PRUEBAS OFRECIDAS O ANUNCIADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL AUTO DE LOS JUECES DE DISTRITO POR EL QUE ORDENAN SU PREPARACIÓN Y DESAHOGO, EXCEPCIONALMENTE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA, SIEMPRE Y CUANDO PUEDAN CAUSAR UN DAÑO O PERJUICIO TRASCENDENTE, GRAVE Y DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA; LO QUE EN CADA CASO DEBERÁ DETERMINAR EL TRIBUNAL COLEGIADO COMPETENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/85. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
SECRETARIO: ROBERTO JAVIER ORTEGA PINEDA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cinco de octubre de dos mil.
Vistos; para resolver, los autos del expediente citado al rubro, relativo a la probable contradicción de criterios entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con sede en México, Distrito Federal, y el Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito con residencia en Veracruz, Veracruz, al resolver, respectivamente, los recursos de queja administrativa números 32/84 y 30/83, dando origen este último a la tesis número 13, de rubro: "PRUEBAS. AUTO QUE LAS ADMITE. QUEJA IMPROCEDENTE.", visible a páginas 294, Tercera Parte, del Informe de labores rendido por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al año de 1983; denunciada por el Magistrado presidente del órgano jurisdiccional citado en primer término; y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fecha veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunció la probable contradicción de criterios entre los sostenidos por ese órgano jurisdiccional, con residencia en México, Distrito Federal, y el Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, residente en la ciudad de Veracruz, Veracruz, en los términos siguientes:
"H. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.-En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo punto decisorio en la ejecutoria pronunciada en el expediente QA. 32/84, Alfonso Murillo Guerrero, titular de la Jefatura de Servicios Técnicos del IMSS y otro, remito a esa honorable Sala, constante en siete fojas útiles, testimonio del mencionado fallo, en el cual se denuncia contradicción de tesis con el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, al resolver la queja 30/83, Antonio Gálvez Aguilar, visible en la página 294, Tercera Parte del Informe correspondiente al año de 1983, que dice: ‘PRUEBAS. AUTO QUE LAS ADMITE. QUEJA IMPROCEDENTE.-El acuerdo mediante el cual el Juez de Distrito admite pruebas, no es recurrible en queja conforme al artículo 95 fracción VI, de la Ley de Amparo, porque si bien contra el mismo no procede el recurso de revisión, no es de los que causan al recurrente un daño o perjuicio no reparable en la sentencia, por lo que la queja es improcedente contra dicho acuerdo, dado que no será sino hasta que se dicte el fallo correspondiente en el juicio de amparo y en él se haga una indebida o ilógica valoración de las pruebas o se tomen en cuenta elementos de convicción que no deban justipreciarse, por impedirlo algún dispositivo legal, cuando se cause el agravio consiguiente, que podrá impugnarse mediante el recurso procedente.’.-México, D.F., a 7 de enero de 1985.-Atentamente.-El presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ..."
Al escrito de denuncia transcrito, se anexó copia certificada de la sentencia emitida en fecha quince de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el expediente de queja administrativa número 32/84, en el que se contiene su criterio.
SEGUNDO.-El Ministro presidente de la entonces Segunda Sala de este Alto Tribunal, en auto de veinticinco de abril de mil novecientos ochenta y cinco, ordenó formar y registrar bajo el número 1/85 el expediente relativo y solicitar al presidente del Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, que remitiera copia certificada de la resolución dictada en el recurso de queja número 30/83; lo que se desahogó a través del oficio número 2591, recibido en la oficina de certificación judicial y correspondencia, el día veinte de mayo del mismo año.
Con motivo de lo anterior y al considerar integrado el expediente, en proveído dictado el día diecinueve de agosto del mismo año, la Segunda Sala se abocó al conocimiento del asunto y dio la intervención correspondiente al procurador general de la República -quien opinó que debe prevalecer el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito-; y en diverso de cuatro de septiembre siguiente, fueron turnados los autos a la ponencia del Ministro Atanasio González Martínez.
TERCERO.-Por acuerdo de presidencia de la anterior Segunda Sala, de fecha dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta y nueve y por considerarse indispensable para la resolución del asunto, se mandó solicitar al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, enviara los autos del juicio de amparo número 1206/83, relacionado con el expediente de queja número 30/83; lo que se cumplimentó a través del ocurso número 26729, recibido en la oficina de certificación judicial y correspondencia el veintinueve de junio del citado año.
CUARTO.-Previo dictamen del Ministro Atanasio González Martínez, en el que refirió que en sesión pública de la Segunda Sala -celebrada el día veintidós de abril de mil novecientos noventa y dos- se acordó el envío del asunto para el conocimiento del Tribunal Pleno, la presidencia de dicha Sala, en proveído de veintisiete del mismo mes y año, procedió a realizar el trámite de baja y consecuente envío.
QUINTO.-El entonces Ministro presidente de este Máximo Cuerpo Colegiado del país, en auto dictado el seis de mayo de mil novecientos noventa y dos, ordenó el returno del asunto, con el mismo número, a la ponencia del Ministro Atanasio González Martínez, para dar cuenta con él en el Tribunal Pleno.
SEXTO.-En sesión del Pleno de este Alto Tribunal celebrada en fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y dos, se dio cuenta con un proyecto del negocio, resolviéndose lo siguiente:
"... Puesto a votación el proyecto, se desechó por mayoría de dieciséis votos de los Ministros De Silva Nava, Magaña Cárdenas, Lanz Cárdenas, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gil de Lester, Moreno Flores, García Vázquez, Azuela Güitrón, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y presidente Schmill Ordóñez; los señores Ministros González Martínez y Villagordoa Lozano, votaron en favor del proyecto.-El señor Ministro ponente González Martínez, manifestó que las consideraciones de su proyecto constituirán su voto particular.-El señor Ministro Azuela Güitrón sugirió que se formule la tesis correspondiente.-El Tribunal Pleno acordó que se remitan los autos a la Subsecretaría de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia, para su returno ..."
Así las cosas, por acuerdo de Presidencia, de diez de septiembre de mil novecientos noventa y dos, fueron turnados los autos a la ponencia del señor Ministro Luis Fernández Doblado.
SÉPTIMO.-Con motivo de la nueva integración de este Máximo Cuerpo Colegiado del país, mediante auto de Presidencia de veinte de febrero de mil novecientos noventa y cinco, el presente asunto se turnó a la ponencia del señor Ministro Juventino V. Castro y Castro.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la probable contradicción de tesis a que este toca se refiere, toda vez que en ella, dos Tribunales Colegiados de Circuito sostienen criterios diferentes respecto de un planteamiento jurídico, que por razón de materia no es de la competencia exclusiva de alguna de las Salas, pues versa sobre el tema común y general del juicio de garantías, relativo a determinar, si en contra del auto que admite pruebas, procede o no el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la ley de la materia.
Cobra aplicación, en lo conducente, la siguiente tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: X, diciembre de 1999
"Tesis: P./J. 136/99
"Página: 5
"COMPETENCIA EN CONTRADICCIÓN DE TESIS EN MATERIA COMÚN. CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS.-El artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente a partir del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, no debe interpretarse en el sentido de que la competencia de cada una de las Salas de la Suprema Corte para conocer de las denuncias de contradicción de tesis que en amparos sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, debe determinarse atendiendo a la materia del amparo, sino que debe hacerse en relación con los criterios que entran en contradicción al resolverse. Por razones de la especialidad, compete a las Salas conocer de las contradicciones cuando ambos criterios encontrados se sustentan sobre temas de su especialidad, pero no cuando se establezcan criterios contradictorios sobre otra clase de cuestiones, aunque se den en amparos cuyas materias les compete. Si los criterios en contradicción no caen dentro de la misma competencia especializada de la Sala, sino que se refieren a la materia común, la especialidad de la Sala no justifica la competencia para conocer de este tipo de contradicciones, además de que se abriría la posibilidad de una nueva contradicción entre los criterios que, al respecto, llegaran a sustentar las Salas al resolverlas, con lo que no se superaría la inseguridad jurídica que trata de resolverse mediante la denuncia de contradicción. Por ello, de conformidad con lo previsto por el artículo 10, fracción VIII, de la ley orgánica citada, corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer y resolver las contradicciones de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito sobre cuestiones que ‘no sean de la competencia exclusiva de las Salas’.
"Contradicción de tesis 21/94. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 2 de marzo de 1995. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.
"Contradicción de tesis 28/93. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 23 de enero de 1996. Once votos. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Contradicción de tesis 18/95. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 20 de enero de 1997. Once votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela.
"Contradicción de tesis 18/97. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo Noveno Circuito. 4 de noviembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan José Franco Luna.
"Contradicción de tesis 19/95. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 23 de marzo de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciséis de noviembre en curso, aprobó, con el número 136/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve."
En otro orden de ideas, es oportuno mencionar, que no es obstáculo para entrar al análisis de la probable contradicción de tesis, la presunción concerniente a tener por resuelta dicha controversia, derivada del hecho consistente en que en sesión celebrada en fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y dos, por el anterior Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de dieciséis votos en contra de dos, formulados por los señores Ministros integrantes, se determinara desechar el proyecto que proponía, en síntesis, que debía "prevalecer el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en el Distrito Federal, que considera que contra el acuerdo que admite pruebas procede el recurso de queja, previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo"; y que con motivo de ello, se ordenase la remisión de los autos a la Subsecretaría de Acuerdos para su returno; aunado a las circunstancias de que el entonces Ministro ponente Atanasio González Martínez, expresara que las consideraciones de su proyecto constituirían su voto particular y que el Ministro Azuela Güitrón, sugiriese la formulación de la tesis correspondiente -cuestiones estas no desahogadas en autos-.
Lo anterior es así, dado que este Tribunal Pleno considera que por virtud, precisamente, del desechamiento decretado, en el negocio no se ha resuelto materialmente, por un lado, la existencia o no del conflicto; por el otro y de ser el caso, el tema fundamental de la contradicción de criterios; y finalmente, tampoco se ha sustentado la tesis que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia -como efecto implícito en este tipo de asuntos-.
En el contexto que antecede, es válido concluir, que la actual integración del Pleno de este Máximo Órgano Colegiado del país, actúa con plena libertad de decisión; de modo que, en forma alguna, se encuentra sujeto a criterios sostenidos con anterioridad.
SEGUNDO.-Previamente al análisis de la cuestión fundamental, resulta pertinente, en primer término, determinar si la presente denuncia de probable contradicción de criterios, fue hecha valer por parte legítima; y en segundo, si en la especie se actualizan o no los presupuestos para la procedencia de una controversia de tal naturaleza, para en su caso, estar en aptitud de establecer qué criterio debe prevalecer con carácter de tesis jurisprudencial.
Para tales efectos, es menester tomar en consideración lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos tenores literales expresan:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
Ley de Amparo:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. ..."
De la interpretación armónica de las transcripciones precedentes, se puede concluir, en primer orden, que la denuncia de probable contradicción de criterios a que este toca se refiere proviene de parte legítima, toda vez que la formula el Magistrado presidente de uno de los órganos jurisdiccionales que conocieron de los asuntos en los que las tesis se sustentaron, a saber, el del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, habiéndola realizado en los términos que quedaron anotados en el primer resultando de esta resolución.
En segundo orden, se logra advertir, que para la existencia de un conflicto de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados de Circuito, materia de estudio de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tendrá por objeto decidir qué tesis debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, deben concurrir los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
En el caso específico se cumple con los requisitos mencionados; circunstancia que conduce a determinar que sí existe contradicción de criterios, entre los sustentados por los Tribunales Colegiados del Séptimo Circuito -residente en Veracruz, Veracruz, por un lado- y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito -con sede en México, Distrito Federal, por el otro-.
Se llega a la anterior determinación, al destacar el sentido de los razonamientos jurídicos sustentados por ambos órganos jurisdiccionales federales, dentro de las resoluciones que dieron origen a los criterios que, se estima, se contraponen:
En lo referente al criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se logra advertir:
Que en fecha quince de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, por unanimidad de votos, resolvió el expediente de queja administrativa número 32/84, interpuesto por el titular de la Subdirección Técnica y el tesorero general -ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social-, en contra del acuerdo dictado el día cinco de enero del mismo año, por el Juez Primero de Distrito del Distrito Federal en Materia Administrativa, en los autos del juicio de amparo 439/83; recurso que se declaró procedente pero infundado, al tenor de las consideraciones que literalmente expresan:
"PRIMERO.-Este Tribunal Colegiado es competente para conocer del presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, fracción VI y 99 de la Ley de Amparo y 7o. bis, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.-Por otra parte, cabe decir que el presente recurso de queja es procedente de acuerdo a lo que establece el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en contra del acuerdo reclamado al que se le imputa la violación de haber admitido la prueba pericial sin que se hubiera ofrecido conforme a los requisitos que establece el artículo 151 de la propia ley, puesto que de no cumplirse con ello resultaría ocioso, lo que traería como consecuencia un daño o perjuicio al recurrente que solamente sería reparable en este recurso, ya que de las fracciones enumeradas en el artículo 83, de la propia Ley de Amparo, no se advierte que sea el recurso de revisión el que proceda en el caso. El anterior criterio encuentra su apoyo en la tesis relacionada con la jurisprudencia No. 142, visible en la página 249 de la parte común al Pleno y a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años de 1917 a 1975, que a la letra dice: ‘QUEJA EN AMPARO, PROCEDENCIA DE LA, CONTRA LA ILEGAL RECEPCIÓN DE PRUEBAS.’ (transcribe).-Además, cabe agregar que la transgresión apuntada no es reparable en sentencia, porque para ello es necesario, en primer lugar, la admisión y desahogo de la prueba y, posteriormente, la valoración de la misma en la sentencia, lo cual es contrario al principio de economía procesal, ya que contra la indebida admisión de la prueba pericial, basta la interposición de la queja contra esa violación, que tramitar todo un procedimiento y llegar a la sentencia para determinar esa ilegalidad, lo cual es contrario al principio mencionado, máxime que el daño ocasionado al recurrente, consistente en haberse admitido indebidamente la prueba de referencia y esperar el dictado de la sentencia para apreciar la violación indicada, es incorrecto, porque el procedimiento termina con la citación para sentencia, además de que los Jueces no están facultados para reparar en sentencias violaciones procesales, todo lo cual violaría la preclusión de los actos procesales y con ello el diverso principio consistente en que los Jueces no pueden revocar sus propias determinaciones, como lo ha sostenido este Tribunal Colegiado en la tesis visible en la página 75, Tercera Parte, del Informe rendido por el C. Presidente de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al finalizar el año de 1983, bajo la voz: ‘REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. NO FACULTA A LOS JUECES PARA REVOCAR SUS DETERMINACIONES.’.-En consecuencia, debe concluirse que el recurso de queja a que se refiere la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, resulta procedente contra los acuerdos que admiten pruebas, máxime si existe criterio reiterado de que dicho recurso procede contra el acuerdo desechatorio de pruebas, lo que es en todo caso, acorde al principio de igualdad procesal.-No pasa inadvertido para este tribunal, la circunstancia de que el Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, ha sostenido criterio contrario al sentido del presente fallo, en la tesis No. 13, visible en la página 294, Tercera Parte, del Informe rendido al más Alto Tribunal, por su presidente, al terminar el año de 1983, bajo la voz: ‘PRUEBAS. AUTO QUE LAS ADMITE. QUEJA IMPROCEDENTE.’.-En tales condiciones, con fundamento en el artículo 195 bis de la Ley de Amparo, debe denunciarse la contradicción de criterios ante la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que decidan cuál de ellos debe prevalecer.-SEGUNDO.-El acuerdo impugnado es del tenor siguiente: ‘México, Distrito Federal, a cinco de enero de mil novecientos ochenta y cuatro.-Agréguense los oficios con que se dio cuenta para que surtan los efectos legales a que haya lugar, en los que rinden sus informes justificados las autoridades señaladas como responsables; con el contenido de los mismos, dése vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. Y en tanto, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y se fijan las diez horas con cincuenta minutos del día primero de marzo próximo, para que la misma se celebre. Agréguese, asimismo, el escrito que presenta el apoderado de la parte quejosa, mediante el cual, anuncia prueba pericial; tomando en consideración que esta prueba se anunció en escrito de 7 de diciembre, téngase por hecha en tiempo y, a efecto de dar el trámite a dicha probanza, requiérase a la parte quejosa a fin de que dentro del término de 3 días informe a este tribunal sobre qué materia debe ser el perito para el desahogo de dicha probanza.-Notifíquese personalmente a la parte quejosa.-Lo proveyó y firma el C. Licenciado Carlos A. Soto Villaseñor, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Doy fe.’.-TERCERO.-Los recurrentes hacen valer los siguientes agravios: ‘Violación al artículo 151 de la ley de la materia y los artículos 143, 146 y 198 del Código Federal de Procedimientos Civiles; en efecto, la resolución motivo de la queja viola en perjuicio de nuestra parte las disposiciones señaladas, por virtud de que el Juez del conocimiento debió desechar la prueba anunciada por no haber sido ofrecida conforme a derecho.-De la interpretación del artículo 151, se llega a la conclusión de que aunque tenga que rendir prueba pericial para acreditar algún hecho, deberá anunciarla con cinco días de anticipación al señalado para la audiencia. Asimismo, imperativamente determina como requisito la exhibición del cuestionario para los peritos, y la exhibición de una copia del mismo para cada una de las partes, a fin de poder formular o adicionar puntos de controversia.-En el caso, el anunciante omite no sólo la exhibición del cuestionario, sino más aún, omite mencionar la ciencia o el arte sobre la que versará la prueba pericial, impidiendo que nuestra representación pudiera preparar la defensa de sus intereses y por tanto colocándola en estado de indefensión, lo cual es contrario al orden jurídico.-Es criterio sustentado por la H. Suprema Corte de Justicia, que se puede requerir a la parte oferente de una prueba anunciada la exhibición de las copias; sin embargo, nuestro Máximo Tribunal ha estimado que ante una incorrecta anunciación u ofrecimiento, la prueba deberá desecharse cuando se hace incorrectamente, pues en este caso las exigencias del artículo 151 de la Ley de Amparo, resultarían ociosas y su contenido letra muerta y con el grave y trascendente efecto de dejar a una de las partes en completo estado de indefensión al no poder adicionar el cuestionario materia de la prueba.-En apoyo de lo anterior, se cita el siguiente criterio: «PRUEBA PERICIAL, OFRECIMIENTO DE LA.» (transcribe).-Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 38, Quinta Parte, Cuarta Sala, página 45.-Analógicamente resulta (sic) aplicables los siguientes criterios: «PRUEBA TESTIMONIAL EN EL AMPARO, INCORRECTO ANUNCIO DE LA. FALTA DE COPIAS DE INTERROGATORIOS.» (transcribe).-Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito. Queja 57/77. José Preciado Castañeda. 24 de junio de 1977. Unanimidad de votos. «TESTIMONIAL EN EL AMPARO.» (transcribe).-Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, sección segunda. Queja 92/76. José Guadalupe Ventura Serna. 8 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: César Esquinca Muñoa. Informe 1976. Tercera Parte. Tesis 8. Páginas 321-322. Queja 54/76. Fabricación de Máquinas, S.A. 6 de agosto de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: J. Guadalupe Torres Morales.’.-CUARTO.-Debe declararse infundado el recurso de queja, con base en las siguientes consideraciones: Contrariamente a lo manifestado por la recurrente, el acuerdo dictado por el Juez del conocimiento, no infringe lo dispuesto por los artículos 151 de la Ley de Amparo y 143, 146 y 198 del Código Federal de Procedimientos Civiles; toda vez que la prueba anunciada mediante dicho acuerdo, fue ofrecida conforme a derecho.-Efectivamente, el artículo 151 de la Ley de Amparo, establece como requisitos para el ofrecimiento de la prueba pericial, los siguientes: a) Que sea anunciada cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar con el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; y, b) Que sea exhibida copia del cuestionario respectivo para cada una de las partes del juicio.-Los requisitos anotados fueron satisfechos por el oferente de la prueba pericial, tan es así, que en el propio auto recurrido, de fecha 5 de enero de 1984, se mandó agregar el escrito presentado ante el propio juzgado, el siete de diciembre anterior, por el apoderado de la parte quejosa, mediante el cual anunció la mencionada prueba, señalando expresamente que la ofrece para acreditar la desproporcionalidad del gravamen que se impone a su representada en el reglamento que reclama de inconstitucional (fojas 75), y tomando en consideración que la misma se anunció en dicho escrito, se tuvo por hecha en tiempo; además, del propio expediente se observa que también fueron exhibidas, junto con el citado escrito de 7 de diciembre de 1983, tanto el cuestionario como las copias del mismo, para distribuirse a cada una de las partes, los cuales obran agregados a fojas 74 a 89 de los autos del juicio de amparo en donde se dictó el auto recurrido, del que se advierte en las preguntas que contiene, con toda claridad, las materias sobre la que versa la prueba que ofreció.-A mayor abundamiento, cabe precisar una vez más, que el citado artículo 151, obliga al oferente de la prueba pericial, a que la anuncie cinco días antes de la audiencia y a que exhiba copia del cuestionario para los peritos, pero no le impone la formalidad de expresar la naturaleza de la ciencia, técnica o arte sobre la que debe versar la prueba. El anterior criterio se sustentó por este tribunal, al resolver el recurso de queja 20/84, interpuesto por Inmobiliaria Lamar, S.A. de C.V., en sesión celebrada el 5 de julio de 1984.-Y si bien el Juez de Distrito requirió a la parte quejosa mediante acuerdo de 5 de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7272-337184ef/pruebas-ofrecidas-o-anunciadas-en-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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