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Modo: Corpus Pro

INSPECCIÓN MINISTERIAL DEL LUGAR DE LOS HECHOS. SI EN LA CONSTANCIA QUE CONTIENE DICHA ACTUACIÓN NO APARECE LA FIRMA DEL SECRETARIO QUE CONCURRIÓ, AQUÉLLA CARECE DE VALOR PROBATORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 479/2012. · Registro digital (IUS): 24404
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, Pág. 1838.

AMPARO DIRECTO 479/2012. 24 DE ENERO DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: DANIEL SÁNCHEZ MONTALVO. PONENTE: CARLOS ARTEAGA ÁLVAREZ. SECRETARIA: MARYLIN RAMÍREZ AVENDAÑO.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Los conceptos de violación que anteceden son, en una parte, infundados y, en otra, fundados, suplidos en su deficiencia.

PROCEDENCIA DEL PRINCIPIO DE SUPLENCIA DE LA QUEJA

En principio, se significa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diferencias tratándose de la suplencia de la queja, advirtiendo que puede ser total ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, o relativa, cuando son insuficientes; esto es, cuando solamente hay una deficiente argumentación jurídica.

De ese modo, el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que la suplencia de la queja deficiente en materia penal opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo. Esto es, la suplencia de la queja se trata de una facultad concedida al juzgador para subsanar en la sentencia el error u omisión en que hayan incurrido el reo o su defensor, y opera en forma total, porque en este supuesto se pretendió atemperar los tecnicismos del juicio de garantías, para dar relevancia a la verdad jurídica.

En congruencia con lo anterior, y con base en los principios constitucionales que rigen en materia penal, se concluye que para que proceda suplir la queja en dicha materia basta que quien promueva el juicio de amparo tenga la calidad de reo y la litis constitucional verse sobre cualquier cuestión relacionada con el proceso penal enderezado en su contra.

Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 26/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 242, que establece:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente."

CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO (GARANTÍA DE DEFENSA)

En el proceso que se siguió en contra del quejoso se cumplió con la garantía de defensa consagrada en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, pues del análisis que se realiza a la causa penal **********, del índice del Juzgado del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá, Chiapas, con residencia en esa ciudad, se advierte que no se transgredieron las reglas que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada previa al acto de privación de la libertad, las cuales se traducen esencialmente en las siguientes:

1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; lo cual aconteció, pues el veintiséis de agosto de dos mil diez, en audiencia formal, al receptarle su declaración preparatoria, se le hizo saber quién lo acusaba, el delito que se le atribuía (daños), los nombres de las personas que declararon en su contra, los derechos y prerrogativas que le otorga la Constitución Federal, acto en el que designó como su defensor al social adscrito al juzgado y solicitó la ampliación del término constitucional (fojas 285 a la 287 del tomo I de las copias certificadas relativas al expediente natural), y el treinta y uno de agosto de dos mil diez se le dictó auto de formal prisión por el delito de daños, previsto y sancionado por el artículo 312, fracción I, del Código Penal para el Estado, cometido en agravio de ********** ********** ********** (fojas 300 a la 310 del tomo I).

2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que fincó su defensa; ya que durante la instrucción, ofreció como pruebas, diversas documentales, las que se desahogaron por su propia naturaleza (fojas 349 a la 359 y 531 a la 571 del tomo I); la inspección judicial (foja 420 del tomo I), la pericial en materia de fotografía (fojas 431 a la 437) y la testimonial de descargo de ********** ********** ********** y ********** ********** ********** (fojas 422, 423, 425 y 426); asimismo, mediante auto de catorce de enero de dos mil once, se declaró cerrada la instrucción (fojas 581 vuelta y 582, tomo II).

3. La oportunidad de alegar ya que, en la audiencia de derecho celebrada el veintiocho de enero de dos mil once, el agente del Ministerio Público ratificó sus conclusiones acusatorias, y la defensa formuló las de inculpabilidad y el resolutor declaró visto el proceso (foja 617 del tomo II).

4. El dictado de una resolución que dirimió las cuestiones debatidas, que en el caso resultó ser la sentencia de once de enero de dos mil once (fojas 630 a la 637 del tomo II), que lo absolvió del ilícito reprochado.

De igual forma, se le dio a conocer que el representante social y el coadyuvante a esa representación se inconformaron contra el fallo anterior y que interpusieron recurso de apelación (foja 307 vuelta), del cual tocó resolver a la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, Pichucalco del Tribunal Superior de Justicia del Estado; el que se sustanció bajo el toca **********, y el veintiséis de mayo de dos mil doce, pronunció su resolución, en el sentido de revocar la de primer grado (fojas 41 a la 53 del toca).

De lo expuesto, se advierte que en el caso concreto se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento en primera y segunda instancias, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Suprema.

Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, cuyos rubro y texto dicen:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

PRINCIPIO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN

En otro aspecto, del análisis de la parte considerativa de la sentencia reclamada, se advierte que el tribunal de alzada resolvió el recurso sometido a su potestad, de acuerdo con los argumentos que planteó el representante social recurrente; citó los preceptos legales aplicables en que apoyó su determinación, tales como el numeral 312, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Chiapas, así como 248, 253, 256, 257, 258, 259 y 263 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas.

De igual forma, señaló las circunstancias especiales y razones particulares que tomó en consideración para determinar fundados los agravios que hizo valer el agente del Ministerio Público, en el sentido de que el requisito de procedibilidad de la querella estaba demostrada en autos; posteriormente analizó las pruebas desahogadas en el sumario, con las cuales determinó que eran aptas y suficientes para demostrar la materialidad del delito de daños.

Asimismo, para estimar acreditada la plena responsabilidad del quejoso en su comisión, el tribunal de instancia consideró, entre otras, la imputación efectuada por los ofendidos; así también el tribunal expuso las razones que tomó en consideración para desestimar las pruebas aportadas por la defensa; lo que evidencia que existió adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.

Atento a las consideraciones expuestas, resulta evidente que la potestad de instancia satisfizo los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el primer párrafo del artículo 16 constitucional.

Es aplicable al caso, la jurisprudencia 204, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 166 de rubro y texto siguientes:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN VINCULADOS A QUE LA SALA RESPONSABLE SUPLIÓ LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA APELACIÓN

El quejoso manifiesta que al revocar la sentencia, la Sala responsable suplió la deficiencia de los agravios, ya que el agente del Ministerio Público únicamente se refirió a la legitimación de los querellantes para representar a la persona moral.

Los argumentos que anteceden son infundados, toda vez que de la lectura del pliego de agravios expresados en la apelación se evidencia que, opuesto a lo señalado por el quejoso, el agente del Ministerio Público no solamente expresó razonamientos enderezados a poner de manifiesto que se encontraba satisfecho el requisito de la querella formulada por la persona moral ofendida a través de los integrantes de su consejo de administración, sino que también expuso argumentos relacionados con la acreditación del delito de daños y la plena responsabilidad del quejoso en su comisión.

En efecto, el agente del Ministerio Público manifestó que había sido inadecuado que el Juez de primera instancia haya tenido por no acreditada la materialidad del delito en cuestión y la plena responsabilidad del acusado en su comisión, pues el caudal probatorio ponía de manifiesto que los elementos del delito de daños consistentes en que alguien, por cualquier medio, destruya o deteriore una cosa ajena o propia, quedó demostrado con lo declarado por los testigos de cargo ********** ********** **********, ********** ********** ********** y ********** ********** **********, los cuales transcribió y adminiculó con lo testificado por ********** ********** **********, y con las declaraciones de los testigos de preexistencia ********** ********** ********** y ********** ********** **********.

Asimismo, el representante social expuso que el elemento relativo a que esa acción cause perjuicio a otro, se demostró con la fe ministerial del lugar de los hechos y el dictamen pericial de avalúo comercial.

Posteriormente, después de relatar el contenido de dichas probanzas, adujo que las mismas tenían valor probatorio, en términos de los artículos 142, 251, 256, 257, 258 y 263, fracciones I y II del Código de Procedimientos Penales para el Estado, para acreditar el delito de daños, previsto por el artículo 312, fracción I, del Código Penal para el Estado, toda vez que diversos sujetos, el diecisiete de marzo de dos mil nueve, aproximadamente a las trece horas, en el ejido Damasco, Municipio de Ocosingo, Chiapas, causaron daños a las bodegas propiedad de la persona moral ofendida, con lo que le causaron un daño en su patrimonio que asciende a la suma de un millón cuatrocientos mil pesos.

De igual forma, el representante social expuso que la plena responsabilidad penal del quejoso ********** ********** ********** quedó demostrada con los mismos elementos de prueba que sirvieron para acreditar la materialidad del delito en estudio, pero de manera fundamental con la declaración de los testigos de cargo aludidos (las cuales transcribió), a las que adminiculó la fe ministerial, el peritaje de avalúo comercial.

Lo destacado pone de relieve que el agente del Ministerio Público expuso las razones por las que en el caso se encontraba acreditado el delito de daños y la plena responsabilidad del quejoso en su comisión; por ende, la Sala no suplió ninguna deficiencia de los agravios.

CONCEPTO DE VIOLACIÓN VINCULADO A QUE NO SE CUMPLIÓ CON EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD NECESARIO PARA EJERCER LA ACCIÓN PENAL EN CONTRA DEL QUEJOSO

El peticionario manifiesta que en el caso no existía querella formulada por la persona moral denominada ********** ********** **********; toda vez que de conformidad con el artículo 266, párrafos tercero y sexto, del Código de Procedimientos Penales para el Estado, el cual establece que las personas morales podrán actuar por conducto de sus apoderados, y que las querellas se admitirán cuando el apoderado tenga un poder para pleitos y cobranzas con cláusula especial; además, de que se debía comprobar la personalidad del querellante; sin embargo, estima que en el caso no existía el citado poder; además de que el representante social debió advertir que los comparecientes no se querellaron en favor de la referida persona moral, ya que la presentaron por propio derecho.

Lo anterior es infundado, ya que el artículo 312 del Código Penal para el Estado de Chiapas, establece:

"Artículo 312. Comete el delito de daño, el que por cualquier medio destruya o deteriore una cosa ajena o propia en perjuicio de otra.

"...

"Este delito se perseguirá por querella del ofendido."

De la parte final del dígito anterior se desprende que para proceder penalmente por el delito de daños deberá de cumplirse con el requisito de procedibilidad de la querella; lo que implica que, para que se cumpla con dicha exigencia, deben atenderse las condiciones que para tal efecto se establecen en el artículo 266 del Código de Procedimientos Penales para esta entidad, que dispone:

"Artículo 266. Sólo podrán perseguirse a petición de parte ofendida, los delitos que así determina el código penal o, en su caso, las leyes especiales.

"Será parte ofendida quien justifique ser el titular del derecho o del bien jurídicamente tutelado, que ha sido dañado.

"No será necesario la intervención de apoderado jurídico para la presentación de denuncia, la que podrá ser presentada por cualquier persona. En los casos de personas morales, podrán actuar por conducto de apoderado general para pleitos y cobranzas. Las querellas presentadas en representación de personas morales, se admitirán cuando el apoderado tenga un poder para pleitos y cobranzas, con cláusula especial para formular querella, sin que sea necesario acuerdo de ratificación del consejo de administración o de la asamblea de socios o accionistas, poder especial para el caso determinado, ni instrucciones concretas del mandante.

"Cuando se trate de personas físicas, las querellas podrán presentarse por sí o por conducto de apoderado con cláusula especial o instrucciones concretas de sus mandantes para el caso específico.

"Cuando la querella se presente por medio de apoderado, la personalidad de éste se deberá acreditar en el momento de presentar o ratificar la querella. En ningún caso el Ministerio Público ejercitará la acción penal sin que se encuentre plenamente acreditada la personalidad del querellante o del ofendido.

"Cuando el delito que se ponga en conocimiento de la autoridad sea de aquellos que se persiguen por querella, una vez recibida ésta y antes de practicar las primeras diligencias, el agente del Ministerio Público que la reciba tendrá la obligación de tomar las siguientes provincias:

"I. Hacer del conocimiento del querellante las sanciones a que se hace acreedor si se produce con falsedad;

"II. Asentar los datos generales para la identificación de la persona querellante;

"III. Comprobar la personalidad del querellante;

"IV. Cuando el querellante no sepa escribir o por cualquier motivo no formule su querella por escrito, el agente del Ministerio Público tendrá la obligación de levantar el acta correspondiente.

"El perdón que otorgue el querellante ante el Ministerio Público durante la averiguación previa, o ante el Juez hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia, surtirá sus efectos en los términos que previene el Código Penal."

Del dígito anterior se desprende que la querella solamente puede ser presentada por la parte ofendida; que es quien justifica ser el titular del derecho o del bien jurídicamente tutelado que ha sido afectado por la acción delictiva.

En el caso, adverso a lo considerado por el quejoso, se encuentra satisfecho el requisito de procedibilidad en comento, como puntualmente destacó la autoridad responsable.

En efecto, del escrito inicial de querella se advierte, en la parte que interesa, que fue formulada en los términos siguientes:

"C. Fiscal del Ministerio Público en turno

Presente

********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** ********** y ********** ********** **********, mayores de edad, por nuestro propio derecho, con domicilio legal en ********** ********** ********** de la ciudad de ********** ********** **********, Chiapas y con la facultad que nos concede el artículo 71 del Código de Procedimientos Penales del Estado, designados como nuestros representantes legales a los CC. Licenciados ********** ********** ********** y ********** ********** **********, a usted exponemos:

"Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución General de la República; 2, 3, 4, 5, 265 y relativos del Código de Procedimientos Penales del Estado; 3, 11, fracción II, 29, fracción I, 31, 35, fracción I y relativos de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas, formulo formal querella en contra de los CC. ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** ********** ********** ********** **********, ********** ********** **********, y/o quien o quienes resulten responsables de los delitos de amenazas, previsto y sancionado por los artículos 227 y 228 del Código Penal del Estado de Chiapas; despojo, previsto y sancionado por el artículo 305 del Código Penal del Estado de Chiapas; daños, previsto y sancionado por el artículo 312 del Código Penal para el Estado de Chiapas, cometidos en nuestro agravio, a efecto de que llenados que sean los requisitos del artículo 16 de la Constitución General de la República, se ejercite acción penal y de reparación del daño en contra de los responsables ... -foja 3 del tomo I de la copia certificada de la causa penal-."

"El escrito anterior fue ratificado ante el agente del Ministerio Público por los ocursantes, el veinte, veintitrés y veinticuatro de marzo de dos mil nueve, respectivamente (fojas 29 a la 47 del tomo I).

"Lo destacado pone de manifiesto que si bien ante el representante social, ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** ********** y ********** ********** ********** manifestaron comparecer por propio derecho y que formulaban formal querella en contra del quejoso ********** ********** ********** y otros, por los delitos de amenazas, despojo y daños, cometido en su agravio; sin embargo, ello no impide considerar que en el caso no existe querella de la persona moral ofendida denominada ********** ********** **********, como aduce el peticionario de garantías.

"Ello es así, toda vez que en diligencia de dieciséis de abril de dos mil nueve, efectuada dentro de la averiguación previa, el denunciante ********** ********** **********, compareció ante el representante social para exhibir el original de acta constitutiva de la citada persona moral, contenida en la escritura pública número ********** ********** **********, pasada ante la fe del licenciado ********** ********** **********, notario público número 75 del Estado de Chiapas y de la escritura pública **********, volumen **********, pasada ante la fe del licenciado ********** ********** **********, notario público número 13 del Estado de Chiapas, que contiene la protocolización del acta de asamblea general de miembros activos de la mencionada persona moral, celebrada el dieciocho de febrero de dos mil seis, que es del tenor siguiente:

"Escritura pública número trece mil trescientos noventa y ocho.

"Volumen número doscientos setenta y dos.

"En la ciudad de Palenque, Estado de Chiapas, México, siendo las 16:00 dieciséis horas del día 20 veinte del mes de febrero del año 2006 dos mil seis, yo, licenciado ********** ********** **********, titular de la Notaria Pública Número trece del Estado, en ejercicio, con despacho ubicado en calle ********** ********** **********, de esta ciudad, comparece por su propio derecho el señor ********** ********** **********, con Registro Federal de Contribuyentes **********, en su carácter de presidente del consejo de administración de la persona moral denominada ‘********** ********** **********’, con Registro Federal de Contribuyentes **********, quien solicita al suscrito la protocolización del acta de asamblea general de miembros activos de la sociedad denominada ‘********** ********** **********’, celebrada el día 18 de febrero de 2006, misma que tengo a la vista en este acto y con fundamento en los artículos 195 y 200 de la Ley del Notariado del Estado, en vigor, transcribo textualmente y que a la letra dice:

"Acta de asamblea general de miembros activos de la sociedad denominada ‘********** ********** **********’, celebrada el día 18 de febrero de 2006, en el ********** ********** **********, siendo las 09:00 horas del día 18 de febrero del año dos mil seis. Reunidos en el lugar de costumbre los socios que conforman la sociedad mercantil denominada ‘********** ********** **********’, los suscritos: ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** **********, ********** ********** ********** y ********** ********** ********** todos con la finalidad de asistir a esta asamblea convocada mediante cédulas de invitación con ocho días de anticipación, para tratar asuntos de mucha importancia bajo el siguiente orden del día: 01. Pase de lista. 02 Lectura y seguimiento del acta anterior. 03. Acuerdo o entrega de poderes para pleitos y cobranzas. 04. Cierre del acta. En el punto uno del orden del día, el secretario procede al pase de lista observando la asistencia del 100% de los socios, observando la mayoría; por lo tanto, se declara formalmente instalada la presente asamblea en el punto dos del orden del día, el secretario procede a darle lectura al acta anterior; al final pide opinión de los presentes, no ha habido ninguna inconformidad, en el punto tres, toma la palabra el C. ********** ********** **********, informando a los presentes que es necesario nombrar a una persona para que tenga poder general para pleitos y cobranzas de dicha sociedad, la asamblea acepta la propuesta tomando los siguientes acuerdos: Primera: Por unanimidad de votos se le otorga poder general para pleitos y cobranzas de conformidad con el artículo 2,528 del Código Civil vigente en el Estado de Chiapas al presidente de la sociedad C. ********** ********** **********, poder absoluto en todo lo relacionado con la sociedad. Segunda. Se le hace saber al C. ********** ********** **********, que de inmediato tome posesión de sus respectivos cargos, previa constitución de la caución señalada en esta acta, aceptando y protestando desempeñarlos fiel y honestamente. Consejo de administración: C. ********** ********** **********. Presidente. Firma ilegible. C. ********** ********** **********. Secretario. Firma ilegible. C. ********** ********** **********. Tesorero. Firma ilegible. Relación de los socios activos de la sociedad cooperativa denominada ‘********** ********** **********’, ********** ********** **********. Firma ilegible. ********** ********** **********. Firma ilegible. ********** ********** **********. Firma ilegible. ********** ********** **********. Firma ilegible. ********** ********** **********. Firma ilegible. ********** ********** **********. Firma ilegible. ********** ********** **********. Firma ilegible. ********** ********** **********. Firma ilegible. ********** ********** **********. Huella digital. ********** ********** **********. Firma ilegible. Legal existencia. El señor ********** ********** ********** acredita la legal existencia de su representada, la persona moral denominada ‘********** ********** **********’. Con el testimonio de la escritura pública número ********** ********** **********, volumen número ********** ********** ********** de fecha ********** ********** **********, otorgada en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, pasado ante la fe del licenciado ********** ********** **********, notario público número ********** del Estado, que contiene constitución de la persona moral denominada ‘********** ********** **********’ misma que fue debidamente inscrita en Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, bajo el número ********** del libro ********** **********, correspondiente a la sección quinta, el diecisiete de abril de dos mil dos, teniendo como objeto social los siguientes: A) Adquirir, explotar, utilizar, administrar, enajenar toda clase de vivienda, bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles. B) La compraventa de productos que estén dentro del comercio, tales como todo tipo de alimentos, bebidas y medicinas en general. C) La compraventa de materiales de construcción en general y de material eléctrico. D) La producción y distribución agropecuaria en general. E) La explotación de productos forestales, previos permisos que sean autorizados por las autoridades correspondientes. F) El comercio en general. G) La celebración de actos y contratos de todo tipo, permitidos y autorizados por la ley y que se relaciona con el objeto social. H) Explotación de marcas y concesiones. I) Producción agroindustrial. J) Elaboración de fertilizantes, todos orgánicos herbicidas e insecticidas. K) Instalación de viveros agroforestales tales como jardín botánico, floricultura y plantas de ornato. L) Conservación de especies animales en peligro de extinción de origen de la Selva Lacandona. M) Otorgar créditos a los socios.

"Personalidad. El señor ********** ********** ********** acredita su personalidad con la que comparece en este acto con el testimonio de la escritura pública número ********** ********** **********, volumen número ********** ********** **********, ********** ********** **********, con fecha diecinueve de enero del año dos mil seis, pasa ante la fe del suscrito notario público del Estado, misma que contiene protocolización de acta de asamblea general de miembros activos de la sociedad denominada ‘********** ********** **********’, la cual en el punto tres por unanimidad de votos es designado presidente del consejo de administración, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas.

"Convocatoria. ********** ********** **********, RFC **********, domicilio conocido s/n, ejido ********** ********** **********. Convocatoria. ********** ********** **********. A 10 de febrero de 2006. Asunto: Invitación. C. Miembros activos de la sociedad denominada ‘********** ********** **********’, Presente: De la manera más atenta y respetuosa nos dirigimos a usted con la finalidad de invitarlos a una reunión a las 09:00 horas de la mañana el día 18 de febrero del año en curso, en el lugar de costumbre para tratar asuntos de suma importancia para la administración de la sociedad que estará sujeta bajo el siguiente orden del día 01. Pase de lista. 02. Lectura y seguimiento del acta anterior. 03. Acuerdo o entrega de poderes para pleitos y cobranzas. 04. Cierre del acta. Esperando contar cinsu (sic) puntual asistencia, los saludo cordialmente. Respetuosamente. C. ********** ********** **********. Presidente. Firma ilegible. C. ********** ********** ********** (2), Secretario. Firma ilegible. C. ********** ********** **********. Tesorero. Firma ilegible.

"Fe notarial.

"Yo, el notario bajo mi fe, hago constar.

"I. La verdad del acto.

"II. Que tuve a la vista los documentos protocolizados a los cuales me remito, mandando agregar una copia de los mismos, al apéndice correspondiente bajo la letra ‘A’.

"III. Que concedo capacidad jurídica a los comparecientes, para con

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24404-4ff396a0/inspeccion-ministerial-del-lugar-de-los-hechos-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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