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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES Y ELEMENTOS DE ÉSTA, DEBEN SER ANALIZADOS DE OFICIO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 87, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO (EN VIGOR A PARTIR DEL UNO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2001-PS. · Registro digital (IUS): 7509
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, , Pág. 381.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.

SECRETARIO: ROBERTO JAVIER ORTEGA PINEDA.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de agosto de dos mil uno.

Vista la contradicción de tesis número 29/2001-PS, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia el veintiséis de enero de dos mil, el Magistrado Francisco Javier Villegas Hernández, presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, denunció la posible contradicción de tesis sustentada por el propio tribunal y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en los términos siguientes:

"En cumplimiento al acuerdo tomado por el tribunal que presido, en sesión celebrada el día doce de enero del año en curso, y con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, relacionados con el 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se denuncia la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo 3049/2000, mismo que se apoyó en la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y datos de publicación son los siguientes: 'ACCIÓN. EL ESTUDIO DE SU IMPROCEDENCIA POR EL TRIBUNAL DE APELACIÓN NO PUEDE HACERSE SI EN LOS AGRAVIOS NO SE PROPORCIONAN LAS BASES PARA ELLO.', tesis número 5, publicada en al página 5 del Tomo IV, Materia Civil, del penúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación; con el que sostiene el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la tesis cuyo rubro reza: 'REVISIÓN DE OFICIO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES Y ELEMENTOS DE LA ACCIÓN. FACULTA AL TRIBUNAL DE ALZADA A REALIZAR EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE AUN EN AUSENCIA DE AGRAVIOS O DE EXCEPCIONES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).', que se consulta en la página 437 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995.-Lo anterior para los efectos precisados en los preceptos citados.-Asimismo, remito copia certificada de la ejecutoria relativa al expediente AD. 3049/2000.-Reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.-Atentamente.-Guadalajara, Jalisco, a 18 de enero de 2001.-El presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito."

SEGUNDO.-Por acuerdo de trece de febrero de dos mil uno, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia mandó formar y registrar el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis y ordenó recabar los expedientes o copia certificada de la sentencia dictada en el amparo directo 3049/2000, promovido por Citibank México, Sociedad Anónima, así como la del juicio de amparo directo 319/99, promovido por Banco del Atlántico, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero GMB-Atlántico, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, así como los demás casos en que se hayan sustentado los mismos criterios.

TERCERO.-Mediante diverso proveído de quince de marzo de dos mil uno, el presidente de esta Primera Sala tuvo a los referidos tribunales dando cumplimiento a lo ordenado; asimismo se proveyó dar vista al procurador general de la República por conducto del director general de Amparo de dicha institución y que una vez cumplido con lo anterior, se acordaría lo procedente.

El diecisiete de mayo del presente año, el presidente de la Primera Sala tuvo por no formulado pedimento del procurador general de la República dentro del término que al efecto se le concedió y envió los autos al Ministro Juventino V. Castro y Castro, para que elaborara el proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en amparos en materia civil.

SEGUNDO.-En principio es conveniente señalar que el procurador general de la República se abstuvo de exponer, por sí o por conducto de alguien a quien legalmente designara, su parecer en relación con el estudio que nos ocupa, debiéndose entender que no estimó pertinente intervenir, lo que implica resolver sin la opinión de mérito.

Al respecto es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 56, agosto de 1992

"Tesis: 3a./J. 13/92

"Página: 24

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA ABSTENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMÓ PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA.-En el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia debe interpretarse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que por consiguiente vuelve procedente se dicte la resolución que corresponda sin la opinión de mérito.

"Contradicción de tesis 19/90. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 5 de noviembre de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Antonio Llanos Duarte. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Contradicción de tesis 35/90. Entre las sustentadas por el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de febrero de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Margarito Medina Villafaña.

"Contradicción de tesis 30/90. Entre las sustentadas por el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Francisco Javier Cárdenas Ramírez.

"Contradicción de tesis 11/90. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de agosto de 1992. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Contradicción de tesis 14/91. Entre las sustentadas por el Segundo y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de agosto de 1992. Mayoría de cuatro votos. Votó en contra el Ministro Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Tesis de jurisprudencia 13/92. Aprobada por la Tercera Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y dos. Cinco votos de los señores Ministros: presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez y Miguel Montes García.

"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 183, página 124."

TERCERO.-Previo al análisis de la cuestión de fondo resulta pertinente, en primer término, determinar si la presente denuncia de probable contradicción de criterios fue hecha valer por parte legítima y, en segundo, si en la especie se actualizan o no los presupuestos para la procedencia de una controversia de tal naturaleza para, en su caso, estar en aptitud de establecer qué criterio debe prevalecer con el carácter de tesis de jurisprudencia.

Para tales efectos, es menester tomar en consideración lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, los que respectivamente expresan:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

De la interpretación armónica de las transcripciones precedentes, se puede concluir, en primer orden, que la denuncia de probable contradicción de criterios a que este toca se refiere proviene de parte legítima, toda vez que la formula el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en los términos que quedaron anotados en el primer resultando de esta resolución.

Asimismo, se logra advertir que para la existencia de un conflicto de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, materia de estudio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que tendrá por objeto decidir qué tesis debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, deben concurrir los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

CUARTO.-En el caso específico, a juicio de esta Primera Sala se cumple con los requisitos mencionados.

Para llegar a la anterior determinación, conviene destacar el sentido de los razonamientos jurídicos sustentados por ambos Tribunales Colegiados, dentro de las resoluciones que dieron origen a los criterios que, se estima, se contraponen.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 3049/2000, interpuesto por Citibank México, S.A., sustentó las consideraciones que a continuación se transcriben:

"SEXTO.-El motivo de inconformidad que se analizará es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada.-Sin embargo, para un mejor entendimiento del sentido en que se resolverá el asunto en análisis, se impone la precisión de algunos de los antecedentes del acto reclamado que integran el toca número 545/2000 en que se pronunció, y que son los siguientes: I. Ocurso presentado el nueve de febrero del año dos mil, ante el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil, mediante el cual los demandados, Víctor Javier Espinoza Niño y Rebeca Padilla Almeida, interponen recurso de apelación contra la sentencia pronunciada en el juicio natural, en el que expresaron, entre otros agravios, el siguiente: 'De otra parte, en la contestación de la demanda también se opuso la de oscuridad de la demanda, por cuanto a que no se manifiesta la forma mediante la cual se arribó a la conclusión de qué cantidad de dinero es por concepto de intereses moratorios, qué cantidad resulta por intereses ordinarios, cantidad adicional y cuál por concepto de prima, etcétera, y el inferior en su resolución aquí combatida únicamente dice que dichas cantidades se han generado, pues así se estipuló en los contratos anteriormente referidos, y yo digo que no se han generado, sino que quiero saber de qué forma se llega a la conclusión de las cantidades de dinero que por los conceptos que anteriormente precisó, esto es, bajo qué operaciones aritméticas, de cálculo, etcétera, multiplicados (sic) por los días correspondientes determinar con exactitud las referidas cantidades, por ello al no entrar de lleno a estas situaciones resulta obvio que la resolución combatida carece de falta de razonamiento jurídico y fundamentación legal.'.-En tanto que del texto de la sentencia definitiva que constituye el acto reclamado en este juicio de garantías, se obtiene que la Sala responsable al abordar el estudio de ese motivo de queja sostuvo, en lo conducente, lo siguiente: 'Resulta fundado lo hecho valer por el apelante en el diverso agravio cuando expresa que opuso la de oscuridad de la demanda, por cuanto a que no se manifiesta la forma mediante la cual se arribó a la conclusión de qué cantidad de dinero es por concepto de intereses moratorios, qué cantidad resulta por concepto de intereses ordinarios, cantidad adicional y cuál por concepto de prima, y que el a quo en su resolución únicamente dice que las cantidades se han generado, pues así se estipuló en el contrato anteriormente referido, expresando el apelante que él no dice que no se han generado sino que quiere saber de qué forma se llega a la conclusión de las cantidades de dinero por los conceptos que anteriormente precisa, bajo qué operaciones aritméticas, de cálculo, etcétera, multiplicado por los días correspondientes determinar con exactitud las referidas cantidades, por ello, al no entrar de lleno a estas situaciones resulta obvio que la resolución combatida carece de falta de razonamiento jurídico y fundamentación legal.-Por ello, con fundamento en el artículo 87, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, reformado mediante decreto que entró en vigor a partir del uno de marzo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con los diversos numerales 430 y 443 del referido ordenamiento, este tribunal de alzada, tratándose del análisis de los presupuestos procesales y de los elementos de la acción no está constreñido a realizar exclusivamente su estudio a la luz de los agravios que al efecto pudiera expresar el apelante.-Conforme lo sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, que al efecto se transcribe: «REVISIÓN DE OFICIO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES Y ELEMENTOS DE LA ACCIÓN. FACULTA AL TRIBUNAL DE ALZADA A REALIZAR EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE AUN EN AUSENCIA DE AGRAVIOS O DE EXCEPCIONES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).» ... Ahora bien, dado que esta autoridad de oficio debe analizar los elementos integrantes de la acción, deben considerarse los siguientes puntos: ...'.-Ahora bien, partiendo de tales bases se puede concluir, válidamente, que en esencia asiste razón a la institución bancaria quejosa, al hacer notar en el segundo de los conceptos de violación, que la Sala responsable violenta lo dispuesto por el actual artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al analizar oficiosamente el estudio de la procedencia de los intereses moratorios, lo cual le está vedado, en virtud de que sólo debe limitarse a la medida de los agravios.-Lo anterior es así, en virtud de que resulta carente de fundamento la actitud de la Sala responsable, consistente en analizar oficiosamente los elementos de la acción, sin haber mediado agravio de por medio, dado que únicamente debió constreñirse a estudiar los expuestos; en ese sentido se pronuncia la tesis jurisprudencial número 5, que puede ser localizada en la página 5 del Tomo IV, Materia Civil, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice: 'ACCIÓN. EL ESTUDIO DE SU IMPROCEDENCIA POR EL TRIBUNAL DE APELACIÓN NO PUEDE HACERSE SI EN LOS AGRAVIOS NO SE PROPORCIONAN LAS BASES PARA ELLO.-Si bien esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia definida ha reconocido las facultades del juzgador de primera instancia para examinar de oficio la improcedencia de la acción, cabe aclarar que el tribunal de apelación sólo puede emprender ese examen, siempre y cuando en el pliego de agravios sometidos a su consideración se haga valer la correspondiente inconformidad y se proporcionen las bases suficientes para que establezca cuáles requisitos de la acción dejaron de cumplirse, o sea, que en la segunda instancia sólo pueden examinarse los elementos de la acción y los hechos constitutivos de la misma, a la luz de los agravios respectivos.'.-Así como la jurisprudencia número 431, localizable en la página 366, Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete al año dos mil, cuya sinopsis es del tenor literal siguiente: 'AGRAVIOS EN LA APELACIÓN.-La materia de la segunda instancia queda circunscrita a las cuestiones que se plantean en los agravios, por lo que el tribunal ad quem, queda impedido para entrar al estudio de cuestiones que no fueron planteadas, pues si lo hiciera supliría la deficiencia de los agravios, lo que sería ilegal.'.-A lo anterior cabe agregar, que no es óbice que el artículo 87 del código procesal civil jalisciense, estatuya que: '... Los Jueces y tribunales tienen la obligación de examinar de oficio los presupuestos procesales y los elementos de la acción ejercitada.', pues por lo que ve a la primera instancia, dicha obligación está fuera de duda, pero en lo relativo a la segunda, debe entenderse que la obligación para examinar de oficio los presupuestos procesales y los de la acción ejercida, sólo tiene lugar cuando se reasume plena jurisdicción, pues de lo contrario se contravendrían las disposiciones que norman el recurso de apelación, principalmente los artículos 443 y 444 del código procesal civil, conforme a los cuales, de existir una violación procesal en el juicio del que emana la resolución apelada, el tribunal de alzada podrá analizarla solamente a través de los agravios expresados. Por tanto, el concepto de violación es fundado.-Sin que en la especie se esté ante la hipótesis de que el tribunal de apelación asumiera plena jurisdicción de la litis, respecto a los elementos constitutivos de la acción de las prestaciones reclamadas 'intereses ordinarios, moratorios, cantidad del crédito adicional y prima de seguro', toda vez que si bien es verdad que del texto de la sentencia reclamada, se obtiene que la Sala adujo que en razón de haber sido fundados parcialmente los agravios, se modificaba el fallo recurrido, en plenitud de jurisdicción; sin embargo, no es menos exacto que tal argumentación es incorrecta, en atención a que pese a que, efectivamente, de primera mano estimó fundado uno de los agravios atinentes a controvertir la desestimación de la 'excepción de la oscuridad de la demanda', posteriormente, en forma expresa y categórica, sostuvo que con apego al numeral 87 en su último párrafo, en relación con las diversas normas 430 y 443 del enjuiciamiento civil estatal, analizaba oficiosamente los elementos integrantes de la acción, virtud a que no estaba constreñido a realizar exclusivamente su estudio con base en los agravios expuestos. Por lo que, ante tal tesitura, se puede arribar a la conclusión de que el tribunal de apelación en ningún momento asumió la plena jurisdicción a que alude, con motivo del agravio que atendió, sino todo lo contrario, como antes se vio, se desatendió por completo de la materia del disenso, al examinar indebidamente en forma oficiosa los elementos de la acción, en lo que atañe a las prestaciones reclamadas antes referidas.-Aunado a que de una confrontación textual del disenso que el tribunal de alzada consideró fundado y de los razonamientos que al efecto expresó al abordar su examen, transcritos en los puntos números I y II de antecedentes, respectivamente, que se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones innecesarias, se aprecia con claridad, que no obstante que la Sala responsable afirma haber asumido plena jurisdicción, virtud al agravio que resultó fundado, lo cierto es que no atendió el contexto de ese motivo de queja sino, como antes se dijo, en realidad oficiosamente entró al análisis de los elementos de la acción de referencia, dado que aquél únicamente estriba en que la sentencia de primer grado no se encuentra debidamente motivada ni fundamentada, pues el a quo no analizó íntegramente la excepción de oscuridad de la demanda, dado que sólo determinó que las cantidades se han generado de acuerdo a lo estipulado en el contrato.-Argumentos que de ninguna manera, pudiera pensarse, dieron origen a que la Sala responsable asumiera plena jurisdicción para analizar los elementos de la acción de referencia, como en forma por demás inexacta lo afirmó en el fallo reclamado, ya que conforme a la materia del disenso, únicamente debía constreñirse a dirimir si en realidad procedía o no lo que se planteó como excepción de oscuridad de la demanda, debido a que el a quo no razonó, ni fundamentó el porqué era improcedente.-En las apuntadas condiciones, lo procedente será conceder a la negociación bancaria quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra en la que se abstenga de estimar que los elementos de la acción puedan ser analizados oficiosamente en segunda instancia y se constriña única y exclusivamente a la materia de los agravios; y hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva conforme a derecho."

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver los amparos directos números 319/99, 3948/2000 y 4289/2000 en las consideraciones en que se apoyan las ejecutorias, respectivamente, en lo conducente, señalan lo siguiente:

Amparo directo 319/99, relacionado con el diverso 320/99. Quejoso: Banco del Atlántico, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero GBM-Atlántico.

"IV.-En la medida que se precisará, algunos de los conceptos de violación son infundados e inoperantes y otro sustancialmente fundado.-En oposición a lo que se afirma, la responsable actuó apegada a derecho cuando estudió en forma oficiosa los elementos de procedencia de la acción intentada, puesto que así lo ordena expresamente el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria al Código de Comercio, cuyo último párrafo textualmente dice: 'Los Jueces y tribunales tienen la obligación de examinar de oficio los presupuestos procesales y los elementos de la acción ejercitada.'; ahora bien, no es verdad que al aplicarse ese dispositivo legal se contravenga el artículo 430 del ordenamiento citado, que textualmente dice: 'La autoridad judicial al conocer y resolver los recursos, salvo los casos que la ley permita el estudio o revisión oficiosa, y además de las establecidas en este código, observará las siguientes reglas: I. Examinará y decidirá en forma conjunta o separada, todos los agravios alegados contra la resolución o acto procesal recurrido, exceptuándose el caso en que uno solo resulte preponderante. II. En vista de los agravios expresados, sólo tomará en consideración, las acciones, excepciones, pruebas y cuestiones debatidas en forma previa y oportuna. III. Resolverán con plenitud de jurisdicción las cuestiones omitidas en la resolución o acto impugnado, reclamadas en los agravios, corrigiéndolas por sí mismo. IV. Los recursos de la misma naturaleza interpuestos contra una misma resolución por personas distintas, deberán estudiarse y decidirse en un mismo fallo.'.-Efectivamente, basta la lectura de ese precepto para advertir que la sujeción estricta a las reglas que prevé, tratándose de la resolución de recursos, admite una excepción, la de los casos en que la ley permite el estudio o revisión oficiosa, verbigracia, el caso que establece el referido último párrafo del artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, cuyo numeral, dicho sea de una vez, tampoco contraviene al artículo 443 del código adjetivo local, que señala: 'El tribunal de apelación está impedido para estudiar y resolver cuestiones de fondo que no llegaron a ser planteadas en la litis de primera instancia.', ya que si bien es cierto que por regla general, según los criterios que invoca el quejoso, sustentados por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunal de alzada debe concretarse a examinar, exclusivamente, a través de los agravios, las acciones, excepciones o defensas que se hicieron valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el fallo resultaría incongruente; y en lo que atañe al estudio de la improcedencia de la acción sólo puede emprender ese examen siempre y cuando en el pliego de agravios sometidos a su consideración se haga valer la correspondiente inconformidad, no menos verídico resulta que dicha regla, en los casos que se precisará, no se actualiza en el Estado de Jalisco, tratándose de juicios iniciados con posterioridad al uno de marzo de mil novecientos noventa y cinco, en que entró en vigor el actual texto del artículo 87 de la ley adjetiva civil, si se considera que el referido numeral obliga a la Sala a revisar de oficio los presupuestos procesales y los elementos de las acciones ejercidas, lo que implica que está facultada para resolver con plenitud de jurisdicción esas cuestiones, como si se tratara del Juez, de modo que, en todo caso, el tribunal debe acatar los criterios jurisprudenciales pertinentes a la actividad jurisdiccional que respecto del análisis oficioso de la acción debe hacer aquél, en el sentido de que no basta para que se declare procedente la acción intentada, con que el demandado no oponga excepciones y defensas, o que no las pruebe, sino que deben estar previamente satisfechos los presupuestos procesales necesarios para dictar una sentencia de condena; que corresponde al actor acreditar los hechos constitutivos de su acción, y que el estudio que se efectúe puede y debe ser realizado aun de oficio por el juzgador; las referidas tesis pueden consultarse con los números seis y siete, mismas páginas del Tomo IV del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que respectivamente dicen: 'ACCIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA.-La improcedencia de la acción, por falta de uno de sus requisitos esenciales, puede ser estimada por el juzgador, aun de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de las condiciones requeridas para la procedencia de dicha acción.', 'ACCIÓN. FALTA DE PRUEBA DE LA.-Dado que la ley ordena que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción, es indudable que, cuando no los prueba, su acción no puede prosperar, independientemente de que la parte demandada haya o no opuesto excepciones y defensas.'; así como la marcada con el número 2 del Tomo VI del mencionado Apéndice, página 4, que a su vez establece: 'ACCIÓN, NECESIDAD DE SATISFACER LOS PRESUPUESTOS DE LA.-Si las excepciones opuestas por la parte demandada no prosperan, no por esa sola circunstancia ha de estimarse procedente la acción intentada, sino que en el estudio del negocio deben considerarse también, y principalmente, los presupuestos de aquélla, los cuales deben ser satisfechos, so pena de que su ejercicio se considere ineficaz.'.-Todo ello se estima aplicable, en lo conducente, para determinar que una recta interpretación al artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, reformado mediante decreto que entró en vigor a partir del uno de marzo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con los diversos numerales 430 y 443 del referido ordenamiento, de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7509-b5a58424/accion-los-presupuestos-procesales-y-elementos-de-esta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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