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Modo: Corpus Pro

CONVENIOS AMISTOSOS PARA LA FIJACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. EL CONGRESO DE LA ENTIDAD DEBE OTORGAR AUDIENCIA A LOS COLINDANTES QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS EN SU TERRITORIO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 117/2011. · Registro digital (IUS): 24882
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-02-28
Promovente: MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Pág. 805.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO NÚMERO 352, APROBADO POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011, EN EL QUE SE APRUEBA EL CONVENIO AMISTOSO PARA LA PRECISIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS LÍMITES TERRITORIALES, SUSCRITO POR LOS AYUNTAMIENTOS DE NEXTLALPAN Y ZUMPANGO, AMBOS DEL ESTADO REFERIDO, EN TANTO CREA UNA SITUACIÓN JURÍDICA PARTICULAR Y CONCRETA, TIENE LA NATURALEZA DE ACTO PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA IMPUGNARLO EN AQUELLA VÍA.

LÍMITES TERRITORIALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. LA LEGISLATURA DEL ESTADO, AL EMITIR EL DECRETO NÚMERO 352, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011, POR EL QUE SE APRUEBA EL CONVENIO AMISTOSO PARA LA PRECISIÓN Y RECONOCIMIENTO DE AQUÉLLOS, SUSCRITO POR LOS AYUNTAMIENTOS DE NEXTLALPAN Y ZUMPANGO, SIN HABER DADO PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO VOLUNTARIO RESPECTIVO AL MUNICIPIO DE JALTENCO, CUYO TERRITORIO PUDO HABER SIDO AFECTADO EN VIRTUD DE SU SITUACIÓN GEOGRÁFICA, NO RESPETÓ LA GARANTÍA DE AUDIENCIA QUE LE ASISTE A ÉSTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 117/2011. MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: MAKAWI STAINES DÍAZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de enero de dos mil catorce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos impugnados. Por oficio recibido el once de noviembre de dos mil once en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Blanca Estela Oropeza Santillán, quien se ostentó como síndico del Municipio de Jaltenco, Estado de México, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

1. Autoridades demandadas:

a) El Poder Legislativo del Estado de México.

b) El Poder Ejecutivo del Estado de México.

2. Actos cuya invalidez se reclama:

a) El Decreto 352, aprobado por la Legislatura del Estado de México, publicado el veintiocho de septiembre de dos mil once en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta del Gobierno", por el que se aprueba el Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de los Límites Territoriales, suscrito por los Ayuntamientos de Nextlalpan y Zumpango, ambos del Estado de México.

b) La publicación y cumplimiento del Decreto 352.

3. Terceros interesados:

a) Municipio de Teoloyucan, Estado de México.

b) Municipio de Zumpango, Estado de México.

c) Municipio de Nextlalpan, Estado de México.

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron los siguientes:

a) Por decreto vigente del Congreso del Estado de México, se le tiene reconocido al Municipio de Jaltenco, en términos de lo dispuesto por el artículo 115 constitucional. Al momento de su creación, fue delimitado en una superficie territorial de aproximadamente cincuenta y seis kilómetros cuadrados, sin embargo, al crearse el Municipio de Tonanitla le fue segregada una parte de su territorio, por lo que actualmente se conforma por una superficie aproximada de cuarenta y siete punto cuatrocientos ochenta y tres kilómetros cuadrados, sobre la que ha venido ejerciendo su competencia jurisdiccional y administrativa.

Limita al norte, con el Municipio de Zumpango de Ocampo; al sur, con los Municipios de Coacalco de Berriozábal, Ecatepec de Morelos y Tultitlán; al oriente, con los Municipios de Tonanitla, Tecámac y Nextlalpan; y al poniente, con los Municipios de Zumpango, Teoloyucan, Melchor Ocampo, Tultepec y Tultitlán.

b) El nueve de febrero de dos mil once, los Municipios de Nextlalpan y Zumpango, ambos del Estado de México, mediante convenio amistoso y con la aprobación de sus respectivos Cabildos, convinieron arreglar y precisar definitivamente sus límites territoriales conforme a la descripción señalada en la cláusula segunda de dicho convenio.

c) El cuatro de agosto de dos mil once, el entonces gobernador del Estado de México sometió a consideración del Congreso Local la iniciativa de decreto por el que se aprueba el referido convenio amistoso. Ésta fue remitida para su estudio a la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, la cual emitió un dictamen aprobatorio que fue sometido al Pleno de la Legislatura para su aprobación.

d) El veintidós de septiembre de dos mil once, el Congreso del Estado de México emitió el Decreto 352, mediante el que se aprueba el Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de los Límites Territoriales, celebrado por los Ayuntamientos de Nextlalpan y Zumpango; en el que acordaron realizar trabajos conjuntos de amojonamiento y señalización sobre la línea limítrofe, en un cincuenta por ciento cada uno, en los puntos estratégicos que indiquen los representantes designados al efecto, ordenaron que dicho decreto se publicara en el Periódico Oficial estatal y entrara en vigor al día siguiente de su publicación, así como que su contenido se hiciera del conocimiento del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, para los efectos legales y técnicos conducentes.

e) El veintiocho de septiembre de dos mil once, el gobernador del Estado de México ordenó publicar el Decreto 352, en el Periódico Oficial del Estado de México.

f) Se cuestionan los siguientes puntos establecidos en el Decreto 352 de referencia:

1. En la cláusula segunda, se establece que el "límite de la primera línea principia en el vértice número 1, que es el punto trino que une a los Municipios de Nextlalpan, Zumpango y Cuautitlán ...". Sin embargo, el punto referido sólo está conformado por los límites territoriales de los Municipios de Teoloyucan y Jaltenco, sin que los Municipios de Zumpango, Nextlalpan o Cuautitlán tengan injerencia alguna.

Esto es así, debido a que en ese punto y en el territorio de Jaltenco se encuentran como colindantes los inmuebles siguientes: Fracción de la Laguna de Zumpango, un tramo carretero del kilómetro "12+200" (doce más doscientos) al "15+800" (quince más ochocientos), que comunica de Cuautitlán a Zumpango y el ejido de San Andrés Jaltenco.

2. Por lo que se refiere al "vértice número 2", este límite no está formado por los Municipios de Zumpango y Nextlalpan, sino por los Municipios de Zumpango y Jaltenco, donde se ubican por el territorio de Jaltenco los inmuebles siguientes: Granja La Montaña y propiedades de las familias Ramírez Pineda y Gamboa García.

3. Los "vértices 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9", no corresponden a límites municipales entre Zumpango y Nextlalpan, sino que son territorio del Municipio de Jaltenco, puesto que las mojoneras que se encuentran en ese lugar son las que delimitaban el territorio de la Ex Hacienda de Santa Inés. Ello se acredita con los documentos públicos expedidos por el Archivo General de la Nación, relativos a los inmuebles ubicados en esa zona territorial, en virtud de que pertenecen a la jurisdicción del Municipio actor.

4. Asimismo, en el "punto con dirección S-W", las mojoneras existentes no definen el límite de los Municipios de Nextlalpan y Jaltenco, sino que son las que delimitan el territorio donde se encontraba la Ex Hacienda de Santa Inés, donde actualmente se encuentra el inmueble denominado Rancho Guadalupe Palo Grande, bajo la jurisdicción del Municipio de Jaltenco.

5. El Decreto 352 establece que en la mojonera del "Amanalí", conocida como la curva, supuestamente existe un punto trino formado por los Municipios de Nextlalpan, Zumpango y Jaltenco, cuando en realidad sólo está conformado por los Municipios de Jaltenco y Nextlalpan.

6. Tampoco es cierto que siguiendo el límite desde el punto señalado en el numeral anterior hasta llegar al vértice 4, pasando por los vértices 2 y 3, la colonia La Lagunilla, los terrenos de la Encarnación y Barrio de San Marcos se ubiquen bajo la jurisdicción del Municipio de Zumpango, pues se encuentran bajo la del Municipio de Jaltenco.

7. Finalmente, se aclara que el tramo que va desde el último "punto trino" referido (donde se encuentra la mojonera de "Amanalí") hasta el límite con rumbo S-E, no corresponde al límite entre los Municipios de Zumpango y Nextlalpan, sino al límite entre los Municipios de Jaltenco y Nextlalpan.

g) Los derechos de propiedad o posesión sobre los inmuebles mencionados desde siempre se han reconocido y avalado por las autoridades competentes en la jurisdicción del Municipio actor, lo que se acredita con la presentación de diversos testimonios certificados, algunos de los cuales están inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México.

Igualmente, en dichos predios colindantes, se han venido consumando actos de gobierno de competencia municipal por parte del Municipio de Jaltenco, tales como la asignación de claves catastrales, licencias de construcción, cobros de impuesto predial, alineamientos, así como la asignación de números oficiales, aprobación y emisión de factibilidades de servicios públicos para la construcción e instalación de propiedades.

h) Al aprobar el convenio amistoso, ni el gobernador ni el Congreso Estatal consideraron si previamente había concurrido el Municipio de Jaltenco, para evitar excesos o actos indebidos en la precisión y reconocimiento de los límites territoriales, ya que es vecino de los Municipios parte de dicho convenio.

i) A la fecha no existe resolución o decreto firmes e inatacables, de autoridad competente, que mediante procedimiento legal, prive, limite, rectifique o modifique la identidad y reconocimiento de la integridad territorial del Municipio actor.

j) El interés de los Municipios, parte del convenio amistoso, es atender su desarrollo regional, para lo cual, el artículo 115, fracción V, constitucional exige que los Poderes Ejecutivo y Legislativo Estatales aseguren la participación de los Municipios.

TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora esgrimió, en síntesis:

a) La expedición, publicación y cumplimiento del Decreto 352, vulnera las garantías constitucionales de seguridad jurídica y legalidad, puesto que los Poderes Ejecutivo y Legislativo Estatales privaron al Municipio actor de sus atribuciones y derechos patrimoniales, sin fundar ni motivar sus actos, y sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento conforme al cual pueden ejercer las atribuciones conferidas por el artículo 61, fracciones XXV y XXVI, de la Constitución Política del Estado de México, con lo cual vulneraron su derecho a ser oído y vencido en juicio.

De la propia naturaleza de la facultad de "aprobar" decretos, consistente en juzgarlos como válidos, se desprende que los demandados debieron allegarse de elementos de convicción suficientes para aprobar el convenio amistoso y cerciorarse de que no ocasiona agravio alguno a terceros, a fin de estimar su validez.

No obstante, los demandados favorecieron la pretensión de los Municipios de Nextlalpan y Zumpango, sin que hayan aportado elemento justificativo alguno para establecer el punto trino limítrofe en el convenio amistoso.

b) Se vulneran las atribuciones del Municipio de Jaltenco, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica, en virtud de que en el caso, no existían los presupuestos procesales para que el Poder Legislativo Local ejerciera las facultades previstas en el artículo 61, fracciones XXV y XXVI, de la Constitución del Estado de México.

Lo anterior, debido a que, de conformidad con el artículo 115, fracción V, inciso c), de la Constitución General, los demandados debieron asegurar la participación del Municipio actor, por ser colindante de los Municipios parte del convenio amistoso.

c) El Municipio actor acude a esta Suprema Corte para defender sus intereses, en virtud de que el artículo 57 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI del Artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece que los convenios sobre límites intermunicipales aprobados por la Legislatura no admitirán recurso o medio de defensa alguno.

CUARTO. Artículos constitucionales que se aducen violados. Los preceptos que se estiman infringidos son: 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Admisión y trámite. Por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil once, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 117/2011.

Asimismo, mediante certificación, se ordenó remitir el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien por razón de turno fue designado como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo.

En el proveído de dieciséis de noviembre de dos mil once, el Ministro instructor admitió la demanda, ordenó emplazar a las autoridades demandadas a fin de que formularan su contestación y dio vista a la procuradora general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera, así como a los Municipios de Teoloyucan, Zumpango y Nextlalpan, todos del Estado de México, a quienes tuvo con el carácter de terceros interesados.

SEXTO. Contestación del Poder Ejecutivo. En síntesis, manifestó:

a) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la extemporaneidad en la presentación de la demanda.

Si bien la fracción III del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia establece un plazo de sesenta días para presentar la demanda en caso de un conflicto de límites distinto a los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución General, dicho supuesto se actualiza cuando se impugne una resolución emitida por el Congreso Local, en ejercicio de sus facultades exclusivas, que fije los límites y territorio de cada Municipio, puesto que hasta ese momento el actor puede identificar si se le causa un perjuicio a su territorio, de conformidad con la tesis P./J. 97/2007, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS LEGISLATURAS LOCALES QUE DIRIMEN EN DEFINITIVA CONFLICTOS DE LÍMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE UN ESTADO."

Sin embargo, del análisis de la demanda se advierte que en el caso se plantean supuestas violaciones dentro de un procedimiento y no un conflicto de límites; por lo que resulta aplicable el plazo de treinta días previsto por la fracción I del artículo citado, el cual comenzó a partir del día siguiente al de la publicación del decreto, esto es, el veintinueve de septiembre de dos mil once y concluyó el nueve de noviembre del mismo año; por lo que, si la presentación de la demanda fue el once de noviembre, se realizó de manera extemporánea.

b) Se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el artículo 1o., ambos de la ley reglamentaria de la materia, puesto que el Municipio actor no plantea violaciones directas e inmediatas a la Constitución General, lo cual es necesario para la procedencia de la vía, de conformidad con la tesis jurisprudencial P./J. 136/2001, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES."

Lo anterior, ya que no expresa por qué la aprobación del decreto viola la Constitución General, en virtud de que no acredita que el territorio reclamado le pertenezca con el documento idóneo al efecto, a saber, el decreto expedido por la Legislatura Local, que es el medio a través del cual se realiza la dotación de territorio a los Municipios del Estado, de acuerdo con el criterio jurisprudencial P./J. 27/2005, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DOCUMENTOS QUE NO CONSTITUYEN MEDIOS PROBATORIOS IDÓNEOS PARA DEMOSTRAR LOS LÍMITES Y EL TERRITORIO DE UN MUNICIPIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)."

Por tanto, la parte actora carece de interés legítimo, y más aún, al no demostrar que el acto que pretende combatir le cause algún perjuicio, no se encuentra probada la existencia del acto materia de la controversia constitucional, actualizándose la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia.

c) El Decreto 352 es válido, porque no transgrede ningún precepto de las Constituciones Federal ni Local, toda vez que es facultad exclusiva de las entidades federativas la publicación de los decretos que expidan sus respectivas Cámaras de Diputados, lo que se desprende de los artículos 73 y 124 de la Constitución General.

Asimismo, cumple con la fundamentación y motivación que un acto de su naturaleza debe revestir, al haber sido publicado por la autoridad competente para ello, en términos de los artículos 58 y 77, fracción III, de la Constitución Local, y de acuerdo al criterio P. C/97, de rubro: "PROMULGACIÓN DE LEYES. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESTE ACTO."

SÉPTIMO. Contestación del Poder Legislativo. En su escrito señaló, sustancialmente, lo siguiente:

a) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que el Municipio actor carece de interés legítimo para impugnar el Decreto 352, ya que al ser su objeto la precisión y reconocimiento de los límites territoriales de los Municipios de Nextlalpan y Zumpango únicamente, y no de otros, no tiene efectos vinculantes para el Municipio actor, por lo que su expedición no le causa perjuicio alguno, al no afectar su ámbito de atribuciones.

b) Se surte la diversa causa de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, debido a que de la demanda se advierte que el conflicto medular entre los Municipios es el derecho a un polígono territorial, lo cual puede ser resuelto, exclusivamente, por la Legislatura del Estado de México, en términos de los artículos 61, fracción XXV, de la Constitución Local, 4 de la Ley Orgánica Municipal local y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI del Artículo 61 de la Constitución Política del Estado de México.

Lo anterior, pues en dicho escrito se señala "es evidente que los Municipios de Nextlalpan y Zumpango por conducto de sus representantes legales, en forma dolosa y de mala fe y con un ánimo de ventaja en agravio de mi representado, pretenden establecer un punto que denominan como ... punto trino que une a los Municipios de Nextlalpan, Zumpango y Cuautitlán ... cuando evidentemente, ese punto que refieren, sólo está conformado por los límites territoriales de dos Municipios que son Teoloyucan y Jaltenco; y no tienen ninguna injerencia los Municipios de Zumpango y Nextlalpan."

Por tanto, previamente debió agotarse la vía correspondiente para determinar a quién corresponde el territorio que se ubica en el polígono territorial materia del conflicto.

c) El Decreto 352 es válido, toda vez que el Poder Ejecutivo Local sometió la iniciativa por la que se aprueba el convenio amistoso a la Legislatura Local, de conformidad con lo establecido por los artículos 51, fracción I y 77, fracción V, de la Constitución del Estado; la iniciativa fue turnada a la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios para su estudio, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo; el dictamen fue sometido a la aprobación de la Legislatura en Pleno, en términos de los artículos 68, 70, 72 y 82 de la ley orgánica citada, así como 70, 73, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo Local; y, el Pleno aprobó la iniciativa.

Asimismo, se cumplieron a cabalidad las disposiciones de la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI del Artículo 61 de la Constitución Local, que regulan el procedimiento de aprobación de convenios amistosos, esto es, los artículos 29 a 38 de dicho ordenamiento.

OCTAVO. Opinión de los terceros interesados. En los escritos respectivos señalaron:

1. Municipio de Nextlalpan, Estado de México

Por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil doce, se tuvo por no desahogada en tiempo y forma la vista que se le dio, en virtud de que fue presentada fuera del plazo legal de treinta días hábiles, el cual transcurrió del jueves veinticuatro de noviembre de dos mil once al jueves diecinueve de enero del dos mil doce, por lo que la presentación realizada el veinte de enero resulta extemporánea.

2. Municipio de Teoloyucan, Estado de México

En el auto de veintiséis de enero de dos mil doce, se acordó que el Municipio de Teoloyucan no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera.

3. Municipio de Zumpango, Estado de México

Igualmente, en el auto de veintiséis de enero de dos mil doce, se acordó que no dio cumplimiento al requerimiento de manifestar lo que a su derecho conviniera.

NOVENO. Opinión del procurador general de la República. El procurador al formular su opinión manifestó, en síntesis:

a) La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, la cual es procedente, fue presentada en forma oportuna y por persona legitimada para ello.

b) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que el Municipio actor impugna el decreto por considerar que se atribuyó el límite territorial que le pertenece.

De lo anterior se desprende que el problema jurídico planteado subyace en un conflicto de límites territoriales, siendo el Congreso Local la única autoridad facultada para resolverlo, de conformidad con la tesis jurisprudencial P./J. 41/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN RESOLVER LA SOLICITUD QUE UN AYUNTAMIENTO FORMULE PARA QUE SE MARQUEN FÍSICAMENTE SUS LÍMITES TERRITORIALES."

No es óbice a lo anterior, el hecho de que el Municipio actor aduzca una violación al derecho de audiencia, pues cualquiera que fuera el sentido de la resolución emitida por esta Suprema Corte, necesariamente implica un reconocimiento expreso sobre la competencia territorial del Municipio actor.

c) Se advierte la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, puesto que no se agotó previamente el procedimiento ante el Congreso Local para la solución de conflictos limítrofes suscitados entre los Municipios del Estado de México, regulado en la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI del Artículo 61 de la Constitución Política Estatal.

Si bien el artículo 57 del citado ordenamiento prevé que los convenios aprobados por el Congreso de la entidad no admiten recurso o medio de defensa legal alguno, únicamente es aplicable para los Municipios que celebren convenios amistosos, y no para los Ayuntamientos que no intervinieron en los mismos, los cuales pueden solicitar la intervención de la legislatura en cualquier momento.

d) Es infundada la causal de improcedencia hecha valer por el Poder Ejecutivo Local, relativa a que la demanda fue presentada de manera extemporánea, toda vez que el plazo debe computarse a partir de la fecha en que el Municipio actor se ostenta sabedor del decreto impugnado, esto es, el catorce de octubre de dos mil once, de acuerdo a lo establecido en la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia.

No obstante, la presentación de la demanda resulta igualmente oportuna si se considera que el plazo debe iniciar a partir de la publicación del decreto, pues iniciaría el veintinueve de septiembre de dos mil once y concluiría el catorce de noviembre del mismo año, debiendo descontar los días uno, dos, ocho, nueve, doce, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de octubre, así como cinco, seis, doce y trece de noviembre por ser inhábiles.

e) Asimismo, resulta infundada la causa de improcedencia aducida por los poderes demandados, consistente en la falta de interés legítimo del Municipio actor para promover demanda de controversia constitucional, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene actualmente el criterio de que para contar con interés legítimo debe existir cuando menos un principio de agravio con la emisión del acto o norma general impugnado, lo cual se actualiza en el caso concreto, en virtud de que el Municipio actor realiza planteamientos encaminados a demostrar que no se le dio derecho de audiencia en un procedimiento que involucra territorio que, a su parecer, le pertenece, lo cual implica una afectación en su esfera de facultades.

f) El Municipio actor estima que se violaron en su perjuicio los siguientes artículos constitucionales: el 14, que comprende, entre otras, la garantía de audiencia, la cual se satisface cuando se cumplen las formalidades necesarias para garantizar el derecho de defensa (consistente en la notificación del inicio del procedimiento, oportunidad para ofrecer y desahogar pruebas, formular alegatos y el dictado de una resolución); el 16, que consagra el principio de legalidad; y el 115, cuyo objetivo es salvaguardar la competencia de los Municipios y garantizar su autonomía en el ejercicio de sus atribuciones.

Debido a que los límites territoriales fijan la competencia de las autoridades municipales, cualquier afectación que resientan trascenderá en las facultades del Municipio; por ello, todo acto de autoridad que pueda dividir su territorio debe respetar los principios constitucionales de previa audiencia, debido proceso y legalidad.

Al respecto, debe precisarse que el procedimiento para celebrar convenios amistosos que resuelvan conflictos territoriales entre los Municipios del Estado de México se regula por lo previsto en la Constitución Estatal, la Ley Reglamentaria de las Fracciones XXV y XXVI del Artículo 61 de la Constitución Local y el artículo 4o. de la Ley Orgánica Municipal del Estado.

Dichos preceptos establecen que los Municipios del Estado pueden celebrar convenios amistosos para fijar sus límites, con el apoyo técnico de la Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México, con la que se efectuarán reuniones de trabajo y recorridos de campo para levantar un plano topográfico, el cual debe ser aprobado por las comisiones municipales. Posteriormente, dicho plano, junto con el proyecto de convenio, deben ser aprobados por los Cabildos en un plazo no mayor a treinta días, los cuales serán turnados al Poder Ejecutivo para que los presente, mediante iniciativa, a la legislatura.

En este sentido, en el convenio amistoso celebrado el nueve de febrero de dos mil, se establecen los datos de los funcionarios autorizados para la celebración del mismo, las reuniones y trabajos de campo, planos topográficos, las sesiones de Cabildo en las que se aprobaron, así como la conformidad de los firmantes con los puntos descritos y con la intervención del Ejecutivo para someterlo a la Legislatura.

Cabe destacar, que el artículo 30, fracción III, de la ley reglamentaria referida establece que dicho procedimiento debe realizarse con la intervención de los Municipios "interesados", lo cual se refiere a los colindantes, ya que pueden resultar afectados en cada proceso de determinación de límites. El interés nace de su colindancia, de las prerrogativas constitucionales con que cuentan para defender su territorio, utilidad, ganancias y actos de dominio sobre sus bienes, así como los impuestos, derechos, aprovechamientos o cualquier otro producto y la integridad misma de su territorio, que implica el arraigo de su población, tradiciones y costumbres.

Aunado a lo anterior, las fracciones IV y V del mismo precepto legal establecen que después de que las comisiones municipales aprueben el plano topográfico y el proyecto de convenio amistoso, la comisión estatal debe remitirlos a los Municipios interesados para que sean aprobados por sus Cabildos, acuerdos que deben ser entregados a la comisión para que los remita al gobernador, quien los someterá mediante iniciativa al Congreso Local.

En el caso, el Municipio de Jaltenco adquiere la calidad de Municipio interesado en el procedimiento por el que se aprobó el Decreto 352, al tener una vecindad limítrofe con los Municipios de Nextlalpan y Zumpango, contratantes del convenio amistoso.

Así, tanto la comisión estatal como quienes elaboraron la iniciativa de decreto en la Legislatura, debieron percatarse de la ausencia de voluntad de los diversos Municipios interesados.

De los documentos que obran en autos no se desprende que la legislatura se haya percatado de la ausencia de los Municipios colindantes en el procedimiento para aprobar el decreto impugnado. De lo contrario, a falta de un pronunciamiento satisfactorio de todas las partes, se habría sometido el diferendo a la Legislatura para que resolviera en definitiva, de conformidad con el artículo 34 de la ley reglamentaria local.

Asimismo, de haberse determinado llamar a los Municipios colindantes, se habría rechazado la iniciativa por no estar apegada a derecho y se habría ordenado la reposición del procedimiento, para que los inconformes aportaran pruebas y argumentos para ser analizados en el dictamen técnico de la comisión estatal, aunque no constituya una resoluc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24882-f6b4d931/convenios-amistosos-para-la-fijacion-de-limites-territoriales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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