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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO. EL REALIZADO POR CONDUCTO DE UNA PERSONA MENOR DE 18 PERO MAYOR DE 16 AÑOS, CONSTITUYE UNA DILIGENCIA ILEGAL (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE COLIMA Y DEL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 222/2013. · Registro digital (IUS): 24816
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Pág. 935.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 222/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

5. PRIMERO. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1) y 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.

6. SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el tercero perjudicado, en el amparo en revisión 361/2012 del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito en el Estado de Colima, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación previsto en los referidos preceptos.

7. TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios, son las siguientes:

8. A) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el cuatro de mayo de dos mil doce, por mayoría de votos, el recurso de revisión número 103/2012, sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente:

"CUARTO. ... Continúa aduciendo la recurrente que el Juez Federal no advirtió que la diligencia de emplazamiento en el juicio natural cumplió con todas las formalidades de ley, ya que el actuario que la practicó dejó la respectiva cédula de notificación junto con copias selladas y cotejadas a la persona con quien entendió la diligencia, además de que al asentar su razón actuarial estableció que se constituyó en el domicilio del inmueble materia del arrendamiento, y se entendió con **********, quien tenía aproximadamente cuarenta y cinco años de edad y manifestó ser empleado de los quejosos y demandados; que la fe pública del actuario no puede desvirtuarse con un simple atestado del registro civil, ya que dicho notificador de antemano sabe que no puede entender la diligencia con menores de edad. En tales argumentos subyace la causa de pedir consistente en que la diligencia de emplazamiento fue legal porque se entendió con persona capaz. El argumento que precede es fundado. El Juez Federal argumentó en la resolución que se impugna que la diligencia de emplazamiento efectuada el día veintiséis de octubre de dos mil diez presentó irregularidades, específicamente al haberse practicado con una persona menor de edad, ya que una de las formalidades esenciales para esta clase de diligencia debe atenderse en primer término con el demandado, y en el caso de que éste no se encuentre, se tendrá que practicar mediante cédula que debe entregarse a los parientes, empleados o domésticos del interesado o de cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado. En la resolución que se impugna, el Juez Federal también hizo hincapié en que dentro de la legislación procesal civil no existe disposición alguna que especifique que la diligencia de emplazamiento debe efectuarse con una persona mayor de edad, pero que de la interpretación de los artículos 23, 450, 646 y 647 del Código Civil del Distrito Federal se infiere que la minoría de edad es una restricción a la capacidad legal, misma que comienza a los dieciocho años y, que, por tanto, al realizarse una diligencia de la envergadura del emplazamiento ésta debe entenderse precisamente con una persona que reúna este requisito, esto es, la mayoría de edad y su correlativa capacidad legal. Ahora, este Tribunal Colegiado considera que si bien es cierto la minoría de edad en una persona restringe su capacidad legal para asumir las obligaciones derivadas de determinados actos jurídicos, este concepto no es determinante para acotar la percepción, entendimiento y comprensión que una persona que no haya alcanzado la mayoría de edad (dieciocho años) pueda tener respecto de los sucesos personales o materiales que giren en su entorno. En principio, la capacidad proviene del latín capacitas, que significa aptitud o suficiencia para alguna cosa; jurídicamente se entiende como la aptitud legal de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones, o como la facultad o posibilidad de cumplir sus obligaciones por sí misma. En otras acepciones, la capacidad jurídica la tiene toda persona en su acepción genérica; se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. La capacidad jurídica que el derecho reconoce al ser humano, como aptitud para ser titular de relaciones jurídicas, es una capacidad abstracta y uniforme para todos. Ahora, para ser titular de ciertas relaciones, se puede exigir a la persona determinadas aptitudes especiales, y para ello se precisa de una especial capacidad jurídica. Luego, la capacidad de obrar como aptitud reconocida por el derecho para realizar en general actos jurídicos, ni la tiene toda persona, ni es igual para todos los que la tienen; puede faltar o existir plena o parcialmente. En el primer caso se está en presencia verbigracia de recién nacidos, el segundo se presenta en aquellos que han alcanzado la mayoría de edad, salvo casos excepcionales y, por último, la capacidad de obrar en comento puede verse limitada en tratándose de menores emancipados. Para que una persona pueda realizar válidamente un acto jurídico se precisa de tener: 1. Capacidad de obrar, es decir, aptitud abstracta reconocida por el derecho para otorgarlo. 2. Estar en condiciones psíquicas de poder llevarlo a cabo. Por lo que una cosa es la capacidad de obrar y otra las condiciones psíquicas adecuadas para ejercer válidamente tal capacidad. Ahora bien, en tratándose de menores de edad existen otra clase de capacidades especiales o limitadas para ciertos actos concretos como los previstos en los artículos 148 y 1306, fracción I, del Código Civil para el Distrito Federal, del contenido siguiente: ‘Artículo 148. Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. Los menores de edad podrán contraer matrimonio, siempre que ambos hayan cumplido dieciséis años. Para tal efecto, se requerirá del consentimiento del padre o la madre o en su defecto al tutor; y a falta o por negativa o imposibilidad de éstos, el Juez de lo familiar suplirá dicho consentimiento, el cual deberá ser otorgado atendiendo a las circunstancias especiales del caso. ...’. ‘Artículo 1306. Están incapacitados para testar: I. Los menores que no han cumplido dieciséis años de edad, ya sean hombres o mujeres.’. En el caso, es de trascendencia el tópico relativo a la capacidad limitada a través de la cual el sujeto es parcialmente capaz, de forma que le está permitido celebrarlos a él, mas no por sí solo, sino que se requiere de la intervención de otra persona que con su consentimiento o asistencia complete su capacidad suficiente. Verbigracia, cuando el menor emancipado necesita gravar un inmueble (artículo 643 del Código Civil), o bien cuando desee celebrar capitulaciones matrimoniales (artículo 181 ley sustantiva civil). ‘Artículo 643. El emancipado tiene la libre administración de sus bienes, pero simpre (sic) necesita durante su menor edad: I. De la autorización judicial para la enajenación, gravamen o hipoteca de bienes raíces. II. De un tutor para negocios judiciales.’. ‘Artículo 181. El menor que con arreglo a la ley pueda contraer matrimonio, puede también otorgar capitulaciones, las cuales serán válidas si a su otorgamiento concurren las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio.’. En este mismo orden de ideas, la carencia de capacidad de ejercicio da lugar al concepto de incapacidad que siempre será excepcional y especial, porque no puede concebirse a una persona que aún no alcanza la mayoría de edad privada de todos sus derechos. Los incapaces, en términos del artículo 23 del Código Civil, pueden ejercitar sus derechos o contraer y cumplir sus obligaciones por medio de sus representantes. Como ya se ha precisado con antelación, en el caso particular de los menores, la incapacidad de obrar o de ejercicio presenta grados. Es absoluta o total cuando el menor no ha sido emancipado, y parcial cuando éste se encuentra ante esta circunstancia (emancipación) que lo hizo salir parcialmente de su incapacidad, o bien cuando se le coloca ante una situación que exige del menor condiciones de madurez mental y discernimiento, para atender responsablemente conductas como las que enseguida se describen. Debe tenerse en cuenta que existe la capacidad laboral, estimada como la aptitud o idoneidad que se requiere para el ejercicio de una determinada actividad, ya sea profesional, manual, intelectual o de otro género similar, que se traduce en la eficaz actuación de un trabajador para el desempeño de un oficio o profesión. Los artículos 22 y 23 de la Ley Federal del Trabajo disponen: ‘Artículo 22. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.’. ‘Artículo 23. Los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus servicios, con las limitaciones establecidas en esta ley. Los mayores de catorce y menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del inspector del trabajo o de la autoridad política. Los menores trabajadores pueden percibir el pago de sus salarios y ejercitar las acciones que les correspondan.’. También se tiene que los menores de edad pueden conducir vehículos automotores si obtienen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el permiso correspondiente, tal como lo prevé el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, que en su artículo 29, dispone: ‘Artículo 29. Los menores de edad pueden conducir los vehículos automotores que requieran licencia tipo A, mediante permisos temporales de conducir, conforme a las condiciones siguientes: I. Sólo serán válidos en un horario comprendido entre las 05:00 y las 24:00 horas. II. Queda prohibido conducir en manifestaciones, caravanas, procesiones, exhibiciones deportivas y demás tipos de concentraciones humanas; y III. De igual forma, está prohibido que conduzcan cualquier vehículo de transporte público, mercantil o privado de pasajeros o de carga en cualquiera de sus modalidades. El trámite para la obtención y reposición de permiso para conducir se realizará en las delegaciones, y centros autorizados. La vigencia de los permisos de conducir se extinguirá al cumplir la mayoría de edad, o al incurrir en cualquier infracción al presente reglamento.’. De una interpretación integral de los preceptos antes relacionados, se encuentra que si bien es cierto el artículo 646 de la ley sustantiva civil del Distrito Federal establece que la mayoría de edad se alcanza hasta los dieciocho años, y sólo así la persona puede disponer libremente de su persona y de sus bienes, lo cierto es que tal factor cuantitativo de tiempo y cualitativo como atributo de la persona física (edad) no debe constreñir a concluir que los individuos menores de dieciocho años de edad se encuentren restringidos en cuanto a sus facultades de intelección, que les impida discernir o comprender los alcances de ciertos y determinados hechos o actos que a su alrededor acontecen, sean ellos partícipes de los mismos o no. Esto es, si en distintas disposiciones de la legislación mexicana están previstos casos de excepción a la regla general (mayoría de edad 18 años) para llevar a cabo la celebración de actos de importante trascendencia en la vida de una persona como el matrimonio, las capitulaciones matrimoniales, el otorgamiento de testamento, contrato de trabajo, permisos de conducción, etcétera; entonces, se colige válidamente que hombres o mujeres menores de dieciocho años pero mayores de dieciséis años cumplidos, pueden celebrarlos con la participación sea ya de sus padres u otras instituciones facultadas por la ley para poder completar su capacidad legal o de obrar, y esto último no conlleva a establecer que por el hecho de que estos personajes intervengan en la celebración de estos actos, los menores a quienes asisten sean incapaces de comprender el derecho que van a ejercer o la obligación que han decidido adquirir y cumplir, pues su intervención es meramente para fortalecer y perfeccionar el acto jurídico que el menor celebra. Así, cuando distintas legislaciones coinciden en que a la edad de dieciséis años una persona puede celebrar, contratar y obligarse, es porque mentalmente ha adquirido la madurez necesaria para comprender el alcance de sus acciones y los efectos que éstas producirán en el tiempo y en el espacio, salvo aquellos sujetos que aun teniendo físicamente esta edad, presenten un grado de discapacidad, de carácter intelectual o mental, de dependencia de algún enervante, psicotrópico o cualesquier otra sustancia tóxica que altere en grado superior sus facultades de intelección que les impida discernir y gobernarse por sí mismos, o manifestar libremente su voluntad. Nótese, como se dijo, que los actos que la ley autoriza a celebrar a menores de dieciocho años pero mayores de dieciséis son de naturaleza sustantiva, en tanto afectan de manera directa a su persona o a sus bienes; a diferencia del acto cuya legalidad aquí se analiza, consistente en la mera recepción de documentos para entregárselos a quien está dirigido el emplazamiento, como lo permite la ley procesal para que dicha diligencia se entienda con persona diversa al directamente interesado. En el presente asunto, si bien es cierto la minoría de edad en una persona origina restricciones en el ejercicio de su capacidad de ejercicio en la vida jurídica, dichas limitaciones no implican que una persona de una edad promedio entre dieciséis a dieciocho años, no tenga capacidad de intelección para atender la visita de un funcionario judicial, que como en el caso, no busca a dicho menor como destinatario del emplazamiento, sino que se presenta en determinado domicilio buscando a una persona diversa para tal cometido. Para mejor comprensión de este asunto, lo que aquí acontece es que a juicio de los hoy quejosos el actuario les emplazó a través de un menor de edad (menor que tenía diecisiete años, diez meses, veinticinco días cumplidos al momento de la diligencia), lo que en el juicio constitucional demostraron con la copia certificada de **********, pero que partiendo de la premisa de que la ley le permite a una persona que ya cuenta con dieciséis años cumplidos celebrar actos de mayor grado de complejidad y compromiso como lo son el matrimonio, el testamento, la conducción de vehículos, o la vida laboral y sus implicaciones, es porque cuenta con las condiciones de madurez necesarias para discernir sin menor problema las implicaciones de esta clase de eventos. Así que no cabe duda, de que se encuentra dentro de las capacidades de comprensión de un menor de edad que oscile entre los dieciséis y dieciocho años, el informarle al actuario sobre la presencia o ausencia de la persona buscada, de la relación que guarda con ella, y de su posibilidad o imposibilidad de entregarle, como en el caso, la cédula de emplazamiento y sus anexos (copias de la demanda y otros documentos adjuntos a ella), sin que tal situación conlleve a declarar la nulidad de esta actuación judicial, con base en interpretaciones poco sólidas en relación con la capacidad de una persona cuando ésta es menor de edad, pues esta condición jurídica de la persona no es sinónimo de incapacidad mental. ..."

9. De esa ejecutoria derivó la tesis que enseguida se identifica y transcribe:

"EMPLAZAMIENTO ATENDIDO POR UN MENOR DE DIECIOCHO PERO MAYOR DE DIECISÉIS AÑOS, NO RESULTA ILEGAL. Los artículos 23 y 646 del Código Civil para el Distrito Federal establecen que la mayoría de edad comienza a los dieciocho años cumplidos, por lo que una persona de menor edad está restringida respecto de su capacidad de ejercicio. No obstante lo anterior, el derecho sustantivo civil, laboral y administrativo contempla diversos supuestos que describen los actos que un menor de dieciocho años, pero mayor de dieciséis, puede realizar válidamente, atendiendo a su madurez mental, tales como el otorgamiento de testamento, la celebración del matrimonio y de capitulaciones matrimoniales, gravar un inmueble, la obtención de permisos de conducción de vehículos, así como la celebración de un contrato de trabajo; por ende, tratándose de la hipótesis relativa a que el emplazamiento es atendido por una persona cuya edad oscila entre los dieciséis y los dieciocho años cumplidos, la diligencia de mérito no resulta ilegal, en virtud de que un menor de edad en las apuntadas características está en aptitud física e intelectual de entender los motivos por los cuales un funcionario judicial busca a determinada persona, así como de informarle las circunstancias peculiares que lo vinculan con el demandado, ya que en este caso específico, la capacidad de ejercicio no se ve comprometida en la diligencia de emplazamiento, en tanto que no es el menor de edad el emplazado, sino sólo un intermediario entre el personal judicial y el destinatario del emplazamiento.(2)

"Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

"Amparo en revisión 103/2012. **********. 4 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: **********. Secretaria: **********."

10. B) Por otra parte, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, al resolver el uno de marzo de dos mil trece el amparo en revisión número 361/2012, sostuvo, en lo que interesa para el asunto, lo siguiente:

"QUINTO. En este apartado procede el análisis conducente de los conceptos de violación. En el primero de los conceptos de violación la quejosa expresa que en el acta de emplazamiento se le pretendió llamar a juicio con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil siete; sin embargo, esa acta no cumple con los requisitos que establece la legislación procesal civil aplicable, toda vez que se llevó a cabo con **********, quien en esa fecha era incapaz para que se llevara tal acto jurídico por su conducto, dado que no tenía la mayoría de edad requerida, pues tenía dieciséis años de edad. El concepto de violación es fundado. El artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, vigente en el momento en que se practicó el emplazamiento el veinticuatro de septiembre de dos mil siete, establece: ‘Artículo 117. Si se tratare de la notificación de la demanda y a la primera busca no se encontrare al demandado, se le dejará citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes. Si no espera el demandado a esa hora, se le hará la notificación por cédula. La cédula y las copias simples de la demanda y de la documentación anexa, se entregará, en el caso que así proceda, tanto de este artículo como del anterior, a los parientes o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva o se encuentre en la casa después que el notificador se haya cerciorado de que allí vive la persona que debe ser notificada, a los cuales se les hará saber el objeto de la diligencia y se hará, por su conducto, saber al demandado el término que tiene para contestar la demanda y el apercibimiento para el caso de no hacerlo dentro de este término, de todo lo cual se asentará razón en los autos. La cédula contendrá, además, una relación sucinta de la demanda, cuando no sea forzoso entregar las copias del (sic) traslado.’. El artículo transcrito prevé que, tratándose de la notificación de la demanda, si a la primera búsqueda no se encontrare al demandado, se le dejará citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, y si no espera el demandado a esa hora, se le hará la notificación por cédula. También el precepto legal contempla las formalidades relativas a la cédula en su contenido, el cercioramiento que debe realizar el fedatario del domicilio en que debe realizar el emplazamiento, los documentos que debe entregar, con quiénes debe efectuar la diligencia y qué debe hacer (sic) conocer. Por otra parte, los artículos 8o., 11, 23, 450, 646 y 647 del Código Civil para el Estado de Colima, disponen: ‘Artículo 8o. Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.’. ‘Artículo 11. Las leyes que establecen excepción a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes.’. ‘Artículo 23. La menor edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica; pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes.’. ‘Artículo 450. Tienen incapacidad natural y legal: I. Los menores de edad; (Reformada, P.O. 26 de mayo de 2007) II. El mayor de edad con algún tipo de discapacidad intelectual, aunque pudiera tener momentos de lucidez, o motriz cuando no puedan conducirse por sí para contraer obligaciones o para manifestar su voluntad por cualquiera de las formas por las que ésta pudiera ser manifestada. III. (Derogada, P.O. 26 de mayo de 2007) IV. Los ebrios consuetudinarios, y los que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes.’. ‘Artículo 646. La mayor edad comienza a los dieciocho años cumplidos.’ y ‘Artículo 647. El mayor de edad dispone libremente de su persona y de de (sic) sus bienes.’. De acuerdo con lo anterior, se colige que aunque el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, no especifica que la persona con la que se practique el emplazamiento deba ser mayor de edad, si no se encontró a la que se llama a juicio, ese requisito se deduce de los recién invocados artículos 8o., 11, 23, 450, 646 y 647 del Código Civil para el Estado de Colima, todos de orden público, al tenor de los cuales un acto jurídico procesal de la importancia y trascendencia del emplazamiento, que constituye una actuación judicial y que por su finalidad es un acto solemne, esencial para cumplir con el requisito constitucional de la debida audiencia de la demandada, sólo puede llevarse a cabo con persona capaz, es decir, sin restricción alguna a su personalidad jurídica. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ‘EMPLAZAMIENTO A JUICIO POR CONDUCTO DE MENOR DE EDAD, ILEGALIDAD DEL. Es ilegal el emplazamiento a juicio hecho por conducto de persona menor de edad, por ser ésta incapaz y, por ende, no apta para que se entienda con ella un acto eminentemente jurídico, como la diligencia de emplazamiento, pues si bien el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no especifica que la persona con la que se practique el emplazamiento deba ser mayor de edad, si no se encontró a la que se llama a juicio, tal requisito se infiere de los artículos 8o., 11, 23, 450, 646 y 647, entre otros, del Código Civil para el Distrito Federal, todos de orden público, al tenor de los cuales un acto jurídico procesal de la importancia y trascendencia del emplazamiento, que constituye una actuación judicial y que por su finalidad es un acto solemne, esencial para cumplir con el requisito constitucional de la debida audiencia de la demandada, sólo puede llevarse a cabo con persona capaz, es decir, sin restricción alguna a su personalidad jurídica.’. De acuerdo con las constancias del expediente natural, la diligencia de emplazamiento cuestionada es del contenido siguiente: ‘Siendo las 15:50 horas del día veinte de septiembre de 2007 el (la) suscrito (a) licenciada **********, secretaria actuaria adscrita al Juzgado Primero de lo Mercantil de esta ciudad de Colima y acompaña (sic) del actor señor Lic. ********** me constituí en la ********** del cual me cercioro plenamente ********** ya que así me lo manifestó una persona que dijo llamarse **********. Quien por no encontrarse presente (s) le (s) dejo citatorio para que me espere (n) en este mismo lugar a las 18:30 horas del día 24 de septiembre del año en curso en poder de **********. Doy fe.’. ‘Siendo las 18:30 del día 24 de septiembre del año en curso, el (la) licenciada **********, secretaria actuaria del Juzgado Primero de lo Mercantil de esta ciudad de ********** y acompañada del actor señor Lic. ********** me constituí de nueva cuenta en la casa marcada con el ********** domicilio del cual me cercioré anteriormente es el de (los) demandado (s) señor (es) ********** quien por no encontrarse presente en esta segunda búsqueda no obstante el citatorio que para tal efecto se le dejó, entiendo la diligencia con ********** no se identifica porque no la trae consigo, joven de 18 años tez morena, ceja poblada, frente amplia, pelo negro, «boca de corazón» de (sigue una palabra ilegible) 1.77, a quien le hago saber el motivo de la misma previa lectura que en todos sus términos le doy el auto que se cumplimenta. Acto seguido, emplazo al demandado con las copias simples de traslado y le doy a conocer el término de cinco copias (sic) hábiles para que se presente ante el juzgado de referencia a contestar la demanda interpuesta en su contra, oponiendo las excepciones si la tuviere, asimismo deberá ofrecer sus pruebas relacionándolas con los hechos que pretende probar; apercibido (s) que de no hacerlo así, se le tendrá (n) por confesado (s) y admitido (s) los hechos de la demanda. Por último, se hace saber a la parte pasiva que contrae la obligación de depositario (s) judicial (es) respecto de la finca hipotecada indicada en la demanda, así como de sus frutos y de todos los objetos que formen parte de la misma; en la inteligencia que de no hacerlo deberá (n) hacer entrega de la tendencia material del mencionado bien al actor o al depositario que éste designe; manifestando en estos momentos que acepta el cargo conferido. Asimismo, se hace de su conocimiento que por exceder de 25 fojas los documentos fundatorios de la acción, quedan en disposición en la secretaria de este juzgado. Con lo anterior concluye la diligencia firmando para constancia esta acta la que en ella intervinieron y firmaron los que quisieron hacerlo. Doy fe.’. De la información que proporciona el acta transcrita se advierte que la diligencia de emplazamiento se llevó a cabo con **********. En el caso, la quejosa aportó al juicio de amparo la certificación con folio de validación 309053, expedida el dieciocho de abril de dos mil doce, y las certificaciones emitidas el veintiséis de septiembre de dos mil siete y dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y tres, las que tienen valor probatorio pleno conforme al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por constituir documentos públicos, y sirven para demostrar que ********** nació el diez de agosto de mil novecientos noventa y uno. En ese orden de ideas, le asiste razón a la quejosa al aducir que esa diligencia es ilegal por haberse practicado con un menor de edad, pues la misma se efectuó con **********, y en la fecha de su realización, esto es, el veinticuatro de septiembre de dos mil siete, éste tenía la edad de dieciséis años, no obstante que un acto jurídico procesal de la importancia y trascendencia del emplazamiento, que constituye una actuación judicial y que por su finalidad es un acto solemne, esencial para cumplir con el requisito constitucional de la debida audiencia de la demandada, sólo puede llevarse a cabo con persona capaz, es decir, sin restricción alguna a su personalidad jurídica. En virtud de lo anterior, resulta innecesario el análisis del resto de los conceptos de violación en los que se aducen otros vicios de la práctica de la diligencia de emplazamiento, ya que el motivo de inconformidad examinado es fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, toda vez que al ser ilegal la diligencia de emplazamiento atribuida a la secretaria actuaria responsable, en vía de consecuencia también lo son las actuaciones atribuidas al Juez y Sala responsables, ya que la falta de emplazamiento legal, trasciende a todo el procedimiento, por lo que la quejosa no obtendría un beneficio mayor del concedido. Tiene aplicación la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 926 del Tomo XXVI, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24816-e253a3da/emplazamiento-el-realizado-por-conducto-de-una-persona · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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