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Modo: Corpus Pro

PRUEBA DOCUMENTAL SUPERVENIENTE EN EL AMPARO EN REVISIÓN. DEBE DARSE VISTA A LA PARTE QUE OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE, CON LA QUE SE OFREZCA PARA ACREDITAR UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). PRUEBA DOCUMENTAL SUPERVENIENTE. SU OFRECIMIENTO CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DEL AMPARO EN REVISIÓN Y HASTA ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA, PARA ACREDITAR UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO VULNERA EL DERECHO DE IGUALDAD DE LAS PARTES NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITE SU REPOSICIÓN (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). PRUEBA DOCUMENTAL SUPERVENIENTE. SU OFRECIMIENTO EN EL AMPARO EN REVISIÓN PARA ACREDITAR UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO VULNERA EL DERECHO DE IGUALDAD DE LAS PARTES, NI LAS DEJA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 320/2013. · Registro digital (IUS): 24926
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-03-21
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO QUINTO, EL DÉCIMO CUARTO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, ASÍ COMO EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGI
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Pág. 1009.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 320/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO QUINTO, EL DÉCIMO CUARTO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, ASÍ COMO EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 8 DE ENERO DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES; VOTÓ CON SALVEDAD JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: EVERARDO MAYA ARIAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, es conveniente destacar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.

A) El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión del seis de marzo de dos mil trece el recurso de revisión 393/2012, señaló, en la parte que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Del análisis oficioso de las constancias que integran el juicio de amparo en el que se dictó la sentencia recurrida, así como del toca del presente recurso de revisión, este Tribunal Colegiado advierte la existencia de una violación a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de garantías, lo que impone revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición de aquél.

"Para avalar tal postura, conviene destacar lo establecido en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: (se transcribe).

"De conformidad con lo dispuesto en la primera parte del citado precepto legal, si en la revisión de una sentencia definitiva apareciera demostrada una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o bien, que el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia incurrió en alguna omisión que hubiera dejado sin defensa al recurrente y que pudiera influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, se deberá ordenar la reposición del procedimiento, pues el legislador federal contempló que no puede tener validez la sentencia relativa cuando el procedimiento carezca de alguna actuación trascendental que debieron desarrollar, por imperativo legal, cualquiera de los señalados tribunales.

"Las reglas fundamentales que norman el juicio de amparo son aquellas que deben acatar los órganos de garantías, por disposición expresa o implícita de las distintas leyes que regulan a ese juicio, para integrar exactamente el procedimiento, de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado o con la persona que solicitó la protección constitucional, esto es, son la totalidad de las obligaciones que se encuentran sistematizadas en los cuerpos normativos que rigen al juicio de amparo, las que, por cierto, se distinguen de las cargas procesales impuestas a las partes, porque las primeras revisten el carácter de oficiosas y en las segundas se requiere indefectiblemente de la intervención de las partes para hacer efectivas las prerrogativas enunciadas en tales leyes; además, éstas se encuentran sujetas al principio de preclusión en el supuesto de no ejercitarse dentro del plazo previsto para tal efecto, lo que no acontece tratándose de las señaladas obligaciones.

"Cabe significar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, ha establecido que no todas las violaciones a las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías conllevan a que el órgano revisor reponga el procedimiento para que aquéllas sean subsanadas, sino sólo las que dejaron sin defensa a alguna de las partes e influyeron en la sentencia definitiva que debe dictarse.

"...

"Ahora bien, en el caso, es necesario tener presente que los artículos 14 y 17 constitucionales establecen lo siguiente: (se transcriben).

"Los preceptos constitucionales transcritos reconocen el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, que comprenden los subprincipios normativos relativos a la prohibición de auto tutela, el derecho a la tutela jurisdiccional y la independencia judicial, entre otros.

"En cuanto al subprincipio de acceso a la tutela jurisdiccional, es menester señalar que éste consiste en el derecho de toda persona de acceder a tribunales independientes e imparciales para plantear una pretensión o defenderse de ella mediante un proceso justo y razonable en el que se respeten los derechos de las partes y que concluya con la emisión de una resolución que dirima el conflicto.

"El subprincipio en comento es un derecho gradual y sucesivo que se va perfeccionando mediante el cumplimiento de etapas correlativas que hay que ir superando hasta lograr la tutela eficaz, de modo que las sucesivas etapas en las que la tutela judicial se va gestando y materializando están interconectadas, a su vez, con otros derechos fundamentales, especialmente con los previstos en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son el derecho de audiencia y el debido proceso.

"Por cuanto hace al derecho al debido proceso, cabe señalar que los diversos procedimientos, entre los que se encuentra el juicio de amparo, se rigen por principios reconocidos por la ley, la jurisprudencia y la doctrina, como son el de contradicción, legalidad, oportunidad, igualdad de armas, probidad, lealtad y buena fe, libre apreciación de la prueba, economía procesal e inmutabilidad de las resoluciones judiciales.

"De los anteriores principios destacan para el presente asunto, el de contradicción y el de igualdad de armas, en tanto permiten el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda.

"En efecto, el principio de contradicción es un principio lógico que se enuncia de la siguiente manera: una cosa no puede ser y dejar de ser al mismo tiempo y bajo el mismo tiempo; y que demuestra que sería absurdo afirmar y negar la misma cosa del mismo sujeto en un mismo momento.

"Este principio tiene aplicación en la materia probatoria y su principal objetivo es la refutación, ya que por medio del principio de contradicción se puede debatir sobre la prueba de la parte contraria; de tal manera que constituye un examen de veracidad al que son sometidos los medios de convicción, porque a través de este principio se establece que tiene razón o una parte u otra, pero no las dos en el mismo tiempo y en el mismo proceso.

"El principio de contradicción exige que las partes contendientes en un juicio tengan los mismos derechos de ser escuchados y de ofrecer pruebas con la finalidad de que ninguna quede indefensa frente a la otra, por lo que es útil para garantizar la veracidad de los medios probatorios, ya que las partes tienen la facultad de aportar los elementos de convicción conducentes, a fin de justificar su interés y, a su vez, los demás actores en el proceso tienen la potestad de replicar o, en su caso, aceptar las pruebas que se desahoguen.

"El principio de que se trata también es conocido como de igualdad de armas, sin embargo, en este último concepto tiene una connotación más amplia, pues se presenta cuando en el proceso existe una situación disímil entre las partes, ya sea por su condición económica, social o por el carácter de autoridad con que se actúa, que se refleja en una desigual posibilidad de defensa, siendo evidente su presencia en el derecho administrativo en el que se suele conferir privilegios al Estado en su relación con los administrados; lo que exige el reconocimiento al principio de igualdad de armas para el respeto del debido proceso legal.

"...

"De esta manera, el principio de igualdad de armas se ha entendido como el derecho a presentar una controversia ante un tribunal en igualdad de condiciones.

"Importa destacar que los principios de contradicción e igualdad de armas tienen sustento constitucional y convencional, pues al respecto el artículo 14 constitucional dispone que: (se transcribe).

"Por su parte, los numerales 14.1 y 3. e), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8.1 y 2. e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente, establecen lo siguiente: (se transcriben).

"Los principios de contradicción e igualdad de armas, además de estar previstos en el Texto Fundamental y en los pactos internacionales mencionados, han sido positivizados en diversos ordenamientos procesales, en particular, en la Ley de Amparo están contenidos en los artículos 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154 y 155.

"En efecto, el contenido de los preceptos legales referidos en el párrafo anterior permite advertir que la Ley de Amparo contiene los principios de contradicción e igualdad de armas, pues dispone, entre otras cuestiones, el emplazamiento a la parte tercero perjudicada; que las autoridades responsables rindan su informe con una anticipación, que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; que en éste se expresen las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio y se acompañe, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyarlo; que el informe pueda ser tomado en consideración, aun cuando se rinda fuera del plazo señalado, siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen; que las pruebas y alegatos deben ofrecerse, rendirse y formularse en la audiencia y si se trata de la testimonial o la pericial, las partes pueden formular repreguntas; que el Juez de Distrito puede requerir a las autoridades la expedición de las copias que no hayan sido oportunamente expedidas, y que si alguna de las partes objeta de falso un documento, se debe suspender la audiencia constitucional, a efecto de que se presenten las pruebas y contrapruebas relativas a su autenticidad.

"Resulta orientadora la tesis número I.15o.A.2 K (10a.), sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 3, correspondientes al mes de julio de dos mil doce, consultable en la página dos mil treinta y cinco, que dice:

"‘PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E IGUALDAD DE ARMAS PREVISTOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. RIGEN EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe)

"Entonces, es dable concluir que las pruebas documentales en el juicio de garantías deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional; de tal manera que las exhibidas con posterioridad a la misma no pueden tomarse en cuenta, pues de hacerlo, además de que se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, se coartaría el principio de igualdad entre las partes, ya que la recepción a uno de los contendientes de pruebas fuera de la audiencia constitucional, implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, que sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal.

"Ahora bien, debe magnificarse que la consideración sustentada en el párrafo que antecede presenta una excepción que se actualiza cuando, una vez celebrada la audiencia constitucional, se exhibe ante el Juez de Distrito la documental que acredite alguno de los motivos de sobreseimiento en el juicio de amparo, pues en ese caso el juzgador de Distrito sí puede tomarla en cuenta para dictar la sentencia, ya que así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 396/2011, de la que derivó la jurisprudencia número 2a./J. 25/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Tomo 2, correspondiente al mes de marzo de dos mil doce, visible en la página un mil doscientos setenta y nueve, que es del tenor siguiente: ‘SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe)

"De acuerdo con el criterio anterior, si después de celebrada la audiencia constitucional se exhibe una documental que acredite alguno de los motivos de sobreseimiento en el juicio de amparo, el Juez de Distrito puede valorarla y tomarla en consideración al momento de dictar su sentencia, en razón de que el estudio de las causas de improcedencia del juicio de garantías es de orden público y, al respecto, el artículo 74 de la ley de la materia no hace limitación alguna.

"No obstante, sin perjuicio de lo sustentado por la Superioridad, debe significarse que cuando se presenta ante el Tribunal Colegiado de Circuito la documental con la que se pretende acreditar una causa de improcedencia del juicio de amparo, sin que por la etapa procesal el impetrante de garantías haya tenido la oportunidad de conocer y, por ende, de manifestar lo que a su interés convenga, se actualiza una violación procesal en perjuicio del quejoso, toda vez que su derecho de probar y alegar lo que a su derecho corresponda respecto de las pruebas ofrecidas por las demás partes se vería coartado.

"En efecto, en atención a los principios contradictorio y de igualdad de armas a que se ha hecho referencia, la exhibición de la documental con la que se pretenda acreditar alguno de los motivos de sobreseimiento en el juicio de amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, cuando éste conoce del recurso de revisión, sin haber dado oportunidad al quejoso para manifestar lo que a su derecho convenga, genera una violación procesal que ya no sería reparable, si se toma en consideración que en el juicio de amparo indirecto no procede recurso alguno en contra de la ejecutoria que se dicte al resolver el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada por el Juez de Distrito, por lo que se privaría al demandante de contar con la oportunidad de impugnar el documento, ofrecer pruebas en su contra tendientes a demostrar los motivos por lo que debe restársele valor u objetarlo en cuanto a su autenticidad, alcance o contenido, o más aún la posibilidad de integrar a la litis del juicio natural, por sí misma, la constitucionalidad de la prueba en cuestión.

"A ese respecto, debe precisarse que la infracción a los principios contradictorio y de igualdad de armas en comento no se actualiza cuando la documental con la que se pretende acreditar una causa de improcedencia se presenta una vez celebrada la audiencia constitucional y el juzgador federal la toma en consideración al momento de resolver el juicio constitucional pues, en ese caso, el solicitante del amparo tiene expedito su derecho para controvertirla a través de la interposición del recurso de revisión, en el que puede alegar lo que a su derecho convenga, lo que no acontece cuando la prueba en cita se presenta con el recurso de revisión o directamente en el Tribunal Colegiado, pues en ese caso no existe la posibilidad jurídica y procesal de desvirtuarlo, y menos aún de integrarla a la litis constitucional, por vicios propios, en caso de que así conviniera a los intereses de la parte afectada.

"Sobre tales premisas jurídicas, la revisión minuciosa tanto de las constancias que integran los autos del juicio de amparo indirecto número 37/2012, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, así como del toca relativo al presente recurso de revisión número RA. 393/2012, del índice de este órgano jurisdiccional, que tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite el artículo 2o. de esta última legislación, este Tribunal Colegiado advierte que, en el caso, existe una infracción a los principios de contradicción e igualdad de armas y, por ende, a las reglas que rigen el procedimiento del juicio de garantías.

"Lo anterior es así, pues mediante oficio número de folio 1168, recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veintidós de febrero del año que transcurre (fojas sesenta y cinco a setenta y uno del toca), el delegado de la autoridad responsable exhibió copia certificada del oficio de probable responsabilidad del catorce de septiembre de dos mil doce, dictado en el expediente número **********, a través del cual el presidente y secretario Ejecutivo, ambos de la Comisión Federal de Competencia, resolvieron emplazar, entre otras empresas, a la quejosa **********, al procedimiento administrativo de investigación como probable responsable de la comisión de prácticas monopólicas absolutas en la industria avícola en el Estado de Veracruz; documental con la que, dice, se acredita la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, en relación con el diverso numeral 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, pues a su consideración existe un cambio de situación jurídica que conduce a tener por consumados de manera irreparable los actos reclamados en el juicio de origen.

"La constancia anterior, que obra a fojas setenta y dos a ciento veintisiete del presente toca, resulta significativa, pues en la demanda de amparo y en su respectiva ampliación, la quejosa señaló como actos reclamados diversas actuaciones emitidas dentro del aludido procedimiento de investigación número **********, a precisar: (se transcribe).

"Al respecto, es menester destacar que en la demanda de garantías, la solicitante del amparo planteó, entre otros argumentos, que caducaron las facultades investigadoras de la autoridad responsable para emitir los actos reclamados, pues esta última omitió notificar oportunamente el acuerdo del siete de julio de dos mil once, a través del cual amplió por tercera ocasión el plazo de investigación relativa al citado expediente **********, por lo que todo lo actuado con posterioridad a la fecha en que feneció el lapso por el que se había ampliado primigeniamente el aludido plazo de investigación, es contrario a derecho, es decir, el oficio de requerimiento de información número ********** del diecinueve de diciembre de dos mil once, el acuerdo de reiteración del citado requerimiento, así como el diverso acuerdo de ampliación del plazo de investigación del veinticuatro de enero de dos mil doce.

"En ese orden, en la sentencia recurrida, por cuanto hace al fondo del asunto, el juzgador de garantías concluyó que los actos reclamados devienen inconstitucionales, en virtud de que caducaron las facultades investigadoras de la autoridad responsable para emitir aquéllos.

"El Juez de Distrito edificó la conclusión anterior sobre una premisa fundamental, verbigracia, que la autoridad responsable omitió notificar oportunamente el acuerdo del siete de julio de dos mil once, a través del cual amplió por tercera ocasión el plazo de investigación relativa al citado expediente **********, por lo que todo lo actuado con posterioridad a la fecha en que feneció el lapso por el que se había ampliado primigeniamente el aludido plazo de investigación, es contrario a derecho, es decir, el oficio de requerimiento de información número ********** del diecinueve de diciembre de dos mil once, el acuerdo de reiteración del citado requerimiento, así como el diverso acuerdo de ampliación del plazo de investigación del veinticuatro de enero de dos mil doce.

"De tal suerte, el Juzgador constitucional concedió la protección de la Justicia Federal a la quejosa, para el efecto de que el director general de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas y Restricciones al Comercio Interestatal de la Comisión Federal de Competencia deje insubsistente el oficio de requerimiento de información de que se trata, así como los demás actos dictados con posterioridad a su emisión, omita tomar en consideración la información aportada por la quejosa después del catorce de julio de dos mil once (fecha en que feneció la segunda ampliación del plazo de investigación) y, además, emita un acuerdo en el que tenga por concluido el periodo de ampliación de investigación que transcurrió del catorce de enero al catorce de julio de dos mil once.

"Ahora bien, en el oficio de manifestaciones de que se dio noticia, el delegado de las autoridades responsables aduce que, en virtud de la emisión del oficio de probable responsabilidad del catorce de septiembre de dos mil doce, dictado en el expediente número **********, a través del cual el presidente y secretario Ejecutivo, ambos de la Comisión Federal de Competencia, resolvieron emplazar, entre otras empresas, a la quejosa **********, al procedimiento administrativo de investigación como probable responsable de la comisión de prácticas monopólicas absolutas en la industria avícola en el Estado de Veracruz, ha concluido la fase de investigación de posibles prácticas monopólicas, dando inicio al procedimiento de probable responsabilidad (seguido en forma de juicio), a que se refiere el artículo 33 de la Ley Federal de Competencia Económica.

"Luego, afirma la autoridad, si los actos reclamados en el juicio de origen se emitieron dentro de la mencionada fase previa de investigación de posibles prácticas monopólicas, es indudable que existe un cambio de situación jurídica por cuanto hace a la impetrante de garantías, en tanto que tales actuaciones fueron sustituidas por el oficio de probable responsabilidad emitido el catorce de septiembre de dos mil doce y, en su caso, las violaciones respectivas consumadas irreparablemente; actualizándose así la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo.

"En el contexto apuntado, es dable concluir que, en el caso, se actualiza una infracción a los principios de contradicción e igualdad de armas y, por ende, a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo, pues de las constancias de autos no se desprende que las autoridades responsables, aquí recurrentes, hubieran exhibido ante el Juez de Distrito del conocimiento, la copia certificada del aludido oficio de probable responsabilidad del catorce de septiembre de dos mil doce, dictado en el expediente número *********, por el presidente y secretario ejecutivo, ambos de la Comisión Federal de Competencia; documental con la que pretenden acreditar la causa de improcedencia de que se ha dado noticia, no obstante que se emitió en una fecha anterior a la que se firmó la sentencia recurrida y que estaban obligadas a su exhibición en términos del artículo (sic), fracción IV, de la Ley de Amparo; circunstancia que evidentemente trascendió al resultado del fallo recurrido, ya que la impetrante de garantías no tuvo oportunidad de conocerlo, desvirtuarlo y, en su caso, señalarlo como acto reclamado e incorporarlo a la litis constitucional y, en su caso, de obtener la tutela de la Justicia de la Unión, no obstante que está estrechamente vinculado con los actos reclamados en el juicio de garantías.

"Lo anterior es así, ya que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 30, 31, 32, 33 y 39 de la Ley Federal de Competencia Económica, el procedimiento de investigación que lleva a cabo la Comisión Federal de Competencia está integrado por diversas fases.

"Así, en la primera fase, la autoridad administrativa dicta un acuerdo de inicio del procedimiento y solicita información (documentos e informes relevantes y pertinentes), con el propósito de advertir la existencia de probables hechos, actos o prácticas prohibidas por la Ley Federal de Competencia Económica. La citada fase concluye con la emisión del oficio en el que se determina la presunta responsabilidad en materia de competencia económica.

"La segunda etapa inicia con las imputaciones consignadas en el oficio de presunta responsabilidad, en el que se precisa cuáles son las conductas monopólicas o prohibidas observadas en la fase anterior, así como el presunto infractor, ordenando el emplazamiento de este último para que en un plazo no mayor a treinta días, comparezca a manifestar lo que a su interés convenga y exhiba las pruebas pertinentes. Luego, el aludido órgano desconcentrado fija un plazo no mayor a treinta días naturales para formular alegatos; hecho lo cual, debe dictar resolución dentro de los sesenta días naturales siguientes.

"En esta fase, la Comisión Federal de Competencia ejecuta los actos necesarios para dictar una resolución definitiva en relación con las prácticas monopólicas investigadas, respetando las formalidades del debido proceso, dando al presunto infractor la oportunidad de alegar y probar a su favor.

"Por último, la tercera fase inicia después de dictada la resolución mencionada, a través del recurso de reconsideración, cuyo objeto es revocar, modificar o confirmar la resolución recurrida, procediendo únicamente contra las que pongan fin a un procedimiento o que tenga por no presentada una denuncia o por no notificada una concentración.

"Desde ese ángulo, si, en el caso, la quejosa reclamó diversos acuerdos emitidos dentro de la primera fase de investigación antes referida, y no es hasta la interposición del presente recurso que la autoridad recurrente exhibe copia certificada del oficio de probable responsabilidad del catorce de septiembre de dos mil doce, dictado en el expediente número **********, a través del cual el presidente y secretario Ejecutivo, ambos de la Comisión Federal de Competencia, resolvieron emplazar, entre otras empresas, a la quejosa **********, al procedimiento administrativo de investigación como probable responsable de la comisión de prácticas monopólicas absolutas en la industria avícola en el Estado de Veracruz (con el que concluye la referida primera etapa de investigación), es patente que tal acto es susceptible de trascender al sentido del fallo y, por consiguiente, de incidir en la esfera jurídica de la quejosa.

"Por consiguiente, este Tribunal Colegiado considera que en el caso se transgredieron los principios de contradicción e igualdad de armas y, por ende, las reglas esenciales del procedimiento, por lo que con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia, resulta procedente revocar la sentencia sujeta a revisión y ordenar la reposición del procedimiento del juicio de garantías, para el efecto de que el Juez Federal haga del conocimiento de la quejosa el oficio de probable responsabilidad del catorce de septiembre de dos mil doce, dictado en el expediente número **********, a través del cual el presidente y secretario ejecutivo, ambos de la Comisión Federal de Competencia, resolvieron emplazar, entre otras empresas, a la quejosa **********, al procedimiento administrativo de investigación como probable responsable de la comisión de prácticas monopólicas absolutas en la industria avícola en el Estado de Veracruz, y lo prevenga, mediante notificación personal, a efecto de que manifieste si es su deseo ampliar su petición de garantías y señalar aquél como acto reclamado, y como autoridad responsable, a la que la emitió; hecho que sea, celebre nuevamente la audiencia constitucional y dicte la sentencia que en derecho proceda.

"Cabe señalar que la reposición del procedimiento del juicio de amparo para dar vista a la quejosa con la documental en cita, exhibida durante la tramitación del presente recurso de revisión y que a juicio de la responsable demostraría de manera plena la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, puede trascender a un cambio en el sentido del fallo definitivo, ya que el demandante estaría en aptitud de desvirtuarla e, incluso, de ampliar la demanda de amparo en contra de ese nuevo acto (por vicios propios), incorporándolo a la litis constitucional, al estar vinculado estrechamente con los actos que señaló como reclamados en el escrito de demanda y su ampliación.

"Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas la tesis número I.15o.A.3 (sic) (10a.), emitida por este Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 3, correspondiente al mes de julio de dos mil doce, consultable en la página dos mil cuarenta y cinco, que establece: ‘REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. DEBE ORDENARSE EN RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E IGUALDAD DE ARMAS, CUANDO EN EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA RELATIVA SE OFREZCAN PRUEBAS RELACIONADAS CON LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO Y ÉSTAS TRASCIENDAN AL RESULTADO DEL FALLO DEFINITIVO.’ (se transcribe)

"En consecuencia, procede revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo indirecto número 37/2012, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para los efectos indicados en esta ejecutoria; por lo tanto, previa copia autorizada que obre en el presente toca, remítase al referido juzgado la copia certificada del oficio de probable responsabilidad del catorce de septiembre de dos mil doce, dictado en el expediente número **********, por el presidente y secretario ejecutivo, ambos de la Comisión Federal de Competencia."

B) Por su parte, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión del veintiuno de mayo de dos mil trece, el recurso de revisi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24926-6a26db2c/prueba-documental-superveniente-en-el-amparo-en-revision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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