ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL CONTADOR PÚBLICO FACULTADO POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO. PARA ESTABLECER SU VINCULACIÓN CON EL CONTRATO O PÓLIZA EN QUE CONSTA EL CRÉDITO, NO SE REQUIERE DE DATO ESPECÍFICO Y DETERMINADO, SINO DE AQUELLOS QUE SEAN SUFICIENTES PARA DEMOSTRARLA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 81/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO (HOY PRIMERO) Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
SECRETARIO: ROBERTO JAVIER ORTEGA PINEDA.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de noviembre de dos mil.
Vistos; para resolver los autos del expediente citado al rubro, relativo a la denuncia de probable contradicción de criterios, entre los sustentados por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito -actualmente Primero- y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante oficio número 322, recibido en fecha ocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, denunció la probable contradicción de criterios, en los términos siguientes:
"Ciudadano presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pino Suárez No. 2, Centro, México, D.F.-El suscrito, Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, residente en la ciudad de Morelia, Michoacán, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el presente, me permito denunciar ante esta Sala, por su digno conducto, lo que estimo constituye una contradicción entre las tesis sustentadas por este cuerpo colegiado y por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.-En efecto, este órgano federal, con fecha nueve de julio del presente año, al resolver el juicio de amparo directo civil número 393/97, promovido por Noemí Pintor como anexo número 1. En la misma se sostiene, conforme al artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, que los contratos o las pólizas en los que se hagan constar los créditos, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por el banco, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito; mas no previene el señalamiento de la totalidad de los deudores, así como el de la fecha de celebración del contrato, como una formalidad que deba revestir ese estado bancario, para que, junto con el contrato de crédito, constituya título ejecutivo, sino sólo que guarde relación con el mismo, lo cual puede obtenerse por la simple confrontación de datos entre uno y otro; de manera que, la ausencia de aquel señalamiento no lo torna inidentificable, si en el estado de cuenta se asientan los datos registrales del contrato de crédito. Y a la vez, se aprobó la tesis de rubro: ‘ESTADO DE CUENTA BANCARIO. SÓLO REQUIERE DATOS QUE LO IDENTIFIQUEN PLENAMENTE CON EL CONTRATO DE CRÉDITO O PÓLIZA DE QUE SE TRATE.’, la cual se adjunta con anexo número 2.-Por su parte, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis de rubro: ‘ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. DEBE REFERIRSE PRECISAMENTE AL CONTRATO DE QUE SE TRATE, ES DECIR QUE DEBE CONTENER DATOS O ELEMENTOS QUE LO IDENTIFIQUEN CON PLENA CERTEZA EL.’, visible en la página 164, Tomo XV-Febrero, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, sustenta el criterio de que tal certificación contable, debe contener como datos o elementos que la identifiquen plenamente con el contrato de crédito que le dio origen, la mención de la totalidad de los deudores y la fecha exacta en que se celebró dicho contrato; lo que no exige el artículo, cuya interpretación pudiera provocar la contradicción de tesis que se denuncia.-Atentamente.-Morelia, Michoacán, a 22 de agosto de 1997.-El Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito.-Lic. Víctor Ceja Villaseñor."
SEGUNDO.-El entonces Ministro presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y siete, ordenó formar y registrar con el número 81/97, el expediente relativo a la probable contradicción de tesis denunciada, así como requerir al Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito -antes único-, para que remitiera copia certificada de la sentencia emitida en el juicio de amparo directo número 683/94 y de aquellas otras en las que hubiese sostenido el mismo criterio.
La solicitud que antecede se desahogó por oficio número 4593, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el veinticuatro de octubre del mismo año, mediante el cual, el secretario de tribunal en funciones de secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, remitió copia certificada de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo directos números 683/94, 568/95, 569/95, 1123/96 y 1126/96.
TERCERO.-Una vez integrado el presente asunto, en auto de Presidencia de esta Sala, de tres de noviembre siguiente, se mandó dar vista al procurador general de la República -quien no formuló opinión alguna-; y en diverso emitido el día catorce de enero de mil novecientos noventa y ocho, la actual Presidencia ordenó turnar los autos para su estudio y emisión del proyecto de resolución, a la ponencia del señor Ministro Juventino V. Castro y Castro.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo Plenario 1/1997, de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la probable contradicción de tesis a que este toca se refiere, toda vez que en ella, dos Tribunales Colegiados de Circuito sostienen criterios diferentes respecto de un planteamiento jurídico relacionado con la materia civil.
SEGUNDO.-Las ejecutorias pronunciadas por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, hoy Primer Tribunal Colegiado del circuito referido, en los juicios de amparo directo 683/94, 568/95, 569/95, 1123/96 y 1126/96, en la parte relativa a la temática de contradicción establecen, respectivamente, lo siguiente:
1. Amparo directo 683/94, promovido por Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, resuelto en sesión de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro:
"CONSIDERANDO: ... CUARTO.-Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, son infundados.-En efecto, contrariamente a lo expresado por la parte peticionaria de garantías, el contrato de apertura de crédito con garantía prendaria, la certificación contable emitida por el contador autorizado por la institución bancaria y el pagaré suscrito por los deudores conforme a la cláusula segunda del contrato de referencia, no constituyen título ejecutivo, en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, porque el estado de cuenta certificado no se identifica con el contrato de crédito aportado, pues en tanto este último se refiere a una operación de apertura de crédito con garantía prendaria, celebrado entre Banco Nacional de México, S.A., y Abraham López Maza y María del Socorro Guillén Ramírez, por la cantidad de $63’000,000.00 (sesenta y tres millones de pesos 00/100 M.N.), o su equivalente, conforme a la nueva unidad monetaria en vigor, suscrito el día diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y dos, la certificación contable suscrita por Everardo López Viza, funcionario de la institución bancaria autorizado para ello, mencionó que en los libros contables de la misma, aparece la cantidad de N$63,416.43 (sesenta y tres mil cuatrocientos dieciséis nuevos pesos 43/100 M.N.), como saldo total del adeudo al siete de octubre de mil novecientos noventa y tres, proveniente del contrato de apertura de crédito prendario que se celebró entre Abraham López Maza y la institución quejosa; luego entonces, si conforme al artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, los contratos en que se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por el acreditante, serán títulos ejecutivos sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito, es lógico y jurídico, que el estado de cuenta certificado de referencia, debe referirse precisamente al contrato de que se trata, o sea, que contenga datos o elementos que lo identifiquen con plena certeza, que el juzgador pueda determinar, sin lugar a dudas, de que se trata de un mismo crédito y no de uno diverso; y, por tanto, si como en la especie, aun cuando el estado de cuenta de mérito se refiere a un mismo tipo de operación, no mencionó a la totalidad de los deudores y se asentó una fecha diversa a la de su celebración, es evidente que no existen elementos suficientes para estimar que en el caso concreto, el estado de cuenta certificado se refiere, precisamente, al contrato de apertura de crédito con garantía aportado y sin que tenga trascendencia alguna, la circunstancia de que la fecha citada en la certificación contable antes mencionada, es la del pagaré mercantil suscrito por los deudores, en cumplimiento a la cláusula segunda de dicho contrato, porque el mismo fue suscrito con el único fin de documentar la disposición del crédito otorgado; y por ende, no es sino constancia de recepción de la ministración por el crédito otorgado, razón por la cual, los datos contenidos en el mismo no pueden servir de base para realizar la certificación contable de que se trata, ya que no son éstos los que legitiman en la causa a las partes en el juicio; de ahí, que el proceder de la Sala ad quem, en tal aspecto es correcto, sin que se advierta la indebida aplicación de las normas secundarias invocadas ..."
2. Amparo directo 568/95, promovido por Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, resuelto el siete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco:
"CONSIDERANDO: ... CUARTO.-Los conceptos de violación contenidos en la demanda de garantías, son infundados.-En efecto, contrariamente a lo sostenido por el quejoso, debe decirse que la responsable estuvo en lo correcto al considerar que el contrato de apertura de crédito simple con cláusula de adhesión y la certificación contable, en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, no se encuentran plenamente identificados y que, por tanto, los documentos exhibidos no son títulos ejecutivos, toda vez que de conformidad con el citado artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, los contratos en que se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones crediticias, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado para ello, serán títulos ejecutivos sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito; pero es necesario que éstos se encuentren plenamente identificados, es decir, que deben contener datos o elementos que los identifiquen con plena certeza, para que el órgano jurisdiccional esté en aptitud de determinar, sin lugar a dudas, que se trata de un mismo crédito y no de otro diverso; de ahí, que si el contrato es de apertura de crédito simple con cláusula de adhesión y el estado de cuenta se refiere al tipo de crédito 1305 créditos simples y no menciona a la totalidad de los deudores, ya que el contrato en comento señala a Filiberto Cruz Rodríguez y Luz Patricia Reyes Domínguez, como deudores y como aval, a la señora Eva Rodríguez López y en el estado de cuenta únicamente menciona a Cruz Rodríguez Filiberto, asentándose, además, una fecha diferente a la de la celebración, ya que en el contrato se asienta diez de julio de mil novecientos noventa y dos y en el estado de cuenta relativo, se tiene como fecha de otorgamiento, quince de julio de mil novecientos noventa y dos; en tales condiciones, es evidente que no existen elementos suficientes para estimar que el susodicho estado de cuenta certificado, se refiere precisamente al contrato de apertura de crédito simple con cláusula de adhesión y, por tanto, no es título ejecutivo, como acertadamente lo señala la Sala Civil responsable, sin que tenga ninguna trascendencia la exhibición del pagaré a que se refiere el peticionario de garantías, en virtud de que éste fue suscrito con el único fin de documentar la disposición del crédito otorgado; y por tanto, no es más que constancia de recepción de la ministración por el crédito otorgado, razón por la cual los datos contenidos en el mismo, no pueden servir de base para realizar la certificación contable en comento, ya que no son éstos los que legitiman en la causa a las partes en el juicio.-Resulta aplicable en la especie, el criterio sostenido por este propio Tribunal Colegiado, al resolver, por unanimidad de votos, en sesión de fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, el amparo directo 683/94, promovido por Banco Nacional de México, S.A. y que a la letra dice: ‘ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. DEBE REFERIRSE PRECISAMENTE AL CONTRATO DE QUE SE TRATE, ES DECIR QUE DEBE CONTENER DATOS O ELEMENTOS QUE LO IDENTIFIQUEN CON PLENA CERTEZA EL.’ (se transcribe).-De ahí que resultan inaplicables los criterios invocados por el quejoso ..."
3. Amparo directo 569/95, promovido por Banco Nacional de Comercio Interior, Sociedad Nacional de Crédito, resuelto el once de enero de mil novecientos noventa y seis:
"CONSIDERANDO: ... CUARTO.-Son infundados los conceptos de violación que expresa el quejoso.-En efecto, carece de razón el impetrante del amparo por cuanto alega una inexacta aplicación de los artículos 1324, 1327 y 1084 del Código de Comercio y 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues pretende, por una parte, que el certificado de adeudo exhibido en el juicio natural se relaciona con el contrato de apertura de crédito simple, suficientes para la procedencia del juicio ejecutivo mercantil, estimando que la omisión de la totalidad de los nombres de los deudores en el aludido certificado, razonamiento en que se apoyó el Juez natural y la Sala ad quem para considerar improcedente la vía ejecutiva, resulta intrascendente, por tratarse de un argumento endeble, dado que, además de los aludidos documentos, se exhibió el pagaré respectivo en el que constan los nombres de los deudores y avalista y que, en todo caso, dicho pagaré sustituye a la certificación contable, documentos que, presentados como base de la acción, constituyen título ejecutivo; al respecto debe decirse, que contrario a lo que alega el promovente del juicio no existe la inexacta aplicación de los preceptos legales a que alude y, por ende, la Sala responsable estuvo en lo correcto al confirmar la sentencia de primer grado, misma que, además de encontrarse fundada en preceptos legales aplicables al caso controvertido, toma en consideración las circunstancias del caso, ocupándose de las acciones deducidas, pues del meticuloso análisis de las constancias enviadas por la responsable, en apoyo a su informe justificado, mismas que se valoran en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se advierte que en el último párrafo de la cláusula décima primera del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, celebrado entre la institución de crédito quejosa y Honorio Espinosa Peña y Elvira Gutiérrez Ovando, como deudores principales y María Margoth Ovando, como garante hipotecaria, deudora solidaria y aval, se convino expresamente, en que el aludido contrato, junto con el estado de cuenta certificado por el contador facultado por la institución bancaria, sería título ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firmas ni de ningún otro requisito, amén de que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, lo establece expresamente y como el estado de adeudo que la actora adjuntó como documento base de la acción, únicamente aparece como deudora Elvira Gutiérrez Ovando, es claro que dicho certificado no se encuentra debidamente relacionado con el contrato de apertura de crédito por no contener la totalidad de los nombres de los deudores, situación que priva de ejecutividad a dichos documentos y en esa medida, la ad quem resuelve con acierto, al confirmar la sentencia de primera instancia que declaró improcedente el juicio ejecutivo mercantil, habida cuenta que si el estado de cuenta no contiene los datos o elementos que lo identifiquen con plena certeza con el contrato de que se trata, es inconcuso que no se satisface la hipótesis a que se refiere el aludido numeral 68 de la Ley de Instituciones de Crédito y en esas condiciones, el juicio ejecutivo mercantil que se promueve, apoyado en los documentos referidos, resulta improcedente, sin que sea de tomarse en consideración lo alegado por el impetrante del amparo, en el sentido de que el pagaré que también exhibió como prueba, sustituye a la certificación del contador autorizado por la certificación bancaria, toda vez que, si bien en dicho documento constan los nombres de los deudores y avalista, la fecha de apertura del crédito y el monto de la operación; sin embargo, el pagaré no puede sustituir al estado de adeudo, dado que, por una parte, aquel documento sirvió únicamente para documentar la disposición del crédito otorgado, además de que no contiene el desglose de los movimientos que originaron el saldo cuyo cobro se pretende y, por otra parte, de admitirse lo contrario, se contravendría lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, además de que se estaría en contra de lo expresamente pactado por las partes en el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, en la cláusula décima primera, último párrafo. Al respecto, es aplicable el criterio sostenido por este Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver, en sesión de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, el amparo directo número 683/94, promovido por Banco Nacional de México, S.A. y que a la letra dice: ‘ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. DEBE REFERIRSE PRECISAMENTE AL CONTRATO DE QUE SE TRATE, ES DECIR QUE DEBE CONTENER DATOS O ELEMENTOS QUE LO IDENTIFIQUEN CON PLENA CERTEZA EL.’ (se transcribe).-No pasa desapercibido para este tribunal, lo alegado por el quejoso en el sentido de que la Sala responsable suplió oficiosamente la falta de motivación en la resolución de primera instancia; tal concepto deviene infundado, dado que, con independencia de los demás datos que cita la ad quem y que no identifican al certificado de adeudo con el contrato de origen, basta que en aquél se omitan asentar los nombres de la totalidad de los deudores para considerar que no existe plena identificación entre ambos documentos y, por ende, no pueden ser suficientes para promover el juicio ejecutivo mercantil; de ahí, que no se advierta la indebida suplencia de motivación alegada. ..."
4. Amparo directo 1123/96, promovido por Banco del Atlántico, Sociedad Anónima, resuelto el veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete:
"CONSIDERANDO: ... CUARTO.- ... Los conceptos de violación que formula la parte quejosa, son infundados.-En primer término, debe decirse que para revocar la Sala responsable la sentencia definitiva pronunciada el nueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, por el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, en el juicio ejecutivo mercantil 370/95, consideró, esencialmente, lo siguiente: ... 4) Que es menester que además del contrato en el que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorgan las instituciones bancarias para que los estados de cuenta expedidos por el contador facultado para ello, constituyan títulos de crédito, deben contener un desglose detallado de las operaciones que generaron el saldo que certifica, comprendiendo los abonos y adeudos correspondientes, pues de lo contrario, el demandado o demandados quedan en estado de indefensión frente a las reclamaciones del banco acreedor, al no estar en posibilidades de preparar adecuadamente su defensa por el desconocimiento que originaron el saldo, cuyo cobro se pretende. ... Por su parte, el quejoso sostiene, en sus conceptos de violación, básicamente, lo siguiente: ... b) Que la Sala establece una errónea interpretación del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, porque en el estado de cuenta que corre agregado, se aprecia el desglose efectuado por el contador de la institución, en donde se refleja el tipo de crédito, el adeudo que se les reclama a los deudores, se calcula el capital vigente, el capital vencido e intereses normales y moratorios, las fechas de las amortizaciones adeudadas, la tasa porcentual y el número de días transcurridos que arrojaron el monto de los intereses normales; lo que deja, sin lugar a dudas, que se trata del mismo crédito que se les otorgó a los demandados. ... e) Que la responsable evade la impartición de justicia, porque sostiene, que en el estado de cuenta únicamente aparece el nombre de uno de los deudores, pero que consta en autos que la litis se entabló con los demandados Félix Fermín Rodríguez Pastrana y Gloria Aurora Clemente Carpio, quienes comparecieron a juicio e hicieron suyos el adeudo reclamado y, principalmente, en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. ... En este contexto, por principio de cuentas, debe decirse ... Por otra parte, en cuanto se refiere a los motivos de disconformidad contenidos en los apartados b), c), d), e) y f), tendientes a demostrar que el estado de cuenta expedido por el contador de su representada en el juicio natural, constante a fojas 23 a 25 del expediente del juicio natural, se encuentra ajustado a los lineamientos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, porque considera que con los elementos de prueba existentes en autos, se encuentra demostrado que el adeudo que se señala en el certificado correspondiente, es el mismo crédito que se otorgó a los demandados, devienen infundados.-En efecto, en primer término, debe establecerse que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito dispone, en lo conducente, que: ‘Los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito. ...’.-En estas condiciones, con independencia de que, como lo señala el quejoso, en el estado de cuenta se encuentran asentados el adeudo reclamado, el capital vigente, el capital vencido, los intereses normales y moratorios, las fechas de las amortizaciones adeudadas, la tasa porcentual y el número de días transcurridos; que en la cláusula séptima del contrato de crédito refaccionario se asentara que los intereses no pagados se capitalizarían y que los demandados hayan comparecido a juicio e hicieran suyo el adeudo reclamado; el referido contrato, la certificación contable emitida por el contador autorizado por la institución bancaria y los pagarés suscritos por los deudores conforme a la cláusula segunda del contrato de referencia, no constituyen título ejecutivo en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, porque el estado de cuenta certificado, como acertadamente lo señaló la Sala responsable, no se identifica con el contrato de crédito aportado, pues en tanto este último se refiere a un contrato de apertura de crédito refaccionario, celebrado entre Banco del Atlántico, Sociedad Anónima y Fermín Rodríguez o Fermín Rodríguez Pastrana o Félix Fermín Rodríguez Pastrana y Gloria Aurora Clemente Carpio de Rodríguez o Gloria Clemente Carpio de Rodríguez, por la cantidad de N$550,000.00 (quinientos cincuenta mil nuevos pesos), suscrito el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y tres, en la certificación contable suscrita por Javier Flores López, funcionario de la institución bancaria autorizado para ello, mencionó que se trata de un crédito ganadero, aparece la cantidad de N$550,000.00 (quinientos cincuenta mil nuevos pesos), como adeudo al veintidós de junio de mil novecientos noventa y cinco y como deudor, únicamente a Félix F. Rodríguez Pastrana; luego entonces, si conforme al artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, los contratos en que se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por el acreditante, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito, es lógico y jurídico que el estado de cuenta certificado de referencia debe referirse, precisamente, al contrato de que se trate, o sea, que contenga datos o elementos que lo identifiquen con plena certeza para que el juzgador pueda determinar, sin lugar a dudas, que se trata de un mismo crédito y no de uno diverso y, por tanto, si como en la especie no se señaló con precisión el tipo de operación que se celebró, no mencionó a la totalidad de los deudores y se asentó una fecha diversa a la de su celebración, es evidente que no existen elementos suficientes para estimar que, en el caso concreto, el estado de cuenta certificado se refiere precisamente al contrato de apertura de crédito refaccionario aportado; luego entonces, como se dijo, los motivos de inconformidad alegados por el impetrante del amparo son infundados en la medida que con las omisiones destacadas, resulta insuficiente para estimar que en sí misma, cumpla con los requisitos legales de un estado de cuenta, que conjuntamente con el contrato de apertura de crédito pueda constituir un título ejecutivo, en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito.-Es aplicable al caso, la tesis publicada en la página 672 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, agosto de 1996, cuyo texto dice: ‘ESTADO DE CUENTA. NO CONSTITUYE TÍTULO EJECUTIVO, CUANDO NO EXISTE IDENTIDAD ENTRE LA PERSONA QUE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO Y AQUELLA QUE APARECE COMO DEUDOR EN EL CERTIFICADO DE ADEUDO.’ (se transcribe).-También resulta aplicable, la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, al resolver el juicio de amparo directo 683/94, promovido por el licenciado Ernesto José Gutiérrez Bustamante, en su carácter de apoderado general de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima y que atinadamente aplicó la Sala responsable, cuyo rubro dice: ‘ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. DEBE REFERIRSE PRECISAMENTE AL CONTRATO DE QUE SE TRATE, ES DECIR QUE DEBE CONTENER DATOS O ELEMENTOS QUE LO IDENTIFIQUEN CON PLENA CERTEZA EL.’."
5. Amparo directo 1126/96, promovido por Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, resuelto el diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete:
"CONSIDERANDO: ... CUARTO.-... Los conceptos de violación que formula la parte quejosa, son infundados. ... Por otra parte, en cuanto se refiere a los motivos de disconformidad contenidos en los apartados b), c), d), e) y f), tendientes a demostrar que el estado de cuenta expedido por el contador de su representada, en el juicio natural, constante a foja 37 del expediente del juicio natural, se encuentra ajustado a los lineamientos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, porque considera que con los elementos de prueba existentes en autos, se encuentra demostrado que el adeudo que se señala en el certificado correspondiente, es el mismo crédito que se otorgó a los demandados, devienen infundados.-En efecto, en primer término, debe establecerse que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, dispone, en lo conducente, que: ‘Los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito. ...’.-En estas condiciones, con independencia de que, como lo señala el quejoso, en el estado de cuenta se encuentran asentados el adeudo reclamado, el capital vigente, el capital vencido, los intereses normales y moratorios, las fechas de las amortizaciones adeudadas, la tasa porcentual y el número de días transcurridos y que las demandadas hayan comparecido a juicio e hicieran suyo el adeudo reclamado, el referido contrato, el convenio modificatorio y la certificación contable emitida por el contador autorizado por la institución bancaria, no constituyen título ejecutivo, en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, porque en el estado de cuenta certificado, como acertadamente lo señaló la Sala responsable, no se identifica con el contrato de crédito aportado, ni con el convenio modificatorio (fojas 11 a 36 del expediente del juicio natural), pues en tanto en éstos, se refieren a un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, celebrado entre Banco Nacional de México, Sociedad Anónima y Carmen Ovando Hernández Viuda de Cernuda y María Teresa Cernuda Ovando, hasta por la cantidad de N$60,000.00 (sesenta mil nuevos pesos), suscrito el diez de febrero de mil novecientos noventa y tres, en la certificación contable suscrita por Óscar López Maza, funcionario de la institución bancaria autorizado para ello, aparece la cantidad de N$79,287.13 (setenta y nueve mil doscie
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7349-5690b123/estado-de-cuenta-certificado-por-el-contador-publico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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