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Modo: Corpus Pro

CONEXIDAD EN AMPARO DIRECTO. AUN CUANDO LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, NO REGULE SU PROCEDENCIA, TRÁMITE Y RESOLUCIÓN, SI UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE EL JUICIO QUE VA A RESOLVER TIENE CON OTRO U OTROS DE SU PROPIA JURISDICCIÓN, UNA RELACIÓN TAL QUE HAGA NECESARIO QUE TODOS ELLOS SE VEAN SIMULTÁNEAMENTE, DEBE ACORDAR AQUÉLLA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 598/2013 (EXPEDIENTE AUXILIAR 877/2013). · Registro digital (IUS): 24843
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-02-14
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Pág. 1855.

AMPARO DIRECTO 598/2013 (EXPEDIENTE AUXILIAR 877/2013). 25 DE OCTUBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LIVIA LIZBETH LARUMBE RADILLA. SECRETARIO: ENRIQUE SERANO PEDROZA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Conexidad de amparo directo. En principio conviene aclarar que existe conexión de causas cuando se tiene en común la causa de pedir (título o hecho) y el objeto materia de juicio (insubsistencia del acto reclamado).(7)

Ahora, el artículo 65 de la abrogada Ley de Amparo(8) por una parte prohibía la acumulación en los juicios de amparo que se tramiten ante un Tribunal Colegiado de Circuito o ante la Suprema Corte de Justicia ya sea en revisión o en amparos directos y, por otra, regulaba la figura jurídica de la conexidad.

En cuanto a esta última, el citado precepto establecía que cuando alguna de la Salas del Máximo Tribunal o el Tribunal Colegiado de Circuito estimara que un amparo sometido a su jurisdicción tiene con otro o con otros de la propia Sala o del mismo tribunal, una conexión tal que hiciera necesario o conveniente que todos ellos se vieran simultáneamente, a moción de alguno de los Ministros o de los Magistrados del Tribunal de Circuito respectivo, podían ordenarlo y acordar que un solo Ministro o Magistrado, según se trate, diera cuenta con ellos.

Por otro lado, la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, introdujo la figura jurídica del amparo adhesivo y la concentración de procedimientos, así como la forma de resolverlos, pero ya no prevé expresamente la acumulación en amparo indirecto ni la conexidad en revisión o en amparo directo.

En el caso de la acumulación se puede acudir al Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece su procedencia y trámite, al ser de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo segundo de este ordenamiento legal. Caso distinto a la conexidad, ya que no existe fundamento legal en vigor para su procedencia, trámite y resolución en los juicios de amparo.

Sin embargo, la omisión expresa del legislador respecto a la conexidad, no debe ser obstáculo para resolver los juicios de manera conexa cuando se presente:

a) Una pluralidad de juicios de amparo directo que se "tramiten" ante el Tribunal Colegiado de Circuito; y,

b) Que un amparo tenga con otro u otros de la "jurisdicción" del propio tribunal una conexión tal que haga necesario o conveniente que todos ellos se vean simultáneamente.

Esto porque permanece latente la necesidad y conveniencia de resolver los juicios de manera simultánea, de acuerdo con el principio de economía procesal y su finalidad que es evitar el dictado de sentencias contradictorias respecto de una misma cuestión litigiosa.

En otras palabras, si las dos acciones de amparo se apoyan en la misma base (acto reclamado) y, además, tienden en cierta forma a la misma finalidad en el resultado (insubsistencia del acto reclamado) pero por razones diferentes, entonces queda en evidencia que para evitar resultados contradictorios se hace necesario resolver tales acciones en forma simultánea.(9)

Ahora, si el presente juicio de amparo tiene como acto reclamado el laudo de diez de abril de dos mil trece, dictado en el expediente ********** por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero con sede Chilpancingo, seguido por ********** contra el Ayuntamiento aquí quejoso, y el diverso juicio de derechos fundamentales ********** (expediente auxiliar ********** del índice de este Tribunal Colegiado de Circuito) tiene como acto reclamado el mismo laudo, entonces es evidente que existe una conexión entre ambos juicios de amparo que hace necesario que se resuelvan simultáneamente para evitar el dictado de sentencias contradictorias respecto de la misma cuestión litigiosa.

Así lo estimó este propio órgano colegiado en la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 26 K (10a.), pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"CONEXIDAD EN AMPARO DIRECTO. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO ENCUENTRE QUE UN AMPARO QUE HAYA DE RESOLVER TIENE CON OTRO U OTROS DEL MISMO TRIBUNAL UNA RELACIÓN TAL QUE HAGA NECESARIO QUE TODOS ELLOS SE VEAN SIMULTÁNEAMENTE, DEBE DETERMINARLA, NO OBSTANTE QUE NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El artículo 65 de la abrogada Ley de Amparo por una parte prohibía la acumulación en los juicios de amparo que se tramiten ante un Tribunal Colegiado de Circuito o ante la Suprema Corte de Justicia ya sea en revisión o en amparos directos, y por otra, regulaba la figura jurídica de la conexidad. En cuanto a esta última, el citado precepto establecía que cuando alguna de la Salas o el Tribunal Colegiado de Circuito estimara que un amparo sometido a su jurisdicción tenía con otro o con otros de la propia Sala o del mismo tribunal, una conexión tal que hiciera necesario o conveniente que todos ellos se vieran simultáneamente, a moción de alguno de los Ministros o de los Magistrados del Tribunal de Circuito respectivo, podían ordenarlo y acordar que un solo Ministro o Magistrado, según se tratara, diera cuenta con ellos. Por otro lado, la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, introdujo las figuras jurídicas del amparo adhesivo y la concentración de procedimientos así como la forma de resolverlos, pero ya no prevé expresamente la acumulación en amparo indirecto ni la conexidad en revisión o en amparo directo. En el caso de la acumulación se puede acudir al Código Federal de Procedimientos Civiles que establece su procedencia y trámite al ser de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición del artículo segundo de este ordenamiento legal. Caso distinto a la conexidad, ya que no existe fundamento legal en vigor para su procedencia, trámite y resolución en los juicios de amparo. Sin embargo, la omisión expresa del legislador respecto a la conexidad, no debe ser obstáculo para resolver los juicios de manera conexa cuando se presente: a) Una pluralidad de juicios de amparo directo que se ‘tramiten’ ante el Tribunal Colegiado de Circuito; y, b) Que un amparo tenga con otro u otros de la ‘jurisdicción’ del propio tribunal una conexión tal que haga necesario o conveniente que todos ellos se vean simultáneamente; ya que permanece latente la necesidad y conveniencia de resolver los juicios de manera simultánea, de acuerdo con el principio de economía procesal y su finalidad que es evitar el dictado de sentencias contradictorias respecto de una misma cuestión litigiosa."

CUARTO. Oportunidad en la presentación de la demanda. La demanda de derechos fundamentales fue presentada dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente:

a) El laudo reclamado se notificó personalmente al ahora quejoso el dieciséis de abril de dos mil trece (f. 345 de los autos del juicio natural).

La Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero es omisa en lo concerniente al momento en que surten sus efectos las notificaciones; sin embargo, de lo dispuesto por el artículo 91 del propio ordenamiento legal,(10) que determina que todos los términos correrán a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haga el emplazamiento, citación o notificación, debe entenderse que ésta surtió efectos el mismo día, esto es, el propio dieciséis de abril.

b) El plazo de quince días para promover la demanda de amparo contra el laudo reclamado transcurrió del diecisiete de abril al ocho de mayo de dos mil trece.

c) De éste deben descontarse los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de abril, así como el cuatro y cinco de mayo, por haber sido sábados y domingos, respectivamente.

Asimismo, debe descontarse el primero del citado mes de mayo, por haber sido inhábil.

Lo anterior, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 18/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación de los días inhábiles y los de descanso.

d) Por tanto, la demanda de amparo se presentó oportunamente ante la responsable el dos de mayo de dos mil trece, es decir, el décimo día del plazo legal.

Lo anterior puede apreciarse gráficamente en el siguiente calendario.

Ver calendario

QUINTO. Conceptos de violación. Para el estudio del presente asunto se examinarán los conceptos de violación contenidos en la demanda de derechos fundamentales agregada al expediente de amparo, razón por la que no se transcriben.

Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."(11)

SEXTO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. De manera previa a abordar los conceptos de violación planteados por el quejoso, se estima necesario precisar una breve síntesis de los aspectos más importantes de la contienda natural.

I. Antecedentes.

1. **********, por conducto de su apoderado legal, demandó del Ayuntamiento Constitucional de **********, Guerrero, las siguientes prestaciones: i) el cumplimiento del contrato de trabajo que afirmó haber celebrado con el Ayuntamiento demandado y, como consecuencia, ser reinstalado en el puesto que desempeñaba; ii) nivelación salarial y pago de diferencias salariales; iii) vacaciones; iv) aguinaldo; v) prima vacacional; vi) media hora de descanso; vii) tiempo extraordinario; viii) la exhibición de los comprobantes de las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro o el pago de dichas aportaciones en caso de que tales comprobantes no se exhiban; ix) la exhibición de los comprobantes de las aportaciones al Fondo de Vivienda o el pago de dichas aportaciones en caso de que tales comprobantes no se exhiban; x) ser inscrito en forma retroactiva ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado desde su fecha de ingreso hasta que concluya el juicio respectivo y, en caso de no acreditarla, el pago de la cantidad que corresponda; sábados laborados; xi) quince días anuales de descanso obligatorio; xii) incrementos salariales autorizados anualmente; xiii) servicios médicos, medicamentos, chequeos médicos y estudios clínicos; xiv) despensa económica; xv) bono del servidor público; xvi) quinquenio; xvii) bono de fin de año; xviii) bono de fin de trienio; xix) nueve días económicos al año no disfrutados; xx) la exhibición de la póliza de contratación del seguro de vida y en caso de no exhibirla le reclamo el pago que corresponda a cuarenta meses de sueldo; xxi) compensación; xxii) apoyo para transporte; xxiii) prima de antigüedad; xxiv) pasajes y viáticos; y, xxv) el pago de la cantidad que resulte por concepto de todas y cada una de las prestaciones que deje de percibir por causas imputables al demandado, durante el periodo que dilate el presente conflicto, tales como: salarios caídos, incrementos salariales, vacaciones, las correspondientes primas vacacionales y aguinaldos.

2. El tribunal responsable admitió a trámite la demanda, mandó correr traslado y emplazar a la parte demandada, con el apercibimiento respectivo.

3. El Ayuntamiento contestó la demanda instaurada en su contra y opuso las excepciones y defensas que consideró convenientes.

4. Se proveyó en relación con las pruebas ofrecidas por las partes y se ordenó lo relativo a su desahogo.

5. Una vez que fue llevado a cabo el procedimiento laboral en todas sus fases, la autoridad señalada como responsable dictó laudo en el que, entre otras determinaciones, calificó de buena fe el ofrecimiento de trabajo y declaró que el actor no acreditó la existencia del despido injustificado que alegó, por lo que únicamente condenó al Ayuntamiento demandado, al pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, horas extras y sábados laborados y no pagados, no prescritos.

6. Inconformes con la anterior determinación, la parte actora y el Ayuntamiento demandado, promovieron sendos juicios de amparo, los cuales fueron del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Chilpancingo, Guerrero, quien concedió el amparo solicitado, para efecto de que el tribunal responsable dejara insubsistente el laudo reclamado y dictara otro en el que conforme a los lineamientos de las ejecutorias respectivas:

A) Repusiera el procedimiento y previniera al actor para que manifestara cuál era la categoría o el puesto que desempeñaba para el demandado. Hecho esto procediera conforme a derecho corresponda, en el entendido de que este lineamiento no implicaba dejar insubsistente todo lo actuado, sino únicamente efectuar la prevención mencionada y, en su caso, conceder las oportunidades probatorias respectivas a las partes exclusivamente respecto de lo aclarado; hecho esto, dicte un nuevo laudo en el que:

B) Dilucidara conforme a la valoración de las pruebas existentes en autos, entre ellas la inspección, si el trabajador acreditó haber laborado los días festivos y, en su caso, si el Ayuntamiento efectuó o no el pago correspondiente;

C) Se pronunciara respecto del pago de horas extras; esto es, subsanara la incongruencia en que incurrió en el sentido de señalar, primero, que el actor laboraba siete horas diarias y, enseguida, que su jornada era de ocho horas diarias;

D) Resolviera lo correspondiente en relación a las prestaciones reclamadas consistentes en: h) Exhibición de los comprobantes de las aportaciones al SAR; i) Exhibición de los comprobantes de las aportaciones al Fovissste; y, j) Inscripción retroactiva al ISSSTE.

E) Subsanara la incongruencia en que incurrió al condenar al Ayuntamiento demandado al pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional por el último año de labores y cuantificara dicha condena por todo dos mil siete y parte proporcional de dos mil ocho. En la inteligencia que debería fundar y motivar cualquier determinación a la que llegara y reiterar todos y cada uno de los aspectos ajenos a la protección constitucional.

7. En cumplimiento a dicha ejecutoria, la autoridad laboral responsable dictó laudo en el que, entre otras determinaciones, calificó de buena fe el ofrecimiento de trabajo y declaró que el actor no acreditó la existencia del despido injustificado que alegó, por lo que únicamente condenó al Ayuntamiento demandado al pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, horas extras y sábados laborados y no pagados, no prescritos.

8. Inconforme con lo anterior, el Ayuntamiento enjuiciado, aquí quejoso, promovió juicio de amparo uniinstancial, cuya materia ocupa a este tribunal auxiliar.

II. Violaciones procesales.

Es necesario precisar que conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once, en el primer amparo directo que promueva un justiciable en relación con un proceso ordinario, debe decidirse respecto de todas las violaciones procesales planteadas y de aquellas que, en su caso, se adviertan en suplencia de la queja.

En el caso que nos ocupa, el presente juicio de amparo directo es el segundo que promueve la parte quejosa con motivo del juicio natural, esto porque el laudo reclamado se dictó en cumplimiento a los acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, correspondientes al día ********** de agosto de dos mil doce, al resolver los amparos directos laborales ********** y **********.

Luego, conforme a la citada regla constitucional, en el caso concreto no es posible atender la violación procesal a que se refiere el peticionario del amparo en el segundo concepto de violación, consistente en que en el auto de trece de julio de dos mil nueve, de manera indebida, se desechó la prueba consistente en la declaración de parte con cargo al actor.

Es así, porque como se estableció con antelación, en la especie se está en el supuesto de un segundo amparo el que promueve el quejoso con motivo del juicio natural, sin que en el primero hubiera realizado el referido planteamiento procesal, por lo que se decreta que han quedado firmes e intocadas todas las cuestiones relativas al procedimiento en el juicio de origen.

Sentado lo anterior, se analizan los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto.

III. Estricto derecho.

Una vez delimitado lo anterior, se aprecia que el juicio de amparo es promovido por la parte demandada y, por ende, opera el principio de estricto derecho, razón por la cual, la constitucionalidad del laudo reclamado se examinará a la luz, exclusivamente, de lo argumentado en los conceptos de violación porque son éstos, en el caso, los que proporcionan la dimensión y materia del estudio en el presente juicio constitucional.

Ello, dado que la suplencia de la deficiencia de la queja en términos de la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, exclusivamente opera a favor de los sujetos de la clase trabajadora como lo ha establecido el Alto Tribunal al realizar la interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista de esta disposición.

En ese sentido, es ilustrativa, por similitud de razón, la jurisprudencia 2a./J. 42/97,(12) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA."

Precisado lo anterior, se procede al análisis de los conceptos de violación.

IV. Horas extras.

En el primer concepto de violación, el peticionario del amparo esencialmente sostiene que la autoridad responsable contraviene los derechos de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, así como las disposiciones establecidas en los artículos 88 de la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, y 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, al condenar a la patronal al pago de horas extras, en razón de lo siguiente:

a) Se condena al pago de horas extras sin hacer ningún análisis o explicación del por qué se estima que procede y sin considerar que las afirmaciones realizadas por el actor en los hechos base a los cuales pretende motivar esa reclamación son a todas luces inverosímiles, pues se atribuye una jornada que a todas luces es excesiva y pretende hacer creer que la desempeñó desde el dos de diciembre de dos mil hasta el veintisiete de abril de dos mil ocho.

b) Es decir, que pretende hacer creer que por un lapso de más de cinco años y siete meses laboró jornadas de diez horas diarias, lo que se traduce en tres horas extras diarias, lo que es inverosímil.

Lo expuesto es infundado.

En efecto, el actor manifestó que desde el dos de diciembre de dos mil hasta el veintisiete de julio de dos mil ocho, prestó sus servicios personales y subordinados para la parte demandada, para la cual se desempeñó como chofer adscrito a la sindicatura municipal, con un horario de ocho a quince horas y dieciocho a veintiuna horas, de lunes a sábado, lo que implica por necesidad que descansaba el domingo.

Por otra parte, la autoridad responsable estableció en el laudo reclamado que no procedía el pago de horas extras correspondientes a los días sábados, esto porque se estaría realizando una doble condena, precisamente porque estos días son pagados en todo caso al doble.

Luego, si el trabajador laboraba diez horas diarias, tal circunstancia, de ninguna manera, puede considerarse inverosímil, pues el actor señaló que se desempeñaba como chofer adscrito a la sindicatura municipal, consistiendo sus actividades en conducir los vehículos asignados al área de adscripción, para trasladar al personal de dicha área a los diversos lugares que se le indicaran, entregar citatorios y correspondencia, siempre a satisfacción de su jefe inmediato, que lo era el síndico procurador de la demandada, por lo que si después de las primeras siete horas tenía tres de descanso, y sus labores terminaban a las veintiuna horas, esto es suficiente para satisfacer sus necesidades fisiológicas que requiere todo ser humano para subsistir como las de comida, aseo y desarrollo de su vida social y familiar.

Lo anterior, con independencia de que el horario legal al que hace referencia la responsable sea de seis horas diarias y que las extraordinarias las cuantifique en cuatro horas de lunes a viernes, pues esto no impedía al trabajador estar en óptimas condiciones bajo ese horario durante el tiempo que dice que prestó sus servicios personales subordinados.

Así es, en el trabajo que dijo tener el actor no se advierte gran desgaste físico o mental y, por ello, tampoco requería de mayor energía para estar en el mejor estado físico y de ánimo posible para desempeñar sus labores.

Tomando en cuenta lo anterior, se llega a la conclusión de que el horario que dijo desempeñar el operario es verosímil porque cualquier persona que realiza ese tipo de actividades lo hace sin malestares en su organismo, lo que hace posible que esa jornada sea tolerada por cualquier ser humano durante un tiempo prolongado.

Por tanto, es creíble que el trabajador haya laborado diez horas diarias de lunes a viernes, pues después de las primeras siete horas tenía tres de descanso, para después concluir con tres horas más de trabajo, lo que le permitía recuperarse sin mermar sus capacidades físicas y mentales, sin merma ni para el patrón ni para el operario, razón por la cual es verosímil que haya laborado esas horas.

Por lo expuesto con anterioridad, se arriba a la determinación de que estuvo en lo correcto la autoridad responsable al condenar a la demandada al pago de horas extras, de ahí que sean infundados los conceptos de violación propuestos por el inconforme.

V. Vacaciones

En una porción de la segunda parte del tercer concepto de violación, el impetrante del amparo sostiene que es incorrecto que la autoridad responsable lo condenara al pago de vacaciones, esto porque:

a) Se limitó a manifestar que dicha condena se hacía con base en el reclamo del actor y en virtud de que el demandado no acreditó haber pagado dichas prestaciones al accionante, pero jamás señaló el ordenamiento o las bases legales que tuvo para llegar a dicha conclusión; y,

b) Como el actor reclamó una prestación que excede las que contempla la ley se convirtió en extralegal, aspecto por el cual le correspondía la carga de probar que devengaba las vacaciones como las reclamó.

La parte del inciso a) en la cual el quejoso establece que es insuficiente que la autoridad responsable sostenga que procede la condena con respecto al pago de vacaciones por el último año laborado con base en el reclamo del actor y, como consecuencia, de que el demandado no acreditó haber pagado las prestaciones reclamadas por el actor y lo expuesto en el inciso b) son inoperantes, esto porque no señala las razones o causas por las cuales así lo considera, circunstancia por la cual se trata de meras afirmaciones sin sustento.

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que en un juicio de amparo directo donde impera el principio de estricto derecho (tal es el caso del promovido por quien tiene la calidad de patrón), para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir.

Sin embargo, consideró el Alto Tribunal que, de manera alguna, ello implicaba que el quejoso se limitara a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues les correspondía exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren.

Dicho criterio se encuentra plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 81/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:(13)

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."

En el presente caso, el Ayuntamiento quejoso se inconforma de la determinación de la autoridad burocrática responsable de condenar al pago de vacaciones, pues a su consideración lo razonado por la responsable no encuentra base de sustentación, así como el que al haberse reclamado una prestación que excede las que contempla la ley se convirtió en extralegal, aspecto por el cual en su concepto le correspondía al actor la carga de probar que devengaba las vacaciones como las reclamó.

Sin embargo, no precisa ni señala la razón o fundamento alguno de tales aseveraciones, es decir, no hace argumento tendiente a demostrar por qué le correspondía dicha carga a la parte actora ni tampoco porqué razón no se acreditó tal evento, sino que únicamente se limita a realizar dicha afirmación.

Luego, resulta claro que lo expuesto por el quejoso carece de causa de pedir por ser meras afirmaciones sin sustento; además, no controvierte las consideraciones torales por las que el tribunal burocrático consideró que procedía la condena; de ahí que resulten inoperantes sus argumentos.

La segunda parte del inciso a) del concepto de violación que se contesta es infundada, esto porque para condenar al pago de vacaciones por el último año laborado por el actor, la autoridad responsable se apoyó en lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero.

Siendo esto así, carece de razón el quejoso cuando afirma que la autoridad responsable jamás señaló el ordenamiento o las bases legales que tuvo para llegar a dicha conclusión.

Con independencia de lo anterior, en la primera parte del primer párrafo del artículo citado en último término se establece que los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos, disfrutarán de dos periodos anuales de vacaciones, de diez días laborables cada uno, en las fechas que se señalen al efecto,(14) razón por la cual la condena relacionada con el pago de las vacaciones cuestionadas en todo caso encuentra su razón de ser en que la autoridad responsable la relacionó con el año dos mil siete y seis meses y veintiocho días del dos mil ocho.

VI. Prima vacacional.

En el cuarto concepto de violación, el peticionario del amparo sostiene que fue incorrecto que se haya condenado al pago de la prima vacacional, pues esta prestación no se encuentra contemplada en la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero.

Es infundado el concepto de violación.

Se afirma lo anterior, ya que si bien la prestación no se encuentra prevista en la ley burocrática estatal, sí se prevé en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que por mandato constitucional, es supletoria.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 60/2005-SS,(15) señaló que el legislador ordinario al dictar la norma de derecho a fin de que ella pueda regular las relaciones entre los servidores públicos y el Estado, lo hace con un sentido abstracto; sin embargo, la aplicación de la norma abstracta al caso concreto o la subsunción del caso a la norma presenta frecuentemente dificultades, ya sea porque ciertos matices del hecho enjuiciado le hagan susceptible de interpretación respecto a la exacta aplicabilidad de la norma, o bien, porque el legislador no haya previsto el caso específico, dando lugar a las "lagunas" de la ley.

De igual forma, consideró el Alto Tribunal que de conformidad con el artículo 116 y 123, apartado B, constitucional, se autoriza a las legislaturas de cada entidad federativa a expedir leyes que regirán las relaciones laborales entre los poderes locales y sus trabajadores.

Sin embargo, precisó la Corte, esa facultad no es omnímoda, ya que se deben seguir las bases que establece el artículo 123 de la propia Ley Fundamental y sus leyes reglamentarias, entre éstas, la del apartado B del numeral en cita, esto es, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 99/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Nación que es del tenor siguiente:(16)

"PRIMA VACACIONAL. LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE CHIAPAS TIENEN DERECHO A ESA PRERROGATIVA EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL LOCAL. La prima vacacional es una prestación que posibilita a los trabajadores afrontar los gastos extraordinari

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24843-56e6f6c1/conexidad-en-amparo-directo-aun-cuando-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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