CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA EN LOS INCIDENTES, AL TENER UNA RELACIÓN DIRECTA E INMEDIATA CON EL NEGOCIO PRINCIPAL, HECHA EXCEPCIÓN EN LOS JUICIOS FAMILIARES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 82 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA).
AMPARO DIRECTO 92/2012. 17 DE MAYO DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN. PONENTE: ERIC ROBERTO SANTOS PARTIDO. SECRETARIO: JOSÉ IGNACIO VALLE OROPEZA.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Los conceptos de violación son infundados en parte y fundados en lo demás y suficientes para conceder la protección federal solicitada, cuyo estudio se hace en un orden diverso al en que se plantean.
Por razón de método se examina, en primer lugar, la segunda violación al procedimiento hecha valer, relativa a la tramitación del incidente de nulidad de actuaciones, ya que de resultar operante la caducidad de la instancia en el mismo, resultaría ocioso el examen de la primera violación al procedimiento que se aduce, que se hace consistir en la legalidad de la sentencia interlocutoria que se pronunció en el citado incidente; porque ello redundaría en el fondo del citado incidente.
Antes de dar respuesta a los conceptos de violación, conviene exponer los antecedentes que informan al juicio natural:
1. Mediante escrito presentado el trece de junio de dos mil siete, ante la Oficialía Común de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado **********, promovió juicio de cumplimiento de contrato de mutuo con interés por pago y como consecuencia la cancelación de la garantía hipotecaria, así como también de la transacción y revocación de mandato especial para actos de dominio, en contra de ********** (fojas 1 a 13).
2. Por auto de quince de junio siguiente, el Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, admitió a trámite la demanda, radicándola con el número de expediente 671/2007 y citó a la demandada a una audiencia de conciliación procesal (fojas 33 y 34); la cual se llevó a cabo el veintinueve del propio mes de junio (foja 37).
3. El tres de agosto de dos mil siete, se desahogó la audiencia de conciliación, la cual se declaró fracasada, y se ordenó emplazar al demandado ********** (fojas 43 y 44).
4. Mediante ocurso de veintidós de agosto de dos mil siete, **********, contestó la demanda y propuso demanda reconvencional en contra de ********** (fojas 62 a 117), las cuales fueron acordadas por proveído de treinta de agosto de dos mil siete, citándose a las partes para la celebración de la audiencia de conciliación para el día veintiocho de septiembre de dos mil siete, respecto de la demanda reconvencional (foja 59).
5. El veintiocho de septiembre de dos mil siete, se desahogó la audiencia de conciliación, sin la comparecencia del demandado reconvencional, por lo que se le impuso una multa de cinco días de salario y se ordenó su emplazamiento (fojas 284 y 285).
6. Por escrito de cuatro de octubre de dos mil siete **********, interpuso incidente de nulidad de actuaciones contra la citación de veinticinco de septiembre de dos mil siete, para que acudiera a la fase conciliatoria el veintiocho de ese mismo mes (fojas 1 a 3).
7. El cinco de octubre de dos mil siete, se emplazó a ********** (fojas 299 a 305), quien contestó la demanda reconvencional propuesta en su contra (fojas 309 a 319).
8. Por acuerdo de once de enero de dos mil ocho, se proveyó respecto de las pruebas aportadas por las partes (fojas 338 a 341).
9. El veintiséis de febrero de dos mil ocho, se celebró la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación para sentencia.
10. Mediante escrito de cuatro de junio de dos mil ocho **********, solicitó la caducidad de la instancia del incidente de nulidad (fojas 6 y 7); y por proveído del día seis siguiente, se declaró improcedente la anterior petición (foja 5); en contra de ese acuerdo se interpuso reclamación (fojas 1 a 9); recurso que se resolvió mediante interlocutoria de veintiséis de agosto de dos mil ocho, confirmando el acuerdo impugnado (fojas 15 a 18).
11. Y en la misma interlocutoria de veintiséis de agosto de dos mil ocho, se resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por **********, contra la citación de veinticinco de septiembre de dos mil siete, declarándose la ilegalidad de la misma y, como consecuencia se decretó la nulidad de todo lo actuado a partir de esa citación, dejándose insubsistente la multa que se le había impuesto.
12. Mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil ocho, se señaló el diez de noviembre de ese año, para la celebración de la audiencia de conciliación procesal (foja 373); misma que se verificó sin la comparecencia del demandado reconvencional, haciéndole efectivo el apercibimiento de multa, y se ordenó su emplazamiento (fojas 376).
13. **********, contestó la demanda reconvencional propuesta en su contra (fojas 381 a 393).
14. Por auto de doce de febrero de dos mil nueve, se proveyó respecto de las pruebas aportadas por las partes (fojas 404 a 406).
15. El trece de marzo de dos mil nueve, se celebró la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia.
16. El tres de noviembre de dos mil nueve, el resolutor de origen dictó sentencia declarando improcedente la acción principal, dejando a salvo los derechos de la parte actora en lo principal y declaró probada la acción reconvencional; se condenó al demandado reconvencional a otorgar en escritura pública la satisfacción del contrato de mutuo, dando en pago el bien inmueble descrito en el convenio, así como a la entrega material del mismo (fojas 435 a 453).
17. Inconforme con lo anterior, el actor principal interpuso apelación, recurso que se resolvió dejando insubsistente el fallo apelado y reenvió los autos al a quo para que resolviera el fondo del asunto.
18. El quince de diciembre de dos mil diez, el resolutor de origen emitió el nuevo fallo, declarando no probada la acción principal y demostrada la acción reconvencional; condenando al demandado reconvencional a otorgar en escritura pública la satisfacción del contrato de mutuo, dando en pago el bien inmueble descrito en ese convenio, así como a entregar el mismo (fojas 435 a 453).
19. Inconforme con lo anterior, el actor principal interpuso apelación, en la que se resolvió modificar el fallo apelado y se tuvo por no probada la acción principal, así como la reconvencional.
Ahora bien, sostiene el quejoso que la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil ocho, que resolvió el recurso de reclamación que interpuso, confirmando el auto de seis de junio del citado año, que negó decretar la caducidad de la instancia, en el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el demandado reconvencional **********, contra la citación que se le hizo para comparecer a la audiencia de conciliación procesal.
Y asevera que la aludida sentencia contiene una violación procesal, porque ilegalmente el Juez natural consideró que la caducidad de la instancia no opera en el incidente de nulidad, cuando del mismo se aprecia que están satisfechos los requisitos del artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, dado que se dejó de promover por más de noventa días para la conclusión de la incidencia, de lo cual no se percató el juzgador, por lo que es patente la presente infracción.
La referida violación procesal, porque se adecua a las hipótesis contenidas en el artículo 159, fracción XII, en relación con la fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que:
A. Existen las bases en las que se sustenta la pretendida violación al procedimiento que no es más que la interlocutoria de veintiséis de agosto de dos mil ocho, que se dictó dentro de los autos del expediente 671/2007, tocante al juicio ordinario civil de declaración de cumplimiento de contrato de mutuo con interés por pago y como consecuencia la cancelación de la garantía hipotecaria, así como la cancelación de la cláusula de transacción y revocación de mandato especial para actos de dominio, promovido por **********, en contra del aquí quejoso, que resolvió el recurso de reclamación que se declaró infundado (fojas 15 a 10 del expediente de primera instancia).
B. En contra de dicha determinación no procedía recurso alguno, en términos del artículo 410, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que dispone:
"Artículo 410. Son aplicables al recurso de reclamación las disposiciones siguientes: ... IV. La resolución que al efecto se dicte, no admite recurso."
De ahí que el peticionario de garantías no se encontraba obligado a combatir la interlocutoria de veintiséis de agosto de dos mil ocho, que resolvió el recurso de reclamación.
C. A pesar de que la violación alegada se cometió durante la sustanciación de la primera instancia, el hoy impetrante no estuvo obligado a combatirla a través del recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, pues aquél fue quien obtuvo sentencia favorable, por lo que hasta ese momento dicha violación no trascendió al resultado del fallo.
D. La infracción procesal transcendió hasta el dictado de la sentencia de segunda instancia, dado que la Sala responsable al estimar fundados los agravios propuestos por la contraparte del aquí quejoso, declaró no probada la acción reconvencional propuesta por este último.
E. En virtud de lo anterior, el impetrante a través de los conceptos de violación que se hacen valer en el presente juicio de amparo, en contra de la sentencia de segunda instancia, insiste en la presencia de la violación procesal.
De lo anterior se colige que este Tribunal Colegiado debe analizar esa violación de carácter procesal, acorde a los argumentos que se hacen valer en contra de la misma.
La parte considerativa de la resolución pronunciada en el recurso de reclamación, que constituye la violación procesal invocada, es del tenor literal siguiente:
"... Ahora bien, el inconforme arguye en esencia como agravio, que el proveído reclamado lo deja en total estado de indefensión, pues el propio artículo 413 del código adjetivo civil relaciona a los incidentes que surgen del juicio con el negocio principal, por lo que concatenado al diverso 82 de la ley en cita, si bien no hacen mención respecto a la procedencia de la caducidad dentro de un incidente, también lo es que no lo prohíbe, de ahí que es claro que el incidente al ser una cuestión accesoria sigue la suerte de lo principal, y si la figura de la caducidad opera en lo principal, es lógico que tal caducidad se hace extensiva a los incidentes; por tal circunstancia, es que debe revocarse el proveído reclamado y, emitirse uno nuevo, debidamente fundado y motivado. El anterior agravio resulta infundado, pues si bien es cierto que en términos de lo previsto por el artículo 413 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, un incidente es una cuestión que surge durante el curso del juicio y que para poder considerarse como tal debe guardar relación inmediata con él, también lo es que no por esa circunstancia, proceda la declaración de caducidad de un incidente, en virtud de que guarda una inmediata relación con el asunto principal, y que para ello se apliquen los supuestos que para la caducidad de la instancia determina el ordinal 82 de la legislación procesal en cita. Lo antepuesto se afirma, dado que el mencionado artículo 82 del código adjetivo civil, dispone: (lo transcribe). Así, del dispositivo legal transcrito se obtiene que, la caducidad es la extinción de la instancia por la inactividad procesal de las partes para ejercitarla en la forma y términos que la ley expresa, esto es, se refiere a una sanción que la ley impone a las partes por no realizar un acto positivo para mantener vivo un derecho para que las autoridades judiciales establezcan éste en el litigio, provocando la cesación de la instancia en la que se ventila dicho litigio-en el presente caso, la primera instancia. Por tanto, si la caducidad en la instancia es una institución prevista en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, como una figura jurídica procesal aplicable únicamente, a la instancia en la que se encuentra el juicio respectivo, por ello, es que esa figura no sea destinada a los incidentes que se tramiten durante el litigio -no obstante que éstos deriven del mismo-, pues aun cuando esa figura jurídica se encuentre contemplada en el código adjetivo, en el capítulo séptimo, de los términos judiciales -Reglas generales-, sin embargo de manera reiterativa, debe decirse que la caducidad es una sanción que impone la ley a las partes por la inactividad procesal, que produce la extinción de la instancia en la que se halle el juicio, de ahí que no podría referirse a la caducidad de un incidente; aunado a que en el caso rige el principio general de derecho de que donde la ley no distingue, no es dable al juzgador hacer distinción, y si el legislador no incluyó la caducidad para los incidentes, por ende, los tribunales no deben aplicar de mutuo (sic) propio (sic) figuras jurídicas que no prevé específicamente la ley para determinadas situaciones procesales. De ahí que, contrario a lo que señaló el recurrente, el auto impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado, pues en él fue claro al establecerse que no había lugar a pronunciarse sobre la caducidad propuesta, por no encontrarse contemplada la misma, para los incidentes, fundándose lo proveído en lo dispuesto por los artículos 82, 88 y 89 del código adjetivo en la materia; siendo aplicable al caso la jurisprudencia número VI.2o. J/43, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 769, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, que dispone: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.’. En tales circunstancias, en términos de lo establecido por los artículos 408, 409 y 410 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, no es procedente revocar el auto de seis de junio de dos mil ocho, dictado en las actuaciones del incidente de nulidad propuesto por **********, quedando firme por su propio (sic) y legales fundamentos. Por lo anteriormente expuesto y fundado ..." (fojas 16 y 17 del recurso de reclamación).
La violación al procedimiento en examen es fundada.
El artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, establece:
"Artículo 82. La caducidad de la instancia tiene lugar, cuando siendo necesario el impulso procesal de las partes, no exista promoción que lo suscite en un lapso de noventa días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la última resolución que se pronuncie con el objeto de continuar con la tramitación. No procederá la caducidad cuando la continuación del procedimiento dependa de una resolución o actuación judicial pendientes o una vez citadas las partes para sentencia, de primera instancia. La caducidad podrá ser declarada de oficio por el tribunal o a petición de parte y su efecto será extinguir la instancia y si el asunto se encuentra en grado de apelación, quedará firme la resolución apelada. No obstante lo dispuesto en la fracción anterior, las actuaciones del procedimiento que caducó podrán ser invocadas y aportadas en cualquier otro."
El citado dispositivo está incluido en el libro primero, denominado "Reglas generales", capítulo séptimo, intitulado: "Términos judiciales" y en la exposición de motivos del decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Civiles en comento, en lo conducente, dice:
"... Considerando. ... El libro primero contiene como innovaciones las siguientes ... El capítulo séptimo: ‘Términos judiciales’, incorpora la institución de la caducidad de los juicios en que se deje de actuar por más de noventa días hábiles, a fin de darle eficacia terminal a los procedimientos judiciales, con excepción de los familiares, en los que se preserva la oficiosidad de la instancia ..." (énfasis añadido).
A su vez, el "El Diccionario Jurídico Mexicano" del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Porrúa, México 1987, da la siguiente definición de caducidad de la instancia.
"Extinción anticipada del proceso debido a la inactividad procesal de las dos partes, y en ocasiones, de una de ellas, durante un periodo amplio, si se encuentra paralizada la tramitación. En la primera instancia quedan sin efecto los actos procesales y en segundo grado, se declaran firmes las resoluciones impugnadas. En el ordenamiento mexicano se regula esta institución en materia civil, laboral y en el derecho de amparo."
De lo anterior se desprende, que al instituir el legislador la figura de la caducidad, tuvo en cuenta que su finalidad era evitar que en "los juicios" se dejara de actuar por más de noventa días hábiles, con excepción de los juicios familiares.
Conforme al diverso artículo 217 del código en consulta "El juicio se inicia formalmente a partir del auto admisorio de la demanda y concluye con la sentencia ejecutoria o cualquier otro acto procesal que le ponga fin." (énfasis añadido).
Por su parte, el artículo 413 del código en comento, establece:
"Son incidentes, las cuestiones que surgen en un juicio y tienen relación directa e inmediata con el negocio principal."
De donde se sigue, que si el juicio se inicia con el acuerdo admisorio y concluye con la correspondiente sentencia ejecutoria o acto procesal que lo dé por terminado; es claro que si durante el mismo se deja de actuar durante el lapso de noventa días hábiles, opera la caducidad de la instancia (con excepción de los juicios familiares) y por identidad de razón, tiene aplicación tal institución, en tratándose de los incidentes puesto que son parte accesoria del juicio, precisamente porque en ellos se ventilan las cuestiones que surgen durante el mismo y tienen relación directa e inmediata con el negocio principal, es decir, con lo que es la materia del fondo del asunto; pero además, si en el juicio se tramita la cuestión principal de la litis, en el cual opera la caducidad de la instancia, por mayoría de razón opera en los incidentes, con apoyo en el principio general de derecho que dice: "Lo accesorio sigue la suerte de lo principal", así como el que establece: "El que puede lo más, puede lo menos", en virtud de que si la caducidad de la instancia opera en relación al juicio, en que se tramita la materia principal de la controversia, con mayor razón es válida en las cuestiones incidentales, que tienen relación directa e inmediata con el negocio principal, máxime que no existe prohibición expresa en la ley de que la caducidad de la instancia no opera en los incidentes, como se hace en relación con los juicios familiares.
Por tanto, si el legislador no vedó la institución de la caducidad de la instancia para los incidentes, la interpretación lógica y natural que debe hacerse al artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, debe ser en el sentido de que la caducidad de la instancia también opera en los incidentes, salvo que el juicio con el cual se relacionen verse sobre una cuestión familiar, en acatamiento al principio general de derecho antes citado y que dice: "Lo accesorio sigue la suerte de lo principal", ya que con ello se cumple con la sanción procesal que se impone a quien deja de actuar por más de noventa días hábiles.
Luego, el Juez natural ilegalmente consideró, que si la caducidad de la instancia no estaba incluida expresamente para los incidentes, el juzgador no podía hacer distinción; pues si bien es cierto que en el artículo 82 del código procesal en consulta, no se hace referencia de modo expreso a que la institución de la caducidad de la instancia no opera para los incidentes, no menos cierto es que tal referencia era innecesaria, en virtud de que si lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es claro que lo que es válido para el juicio principal lo es para las incidencias, máxime que éstas están íntimamente relacionadas con lo principal, pues así se desprende del antes citado artículo 413 del mencionado código; pero además no es dable concluir que la institución de la caducidad de la instancia sólo sea válida para el juicio en lo principal y no para los incidentes, pues de ser así, que es como lo sostiene el Juez de origen, ello ocasionaría que por el trámite de los incidentes, en los que no operaría la caducidad de la instancia, se prolongara indefinidamente el pronunciamiento de la sentencia definitiva, pues como se ha visto, si dicha figura procesal tiene como objeto sancionar la inactividad procesal de las partes, no sería válido que tal sanción rigiera sólo para el juicio en lo principal y no para los incidentes, cuando la teleología del invocado artículo 82 del referido código adjetivo civil es evitar que el juicio se paralice por falta de impulso procesal de las partes, lo cual se obtiene si la caducidad de la instancia rige para el juicio y los incidentes.
Habiéndose precisado que sí opera la caducidad de la instancia, en los incidentes de nulidad, a nada práctico conduciría conceder el amparo para que partiendo de esa base se examinara si operó o no la caducidad de la instancia en el incidente de nulidad, propuesto por el demandado reconvencional **********, si se advierte que por el acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil siete, se admitió el incidente de nulidad de actuaciones y se ordenó correr traslado al ahora quejoso y a la diligenciaria, se notificó por lista el veinticinco siguiente (foja 4 vuelta), y desde el día siguiente a esta fecha hasta el cuatro de junio de dos mil ocho, en que se presentó el escrito solicitando se decretara la caducidad de la instancia (foja 6), transcurrieron más de ocho meses, por lo que es evidente que en dicho lapso existen más de noventa días hábiles, que se requieren para que se decrete dicha figura; por lo que es obvio que la misma operó; de ahí que la concesión del amparo deba ser para el efecto de que no sólo se declare la procedencia de la caducidad de la instancia en el incidente de nulidad, sino también para que se declare probada la citada figura extintiva del propio incidente.
En cuanto a la violación procesal consistente en la interlocutoria de veintiséis de agosto de dos mil ocho, que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el aquí tercero perjudicado **********, a partir de la notificación de veintiséis de septiembre de dos mil siete, por la que se le citó para asistir al desahogo de la audiencia conciliatoria celebrada el veintiocho del citado mes y año, en la que se declaró fundada dicha incidencia, debe señalarse que resulta innecesario su examen, porque si como se ha visto con antelación, en esa incidencia debió no solamente declararse operante la caducidad de la instancia, sino también que la misma había operado, es incuestionable que a virtud de tal determinación, no debió llegarse a pronunciar la interlocutoria que resolviera el fondo de la incidencia de nulidad en cuestión.
De ahí que, al haberse declarado fundada la violación procesal examinada en primer término, resulta inútil analizar la referente a la legalidad de la sentencia interlocutoria dictada en el incidente de nulidad de actuaciones, pues en tal incidente, como ya se dijo, operó la caducidad de la instancia.
Finalmente, como tercera violación del procedimiento el quejoso la hace consistir en el ilegal desechamiento de la prueba de reconocimiento de firma a cargo de los testigos ********** y **********, así como del tercero perjudicado **********, respecto de las que obran en las copias simples de la averiguación previa **********, del índice de la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Sexta Mesa de Trámite de la Delegación Norte, turno matutino de Puebla, determinación acordada en la audiencia de trece de marzo de dos mil nueve, referente a la recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia.
Sin embargo, en relación con la infracción alegada, la misma, deviene inoperante, habida cuenta que se hace consistir en el ilegal desechamiento de la prueba de reconocimiento de firma de la documental relativa a la averiguación previa **********, dentro de la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación para sentencia celebrada el trece de marzo de dos mil nueve.
Diligencia que, por virtud de la concesión del amparo que se precisará enseguida, quedará sin efectos, por lo que la determinación ahí tomada, por cuanto ve al aludido desechamiento de la prueba de referencia, no surtirá ninguna consecuencia legal en perjuicio del amparista.
Cabe resaltar que dicha probanza fue previamente admitida y desahogada en la diversa audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia, de veintiséis de febrero de dos mil ocho, cuya subsistencia será decretada por el tribunal de alzada, atendiendo a los lineamientos trazados en esta ejecutoria por virtud de la concesión del presente amparo.
En esa tesitura, ante lo sustancialmente fundado del concepto de violación examinado, procede conceder la protección federal solicitada para el efecto de que la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, deje insubsistente la sentencia definitiva de treinta de noviembre de dos mil once, dictada dentro de los autos del toca de apelación ********** y, dicte otra en su lugar en la que, siguiendo los lineamientos trazados en la presente ejecutoria, primero deje sin efectos jurídicos la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil ocho, pronunciada en el incidente de nulidad de actuaciones, y determine que operó la caducidad de la instancia; segundo, indiquen que deben subsistir las actuaciones practicadas con posterioridad a la citación de veinticinco de septiembre de dos mil siete, esto es, a partir de la diligencia de emplazamiento, hasta el desahogo de la primera audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia celebrada el veintiséis de febrero de dos mil ocho; y, tercero, hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva el recurso de apelación atendiendo las actuaciones que se declararon legales.
Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución que los inconformes atribuyeron al Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, de conformidad con la jurisprudencia 102, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 66, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece:
"AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.-Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta."
Por último, cabe decir que al ser ilegal el estudio que pudiera hacerse de la primera violación al procedimiento, resulta innecesario el examen de los restantes que tienen relación con violaciones sustantivas al procedimiento, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 107 sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 85, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.-Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."
Consiguientemente, ante lo fundado del tercer concepto de violación, examinado en último lugar, procede conceder la protección federal impetrada.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo; 35, 37, fracción I, inciso c) y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-Para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto que reclamó, por conducto de su abogado patrono **********, de la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistente en la sentencia definitiva de treinta de noviembre de dos mil once, dictada dentro de los autos del toca de apelación 514/2011, que modificó la de primera instancia emitida por el Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, en el expediente 671/2007, relativo al juicio de cumplimiento de contrato de mutuo con interés por pago y como consecuencia la cancelación de la garantía hipotecaria, así como también de la transacción y revocación de mandato especial para actos de dominio promovido por **********, en contra del aquí quejoso, así como la acción reconvencional de cumplimiento forzoso de convenio de transacción, contenido en la cláusula séptima del contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria en primer lugar y grado, transacción y mandato especial irrevocable para actos de dominio promovida por el aquí quejoso en contra de **********, y su ejecución a cargo de esta última autoridad.
Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, remítanse los autos a la Sala responsable así como el sobre que se adjuntó al informe justificado y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Rosa María Temblador Vidrio, Eric Roberto Santos Partido y Enrique Zayas Roldán, por lo que hace al punto resolutivo; por mayoría de los dos primeros en cuanto a las consideraciones que lo sustentan, contra el del último de los nombrados, quien se pronunció en términos de su ponencia que no fue aprobada y queda como voto particular, habiendo sido ponente el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XIII y XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, frac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24476-7903b6ca/caducidad-de-la-instancia-opera-en-los-incidentes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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