PRESUPUESTOS PROCESALES. MOMENTOS EN QUE PUEDE LLEVARSE A CABO SU REVISIÓN OFICIOSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMO PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ, EN AUXILIO DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO, Y EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO (ACTUALMENTE TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO). 28 DE NOVIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GERMÁN RAMÍREZ LUQUÍN, CÁNDIDA HERNÁNDEZ OJEDA, ULISES TORRES BALTAZAR Y JOSEFINA DEL CARMEN MORA DORANTES. PONENTE: JOSEFINA DEL CARMEN MORA DORANTES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Décimo Circuito es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 226, fracción III, y 227, fracción III de la Ley de Amparo en vigor, y por el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, toda vez que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, sustentadas entre dos Tribunales Colegiados del Circuito en que este Pleno de Circuito ejerce jurisdicción.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, en relación con la ejecutoria emitida en el amparo directo 1276/2016 del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este Circuito, en cuyo auxilio fue resuelto; y el criterio sustentado por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, actualmente Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo Circuito, en la tesis de jurisprudencia X.3o. J/6, de rubro: "PRESUPUESTOS PROCESALES. MOMENTO DE SU EXAMEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).", en los que, a consideración del denunciante, se sustentaron criterios contrastantes.
TERCERO.—Ejecutorias que participan como contradictorias. A fin de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir la parte considerativa que fundamentó la decisión de los tribunales contendientes y hacer referencia a los hechos que les dieron origen.
1. En sesión plenaria de treinta de marzo de dos mil diecisiete, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, resolvió en auxilio del Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito el amparo directo civil 1276/2016 (cuaderno auxiliar 176/2017), promovido por **********, relativo al toca civil 598/2016-I, del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, en cuya parte considerativa, en lo que interesa, el citado órgano colegiado sustentó lo siguiente:
"SEXTO.—Análisis de los conceptos de violación. Resultan infundados los motivos de disenso vertidos por el quejoso atento a las consideraciones siguientes.
"En la especie habrá de establecerse si fue correcta la determinación emitida por la Sala responsable al resolver el recurso de apelación, en el sentido de revocar la sentencia dictada por la Juez Civil de Primera Instancia dentro del juicio ordinario civil de acción reivindicatoria y acción reconvencional número 368/2014, bajo la consideración que la resolutora de origen no era competente para conocer y resolver el negocio que le fue planteado, o bien, si como lo aduce la parte quejosa, dicha resolución es ilegal en virtud de que la ahora tercero interesada no opuso la excepción de incompetencia dentro del sumario, razón por la cual debe entenderse que se sometió a la jurisdicción de la Juez primaria, de ahí que la responsable únicamente debía limitarse a la litis del juicio natural.
"Cabe precisar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo,(1) en la especie es procedente el juicio de amparo directo, toda vez que la sentencia que por esta vía se reclama puso fin al procedimiento jurisdiccional de origen; ello con independencia de que no lo haya decidido en lo principal y se hayan dejado a salvo los derechos de las partes para ejercerlas ante el tribunal competente para tal efecto, principalmente, cuando acorde a las reglas establecidas en el ley de la materia, lo que en el caso interesa es el tipo de resolución impugnada.
"Al respecto, en la parte conducente, es aplicable el criterio PC.II.S.E. J/1 C (10a.), sustentado por el Pleno sin Especialización del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, visible en la página 1536, registro digital: 2011585, Libro 30, Tomo III, mayo de 2016 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas», de título, subtítulo y texto:
"‘AMPARO DIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL QUE, SIN ULTERIOR RECURSO, RESUELVA SOBRE LA INCOMPETENCIA DE UN JUEZ DE PRIMER GRADO Y DEJE A SALVO LOS DERECHOS DE LA PARTE ACTORA PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE ESTIME PERTINENTE, YA QUE SE TRATA DE UNA RESOLUCIÓN QUE SIN DECIDIR EL JUICIO EN LO PRINCIPAL, LO DA POR CONCLUIDO. Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, entendiéndose por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Por otra parte, las contiendas de competencia podrán promoverse por inhibitoria o por declinatoria; la primera se intenta ante el Juez a quien se considera competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estima no serlo, para que remita testimonio de las actuaciones respectivas al superior, y el requirente remita lo actuado por él mismo al tribunal de alzada para que éste decida la cuestión de competencia; mientras que la declinatoria se propone ante el Juez que se considera incompetente, pidiéndole se abstenga del conocimiento del negocio y remita testimonio de lo actuado al superior para que decida la competencia, o para que remita los autos al considerado competente. Así, respecto de las resoluciones que involucren la incompetencia del Juez de primer grado y que con base en ella se ponga fin al juicio, se debe establecer la vía adecuada, ya que lo determinante, conforme a la interpretación sistemática de las reglas constitucionales y legales que rigen al juicio de amparo, resulta ser el tipo de resolución reclamada, es decir, si se trata de una resolución que pone fin al juicio, en cuyo caso, la vía correcta es el amparo directo. Por tanto, en contra de la resolución jurisdiccional que, sin ulterior recurso, determine que el Juez de primera instancia es legalmente incompetente para conocer de un asunto y deje a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime conveniente, procede el amparo directo, ya que se trata de una resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido.’
[Lo resaltado es propio].
"Ahora bien, en su primer concepto de violación, esencialmente, sostiene el impetrante que, conforme a lo dispuesto por los artículos 215, 220 y demás aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, la parte demandada deberá oponer las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, simultáneamente en la contestación y nunca después, a no ser que fueran supervenientes; es decir, que en el escrito de contestación de la demanda es donde se deben hacer valer todos los hechos y consideraciones de derecho que tengan que ver con la materia del debate, para que de esa forma se fije debidamente la litis planteada.
"Que en su opinión, no es admisible la incompetencia que planteó la parte demandada en la apelación, ya que aceptó explícitamente que el juzgado de origen era competente para conocer y resolver el juicio natural, toda vez que al contestar la demanda en ningún momento manifestó la incompetencia de la Juez de primera instancia; por lo que el tribunal de alzada actuó de manera incorrecta al tomar en consideración agravios sobre excepciones que no fueron opuestas oportunamente, vulnerando con su actuar el principio de congruencia.
"Agrega que la apelación únicamente puede versar sobre la litis planteada en primera instancia, por lo que, en su estima, la Sala responsable transgredió en su perjuicio lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como los numerales 14, 18, 24, fracción I, 28, 215 y 220 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Tabasco; y los artículos 39, fracción I y 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco.
"Por su parte, en el segundo concepto de violación sostiene el quejoso que la demanda interpuesta contra **********, fue en virtud de ser legítimo propietario del inmueble en controversia en el juicio de origen, por lo que con su actuar lo único que busca es dilatar el juicio, ya que en ningún momento manifestó la incompetencia de la Juez Civil de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial en el Estado de Tabasco, con residencia en Tenosique de Pino Suárez, para conocer del expediente 368/2014 relativo al juicio ordinario de acción reivindicatoria promovido por el ahora impetrante en contra de la empresa paraestatal; razón por la cual aceptó explícitamente la competencia de esa autoridad para conocer y resolver el fondo del asunto.
"Los anteriores argumentos son infundados.
"Para un mejor entendimiento de la calificativa otorgada, conviene traer a colación el contenido del artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, que es del tenor siguiente:
"‘Artículo 66. Presupuestos procesales. La falta o el incumplimiento de los presupuestos o requisitos procesales a que se refiere este código, podrá ser denunciado por el demandado a través de la excepción procesal respectiva; pero también deberá ser tomado en cuenta de oficio por el juzgador, cuando tenga conocimiento de dicho incumplimiento, sin necesidad de que se haya hecho valer la excepción correspondiente.’
"[Lo resaltado es propio]
"Del contenido del citado numeral, se desprende que se establece como deber para el juzgador de esa entidad, la relativa a la apreciación y estudio oficioso de los presupuestos procesales, máxime que de no colmarse, sería inválido e ineficaz un procedimiento de carácter jurisdiccional.
"Asimismo, cabe señalar que el ejercicio de esta facultad oficiosa está conferida, tanto al Juez de primera instancia, como al tribunal de apelación, en razón de que en dicho numeral sólo se hace alusión al concepto genérico de ‘juzgador’, lo cual resulta congruente al tratarse de una cuestión de orden público, lo relacionado con la competencia, constituye presupuesto indispensable para el dictado de las sentencias, razón por la cual su estudio es preferente.
"Respecto al tópico, se comparte el criterio VI.2o.C. J/20 (10a.), sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicado con el número de registro digital: 2013692, «en el Semanario Judicial de la Federación» del viernes diecisiete de febrero de dos mil diecisiete a las 10:19 horas «y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, Tomo III, febrero de 2017, página 1956», que es del tenor siguiente:
"‘PRESUPUESTOS PROCESALES. SU ESTUDIO OFICIOSO ESTÁ CONFERIDO TANTO AL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA COMO AL TRIBUNAL DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si bien el artículo 98 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, establece como facultad para la autoridad judicial de esa entidad, la relativa a la apreciación y estudio de los presupuestos procesales, dicha atribución debe considerarse de obligada satisfacción, dado que las propias características que inciden en torno a éstos así lo determinan, en la medida en que sin estar colmados no podría constituirse y desarrollarse con validez y eficacia jurídica un procedimiento de carácter jurisdiccional, menos aún, concluir con una sentencia que resolviera el mérito de lo debatido por los interesados, imponiendo condena o absolviendo al demandado, o bien, mediante la declaración de la existencia de un derecho o la constitución de un Estado de derecho, según fuera el caso; asimismo, al no existir limitante en el texto de ese numeral, en lo que a la jerarquía del órgano jurisdiccional se refiere, debe concluirse que el ejercicio de esa facultad oficiosa está conferido tanto al Juez de primera instancia como al tribunal de apelación, pues en dicho precepto sólo se hace alusión al concepto «autoridad judicial», sin imponerse en él alguna restricción de manera específica. En consecuencia, dada la oficiosidad que impera en relación con el estudio de su plena satisfacción, resulta inconcuso que la apreciación de tales exigencias a cargo de la autoridad jurisdiccional está justificada, sin importar el grado con que ejerza su competencia, ya que constituye una obligación de ineludible satisfacción, cuyo incumplimiento, por su trascendencia, se erige en una infracción legal que incide en detrimento de las partes contendientes, al posibilitar la resolución de un juicio mediante el pronunciamiento de una sentencia que se ocupe del fondo de lo debatido, cuando no existen condiciones para ello o que impiden, precisamente, que éste concluya de esa manera.’
"[Lo resaltado es propio]
"En ese contexto, toda vez que los presupuestos procesales constituyen requisitos sin los cuales no puede iniciarse ni tramitarse válidamente o con eficacia jurídica algún proceso, por tratarse de cuestiones de orden público, entonces deben estudiarse de oficio, por lo que su estudio preferente no se encuentra limitado a la actuación o alegación de determinada parte procesal.
"Es decir, aun cuando la ahora tercera interesada **********, no hubiese formulado agravio alguno ante la Sala responsable, con relación a la competencia de la autoridad resolutora de origen, ante la falta de reenvío, ésta se encuentra obligada para examinar en su integridad y con plenitud de jurisdicción tal presupuesto procesal, resolviendo lo conducente, se reitera, aun con base en consideraciones propias que se aparten de las excepciones, defensas opuestas y demás manifestaciones de las partes.
"Por ende, tal como lo razonó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 18/2012, en la ejecutoria emitida el catorce de noviembre de dos mil doce, una vez abierta la segunda instancia por cualquiera de las partes, el tribunal válidamente puede analizar los presupuestos procesales, ya que los gobernados no pueden consentir ni tácita ni expresamente algún procedimiento que no es el establecido por el legislador para el caso en concreto y seguido bajo los parámetros legales, toda vez que la vía correcta para buscar la solución a un caso no es una cuestión que dependa de los particulares y ni siquiera del Juez; lo contrario implicaría legitimar una resolución que no hubiere satisfecho las exigencias legales.
"De manera que, ante la falta de reenvío, el tribunal de alzada está obligado a estudiar con plenitud de jurisdicción los presupuestos procesales.
"Al respeto, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 13/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 337, registro digital: 2003697, Libro XX, Tomo 1, mayo de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:
"‘PRESUPUESTOS PROCESALES. SU ESTUDIO OFICIOSO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, CONFORME AL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, NO LO LIMITA EL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS. El citado precepto prevé que el tribunal de alzada debe analizar de oficio los presupuestos procesales. Ahora, si bien es cierto que la segunda instancia se abre sólo a petición de parte agraviada, también lo es que el ad quem puede modificar la resolución recurrida con base en los agravios expuestos y/o el examen oficioso que deba hacer de aquéllos, al estar constreñido a ello; de ahí que el requisito para actualizar la hipótesis referida conforme al citado artículo 87, penúltimo párrafo, es que exista recurso de apelación, es decir, que se inicie tal instancia para que el tribunal ad quem esté constreñido a estudiar los presupuestos procesales, al margen de que dicho estudio favorezca o afecte la situación del apelante y, por tanto, su libertad de jurisdicción para analizar tales presupuestos no se encuentra limitada por el principio non reformatio in peius, locución latina que puede traducirse al español como «no reformar en peor» o «no reformar en perjuicio», utilizada en el ámbito del derecho procesal; ya que este principio opera cuando dichos presupuestos han quedado satisfechos.’
"De ahí que, si en la especie, el juicio de origen fue promovido por el ahora quejoso con el objeto de obtener la reivindicación de un bien inmueble, que aduce de su propiedad, por lo que demandó, en la vía ordinaria civil, a la paraestatal **********, quien al contestar la demanda promovió en reconvención la usucapión, argumentando que el inmueble en cuestión –y el cual tenía en posesión– formaba parte de un predio de su propiedad, mismo que había adquirido con el objeto de cumplir con sus obligaciones, al tratarse de una empresa de la administración pública federal; y ante tal circunstancia el tribunal de alzada, de manera oficiosa y con base al análisis practicado a las constancias del juicio, consideró que la Juez natural se encontraba impedida para cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que era incompetente para hacer un pronunciamiento de fondo sobre la cuestión litigiosa, por lo que resolvió dejar insubsistente la sentencia definitiva y todo lo actuado en el expediente de origen, así como a salvo los derechos de las partes para hacerlos valer ante el tribunal que estimaran competente.
"Lo anterior, en virtud de que el inmueble que se encuentra en controversia, y respecto del cual se ejerció en reconvención la acción de usucapión, es propiedad de una paraestatal, tal como se justificó con la copia certificada de la escritura pública número ********** de nueve de mayo de dos mil siete, pasada ante la fe del Notario Público Número Seis en Villahermosa, Tabasco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, bajo el número **********, libro general de entradas, folios **********, volumen 60, por lo que se consideraban bienes nacionales, principalmente cuando en el predio en cuestión se había construido, por parte de la apelante un almacén o bodega destinado al cumplimiento de programas del gobierno federal; por lo que concluyó que, en términos de lo establecido en el artículo 104, fracción II, de la Constitución Federal, así como del diverso numeral 10 de la Ley General de Bienes Nacionales, era competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación conocer y resolver la problemática en cuestión, y no de los tribunales ordinarios.
"De ahí que, de manera alguna implica que la Sala del conocimiento haya emitido una sentencia incongruente al ocuparse del estudio de excepciones que no fueron opuestas en el juicio natural, menos aún que se menoscabe el derecho humano de acceso a la justicia pronta y completa, tutelado por el artículo 17 de la Constitución General de la República; del quejoso; toda vez que el derecho humano en referencia no llega al extremo de que los justiciables puedan soslayar presupuestos procesales, ni mucho menos que deban de resolverse procedimientos ante un Juez incompetente, ya que, lejos de beneficiar a las partes, la determinación emitida en inobservancia de éstos, conllevaría a menoscabar el principio de seguridad jurídica, máxime que de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Federal, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
"Al respecto es aplicable, por las razones que contiene el criterio XIX.1o.P.T. J/15, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página 3027, registro digital: 163049, Tomo XXXIII, enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, el cual se comparte, de rubro y texto, siguientes:
"‘PRESUPUESTOS PROCESALES. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES, EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, DEBEN CONTROLAR DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE SU CONCURRENCIA, PUES LA AUSENCIA DE ALGUNO CONSTITUYE UN OBSTÁCULO QUE IMPIDE EL CONOCIMIENTO DEL FONDO DEL ASUNTO. Siempre que sea descubierta la ausencia de algún presupuesto procesal, de oficio o a petición de parte, las autoridades jurisdiccionales razonablemente deben proceder a subsanarla en cualquier estado que se halle el juicio; de lo contrario, el proceso no se encontrará en un estado de cognición óptimo ni jurídicamente aceptable; no es posible la existencia de un juicio válido o proceso verdadero sin la concurrencia in limine litis de los presupuestos procesales que condicionan, a su vez, la existencia del debido proceso, siendo por ello que su presencia generalmente se encuentra normativamente reconocida; lo anterior, con el objeto de que las autoridades jurisdiccionales controlen su concurrencia, máxime que su falta constituye un obstáculo procesal que impedirá entrar al conocimiento del fondo del asunto para su resolución final; sólo de esta manera puede asegurarse que el cauce procedimental sea el legalmente establecido, atendiendo a las circunstancias, tanto objetivas como subjetivas, que la propia ley, de forma imperativa, toma en consideración y pormenoriza.’
"Así como la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 909, registro digital: 2007621, Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de noviembre de 2014 a las 9:30 horas» del tenor siguiente:
"‘DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia –acceso a una tutela judicial efectiva–, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio.’
"[Lo resaltado es propio]
"Lo anterior no implica que este Tribunal soslaye la existencia del criterio X.3o. J/6, sustentado por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 1605, registro digital: 181500, Tomo XIX, mayo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:
"‘PRESUPUESTOS PROCESALES. MOMENTO DE SU EXAMEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). Acorde con la exposición de motivos y el contenido de los numerales 66, 67, 68 y 234 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, como la intención del legislador es que en la sentencia definitiva se aborden exclusivamente cuestiones de fondo, a fin de evitar que se lleve adelante un proceso en el que finalmente no se resuelva sobre las acciones o excepciones por un aspecto de carácter técnico, los presupuestos procesales, que son requisitos indispensables para el ejercicio de la acción, deben estudiarse necesaria y exclusivamente en la audiencia previa de conciliación, ya sea por excepción de parte o aun de oficio por el juzgador, en la inteligencia de que esa resolución es apelable, y cuando el demandado considere que el Juez no hizo uso de la facultad oficiosa para abordar determinado aspecto, puede denunciar esa omisión en los agravios, para que en dicho recurso contra lo resuelto en la audiencia previa se dirima lo relacionado con los presupuestos procesales. Por tanto, salvo que se trate de una cuestión de carácter superveniente, en la sentencia definitiva no es válido que se aborden cuestiones relacionadas con los presupuestos procesales por no ser ese el momento para estudiarlos, porque ello pugna con el espíritu de la ley.’
"Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 217, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezcan los Tribunales Colegiados de Circuito, no es obligatoria para sus similares, por tanto, este órgano jurisdiccional no comparte tal criterio, aunado a que fue emitido con antelación a la reforma constitucional sobre derechos humanos de diez de junio de dos mil once, así como de la propia Ley de Amparo, de veinticuatro de junio de dos mil once, y dos de abril de dos mil trece.
"De ahí que, como quedó precisado en párrafos precedentes, el análisis de los presupuestos procesales, tales como la competencia, son una cuestión de orden público, razón por la cual, incluso de oficio, deben estudiarse en cualquier instancia.
"En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de ‘violación’, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada."
Por su parte, el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en la actualidad Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el amparo directo 761/2001, con el que se inició el criterio que posteriormente dio origen a la tesis de jurisprudencia X.3o. J/6, visible en la página 1605, Tomo XIX, mayo de 2004, materia civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 181500, de rubro: "PRESUPUESTOS PROCESALES. MOMENTO DE SU EXAMEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).", en la parte que interesa expuso lo siguiente.
"VI. Los conceptos de violación son fundados.
"En efecto, en la demanda de amparo aparece que el **********, por conducto de su apoderado, promovió demanda de garantías en la vía directa, señalando como autoridad responsable a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, de quien reclama la sentencia definitiva dictada en el toca 741/2001, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia dictada por el Juez Sexto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco en el expediente 240/2000, relativo al juicio ordinario civil de rescisión de contrato de compraventa y otorgamiento de crédito y constitución de garantía hipotecaria, promovido por el instituto aquí quejoso contra **********.
"Para una mejor comprensión del asunto, conviene citar los siguientes antecedentes:
"El **********, por conducto de su apoderado, promovió la acción descrita con anterioridad contra Fernando González Cadena, demandando el cumplimiento de las siguientes prestaciones: ‘a) Que por sentencia definitiva se declare rescindido el contrato de compraventa del inmueble objeto del otorgamiento del crédito, así como el contrato de otorgamiento del crédito y constitución de garantías y como consecuencia la cancelación del crédito, de acuerdo a lo pactado en la cláusula VIII, del contrato base de la acción. b) Que por sentencia definitiva se ordene la desocupación y entrega del inmueble objeto del otorgamiento del crédito a mi representada, en un término de 45 días naturales conforme a lo pactado en el documento base de la acción, a partir de que cause ejecutoria «la misma, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se» emplearan las medidas de apremio establecidas por la ley de la materia. c) Que por sentencia definitiva se condene a la parte demandada a que las cantidades que hubiere cubierto o pagado, sea aplicado íntegramente a favor de mi representada Infonavit, por el uso y disfrute del inmueble hasta la entrega del mismo, de acuerdo a lo pactado en la cláusula octava del contrato base de la acción, por concepto de daños y perjuicios. d) Que por sentencia definitiva se condene a la parte demandada a pagar las amortizaciones del crédito adeudadas a la presente fecha, así como las que se sigan acumulando hasta la fecha en que se desocupe el inmueble para ser aplicadas íntegramente a favor de mi representada Infonavit por el uso y disfrute del mismo, de acuerdo a lo pactado en la cláusula octava del
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27886-734f2862/presupuestos-procesales-momentos-en-que-puede-llevarse-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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