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Modo: Corpus Pro

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 440/2013. · Registro digital (IUS): 24681
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Pág. 737.

AMPARO EN REVISIÓN 440/2013. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JESÚS MARTÍNEZ CALDERÓN. SECRETARIO: JORGE LUIS OLIVARES LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

OCTAVO. Previo a dar contestación a los motivos de inconformidad hechos valer por la parte recurrente, este cuerpo colegiado, dado que en el caso se trata de un asunto de naturaleza penal, procederá de oficio al estudio de la sentencia del a quo y en caso de que ésta resulte apegada a derecho, se entrará a responder los motivos de disenso hechos valer por la parte inconforme.

Ahora bien, para explicar la calificación de los agravios, se estima oportuno establecer las exigencias constitucionales y legales para el dictado de un auto de vinculación a proceso.

Al respecto, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente señala:

"Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. ..."

Por otra parte, el numeral 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, dispone:

"Artículo 280. Requisitos para vincular a proceso al imputado:

"El Juez, a petición del Ministerio Público, decretará la vinculación del imputado a proceso siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

"I. Que se haya formulado la imputación.

"II. Que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar.

"III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

"IV. No se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación.

"El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público al formular la imputación. En dicho auto deberá establecerse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de tales hechos."

De la transcripción que antecede se desprenden los elementos que debe contener todo auto de vinculación, y son:

A. Que se haya formulado imputación, según el caso, esto es:

A.a. Que haya comunicado el Ministerio Público en presencia del Juez que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial;

A.b. Cuando el Ministerio Público estime necesaria la intervención judicial para la aplicación de medidas cautelares personales, estará obligado a formular previamente la imputación.

A.c. En el caso de imputados detenidos en flagrancia o caso urgente, el Ministerio Público deberá formular la imputación, solicitar la vinculación del imputado a proceso, así como la aplicación de las medidas cautelares que procedieren en la misma audiencia de control de detención a que se refiere el artículo 168 y procederá a calificar la detención, ratificándola en caso de encontrarla ajustada a la ley o decretando la libertad con las reservas de ley, en caso contrario;

A.d. En el caso de imputados que han sido aprehendidos por orden judicial, se formulará la imputación en su contra en la audiencia que al efecto convoque el Juez de garantía, una vez que el imputado ha sido puesto a su disposición, debiendo recibirse su declaración inmediatamente o, a más tardar en el plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de su aprehensión. En este caso, formulada la imputación en la misma audiencia, deberá solicitar la vinculación del imputado a proceso, así como la aplicación de las medidas cautelares que procedieren.

B. El imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar.

B.a. En efecto, en la audiencia correspondiente después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal. O, en su caso, después de habérselos dado a conocer, ofrecerá la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente los hechos que se le imputaren, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. El Juez de oficio o a petición del imputado o su defensor, podrá solicitar las aclaraciones o peticiones que considere convenientes respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público.

B.b. Formulada la imputación, se le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar el cargo, rindiendo en ese acto su declaración preparatoria, es decir, en caso de que el imputado manifieste su deseo de declarar, lo que se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 359.

B.c. Rendida la declaración del imputado o manifestado su deseo de no declarar, el Juez procederá a abrir debate sobre las demás peticiones que los intervinientes plantearan.

B.d. Luego, antes de cerrar la audiencia, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso, salvo que el imputado haya renunciado al plazo previsto en el artículo 19 constitucional y el Juez haya resuelto sobre su vinculación a proceso en la misma audiencia.

B.e. Cuando la víctima u ofendido asista a la audiencia de formulación de imputación, el Juez deberá individualizarla y darle a conocer los derechos que establece el numeral 121 del ordenamiento jurídico en consulta.

C. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

Esto es, el elemento objetivo del tipo y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; no los demás elementos ni la probable responsabilidad.

D. No se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación.

Es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables en la carpeta de investigación, que demuestren alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente de incriminación.

E. Únicamente por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, en el entendido que el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público al formular la imputación, y;

F. Se establezca el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución de tales hechos, sin incluir las calificativas o circunstancias modificativas de la responsabilidad.

Por lo anterior, el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple o no con los lineamientos de la nueva redacción del artículo 19 constitucional, no exige analizar los elementos normativos y subjetivos si es el caso que estos últimos los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado, lo cometió o participó en su comisión.

Para ello, el Juez de garantía debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes).

Dadas las premisas señaladas con antelación, debe decirse que debido a las reformas de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal de corte acusatorio, adversarial y oral, que cumpla con los principios del debido proceso legal, como inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; ello, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y sus instituciones, hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales, asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal; se cambió la figura del auto de formal prisión para sustituirlo por el auto de vinculación a proceso, se cambió de fondo la noción de "cuerpo del delito" por constituir una exigencia probatoria demasiado alta para el Ministerio Público, modificándose con esto el estándar de prueba para pronunciar un auto de vinculación a proceso, a fin de establecer un nivel de prueba más razonable que corresponda al contexto de un sistema procesal penal acusatorio de corte garantista en donde se limita el empleo de la prisión preventiva y se construyen mecanismos que reducen significativamente los alcances de la averiguación previa.

Pues bien, el análisis de las constancias que integran el juicio de garantías de que se trata, así como la observación audiovisual, en tiempo real, de los discos ópticos que lo conforman, remitidos por la autoridad responsable, permiten establecer que en la sentencia sujeta a revisión, el resolutor de amparo con toda atingencia estimó que el auto de vinculación a proceso reclamado cumple con las apuntadas exigencias que para su legal dictado establecen los artículos 19 de la Constitución General de la República y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, pues además de que se dictó después de que el Ministerio Público formuló imputación en contra del aquí inconforme, de que éste se reservó su derecho a declarar -cinco de diciembre de dos mil doce-, y en la audiencia que previamente fijó la Juez de garantía para resolver su situación jurídica, los elementos de convicción que lo sustentan son aptos y suficientes para establecer la comisión del hecho señalado como delito de robo con penalidad agravada previsto y sancionado por los artículos 208, fracción II, 211, fracción IV y 212, fracciones I y II, todos del Código Penal del Estado vigente para el Estado de Chihuahua, así como su probable participación en su realización, en términos de los diversos 18, fracción I y 21, fracción III, de esta propia legislación, pues consisten en:

1. Denuncia de **********, de cinco de noviembre de dos mil diez.

2. Testimonial de **********.

3. Informe policial elaborado por Luis Roberto Chávez Aguilar, agente investigador de la Policía Única Estatal, de siete de abril de dos mil once.

4. Declaraciones testimoniales, ante el Ministerio Público de ********** y **********, de apellidos ********** de veintiséis de mayo de dos mil once.

5. Informe pericial en materia de avalúo emitido por Nancy Prado Almeida, perito adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias de la Fiscalía General del Estado.

Ahora bien, de los anteriores medios de convicción se acredita el primer requisito, consistente en que el auto de vinculación a proceso se pronuncie por una autoridad judicial, se encuentra colmado, puesto que la resolución de situación jurídica la emitió en su momento la Jueza de garantías del Distrito Judicial Morelos, con residencia en esta ciudad, vinculó a proceso al imputado **********, por hechos constitutivos de dichos ilícitos cometidos el cinco de noviembre de dos mil diez.

El segundo de los requisitos también se encuentra justificado, ya que el fiscal, mediante audiencia de veinte de septiembre de dos mil once; efectuó la imputación directa.

Asimismo, el tercero de los requisitos se encuentra justificado de manera fehaciente, toda vez que al quejoso en la audiencia de fecha antes mencionada se le hizo saber su derecho a declarar preparatoriamente, manifestando que se reservaba tal derecho.

Del mismo modo, el cuarto, quinto y sexto de los requisitos, se encuentran colmados, en virtud de que el cinco de noviembre de dos mil diez, se cometió el delito de robo con penalidad agravada, previsto y sancionado en los artículos 208, fracción II, 211, fracción VI, en relación con el 212, fracciones I y II, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua; además, no existe dato alguno que corrobore la extinción de la acción penal; y, en el auto de vinculación a proceso, se estableció el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de tales hechos.

De las constancias que integran el presente juicio, se evidencia que el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante resolución de treinta de noviembre de dos mil once, en los autos del toca N 59/2011, confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por la Juez de garantía del Distrito Judicial Morelos, el veintitrés de septiembre de ese mismo año, en contra el ahora quejoso, dentro de la causa penal 1404/2011, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo con penalidad agravada, previsto y sancionado en los artículos 208, fracción II, 211, fracción VI y 212, fracciones I y II, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, por hechos ocurridos el cinco de noviembre de dos mil diez.

En tal orden de ideas, del estudio detallado de las constancias que, como complemento a su informe con justificación, remitió la responsable, así como los registros audio visuales de la audiencia vinculatoria, a las que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se concede pleno valor probatorio; y, sobre la base que la presente resolución se dicta al tenor del artículo 19 constitucional, se estiman colmados y, por ende, el auto de vinculación a proceso reclamado, se dictó ajustado a derecho y no irroga violación alguna a las garantías individuales en perjuicio del peticionario del amparo, por las razones y circunstancias que a continuación se exponen:

Sobre el particular, según se advierte del auto reclamado, el ilícito de robo con penalidad agravada, previsto y sancionado en los artículos 208, fracción II, 211, fracción VI y 212, fracciones I y II, todos del Código Penal del Estado; disponen:

"Artículo 208. A quien con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrá:

"...

"II. Cuando exceda de quinientas veces el salario, pero no de mil, la sanción será de dos a cuatro años de prisión y multa de cien a doscientas veces el salario. ..."

"Artículo 211. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicará prisión de seis meses a tres años, cuando el robo:

"...

"VI. Se cometa con la intervención de dos o más personas."

"Artículo 212. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicarán de uno a diez años de prisión, cuando el robo:

"I. Se cometa en el interior de un lugar cerrado, habitado o destinado a habitación, o en sus dependencias, al que no se haya tenido libre acceso.

"II. Se cometa por medio de la violencia a las personas, sea física o moral, utilizándose arma de fuego u otro objeto de apariencia similar que produzca en la víctima coacción en su ánimo, o bien, empleándose arma blanca u otro instrumento punzo cortante o punzo penetrante. ..."

Ahora bien, del análisis escrupuloso de los medios de prueba expuestos por la representación social, se estima que la responsable actuó apegada a derecho, en cuanto a que son aptos y suficientes para tener por demostrados los hechos que la ley prevé como delito de robo con penalidad agravada, previsto y sancionado en los artículos 208, fracción II, y 211, fracción VI, en relación con el 212, fracciones I y II, todos del Código Penal del Estado; por hechos ocurridos el cinco de noviembre de dos mil diez, en la casa habitación ubicada en la calle ********** "**********" número ********** de la colonia ********** cometido en perjuicio de **********. **********

Los elementos del delito de robo con penalidad agravada previstos en los artículos antes señalados son los siguientes:

a) El apoderamiento antijurídico de bienes muebles;

b) Que ese apoderamiento antijurídico sea sin derecho ni consentimiento de la persona que podía disponer de esos bienes ajenos con arreglo a la ley;

c) Que se cometa con la intervención de dos o más personas;

d) Que se ejecute en el interior de un lugar cerrado, habitado o destinado a habitación, o en sus dependencias, al que no se haya tenido libre acceso; y

e) Que se realice por medio de la violencia a las personas, sea física o moral, utilizándose arma de fuego u otro objeto de apariencia similar que produzca en la víctima coacción en su ánimo, o bien, empleándose arma blanca u otro instrumento punzo cortante o punzo penetrante.

El primer requisito consistente en el apoderamiento antijurídico de bienes muebles, se acredita mediante denuncia ante la representante social el cinco de noviembre de dos mil diez, de los hechos relatados por **********, coincidiendo las circunstancias de tiempo, lugar y modo con los hechos materia de la imputación; agregando en cuanto a la dinámica de los mismos que en la citada hora y fecha, al ir llegando a su casa habitación en compañía de su enfermero **********, fueron sorprendidos por dos sujetos de aproximadamente veinte años de edad, concretamente cuando descendían del vehículo automotor en el cual viajaban; sujetos que los amenazaron con arma de fuego y uno le indicaba al otro que buscara en un cajón, que fue en la segunda ocasión refiere la denunciante que dichos sujetos ingresaron a robar, que así lo considera porque los mismos se dirigieron al lugar donde tenía las cosas, finalmente refirió que su enfermero es quien sí pudo ver a los sujetos con claridad.

Denuncia que cumple con los requisitos del artículo 213 del código procesal penal, al haber sido formulada por la persona directamente agraviada con la consumación de los hechos materia de la imputación y detallando las circunstancias en que se consumaron, además formuló su queja ante la autoridad competente para recibirla, cumpliendo así con el presupuesto procesal para decretar auto de vinculación a proceso.

En cuanto a los requisitos de fondo, se demostró que siendo aproximadamente las trece horas con treinta minutos del cinco del mes de noviembre de dos mil diez, cuando **********, iba llegando a su casa habitación, en compañía de su enfermero **********, fue sorprendida por dos sujetos, quienes los obligaron a ingresar a la vivienda, de donde la desapoderaron -sin que para ello otorgara su consentimiento- de los descritos bienes muebles, en las circunstancias de modo a que hace alusión en su denuncia; porque la denuncia que formulara **********, al verse corroborada con diversos antecedentes, se otorga eficacia jurídica para considerar ciertos los hechos de que se queja, de conformidad con los artículos 212, 213, 330 y 333 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua.

Lo aducido por la sujeto pasivo en cuanto a que es propietaria de los bienes que señaló, como materia del ilícito de apoderamiento, se demuestra no sólo con su afirmación, sino con la información a cargo de ********** y **********, quienes dijeron saber y constarles que la denunciante es propietaria de los bienes que señala como materia del ilícito de apoderamiento, ello en su calidad de ********** de la sujeto pasivo; tuvieron oportunidad de ver a ésta en poder de los descritos bienes, ambas refirieron en fecha veintiséis de mayo de dos mil once, que el cinco de noviembre de dos mil diez, su **********, les comentó que ese día había sido objeto de un robo, que los bienes que le robaron tienen un valor aproximado, una dijo de sesenta mil pesos, otra una cantidad diversa, pero ambas coinciden en que los bienes los conocieron porque los veían diariamente al visitar a su **********, y ésta los lucía, de tal atesto se advierte que a las testigos les consta que **********, es propietaria de los bienes muebles en comento, los cuales incluso detallaron con precisión, coincidiendo en la mayoría, en cuanto a sus características generales, con las que indicara la propia sujeto pasivo, además debo señalar, por la relación de que las testigos tienen con ella, es lógico suponer que conocen los bienes muebles que posee, por ello están en posibilidad de describirlos con mayor razón, por las características de éstos, si son joyas y accesorios como bolsas, los cuales se adquieren para portarlos precisamente y así estar a la vista del resto de las personas; de ahí que tal información posee eficacia jurídica para demostrar que **********, es propietaria de los bienes que afirma fueron objeto de un ilícito apoderamiento, ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 330, 333 y 334 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua.

Con lo anterior se acredita que **********, fue desapoderada de los bienes que describe, mismos que son de su propiedad, y ello fue en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que refirió, sin que otorgara su consentimiento, porque su afirmación en tal sentido se adminicula con la rendida por **********, quien afirma haber sido testigo presencial del suceso; dijo ser enfermero y trabajar para la señora **********, que el cinco de noviembre de dos mil diez, alrededor de las trece horas con cinco minutos, al llegar él en compañía de la citada sujeto pasivo a la casa habitación de ésta y precisamente al descender del automotor, observó a dos sujetos que se encontraban ahí, y portaba un arma de fuego, una dijo, tipo escuadra de tamaño grande y color negro, que con ella lo amagaron, indicándole que ingresara a la casa habitación, una vez que él ya se encontraba adentro, ayudaron a la señora ********** para que bajara del vehículo e ingresara también a la casa habitación, que fue en ese preciso momento en que se dio cuenta que efectivamente eran dos sujetos, observando claramente a uno de ellos, que uno de los sujetos le pidió la cartera y el celular, cuando lo había introducido al baño diciéndole que si acaso había llamado telefónicamente a la policía, lo mataría y le puso la pistola, la cual dice, sacó de una chamarra deportiva, color azul, con capucha y zíper enfrente; que después de revisar dicho sujeto el teléfono y darse cuenta de que no había realizado llamada alguna le dijo -te has salvado-, luego, dicho sujeto lo llevó nuevamente al baño y de ahí pudo observar los movimientos que ambos individuos realizaban y cómo se apoderaban de las joyas que encontraron en la casa habitación, así como de los citados objetos.

Finalmente, dijo que los sujetos los amagaron y amenazaron con privarlos de la vida, tanto a él, como a la señora **********, y que se dirigían a ésta con mayor claridad y señalaban que al cabo ya era una persona mayor, atesto al que se le otorga valor probatorio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 330, 333 y 334 del código adjetivo de la materia.

En cuanto a las circunstancias en las cuales se cometieron los hechos, cabe decir que tanto la denunciante como el citado testigo, de acuerdo a su declaración, los relataron inmediatamente después de consumados y con tales antecedentes se acredita que **********, se condujo con verdad en cuanto a que, en la fecha, lugar y circunstancia que refiere fue desapoderada de los bienes que detalla, sin que otorgara para ello su consentimiento, pues su dicho en tal sentido, como ya dijo, fue corroborado por el testigo presencial. La denuncia formulada por la víctima fue con inmediatez al suceso, independientemente de que el testigo fuera llamado con posterioridad a declarar; sin embargo no fue omiso en circunstancias esenciales del evento que presenció, coincidiendo en cuanto a las mismas con las que relató la sujeto pasivo; es por ello que el valor que se otorgó a las informaciones de la víctima, del testigo presencial y de las diversas testigos con las cuales se acredita la existencia y la falta posterior de los bienes muebles materia del ilícito de apoderamiento, resulta apegado a derecho en términos de lo establecido en los artículos 334 y 339 del Código de Procedimientos Penales del Estado.

Ahora bien, en cuanto al elemento normativo del tipo penal de robo consistente en que los bienes materia del apoderamiento sean muebles, lo señalado por la denunciante, el testigo presencial, las testigos de cuyas informaciones deriva la existencia y la falta posterior de los bienes muebles, así como los señalados por la agente del Ministerio Público, sin duda alguna que al ser joyas y artículos o accesorios para dama, tienen tal calidad por naturaleza, ello de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 724 del Código Civil para el Estado, ya que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin que pierdan su esencia.

El segundo requisito relativo a que el apoderamiento se llevó a cabo sin consentimiento de la sujeto pasivo, así se demuestra, no únicamente con lo afirmado por **********, sino que se corrobora con lo aducido por **********; además de ello, la agente del Ministerio Público, hace alusión a un informe en materia de avalúo a cargo de Nancy Prado Almeida, perito adscrita a la Fiscalía General del Estado, quien concluyó que la mayoría de los bienes muebles materia del ilícito apoderamiento tiene un costo de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), lo anterior, independientemente de que las testigos refirieran que los bienes muebles materia de la sujeto pasivo tuvieran un valor diverso, ellas no tienen los conocimientos necesarios para emitir una opinión sobre el mismo; sin embargo, sí los posee la perito, por ello se otorga valor a tal informe, además la perito actuó en ejercicio de las actividades que le fueron encomendadas por la representante social, la auxilió en la investigación del hecho, sin duda actuando de buena fe y materia objetiva, sin duda que tiene los conocimientos y la capacitación necesaria para realizar peritajes de tal materia y además fue emitido en términos de lo dispuesto por el artículo 259 del código adjetivo de la materia. El perito, aun cuando no tuvo a la vista los bienes muebles, con sus características, al ser adscrito a la fiscalía general y poseer capacitación sobre la materia de evaluación, puede emitir una conclusión respecto a su valor, precisamente por poseer experticia para ello y sobre tal tema, el defensor nada argumentó, es decir, en cuanto a la experticia del perito, no obstante que se observó el principio de contradicción, incluso la veracidad de su conclusión deriva del hecho de haber mencionado no poder otorgar valor a diversos bienes muebles de los señalados como material del ilícito apoderamiento, por ello que el medio de convicción referido tenga valor probatorio atendiendo lo dispuesto por el artículo 330, 333, 343 y 344 del Código de Procedimientos Penales del Estado.

De acuerdo a la mecánica de los hechos, los coautores de los mismos operaron con dolo y ánimo de conducirse como dueños respecto de los bienes en comento. Tal elemento subjetivo del tipo penal, independientemente de que, como lo argumentó la agente del Ministerio Público, en este momento procesal no se requiere su demostración, pero es importante recalcar que consumaron los actos idóneos para apoderarse de bienes muebles ajenos y que ello fue sin consentimiento de su propietaria, pues sin autorización alguna llegaron hasta el lugar donde ésta se encontraba acompañada de su enfermero, los obligaron a descender del vehículo e ingresaron a la casa habitación, de cuyo interior sustrajeron los bienes muebles en comento, lo cual constituye, sin lugar a dudas, un hecho descrito por la ley penal como delito, y quería su resultado, dado que se alejaron del lugar llevando consigo dichos bienes muebles, colocándolos así bajo su radio de acción y disponibilidad como si fueran dueños de los mismos.

En cuanto a los requisitos tercero, cuarto y quinto, consistentes en las agravantes invocadas por la agente del Ministerio Público, establecidas en la fracción VI del artículo 211 y fracciones I y II del numeral 212 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en las cuales se determina que el delito de robo se sanciona con penalidad agravada cuando se cometa por dos o más personas, en una casa habitación y empleando arma de fuego.

Las mismas se acreditan con el cúmulo probatorio suprarelacionado, pues de acuerdo al relato proporcionado por la víctima y el testigo presencial del evento, el ilícito apoderamiento se llevó a cabo precisamente por dos sujetos, quienes emplearon para ello, un arma de fuego y lo consumaron, una vez que lograron ingresar a la casa habitación de la víctima, sin que se aportara hasta este estadio procesal dato alguno para demostrar lo contrario.

Ahora bien, con los mismos elementos de prueba relacionados se acredita la probabilidad de que el quejoso ********** es autor del hecho típico en comento, como lo afirmó la agente del Ministerio Público, también se ha demo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24681-e093ef85/auto-de-vinculacion-a-proceso-en-su-dictado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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