiente es el tribunal denunciante, pues fueron los integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quienes expusieron la posible colisión de criterios, entre el sostenido por ese propio órgano, contra del emitido por un tribunal auxiliar, en apoyo a las labores del mismo Tribunal Colegiado.-Al respecto, cobra aplicación el siguiente criterio: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE SUSCITARSE ENTRE LAS SUSTENTADAS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DE UN CENTRO AUXILIAR.’ (se transcribió).-Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve ..." (Énfasis añadido)
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en tanto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, es decir, por uno de los órganos jurisdiccionales que participan en la contradicción de tesis.
TERCERO.-Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito. Este órgano jurisdiccional resolvió en sesión de once de febrero de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos, el amparo en revisión administrativo 697/2015, en el sentido siguiente, que se transcribe en lo que interesa:
"13. Los reseñados argumentos resultan infundados, pues no es verdad que el Juez a quo debió estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5o., fracción II, de la Ley de Amparo.
"14. Lo anterior se explica porque al margen de que exista un contrato de suministro de agua entre la recurrente y el quejoso, lo cierto es que el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo le es atribuible en términos de lo que dispone el artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que dice:
"(transcripción)
"15. Para así considerarlo, primeramente es necesario atender al texto del artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:
"(transcripción)
"16. La adición del sexto párrafo al artículo 4o. constitucional tuvo por objeto elevar a rango constitucional el derecho de los gobernados al recurso natural del agua.
"17. Del proceso legislativo que condujo a esta reforma es pertinente destacar algunas consideraciones contenidas en el ‘Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con proyecto del decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’, en el cual se estableció lo siguiente:
"(transcripción)
"18. Del texto anterior puede inferirse, esencialmente, que el derecho del agua ha sido reconocido internacionalmente en diversos documentos, y que era necesario elevarlo a categoría de derecho humano, ya que en el artículo 27 constitucional se encontraba vagamente regulado; por tanto, resultaba indispensable reconocerlo como una obligación del Estado mediante la cual debía garantizarlo, y se señaló que sería definido por la ley en la que se establecieran las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo, así como la participación de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, además de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
"19. En este caso, es en la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes en donde se ha reglamentado el suministro de este recurso natural, y para tal efecto se establece la posibilidad de que el servicio pueda ser objeto de concesión a particulares, de acuerdo con los artículos 20, 46, 47, 49, 50, 60, 96, 102, 103, y 104 de ese ordenamiento, mismos que establecen:
"(transcripción)
"20. De tales preceptos, en lo que aquí interesa, se obtiene que la prestación del servicio del agua puede ser concesionado a los particulares, pero se señalan ciertas restricciones, tanto para el cobro de las cuotas como para el corte del servicio.
"21. En la especie, no cabe duda que la recurrente Proactiva Medio Ambiente CAASA es un particular, ya que está constituida como una Sociedad Anónima de Capital Variable; sin embargo, es un hecho que goza de una concesión para prestar el servicio de agua, cuyos actos en la prestación del servicio se rigen por lo dispuesto en la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes.
"22. Así, tanto la tarifa como el corte del suministro del vital líquido se encuentran limitados a lo que se disponga en ese ordenamiento (artículos 102, 103 y 104).
"23. En este orden de ideas, no es factible que pueda prevalecer la voluntad de las partes contenidas en un contrato, como lo sostiene la recurrente, y que deba estarse a lo que dispone el artículo 1949 del Código Civil Federal, para efectos de decidir los conflictos que se presenten entre el prestador del servicio y el suministrado.
"24. También resulta insostenible que los actos de la concesionaria no se encuentren investidos de potestad, pues no dependen de lo acordado por las partes en un contrato, sino de lo que se establece en la propia ley, misma que fija los límites en su actividad de prestar el servicio público de suministro de agua.
"25. Aunado a lo anterior debe tomarse en cuenta que la concesión de un servicio público, se define doctrinalmente como un acto administrativo por el cual la administración pública confiere a una persona una condición o poder jurídico, con determinadas obligaciones y derechos, para la explotación de un servicio público dirigido a satisfacer el interés colectivo, mediante una ley preconcebida y por un contrato celebrado entre las partes.
"26. En tales términos, la recurrente, en su actuar, debe obedecer a lo previsto en las normas constitucionales en las que se establece el derecho humano de acceso al agua potable, así como en las normas legales, en especial en la Ley de Agua del Estado de Aguascalientes; y no regirse por lo que en su caso pudiera establecer un contrato de adhesión celebrado con el particular, pues como se ha visto, tiene el deber de garantizar a los ciudadanos el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible, pues por virtud de la concesión se subrogó en las obligaciones que tiene el Estado para prestar el servicio y cumplir con ese derecho fundamental a favor de los particulares.
"27. No resulta aplicable la tesis 2a. XLII/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada por la recurrente, de rubro: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.)].’, toda vez que para interrumpir el criterio allí referido, la Segunda Sala partió de la nueva reflexión de que los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, y consideró que son de naturaleza comercial; lo que no acontece en el caso específico, ya que la prestación del servicio de agua potable no obedece al acuerdo de voluntades, sino a la obligación constitucional del Estado frente a los particulares de garantizar el derecho fundamental de acceder al vital líquido, regido por disposiciones de orden público; por lo que tampoco tienen aplicación las diversas tesis relativas a la Comisión Federal de Electricidad.
"28. Tampoco son aplicables la tesis y jurisprudencia tituladas: ‘SERVICIO PÚBLICO CONCESIONADO. EL ARTÍCULO 122 DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, NO ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.’ y ‘AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR.’, dado que dichos criterios surgieron previamente a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de dos mil doce, en la que se reconoció el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible, como un derecho fundamental, conforme al cual, en la actualidad, como ya se vio, no tiene su origen en un contrato de adhesión dentro de una relación de coordinación, sino en el cumplimiento de una obligación constitucional a cargo del Estado frente a los particulares."
CUARTO.-Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. Este órgano jurisdiccional, en el cuaderno auxiliar 91/2016 de su índice, relativo al amparo en revisión administrativo 853/2015 del índice del Primer Tribunal Colegiado de este circuito, fallado por mayoría de votos en la sesión de tres de marzo de dos mil dieciséis, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
"En efecto, existe jurisprudencia firme y obligatoria para este tribunal, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en el sentido de que cuando el Estado (o la autoridad) presta el servicio de agua potable mediante contratos administrativos de adhesión, la relación jurídica entre las partes no corresponde a la de supra a subordinación, sino a una de coordinación voluntaria entre el prestador del servicio y el particular; siendo esto así, cabe concluir que los actos consistentes en el cobro del consumo de agua potable y su corte los cuales fueron reclamados a la recurrente, no son actos equivalentes a los de autoridad porque incluso los de la misma naturaleza atribuidos al Estado no pueden ser considerados así porque no corresponden a una relación de supra a subordinación.
"...
"De esa forma, no hay duda en cuanto a que para poder establecer si se trata o no de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo se debe determinar si se está en presencia de un acto unilateral y obligatorio derivado de una relación de supra a subordinación.
"Lo que sigue ahora es determinar si la relación jurídica que se origina entre las partes con motivo de la prestación por parte del Estado del servicio de agua potable mediante el otorgamiento de contratos administrativos de adhesión, corresponde a la de supra a subordinación, o bien, a una de coordinación voluntaria entre el prestador del servicio y el particular.
"Al respecto debe tenerse en cuenta que, en lo que interesa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 9/2000, en la que se cuestionó la constitucionalidad, entre otros, del artículo 104 de la Ley de Agua del Estado de Aguascalientes, en el que se establecía la facultad de suspender el suministro de agua potable, se estableció lo siguiente:
"(transcripción)
"Como se puede advertir de la ejecutoria y la jurisprudencia transcrita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció en el sentido de que cuando el Estado presta el servicio de agua potable mediante contratos administrativos de adhesión, la relación jurídica entre las partes no corresponde a la de supra a subordinación, sino una de coordinación voluntaria entre el prestador del servicio y el particular; y al respecto este tribunal se encuentra obligado a acatar ese criterio de conformidad con lo establecido en los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 217 y sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, pues dicha jurisprudencia no se opone a esta ley.
"A lo anterior se puede agregar, que aunque la ejecutoria transcrita parcialmente se pronunció el siete de mayo de dos mil uno, tiene aplicación en la actualidad a pesar de las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pub
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26500-1f209618/servicio-publico-de-agua-potable-la-relacion-juridica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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