LEGITIMACIÓN, FALTA DE. EN LA AUTORIDAD PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITIÓ EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE VERSÓ SOBRE INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA PÚBLICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 13 DE DICIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE TRES VOTOS POR PARTE DE LOS MAGISTRADOS JUAN BONILLA PIZANO, JOSÉ ALFREDO GUTIÉRREZ BARBA Y TOMÁS GÓMEZ VERÓNICA. DISIDENTE: JESÚS RODOLFO SANDOVAL PINZÓN. PONENTE: JOSÉ ALFREDO GUTIÉRREZ BARBA. SECRETARIO: CONRADO VALLARTA ESQUIVEL.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
SEGUNDO. Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por ********** en su carácter de autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte recurrente (**********), en el recurso de reclamación **********, que forma parte de esta contradicción de tesis.
TERCERO. Criterios contendientes. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar las consideraciones sustentadas por los órganos jurisdiccionales, referidas como opuestas.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la reclamación **********, consideró lo siguiente:
"CUARTO. Son fundados los agravios. En efecto, el presidente de este Tribunal Colegiado, en acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil trece, admitió a trámite la demanda de garantías formulada por el abogado patrono de la autoridad demandada Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, interpuesta en contra de la sentencia de trece de noviembre de dos mil doce, pronunciada por el Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, que culminó con los puntos resolutivos siguientes (hojas 22 y 23) ‘PRIMERO. La personalidad y capacidad de las partes, la vía administrativa y la competencia de esta Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, para conocer y resolver de la presente controversia, han quedado acreditados en autos. SEGUNDO. La parte actora acreditó los elementos constitutivos de su acción puesta en ejercicio, mientras que la autoridad demandada no justificó sus excepciones y defensas, por tanto: TERCERO. Por las consideraciones y fundamentos jurídicos contenidos en el último considerando de la presente resolución, se condena a la autoridad demandada a pagar a favor de la sociedad actora la cantidad de $********** más los intereses legales que generados desde su impago y hasta que se realice el mismo, en términos de lo que prevé el dispositivo legal 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco.’. Frente a lo anterior, la agraviada esencialmente aduce que el auto recurrido le causa perjuicio, toda vez que la presidencia de este Tribunal Colegiado no debió soslayar que la parte quejosa carece de legitimación para acudir al juicio de amparo, ya que no se ubica dentro de la causa de excepción a que se refiere el artículo 9o. de la Ley de Amparo, puesto que de los autos del juicio contencioso administrativo se desprende que el Ayuntamiento quejoso, actuó allá como autoridad demandada, ejerciendo facultades devenidas del poder público, sin que en tal supuesto pueda estimarse que sus intereses patrimoniales se vean afectados de modo alguno, de donde se sigue que el juicio de amparo que se intenta es improcedente. Lo anterior se estima fundado, en razón de que el peticionario del amparo (Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco) de que se trata, como se aduce, efectivamente actuó en su carácter de autoridad demandada en el juicio natural del que proviene el acto reclamado, por lo que es de estimarse que, en esas condiciones, carecen de legitimación para acudir al juicio de garantías. Cierto, como se alega, en los autos del juicio de nulidad **********, tramitado ante la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, del que deviene el acto reclamado, consta que la parte actora del juicio, la persona moral denominada **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó el incumplimiento del contrato celebrado el pasado dos de abril de dos mil nueve, con el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, a quien demandó por el pago de $**********. Por su parte, el acto que se reclama en esta instancia constitucional es la sentencia de fecha trece de noviembre de dos mil doce, pronunciada por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, en la que, como se dijo, se determinó procedente la acción y se condenó al Ayuntamiento demandado al pago de la cantidad reclamada y los intereses legales en términos del artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco. Ahora bien, el principal objetivo del juicio de garantías es dirimir cualquier controversia que se suscite por leyes o actos del orden público que violen las garantías individuales y, que éstas, como derechos subjetivos públicos, sólo se otorgan a las personas físicas o morales y no a las entidades públicas. La anterior regla admite como excepción el supuesto contenido en el primer párrafo del artículo 9o. de la Ley de Amparo, cuyo texto dice: (se transcribe). Como se ve, el numeral en cita faculta a las personas morales oficiales a ocurrir en demanda de amparo; pese a ello, esa reserva está condicionada a que la afectación que resiente el organismo oficial comprenda única y exclusivamente los intereses patrimoniales de la Federación, Estado o Municipio, lo que se actualiza solamente cuando actúa como persona de derecho privado, excluyéndose el acceso al juicio constitucional cuando el organismo, ya sea federal, estatal o municipal, pretende, a través de éste, defender actos que emitió en su carácter de persona moral de derecho público, en razón de que si bien en el caso se establece una condena en contra de los peticionarios con motivo del juicio contencioso administrativo seguido por la ahora recurrente, aun en ese supuesto actúa como autoridad, dado que el asunto se refiere a actos que el organismo oficial puede ejecutar de manera unilateral e imperativa, como lo son las consecuencias de incumplimiento de los contratos de obra pública a precios unitarios, pues en este caso dicho organismo se encuentra frente a una relación Estado-particular y, por esa razón, como se dijo, ese acto lo efectúa con el carácter de autoridad. Luego, resulta jurídicamente inaceptable que las oficinas públicas o dependencias del Gobierno Federal, Estatal o municipal, invoquen violación de garantías individuales cuando los actos que defienden, como en el caso sucede, derivan de su actuar como autoridad, lo que conduce a estimar que la dependencia pública quejosa carece de legitimación para impugnar a través del juicio de amparo la resolución emitida por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, que decidió una controversia en el juicio de nulidad relativo, respecto de actos que llevó a cabo en su calidad de autoridad. Lo anterior es así, por no ser posible conceder a esos órganos la protección de la Justicia Federal por los actos del mismo Estado, ya que la Cuarta Sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, quien fue señalada como responsable en la demanda de garantías, actuó como órgano también del Estado y, por consiguiente, no puede llegarse al extremo de establecerse una contienda entre los mismos sujetos de poder, lo cual va en contra de la naturaleza del juicio de garantías, pues, como se dijo, los quejosos ocurren como personas morales oficiales de derecho público, y no como personas de derecho privado, circunstancias éstas por las que es improcedente el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que, de acuerdo con los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien el acto o la ley que se reclama le ocasione un agravio personal y directo, dado que dicha afectación es lo que le otorga legitimación para promover la instancia constitucional; sin embargo, la circunstancia de que la autoridad aquí quejosa haya sido parte demandada en un juicio contencioso administrativo, le resta la legitimación necesaria para acudir al juicio de amparo indirecto en contra de una sentencia dictada por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, porque, se insiste, no lo hace defendiendo derechos patrimoniales, sino porque lo que defienden es su actuación como entes de derecho público. Así es, al pretender modificar la sentencia del tribunal administrativo, no defiende derechos patrimoniales, sino porque lo que defienden es su actuación como entes del derecho público. Así es, al pretender modificar la sentencia del tribunal administrativo, no defiende derechos patrimoniales de la institución a la que representa, sino su actuación como autoridad bajo el imperio de la ley, lo que se corrobora desde luego con el hecho de que en el acto se establece una condena a efectuar el pago de cantidad determinada y sus intereses como pago del contrato de obra pública a precios unitarios de dos de abril de dos mil nueve. En este contexto, como también se dijo, el artículo 9o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala enfáticamente que las personas morales oficiales sólo pueden acudir al juicio de amparo cuando exista afectación a sus intereses patrimoniales, lo que no se actualiza en el presente caso, se insiste, en virtud de que el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, compareció al juicio contencioso administrativo a defender la legalidad de su actuación como autoridad demandada, y no en defensa de sus derechos patrimoniales, razón por la que resulta jurídicamente improcedente reclamar, en la vía de amparo indirecto, la sentencia que recayó en dicho juicio, dictada por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Administrativo respectivo. Lo anterior se explica en virtud de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, creó el juicio de amparo para proteger a los gobernados contra la acción del Estado, que sea lesiva de las garantías individuales, luego, siendo estas restricciones al poder público, que salvaguardan derechos fundamentales del individuo, queda al margen de toda discusión que el Estado no goza de esas prerrogativas y, por lo mismo, que no puede promover juicio de garantías. El criterio que sostiene este tribunal federal es coincidente, por los motivos que la informan, con la jurisprudencia número 2a./J. 45/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, junio de dos mil tres, página 254, que dice: ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.’ (transcribe texto). En el mismo sentido es aplicable, por identidad de razón, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmado en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 203/2007, correspondiente a la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, octubre de dos mil siete, página 210, que dice: ‘AMPARO DIRECTO. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO LAS PERSONAS MORALES OFICIALES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR ACTOS RELACIONADOS CON EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES A SUS SERVIDORES PÚBLICOS.’ (transcribe texto). También encuentra aplicación la tesis sustentada por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos ochenta y tres, Tomo LXVI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘PERSONAS MORALES DE DERECHO PÚBLICO, CASOS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO POR LAS.’ (transcribe texto). Asimismo, tiene aplicación en la especie el criterio contenido en la tesis número XXII.10 A, que se comparte, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito en la Novena Época, con número de registro IUS: 203173, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, página 385, de rubro y texto siguientes: ‘AMPARO IMPROCEDENTE, PROMOVIDO POR AUTORIDAD DEMANDADA EN UN JUICIO CONTENCIOSO.’ (transcribe texto). Igualmente aplicable resulta el criterio, que se acoge, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, contenido en la tesis número XX.2o.P.A.59 A, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto de dos mil siete, página 1759, que dice: ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO SI NO LO HACEN EN DEFENSA DE SUS INTERESES PATRIMONIALES SINO COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN COMO ENTES DOTADOS DE PODER PÚBLICO.’ (transcribe texto). De lo anterior se llega a la conclusión de que los razonamientos transcritos, emitidos por el Máximo Tribunal del País, así como los sustentados por los tribunales homólogos antes citados, coinciden, en lo esencial, con las consideraciones vertidas por este órgano de control constitucional en el aspecto que aquí se trata. Por tanto, este tribunal federal estima que el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, carece de legitimación para acudir al juicio de amparo en contra de la sentencia dictada por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, en el expediente número **********, en virtud de que los derechos que pretenden defender no están salvaguardados por las garantías individuales, por lo que deberá revocarse el auto de presidencia de veintiuno de febrero de dos mil trece, para el efecto de que se emita uno nuevo o en el que se pronuncie nuevamente el presidente de este órgano colegiado acerca de la admisión de la demanda de que se trata, prescindiendo de la consideración que aquí fue desestimada."
Por su parte, al resolver la reclamación **********, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consideró lo subsecuente:
"QUINTO. Los agravios son infundados. Como antecedentes de la materia de estudio, cabe hacer notar: 1. Mediante escrito presentado el treinta de marzo de dos mil doce, ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, **********, por su propio derecho, promovió demanda administrativa en contra del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, ‘... por el incumplimiento en los términos y condiciones pactados en el contrato celebrado el pasado 7 de mayo de 2009 de mayo de 2009 (sic) entre el suscrito y el Municipio demandado.’. 2. De dicha demanda tocó conocer a la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, quien la admitió en proveído de nueve de abril de dos mil doce bajo número de expediente **********, y el veintiséis de noviembre de dos mil doce, dictó sentencia en la que condenó a la autoridad demandada al pago de **********, más los intereses legales generados desde el momento en que incumplió con dicha obligación hasta el momento de su liquidación en favor del actor. 3. Por escrito de diez de diciembre de dos mil doce, el abogado patrono de la autoridad demandada interpuso recurso de apelación, que resolvió el Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, en sentencia definitiva de veintiuno de marzo de dos mil trece, inoperante el agravio formulado por la recurrente y confirmó la sentencia apelada. 4. Contra dicha determinación **********, en representación del (sic) especial del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, autoridad demandada en el juicio de nulidad **********, promovió demanda de amparo directo, de la que por cuestión de turno tocó conocer a este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, la que se admitió a trámite en proveído de presidencia de veinte de junio de dos mil trece, acuerdo materia del presente recurso de reclamación. En contra del acuerdo de admisión, **********, tercero perjudicado en el presente juicio de amparo, aduce, esencialmente, que el juicio de amparo es improcedente, porque la autoridad demandada carece de legitimación activa para demandar el amparo, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 7o. de la Ley de Amparo, sólo cuenta con tal legitimación contra actos u omisiones que afecten su patrimonio, siendo que en el caso no se afecta éste, pues el motivo del juicio administrativo en el que se emitió la sentencia reclamada fue por el cobro de una deuda como consecuencia del incumplimiento de un contrato administrativo, sin que las partidas presupuestales puedan entenderse como parte de su patrimonio; que la autoridad fue demandada en el juicio de origen en su carácter de derecho público, ya que unilateralmente y en perjuicio del tercero perjudicado no ha cubierto la cantidad adeudada, actuando en grado de supra a subordinación con el particular, ya que en el mismo contrato existen cláusulas exorbitantes, por lo que es genuinamente un contrato administrativo, por lo que la condena surge a partir de su actuación pública, como autoridad en ejercicio de su poder público. Cita en su apoyo las tesis de rubros: ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO SI NO LO HACEN EN DEFENSA DE SUS INTERESES PATRIMONIALES, SINO COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN COMO ENTES DOTADOS DE PODER PÚBLICO.’ y ‘AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR UNA AUTORIDAD QUE OBTUVO RESOLUCIÓN DESFAVORABLE EN UN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CUANDO ACTÚA EN SU CARÁCTER DE ENTE DE DERECHO PÚBLICO.’. Pues bien, los anteriores argumentos son ineficaces, en virtud de que lo relativo a si el juicio de amparo es improcedente o no al promoverlo la autoridad demandada en el juicio administrativo ********** del índice de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, es una cuestión que debe ser examinada por el Tribunal Pleno, al dictar la ejecutoria correspondiente, mas no por el presidente del órgano colegiado en el auto de radicación que se dicte por él, como lo pretende el inconforme, pues la legitimación incide generalmente en la cuestión de fondo planteada y, por ende, no debe deducirse tal aspecto en el auto de inicio para determinar si la autoridad quejosa está legitimada para promover amparo contra la resolución emitida en el juicio citado, pues ese análisis implicaría deducir anticipadamente el derecho que le asiste a cada una de las partes, de donde se concluye entonces que dicha cuestión no puede constituir motivo de improcedencia manifiesto e indudable para justificar el desechamiento del recurso, razón por la cual será hasta el momento de que se estudie el fondo de la cuestión planteada, esto es, cuando se examine lo atinente a la legitimación de la quejosa, pues el proveído impugnado en ningún momento está resolviendo el fondo del asunto, sino que se limita a admitir a trámite el amparo. Además, la facultad concedida en los artículos 179 a 181 de la Ley de Amparo, para calificar la procedencia del juicio de amparo, admitiéndolo o desechándolo, se hará en relación a los presupuestos que se establecen en los artículos 170, 171, 172, 175, 176 y 177 de esa legislación, pues de una recta y armónica interpretación de los preceptos en comento, permitiría concluir que al no encuadrar el juicio de amparo en algunas de las hipótesis previstas en tales numerales, entonces sí, el presidente del tribunal, estaría en aptitud de desecharlo. De ahí que, a la luz de lo argumentado por el reclamante, no pueda considerarse incorrecto el auto de presidencia impugnado, ya que el estudio que se propone lo debe abordar en todo caso el colegiado en Pleno. Tiene aplicación por analogía y extensión, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y ocho del tomo 23, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘QUEJA, RECLAMACIÓN DEL AUTO EN QUE SE ADMITE RECURSO DE. AGRAVIO INOPERANTE.’ (transcribe texto)."
CUARTO. Existencia de la contradicción. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito considera que, en el caso, sí existe la contradicción de tesis denunciada, en los términos que se indican más adelante.
Primeramente, es conveniente precisar que la reclamación **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se resolvió bajo las disposiciones de la abrogada Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en tanto que la diversa reclamación **********, del orden del Primer Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito, se falló a la luz de lo regulado en la actual Ley de Amparo, que rige desde el tres de abril de esta anualidad.
Sin embargo, dicha circunstancia no obsta para estimar existente la contradicción de criterios denunciada, toda vez que ambos conjuntos normativos, reglamentarios de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los supuestos ahora sujetos a análisis, tienen una regulación similar, lo que conlleva que el punto jurídico a debate tenga esa calidad (similar) y, por ende, que sea viable la contradicción de tesis, aun cuando los criterios correspondientes se hayan sustentado a la luz de normas que, temporalmente, tienen una vigencia distinta.
Por otra parte, para analizar el punto de contradicción entre los órganos jurisdiccionales contendientes, resulta pertinente recordar cuáles son las facultades de los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito, ante la presentación de demandas de amparo directo, así como cuáles son la naturaleza y materia del recurso de reclamación, previsto en contra de los acuerdos de trámite que dictan los citados presidentes.
En relación con la primera temática (facultades de los presidentes de Tribunales Colegiados de Circuito), la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 41, dispone lo siguiente:
"Artículo 41. Son atribuciones de los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito:
"I. Llevar la representación y la correspondencia oficial del tribunal;
"II. Turnar los asuntos entre los Magistrados que integren el tribunal;
"III. Dictar los trámites que procedan en los asuntos de la competencia del tribunal hasta ponerlos en estado de resolución. En caso de que estime dudoso o trascendente algún trámite, dispondrá que el secretario respectivo dé cuenta al tribunal para que éste decida lo que estime procedente;
"IV. Dirigir los debates y conservar el orden durante las sesiones;
"V. Firmar las resoluciones del tribunal, con el Magistrado ponente y el secretario de acuerdos, y
"VI. Las demás que establezcan las leyes."
Del indicado precepto legal se observa, en lo que interesa, que los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito tendrán, entre otras facultades, la de dar trámite o instruir los asuntos de la competencia de dichos órganos jurisdiccionales, hasta ponerlos en estado de resolución.
Asimismo, en lo que respecta al pronunciamiento sobre la demanda de amparo directo, la extinta Ley de Amparo, en su numeral 177, prevé:
"Artículo 177. El Tribunal Colegiado de Circuito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivos manifiestos de improcedencia, la desechará de plano y comunicará su resolución a la autoridad responsable."
Por su parte, la vigente Ley de Amparo, en su precepto 179, establece:
"Artículo 179. El presidente del Tribunal Colegiado de Circuito deberá resolver en el plazo de tres días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización, o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia."
Como se desprende de los dispositivos legales transcritos, en lo coincidente, es facultad del presidente del Tribunal Colegiado (en el caso de la anterior ley, a pesar de que se refiera, genéricamente, al Tribunal Colegiado de Circuito, pues, en términos de la copiada norma 41 de la ley orgánica judicial federal, corresponde a los presidentes el trámite de los asuntos), el proveer sobre la demanda de amparo directo, en que, de estimar que existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.
Por su parte, en cuanto al segundo tema (naturaleza y materia del recurso de reclamación), la anterior Ley de Amparo, en su artículo 103, señala:
"Artículo 103. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito.
"Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresen agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada.
"El órgano jurisdiccional que deba conocer el fondo del asunto resolverá de plano este recurso, dentro de los quince días siguientes a la interposición del mismo.
"Si se estima que el recurso fue interpuesto sin motivo, se impondrá al recurrente o a su representante, o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a ciento veinte días de salario."
En similar contenido, la nueva Ley de Amparo, en sus arábigos 104, 105 y 106, establece:
"Artículo 104. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito.
"Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresan agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada."
"Artículo 105. El órgano jurisdiccional que deba conocer del asunto resolverá en un plazo máximo de diez días; el ponente será un Ministro o Magistrado distinto de su presidente."
"Artículo 106. La reclamación fundada deja sin efectos el acuerdo recurrido y obliga al presidente que lo hubiere emitido a dictar el que corresponda."
De las disposiciones legales que se han reproducido deriva que la ley prevé un sistema de impugnación de los acuerdos de trámite que se dicten por los presidentes de los Tribunales Colegiados, mediante el recurso de reclamación, del que conoce el órgano jurisdiccional en Pleno.
Medio de impugnación cuya litis se constriñe a determinar la legalidad o ilegalidad de las consideraciones que sustentan dicho acuerdo de trámite, a la luz de los agravios expresados en su contra; esto es, lo debatible y analizable en la reclamación se limita a la verificación de si el presidente del Tribunal Colegiado, en ejercicio de sus atribuciones legales, actuó de forma adecuada o errónea.
Este punto puede observarse en las jurisprudencias 2a./J. 45/2012 (10a.), P./J. 10/2007 y 1a./J. 57/2002 de la Segunda Sala, el Pleno y la Primera Sala, todos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citadas por la información que contienen, y que fueron publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima y Novena Épocas, Libro VIII, Tomo 2, mayo de 2012, Tomo XXV, mayo de 2007; y Tomo XVI, septiembre de 2002; páginas mil doscientos dieciséis, mil quinientos veinticuatro, y doscientos cuarenta y seis, respectivamente, que informan:
"RECLAMACIÓN. LOS AGRAVIOS QUE CONTROVIERTEN UNA RESOLUCIÓN DIVERSA AL ACUERDO DE PRESIDENCIA RECURRIDO O NO LO COMBATEN DEBEN DECLARARSE INOPERANTES. El recurso de reclamación constituye un medio de defensa que la Ley de Amparo concede a las partes para impugnar los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los de sus Salas o los de los Tribunales Colegiados de Circuito. Por tanto, su materia consiste en el acuerdo de trámite impugnado, el cual debe examinarse a través de los agravios expresados por la recurrente; de ahí que si éstos no combaten los razonamientos en que se apoya el acuerdo de Presidencia señalado o están encaminados a controvertir una resolución diversa son inoperantes y, por ende, el referido recurso debe declararse infundado." (el resaltado es de este Pleno de Circuito)
"RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU MATERIA CONSISTE EN ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL ACUERDO RECLAMADO. El referido recurso constituye un medio de defensa que la ley otorga a las partes en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, para impugnar los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los Ministros instructores. En este sentido, la materia de dicho medio de impugnación consiste únicamente en analizar la legalidad o i
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24910-56203b8d/legitimacion-falta-de-en-la-autoridad-para-promover · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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