APARIENCIA JURÍDICA. CUANDO DICHA TEORÍA SE UTILIZA INTENCIONALMENTE HACIA TERCEROS, PUEDE PRODUCIR EFECTOS LEGALES EN FUNCIÓN DEL CASO CONCRETO, ESPECIALMENTE EN AQUELLOS DE REPRESENTACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES. APODERADO. AL ESTAR OBLIGADO A NOTIFICAR A SU PODERDANTE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON EL CARGO, Y A ENTREGARLE TODA LA INFORMACIÓN RECIBIDA, CUANDO ACUDE ANTE LA AUTORIDAD FISCAL, OSTENTÁNDOSE COMO REPRESENTANTE DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL, EXHIBIENDO UN PODER Y SE LE ENTREGAN LOS OFICIOS CON LOS QUE AQUÉLLA DARÁ INICIO A SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, LEVANTÁNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE, ELLO HACE PRESUMIR QUE SU REPRESENTADA QUEDÓ NOTIFICADA, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS ALCANCES Y LÍMITES DE LAS CLÁUSULAS RESPECTIVAS Y DEL TIPO DE FACULTAD QUE LE FUE CONFERIDA.
AMPARO DIRECTO 788/2011. FERRETERÍA EUZKADI, S.A. DE C.V. 19 DE DE ABRIL DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA. PONENTE: EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO. SECRETARIO: ENRIQUE OROZCO MOLES.
CONSIDERANDO:
OCTAVO. Son infundados los conceptos de violación como se demostrará.
La parte quejosa hace valer los planteamientos que a continuación se resumen para facilitar la decisión de la cuestión efectivamente planteada, esto, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo; de este modo se expone en la demanda que:
• Se violan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la responsable no respetó las garantías de legalidad, audiencia, debido proceso, seguridad jurídica, congruencia, exhaustividad y economía procesal.
• La Sala responsable consideró que las notificaciones de los oficios 324-SAT-15-II-7696 de seis de noviembre de dos mil seis y 324-SAT-15-II-3-3-8927 de diez de noviembre de dos mil seis, "fueron convalidadas", a través del acta de dieciséis de noviembre de dos mil seis, pero debe tenerse presente, apunta la quejosa, que Abraham Ramírez Alvarado no es el representante legal de la quejosa por lo que la entrega de los oficios en cuestión a esa persona no tiene valor jurídico alguno.
• Para tener a la quejosa por notificada de los oficios de referencia, era menester que acudiera el representante legal de ésta, y la representación de una sociedad recae únicamente en el administrador único o consejo de administración, en términos del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y no en un simple mandatario para pleitos y cobranzas.
• El señor Abraham Ramírez Alvarado no tiene la calidad de representante legal, pues sólo está facultado para lo que expresamente se señaló en la escritura pública 64004 de ocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete.
• La responsable nunca tomó en cuenta lo que se manifestó en los alegatos en torno a la falta de personería de Abraham Ramírez Alvarado.
Los argumentos antes sintetizados resultan infundados como se demostrará.
De la lectura de la sentencia reclamada y de los conceptos de violación se desprende que, para la resolución del presente asunto, debe determinarse de forma principal si la diligencia de notificación de los oficios 324-SAT-15-II-7696 de seis de noviembre de dos mil seis y 324-SAT-15-II-3-3-8927 de diez de noviembre de dos mil seis, contenida en el acta de dieciséis del mismo mes y año y entendida con el señor Abraham Ramírez Alvarado, constituye una diligencia jurídicamente eficiente para dar por notificada a la contribuyente, aquí quejosa, del contenido de los oficios antes referidos.
Pues bien, de la lectura de la citada diligencia de notificación y del derecho aplicable se desprende que el acta notificatoria en cuestión sí resultó suficiente como bien lo estimó la Sala Fiscal para considerar jurídicamente notificada a la contribuyente, hoy quejosa, máxime que, al local de la administración tributaria se trasladó Abraham Ramírez Alvarado quien en el acto se ostentó como representante y para justificar el carácter que en ese momento se proclamó, exhibió ante el personal de la autoridad fiscal un instrumento notarial que contiene un poder para pleitos y cobranzas que lo acreditó como apoderado y representante de Ferretería Euzkadi, Sociedad Anónima de Capital Variable, conduciéndose en el acto de tal manera, que incluso convenció a la administración tributaria de ser el representante de la mencionada contribuyente; lo que fue a grado tal, que inclusive participó en el levantamiento de un acta de notificación y logró que le fueran entregados los oficios de referencia; a lo que debe sumarse que si bien es verdad, ahora en autos consta que no es un representante ni un apoderado general, sino un apoderado especial con facultades de representación limitadas, ello no es óbice para que, conforme a las reglas de la representación y del derecho civil aplicable, sí deba considerarse perfectamente notificada la mencionada contribuyente quejosa, máxime que los alcances de la representación limitada de Abraham Ramírez Alvarado, son más que suficientes para convalidar la diligencia en análisis.
En efecto, no asiste razón a la quejosa, cuando básicamente aduce que Abraham Ramírez Alvarado no es su representante legal.
Tampoco cuando señala que dicha persona carece de atribuciones para que, por su conducto, se le notifiquen los oficios 324-SAT-15-II-7696 de seis de noviembre de dos mil seis y 324-SAT-15-II-3-3-8927 de diez de noviembre de dos mil seis, con los que se dio inicio a las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, las cuales, por tanto, desconoce.
En efecto, como lo señaló la Sala Fiscal, consta en autos -y ya se adelantó en este apartado- que a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Toluca se trasladó Abraham Ramírez Alvarado; quien en el acto se ostentó como apoderado y, consecuentemente, representante (todo apoderado es un representante voluntario) de la contribuyente Ferretería Euzkadi, Sociedad Anónima de Capital Variable.
En el acto preguntó cuál era el estado que guardaba la revisión fiscal de su representada, lo que le fue informado en el acto por la administración tributaria, e incluso se le entregaron los documentos relativos a la orden de inicio de facultades y ampliación del plazo de revisión contenidos en los oficios 324-SAT-15-II-7696 de seis de noviembre de dos mil seis y 324-SAT-15-II-3-3-8927 de diez de noviembre de dos mil seis, y al efecto se levantó un acta de entrega de dichos oficios.
Incluso en el acto, como ya se mencionó, Abraham Ramírez Alvarado exhibió su poder, el cual, por otra parte, consta en los autos del juicio administrativo (páginas 429 a 434 vuelta del expediente de origen), mismo que fue aportado al juicio por una promoción de la propia actora, aquí quejosa.
Se trata de la escritura pública 64,004 elaborada el ocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete por el notario público 44 del Distrito Federal, en donde consta que Ferretería Euzkadi, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante necesario y gerente general Andoni Belausteguigoitia García, otorgó varios poderes a diversas personas.
Entre ellas, a Abraham Ramírez Alvarado.
En el testimonio mencionado se lee lo siguiente:
"En la Ciudad de México, a ocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, yo, Carlos Hermosillo Pérez notario cuarenta y cuatro, hago constar el poder que otorga ‘Ferretería Euzkadi’, Sociedad Anónima de Capital Variable representada por don Andoni Belausteguigoitia García, en los términos de la siguiente: Cláusula única. ‘Ferretería Euzkadi’, Sociedad Anónima de Capital Variable, confiere a las personas que adelante se mencionan en orden alfabético por apellidos paterno, materno y nombre o nombres, a fin de que lo ejerciten conjunta o separadamente, poder para que ocurran a los concursos a que convoquen las empresas públicas, federales, estatales o municipales, así como empresas privadas, facultándolos para firmar ofertas, cartas de garantías, participar en los actos de apertura de ofertas y de fallo, así como para firmar las actas correspondientes, los pedidos y los contratos en su caso y para cobrar todo tipo de adeudos, gozando únicamente para las finalidades antes expresadas de facultades para pleitos y cobranzas y para actos de administración, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal. Las personas a quienes se confiere poder son: ... 16. Ramírez Alvarado Abraham."
Cabe señalar que para dejar en claro los límites del poder especial conferido y las obligaciones que como apoderados contrajeron con la representada, el notario cumplió con la formalidad de insertar en el texto del instrumento el artículo 2,554 del Código Civil del Distrito Federal, el cual establece lo siguiente:
"Artículo 2,554. En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen."
La inserción del mencionado artículo persigue una doble finalidad, dejar en claro qué tipo de poder se otorga, si es general, especial o limitado, a efecto de que quien ejerza la representación contractual no exceda sus facultades; y segunda, enfatizar que el poder fue conferido conforme a las reglas del derecho civil, lo que presupone que a falta de cláusulas expresas, los alcances y límites del poder, así como los derechos y obligaciones de apoderados y representados se rigen por dicha legislación y por la comunicación y consultas entre representante y representado (artículo 2,563 del Código Civil para el Distrito Federal,(3) fundamento que presupone la comunicación entre el apoderado y su representado siempre que sea necesario).
Lo anterior resulta jurídicamente suficiente para estimar que la notificación practicada a Ferretería Euzkadi, Sociedad Anónima de Capital Variable fue correcta, como se demostrará en detalle.
En efecto, como bien lo apuntó la Sala Fiscal, la diligencia verificada en la administración tributaria finalmente fue entendida con un representante de la contribuyente.
Ciertamente está probado que las facultades de ejercicio del poder del compareciente ante la administración tributaria no eran las apropiadas, pues dicha persona no contaba con un poder idóneo para el ejercicio en nombre de la contribuyente de trámites y actos ante autoridades fiscales o con un poder general para pleitos y cobranzas que le permitiera un ejercicio amplio; pero finalmente el poder especial de referencia, tal como se encuentra, sí resulta más que suficiente para notificar válidamente a la contribuyente -sobre todo por el contexto en que la noticia se produjo- por efectos del sistema de obligaciones civiles de los apoderados frente a sus representados; pues no debe pasarse por alto que constituye un principio básico del derecho civil y de los principios del sistema de derecho de la representación, la circunstancia de que no deben confundirse las facultades de ejercicio del poder con las diversas de representación; a lo que cabe añadir la comunicación que necesariamente debe existir entre apoderado y representada conforme al numeral 2,563 del Código Civil para el Distrito Federal.
Entre las facultades de ejercicio, se hallan todos los actos que pueden hacer el apoderado o mandatario en nombre y cuenta de su representada; mientras que entre las facultades de representación se encuentran todas las obligaciones y deberes que tiene el representante frente a su representado; y dentro de las obligaciones del apoderado con respecto a su representada se haya la prevista por el artículo 2,566 del citado Código Civil(4) en cuanto a que el mandatario o apoderado tiene la obligación de dar oportuna noticia al representado de los hechos o circunstancias que puedan determinar el ejercicio de su representación, sobre todo cuando se trata de aspectos adversos a los intereses del representado.
A lo anterior, cabe añadir que conforme al artículo 2,570 del Código Civil para el Distrito Federal(5) todo apoderado o mandatario tiene la obligación también de entregar inmediatamente al representado todo aquello que reciba por virtud del poder, de lo que se sigue que si dicha persona recibió los oficios de inicio de facultades y ampliación del plazo bajo argumentos de ejercicio de un poder como consta en el acta correspondiente, entonces, surge la presunción legal -por virtud de la comentada obligación- que estos oficios fueron oportunamente entregados a la contribuyente.
A lo anterior debe sumarse que, por la forma en que Abraham Ramírez Alvarado compareció y se condujo ante la administración tributaria -según los términos del acta de notificación de los multicitados oficios-, independientemente de su obligación de comunicar a su representada los oficios obtenidos según los párrafos anteriores, lo cierto es que en ejercicio de su poder limitado, generó presunciones eficientes para dar por notificada a la empresa contribuyente no sólo por el contenido de sus obligaciones como representante, sino también por el efecto de apariencia que logró en el ánimo de la autoridad tributaria.
Pero, además, debe considerarse que, si Abraham Ramírez Alvarado se condujo como apoderado de la contribuyente ante la autoridad fiscal, y si en el acto mostró por momentos a las autoridades un poder para pretender acreditar su carácter y hacerlas caer en la convicción de que su representación era suficiente para los fines notificatorios pretendidos (y finalmente sí lo es según las reglas de la representación y los deberes de comunicación entre representante y representado según lo antes expuesto), entonces, ello juega un papel relevante por efectos de la teoría de la apariencia jurídica, con sus notas especiales en casos como éste en materia de ejercicio de representación.
Si alguien ostenta la representación de una sociedad mercantil aduciendo ser representante necesario o contractual, administrador, funcionario, mandatario, gerente general y con ello genera en terceros de buena fe la convicción de que detenta una representación suficiente con una apariencia de legitimidad, esos actos aparentes, en caso de entrar en duda, deben considerarse y resolverse por estimar -en cada caso concreto y en la medida de lo posible- que la apariencia fue suficiente para lograr el acto jurídico pretendido, caso en el cual no podrá alegarse que, quien actuó en representación, en realidad no tenía facultades para obligar a su representada.
De este modo, la teoría de la apariencia jurídica en la representación se manifiesta cuando un representante genera en terceros la idea, convicción o sensación de que están actuando con quien tiene las facultades para ello en nombre de otro, de lo que se sigue que, si en realidad, esas personas no cuentan con la representación que ostentan o no la tienen de modo suficiente, entonces, para que los terceros de buena fe no sean sorprendidos posteriormente invocándose facultades de representación insuficientes, debe considerarse, en la medida de lo posible, y si existen argumentos jurídicos para ello, que la representación finalmente sí fue eficiente.
Es decir, por virtud de la teoría de la apariencia jurídica, en caso de duda y para evitar ejercicios fraudulentos o confusiones de la representación, debe resolverse siempre que esto sea posible, a favor de la validez de la representación aparente.
La teoría no puede llevarse al extremo de que quien no cuenta con ningún poder, celebre actos en nombre de otro, obligándolo y obteniendo beneficios por ello o generando perjuicios al supuesto representado; pero si es un medio de resolución, ampliamente reconocido por la jurisprudencia para preferir la perfección de la representación y evitar así los señalados desaguisados.
Prueba de que la teoría de la apariencia se halla inmersa y plenamente reconocida en la jurisprudencia se encuentra en los criterios siguientes:
"ACCIÓN DE USUCAPIÓN EJERCITADA POR EL COMPRADOR EN CONTRA DEL VENDEDOR (TITULAR REGISTRAL). SU PROCEDENCIA. Si bien es cierto que puede obtenerse un documento susceptible de inscripción mediante el ejercicio de la acción pro forma, también lo es que ello no excluye la posibilidad de que, si el comprador tiene la legitimación activa para ejercerla, así como para ejercer la acción de usucapión (por tener una posesión pública, pacífica, continua y en concepto de propietario), éste pueda elegir esta acción en contra del vendedor, si considera que le es más fácil acreditar los requisitos de la usucapión. Esta posibilidad contribuye a solucionar algunos problemas que surgen en la práctica, ya que mientras más tiempo carezca el propietario de un título susceptible de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad, más inseguridad jurídica se presenta, no sólo para las partes (en especial para el comprador), sino también ante terceros, de manera que al no cumplir con el efecto de oponibilidad y, por tanto, padecer de una ineficacia funcional, da lugar a que concurran situaciones de excepción al principio res inter alios acta. Esto es, permitir que el comprador ejerza la acción de usucapión en contra del vendedor, para contar con un documento susceptible de inscribirse, que avale su derecho de propiedad y pueda oponerse a terceros, no se contrapone al ejercicio de la acción pro forma, ya que ésta, además de ser diversa en los diferentes sujetos legitimados para ejercerla pasiva o activamente, tiene un fin distinto, que es el otorgamiento de firma y escritura pública, título que, al igual que la sentencia que declara la usucapión es un instrumento inscribible, el cual permite al comprador que puedan concurrir en su persona ambas legitimaciones, de manera que le sea posible accionar de la forma que más convenga a sus intereses y a la celeridad con la que pueda obtenerse dicho título, a fin de inscribirse y no permanezca más el estado de inseguridad jurídica que genera su falta de inscripción. Además, negarle a un sujeto que cuenta con ambas legitimaciones activas, una vía para obtener un documento inscribible, no permite que éste sea plenamente eficaz, toda vez que no surte efectos contra terceros, aunado al hecho de que se estaría estableciendo un procedimiento más lento, el cual resultaría contrario a lo establecido por el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta posibilidad no trae como consecuencia que se faculte al comprador para que, mediante la acción de usucapión, deje de cubrir al vendedor el precio pactado. Toda vez que, en estos casos, se deben distinguir los aspectos reales (esto es, la transmisión de propiedad, como efecto principal) de los obligacionales (es decir, el pago del precio, como primera obligación del comprador) del contrato. El hecho de reunir los requisitos legales de la usucapión, y que por dicha causa, se adquiera un nuevo título de propiedad, es totalmente independiente de lo que sucede a nivel obligacional, ya que el propietario, derivado de este nuevo título que avala su derecho real, sigue estando obligado al pago total del precio adeudado."(6)
"REPRESENTACIÓN. LA RECONOCIDA ENTRE LAS PARTES AL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO, CONVENIO O ACUERDO DE VOLUNTADES DE CUALQUIER ESPECIE, NO PUEDE DESCONOCERSE POSTERIORMENTE EN EL DESARROLLO DE LA MISMA RELACIÓN JURÍDICA (PRINCIPIO RES INTER ALIOS ACTA). El hecho de que al celebrarse un contrato, convenio o acuerdo de dos o más voluntades de cualquier especie se reconozca y acepte la representación de alguna de las partes o que tal aceptación sea mutua entre todas las que acuden a la celebración del acto jurídico del cual se deriva una relación cuya duración se prolonga en el tiempo, implica una aceptación expresa en términos del artículo 1803 del Código Civil Federal. Ahora bien, si posteriormente, en el desarrollo de esa misma relación jurídica, surgiera un conflicto en donde pretende desconocerse esa representación previamente aceptada, es evidente que tal desconocimiento queda desvirtuado con la existencia misma de la relación jurídica de que se trate, pues no es jurídicamente aceptable desconocer la representación de alguna de las partes que expresamente se aceptó al momento de contratar, además de que quien la desconoce estaría actuando contra sus propios actos, ya que la aceptación de la representación en la celebración del acto de origen de la relación jurídica implica un conocimiento cierto para ejercer esa representación, es decir, el pacto de reconocimiento mutuo de representación trae consigo la actualización del principio res inter alios acta que surte efectos entre las partes, aunque sólo sea para ese negocio jurídico específico. Así, resulta inadmisible que después de haber aprovechado los efectos de la representación en una etapa no contenciosa de la relación jurídica, el demandado pretenda ser exonerado de toda responsabilidad por el posible incumplimiento de las obligaciones contraídas, alegando que la otra parte carece de la representación que ya había reconocido, pues ello constituiría una actitud contraria a la probidad y buena fe que debe guardarse en toda clase de obligaciones contraídas por acuerdo de voluntades."(7)
"PERSONALIDAD. NO PUEDE DESCONOCERSE EN UNA ETAPA CONTENCIOSA LA QUE EXPRESAMENTE FUE ACEPTADA AL FORMALIZAR UN CONTRATO. El hecho de que al celebrarse un contrato en representación de una sociedad mercantil el contratante reconozca a quien comparece a nombre de aquélla la personalidad con que se ostenta, consignándose ese carácter en el documento en que aquél se formaliza, implica una aceptación expresa en términos del artículo 1803 del Código Civil Federal. Ahora bien, si posteriormente surge un conflicto que acarrea la tramitación de un juicio, bastará la exhibición del mencionado contrato para justificar la personería de quien representó a dicha sociedad, aun cuando no se exhiban los documentos en que conste el otorgamiento de la facultad de representación. Lo anterior tiene su fundamento en el respeto al principio de buena fe de los contratantes, puesto que no es jurídicamente aceptable el desconocimiento de la personalidad que expresamente fue aceptada en el momento de contratar, además de que quien la desconoce estaría actuando contra sus propios actos, ya que la aceptación de la representación en el acto de la firma implica un conocimiento cierto de que quien compareció a nombre de la sociedad está facultado para ejercer esa representación, es decir, el pacto de reconocimiento mutuo de personalidad trae consigo la actualización del principio res inter alios acta que surte efectos entre las partes, aunque sólo sea para ese negocio jurídico. Esto es, no es admisible que después de haber aprovechado los efectos de la contratación en una etapa no contenciosa de la relación jurídica, el demandado pretenda ser exonerado de toda responsabilidad por el posible incumplimiento de las obligaciones contraídas, alegando que la otra parte carece de personalidad, pues ello constituiría una actitud contraria a la probidad y buena fe que debe guardarse en los contratos."(8)
"REPRESENTANTES DE LAS PARTES, PERSONALIDAD DE LOS, CUANDO NO PUEDE DESCONOCERSE. Cuando en un negocio jurídico las partes se reconocen mutuamente la personalidad o representación de las personas físicas que intervienen por ellas, ya sea expresa o tácitamente, esa situación viene a ser res inter alios acta y surte efectos entre las partes contratantes, aunque sólo sea para ese negocio exclusivamente, porque se entiende que dan por probada la personalidad del o de los representantes de su contraparte, bien porque están seguros de ello, o bien porque la aceptan así con tal de alcanzar los beneficios que de ese acto obtienen o esperan obtener; en lo cual no existe transgresión al derecho de nadie, porque si es lo primero, o sea, que el interesado conoce perfectamente que las personas físicas que intervienen son las que ejercen esa representación, nada hay que objetar; y si lo segundo, esto es, que el interesado sólo aceptó esa representación, con tal de obtener un beneficio, entonces es el caso de aplicar por similitud el apotegma jurídico nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ya que el interesado se colocó en esa situación bajo su propio riesgo."(9)
"REPRESENTANTES DE LAS PARTES, PERSONALIDAD DE LOS CUANDO NO PUEDE DESCONOCERSE. Cuando en un negocio jurídico las partes se reconocen mutuamente la personalidad o representación de las personas físicas que intervienen por ellas, ya sea expresa o tácitamente, esa situación viene a ser res inter alios acta y surte efectos entre las partes contratantes, aunque sólo sea para ese negocio exclusivamente, porque se entiende que dan por probada la personalidad del o de los representantes de su contraparte, bien porque están seguros de ello, o bien porque la aceptan así con tal de alcanzar los beneficios que de ese acto obtienen o esperan obtener; en lo cual existe transgresión al derecho de nadie, porque si es lo primero, o sea, que el interesado conoce perfectamente que las personas físicas que intervienen son las que ejercen esa representación, nada hay que objetar; y si lo segundo, esto es, que el interesado sólo aceptó esa representación, con tal de obtener un beneficio, entonces es el caso de aplicar por similitud el apotegma jurídico nemo auditur pro priam turpitudinem allegans, ya que el interesado se colocó en esa situación a su propio riesgo."(10)
"REPRESENTANTE LEGAL. LO QUE SABE COMO PERSONA FÍSICA TAMBIÉN LO CONOCE CON AQUEL CARÁCTER. De conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, el término de quince días para promover el juicio constitucional se inicia, entre otros casos, desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento el quejoso del acto reclamado. De tal suerte que si en autos se constata que el promovente del juicio de garantías tiene el doble carácter de demandado en lo personal y de representante legal de la empresa quejosa, y que como codemandado compareció al juicio generador del acto reclamado, resulta incuestionable que a partir de esta fecha conoció de la existencia del acto reclamado en su doble carácter, ya que es materialmente imposible que lo conocido por una persona física lo ignore en su calidad de representante de un ente diverso, porque no se puede aislar el conocimiento de una persona en dos partes, es decir, el conocimiento que obtiene es uno solo, por lo que es materialmente imposible que lo que se sabe como persona física se ignore como representante legal, aunque los intereses jurídicos pudieran ser distintos. De ahí que el plazo legal para promover la acción constitucional debe computarse desde el día siguiente al en que conoció el acto reclamado, en cualquiera de sus dos calidades."(11)
"MANDATO, SITUACIÓN DEL TERCERO QUE CONTRATA CON EL ADMINISTRADOR CUANDO ÉSTE OBRA EXCEDIÉNDOSE EN LAS FACULTADES CONTENIDAS EN ÉL. El tercero que hubiera contratado con el administrador que excedió el mandato, tiene respecto del contrato una situación jurídica que dura el tiempo que medie entre su celebración y la ratificación del dueño o la retractación del tercero. El artículo 2583 del Código Civil declaró nulos para el mandante los actos del mandatario que traspasó los límites del poder y dejan de ser nulos cuando se realiza la ratificación expresa o tácita. La razón de esa nulidad es que lo ejecutado por el mandatario fuera de los límites del poder, es para el mandante ‘res inter alios acta’. Ese contrato en estas condiciones tiene la misma situación jurídica que los contratos celebrados a nombre de otra persona sin tener representación, prevista por el artículo 1802 del mismo cuerpo legal, el cual previene que tales contratos serán nulos a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados, los ratifique antes que se retracten por la otra parte. Esto significa que hay un equivalente jurídico entre los supuestos derechos de los citados artículos 2583 y 1802, y que ambos preceptos deben sistematizarse. De esta manera dos hechos limitan la situación jurídica creada respecto del tercero y en orden al contrato extralimitado del poder, la cual termina por la ratificación del mandante o por la retractación del tercero. Esta retractación puede ser igualmente expresa o tácita y una causa de nulidad del contrato, que puede ser entablada por el tercero con fundamento en la extralimitación del mandato."(12)
"SUBROGATARIO DEL FISCO, DERECHOS DEL. Si bien es cierto que por efecto de la subrogación, no puede el subrogatario seguir los procedimientos económico coactivos, para hacer efectivo un adeudo por impuestos, no lo es menos que la subrogación por pago, no produce el efecto automático de levantar el secuestro realizado por el fisco sobre determinados bienes, ni la consecuencia de que los mismos hubieren sido entregados o devueltos al deudor. La subrogación por el pago hecho por un tercero, deja a éste como sustituto del fisco, en las mismas condiciones que aquél guardaba, o lo que es lo mismo, acreedor por el importe del impuesto y garantizado ese crédito, con privilegio preferente, con el secuestro de los bienes existentes en poder del depositario nombrado por la oficina fiscal, y el subrogatario puede hacer efectivos los derechos dimanados de ese embargo, exigiendo del depositario, ante un Juez, la entrega de los bienes embargados, para solicitar de éste la realización del remate, a fin de alcanzar el pago de lo que se le adeuda, toda vez que no le es permitido usar el procedimiento coactivo, puesto que esto significaría rematar por su cuenta y sin intervención de autoridad, los bienes secuestrados, y como el subrogatario es responsable para con el propietario, de las consecuencias del secuestro, es claro que aun cuando no se le haya hecho, en lo personal, entrega material de los bienes, los tiene a su disposición por medio del depositario nombrado por la oficina fiscal, como un efecto natural y originario de la subrogación, pudiendo ejercitar las acciones pertinentes contra aquel depositario y aun contra su fiador, en caso de infidelidad o mal manejo, y si la subrogación se realizó de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24917-10de5b5d/apariencia-juridica-cuando-dicha-teoria-se-utiliza-intencionalmente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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