Corpus
Modo: Corpus Pro

ELEMENTOS DE LA ACCIÓN. SU ESTUDIO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, CONFORME AL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, ESTÁ LIMITADO POR EL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS. PRESUPUESTOS PROCESALES. SU ESTUDIO OFICIOSO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, CONFORME AL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, NO LO LIMITA EL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2012. · Registro digital (IUS): 24395
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, Pág. 313.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS RESPECTO DEL FONDO. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: OCTAVIO JOEL FLORES DÍAZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil (penal), en la que se encuentra especializada esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito.

En esa distribución de competencias, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra reconocida constitucionalmente como órgano terminal en la solución de este tipo de conflictos; de ahí que dicha competencia constitucional para conocer de contradicciones de tesis, deba estimarse extendida a los criterios contradictorios suscitados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como sucede en el presente caso.

Tal extensión de competencia encuentra justificación jurídica en un criterio de mayoría de razón, dado que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funciones los Plenos de Circuito, este Alto Tribunal debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se generaría indefinición en la solución de asuntos como el que ahora se analiza, en claro perjuicio del orden público y el interés social.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el cual sustenta uno de los criterios contendientes.

TERCERO. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso resolverla, es preciso transcribir en lo conducente los razonamientos sostenidos por los órganos colegiados en las ejecutorias de mérito que la motivaron.

I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 754/2011, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:

"SÉPTIMO. Los conceptos de violación resultan infundados, en una parte, e inoperantes, en otra; exponiéndose enseguida las consideraciones jurídicas que justifican tal calificativa, con base en el análisis conjunto de dicho motivos de queja, por así establecerlo el artículo 79 de la Ley de Amparo. Considérese lo asentado por el actor **********, en la demanda que dio origen al juicio civil ordinario 783/2010, del índice del Juzgado Noveno de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, y que se presentó el dieciocho de junio de dos mil diez, ante la Oficialía de Partes del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco: (se transcribe). De su lectura se pone de relieve que fue intención del actor promover un juicio para ventilar el pago de un adeudo derivado de un contrato de apertura de crédito, y la ejecución de una hipoteca que sirvió de garantía en dicho contrato; demanda que formuló en la vía civil ordinaria. Ciertamente, en la sentencia definitiva de cinco de julio de dos mil once, dictada por el Juez natural en el referido juicio civil ordinario, en torno a la procedencia de la vía y a la naturaleza de la acción ejercida, en los considerandos III y IV, y las proposiciones I y II, se asentó: (se transcribe). Es decir, el Juez natural realizó un pronunciamiento sobre la procedencia de la vía elegida por la parte actora, determinando que la civil ordinaria es la idónea en virtud de que la acción hipotecaria ya se encontraba caduca. Sin embargo, al conocer del recurso de apelación que interpusiera el actor contra la sentencia definitiva por estimar, entre otras cuestiones, que es inadecuada la absolución al pago del saldo insoluto del crédito adicional dispuesto para el pago de intereses (cláusula cuarta del contrato señalado), la Sala responsable determinó que el Juez no había analizado oficiosamente el presupuesto procesal relativo a la vía elegida por el actor; y, asumiendo jurisdicción, determinó que es improcedente esa vía, de ahí que procediera revocar la sentencia para dejar a salvo los derechos del actor para que los hiciera valer en la vía y forma que legalmente correspondiera. Ahora bien, cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la temática relativa al estudio oficioso de los presupuestos procesales y de los elementos de la acción, en ejecutoria que pronunció el quince de agosto de dos mil uno, al resolver la contradicción de tesis 29/2001-PS, en lo que interesa, determinó lo siguiente: (se transcribe). Las consideraciones precedentes dieron nacimiento al criterio obligado sentado por la jurisprudencia 1a./J. 96/2001, que reza así: ‘ACCIÓN. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES Y ELEMENTOS DE ÉSTA, DEBEN SER ANALIZADOS DE OFICIO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 87, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO (EN VIGOR A PARTIR DEL UNO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO).’ (se transcribe). Con lo anterior como contexto, se tiene que la Sala responsable abordó la cuestión relativa a la procedencia de la vía, en lo que interesa, señalando: (se transcribe). Esto es, la Sala examinó oficiosamente el presupuesto procesal relativo a la vía, y determinó que la civil ordinaria elegida por el actor es improcedente porque al haberse ejercitado la acción de pago y ejecución de garantía hipotecaria (venta en almoneda pública de dicha garantía), aplica lo dispuesto por los artículos 654 y 669 del Código de Procedimientos Civiles, y ya sea que el juicio se intente como ejecutivo o como hipotecario debe regirse por las reglas generales que se prevén para los juicios sumarios. Ahora bien, es preciso que se establezca que la vía es la manera de proceder en un juicio siguiendo determinados trámites; constituye un presupuesto procesal porque es una condición necesaria para la regularidad del desarrollo del proceso, sin la cual no puede dictarse sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa. Como presupuesto procesal, constituye un requisito sin el cual no puede iniciarse ni tramitarse válidamente, o con eficacia jurídica, un proceso; es una cuestión de orden público y debe estudiarse de oficio dado que la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las controversias sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio. En ese sentido, los gobernados no pueden consentir, ni tácita ni expresamente, un procedimiento que no es el establecido por el legislador para el caso concreto, porque la vía correcta para buscar la solución a un caso no es una cuestión que dependa de los particulares y ni siquiera del Juez, sino que está determinada por el legislador ordinario; así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 25/2005, del tenor siguiente: ‘PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.’ (se transcribe). Aún más, considerando que de conformidad con el artículo 87, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, el ad quem no está constreñido a realizar exclusivamente el estudio de los presupuestos procesales y de los elementos de la acción, a la luz de los agravios que al efecto pudiera expresar el apelante, sino que, como órgano revisor y ante la falta de reenvío, está facultado para examinar en su integridad y con plenitud de jurisdicción esos aspectos, resolviendo lo conducente, aun con base en consideraciones propias que se aparten de las excepciones y defensas opuestas; es que este órgano colegiado debe sostener que tal examen es imperativo para el tribunal de alzada, incluso, si la parte (demandada) a quien afectaba la decisión del juzgador natural en el sentido de considerar procedente la vía (civil ordinaria), no fue quien se alzó en apelación. Tal postura, cabe resaltarlo, no desconoce el principio general del derecho non reformatio in peius, que consagra una prohibición al tribunal de alzada para agravar la situación jurídica del apelante, en los casos en que no ha mediado recurso de su adversario. Así se estima, porque en el tema de los presupuestos procesales, y específicamente en el relativo a la procedencia de la vía, al consistir en una condición sin cuya verificación no es válido emitir un pronunciamiento sobre la cuestión debatida, es de orden público y de estudio preferente respecto del que corresponde al fondo del asunto, y su análisis resulta oficioso con independencia de la ventaja que el fallo recurrido le hubiese generado como expectativa al apelante, y del eventual resultado que ese análisis arroje, dado que la consideración de esos aspectos no pueden conducir al tribunal de segunda instancia a la legitimación de una resolución que indebidamente, en su caso, hubiese decidido una contienda sin que previamente la referida condición se hubiera satisfecho. De ahí que sea dable para este tribunal concluir, sin desconocer el mencionado principio, que éste sólo puede actualizarse cuando entre otras, aquella condición (procedencia de la vía) ha quedado satisfecha. Por esas razones, este tribunal no comparte el criterio que invoca el quejoso y que sustenta el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la tesis III.5o.C.59 C, del tenor siguiente: ‘ACCIÓN. EL ESTUDIO OFICIOSO QUE DEBE HACER EL TRIBUNAL DE ALZADA DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES Y DE SUS ELEMENTOS DE LA ACCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, ESTÁ LIMITADO POR EL PRINCIPIO NON REFORMATIO IN PEIUS CUANDO SÓLO UNA DE LAS PARTES AFECTADAS APELA DEL FALLO Y LA OTRA LO CONSIENTE.’ (se transcribe). Luego, en términos del artículo 197-A de la Ley Amparo, deberá denunciarse la correspondiente contradicción, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En conclusión y contra lo que aduce el quejoso, este tribunal estima que no fue incorrecto que la Sala abordara oficiosamente el estudio de la procedencia de la vía, en tanto ese aspecto atañe a un presupuesto procesal cuyo análisis, por ser de orden público, lo establece el artículo 87, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, el cual impone en grado de alzada, e incluso ante la ausencia de agravio o excepción expresa, el estudio oficioso de los presupuestos procesales y de los elementos de la acción."

II. Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 368/2003, en sesión de cuatro de septiembre de dos mil tres, en lo que importa, consideró lo siguiente:

"CUARTO. De los conceptos de violación hechos valer uno resulta sustancialmente fundado aunque suplido en sus deficiencias conforme al artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo que torna innecesario el estudio de los restantes conforme a la jurisprudencia ciento siete, integrada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, susceptible de consultar en el Tomo VI del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, página ochenta y cinco, del rubro y redacción siguientes: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcribe). En efecto, asiste la razón a la institución quejosa acerca de que la Sala fue incongruente al fijar la litis de segunda instancia. Para mejor comprensión del asunto, conviene puntualizar lo siguiente: El fallo de primera instancia concluyó en estos términos: (se transcribe). Solamente apeló la institución de crédito actora, aquí quejosa, habiendo resuelto la Sala que: (se transcribe). Cabe distinguir el examen oficioso que debe hacerse en las sentencias de primera y segunda instancias, así como el que se hace en las dictadas sobre cuestiones familiares. En el caso del Juez de primer grado, está obligado a estudiar los presupuestos procesales y los elementos de la acción aun cuando no se hubieran opuesto al respecto excepciones ni defensas, como lo dispone la parte final del artículo 87 del enjuiciamiento civil local que enseguida se transcribe; mientras que el Tribunal Superior únicamente podrá ocuparse de esas cuestiones a condición de que a la parte perdidosa le sea admitido el recurso de apelación en términos de dicho numeral. En cuanto a la revisión oficiosa prevista para las cuestiones familiares, debe destacarse que la iniciativa de las partes pasa a un segundo plano, dado que por motivos de orden público e interés social el agente del Ministerio Público y el tribunal de alzada examinan la legalidad del proceso de primer grado, sin que haya los agravios o peticiones que se enderecen en contra del fallo primario. El artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en la parte conducente dice: (se transcribe). Sobre el particular dice José Chiovenda: (se transcribe). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción 96/2001, que es obligatoria para este tribunal en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, disponible para su consulta en el Tomo XVI, noviembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página cinco, estableció que: ‘ACCIÓN. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES Y ELEMENTOS DE ÉSTA, DEBEN SER ANALIZADOS DE OFICIO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 87, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO (EN VIGOR A PARTIR DEL UNO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO).’ (se transcribe). Ahora bien, debe precisarse que la condición indispensable para el empleo de lo dispuesto por el precitado numeral 87, es precisamente que exista apelación y que el resultado del estudio oficioso que haga el tribunal sólo llegue a favorecer al apelante y no a su contraparte que no se alzó en apelación y, por ende, consintió el fallo de primera instancia; es decir, a la Sala no le es dable agravar la situación del apelante a virtud de su propio recurso al abordar los temas de los presupuestos procesales y los elementos de la acción ejercitada. De llegar a estimarse lo contrario, ninguna diferencia habría entre el estudio oficioso que hace la Sala de los asuntos del orden familiar, aunque ninguna de las partes se inconforme, el Juez debe enviar los autos al superior y éste avocarse a revisar la legalidad del fallo; en cambio, en los demás asuntos, la segunda instancia sólo se abre a petición de parte que se siente agraviada, por lo que el ad quem podrá modificar la sentencia recurrida para mejorar la situación del apelante con base en sus agravios y/o el estudio oficioso que debe hacer de los presupuestos y de los elementos de la acción, salvo que la parte contraria hubiese obtenido en primera instancia todo lo que pretendió, porque en esas condiciones no estaba constreñida a inconformarse y el tribunal de alzada, antes de revocar o modificar lo resuelto por el a quo, deberá estudiar la litis en su integridad para no dejarla indefensa. Por tanto, la libertad de jurisdicción de la Sala al estudiar los apuntados temas está limitada por el principio de non reformatio in peius, resultando claro que indebidamente el tribunal ad quem apoyó su fallo en la tesis de jurisprudencia identificada bajo la voz: ‘APELACIÓN. CUANDO EL TRIBUNAL DECIDE REVOCAR O MODIFICAR LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, DEBE EXAMINAR OFICIOSAMENTE LA LITIS DEL JUICIO A EFECTO DE NO DEJAR INAUDITA A LA PARTE QUE OBTUVO EN PRIMERA INSTANCIA.’, la que se considera inaplicable porque sólo cabría invocarla si la contraparte del apelante hubiera obtenido todo lo que pidió, cosa que no ocurrió en el asunto, sino al contrario, como se vio de la transcripción que antes se hizo de los puntos resolutivos de la sentencia de primera instancia, la parte tercera perjudicada fue condenada a cumplir la gran mayoría de las prestaciones que se reclamaron y dicho fallo fue consentido al no apelar. Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Tomo XV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página mil doscientos ochenta y nueve, de la redacción siguiente: ‘APELACIÓN, FACULTADES DEL TRIBUNAL DE. NON REFORMATIO IN PEIUS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe). Consecuentemente, lo procedente es conceder la protección federal impetrada para el efecto de la (sic) Sala responsable deje sin efecto el fallo combatido y en su lugar dicte otro en el que resuelva lo que en derecho corresponda, pero sin reducir los beneficios obtenidos por la parte actora en la sentencia de primer grado."

De la citada ejecutoria, derivó la tesis aislada siguiente:

"ACCIÓN. EL ESTUDIO OFICIOSO QUE DEBE HACER EL TRIBUNAL DE ALZADA DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES Y DE SUS ELEMENTOS DE LA ACCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, ESTÁ LIMITADO POR EL PRINCIPIO NON REFORMATIO IN PEIUS CUANDO SÓLO UNA DE LAS PARTES AFECTADAS APELA DEL FALLO Y LA OTRA LO CONSIENTE. El artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco es claro al establecer que los presupuestos procesales y los elementos de la acción deben ser analizados de oficio por el tribunal de alzada; pero cuando ambas partes resultan afectadas por la sentencia de primera instancia y sólo una de ellas apela, no puede empeorarse la condición del apelante en virtud de su propio recurso en favor de su contraparte, porque respecto de esta última quedó firme esa resolución. De estimarse lo contrario ninguna diferencia habría entre el examen oficioso que debe hacer el tribunal de alzada en los asuntos del orden familiar y los demás juicios, desde el punto de vista de que en aquellos procesos aunque ninguna de las partes se inconforme el Juez debe enviar los autos al superior y éste abocarse a revisar la legalidad de la sentencia; en cambio, en los restantes, la segunda instancia se abre sólo a petición de la parte que se siente agraviada, por lo que el ad quem podrá modificar la resolución recurrida a fin de mejorar su situación con base en los motivos de inconformidad y/o el estudio oficioso que debe hacer de los presupuestos procesales y de los elementos de la acción, salvo que la contraria hubiese obtenido en primer grado todo lo que pretendió, porque en esas condiciones no estaba constreñida a inconformarse y el tribunal de apelación, antes de revocar o modificar lo resuelto por el a quo, debe estudiar la litis en su integridad para no dejarla indefensa. Por tanto, la libertad de jurisdicción al analizar los apuntados temas está limitada por el principio de non reformatio in peius."(1)

CUARTO. Cabe señalar, que aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis o, establecer si existe la contradicción planteada y en su caso, cuál criterio debe prevalecer.

Tienen aplicación las tesis que a continuación se transcriben:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."(2)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."(3)

QUINTO. En primer término, debe establecerse si en el caso efectivamente existe la contradicción de tesis denunciada, ya que sólo bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio del presente asunto.

Esto es así, porque de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.

Así, la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual, es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.

En tales condiciones, de conformidad con el criterio adoptado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL puede verse que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia;

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

Conforme a lo anterior debe establecerse si en el caso existe oposición entre los criterios denunciados.

En ese sentido, se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis que a continuación se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(4)

Asentado lo anterior, del análisis de las ejecutorias transcritas, se considera que existe la contradicción denunciada, pues los órganos colegiados analizaron el mismo problema jurídico y adoptaron criterios discrepantes, por lo que se satisfacen los supuestos mencionados que condicionan la existencia de la contradicción de tesis.

Por ello, y para lograr claridad en el tratamiento del asunto, conviene atender al contenido de los criterios participantes.

I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver el amparo directo 754/2011, consideró negar la protección federal, porque la Sala responsable estuvo en lo correcto al abordar oficiosamente el presupuesto procesal de la vía al tratarse de una cuestión de orden público -artículo 87, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco-, y determinar que la vía civil ordinaria elegida por el actor era improcedente, pues al haberse ejercitado la acción de pago y ejecución de garantía hipotecaria (venta en almoneda pública de dicha garantía), ya sea que el juicio se intente como ejecutivo o como hipotecario, debe regirse por l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24395-bbd0da69/elementos-de-la-accion-su-estudio-por-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.