PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL ESTÍMULO POR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES NO INTEGRA EL SALARIO BASE PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DE AQUÉLLA.
AMPARO DIRECTO 1388/2013. 6 DE FEBRERO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ. SECRETARIA: DALIA MIROSLAVA HUITRÓN GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO
QUINTO. El análisis de los conceptos de violación se realizará en orden diferente al planteado por cuestión de método y el mismo conduce al resultado siguiente:
En su segundo concepto de violación refiere la impetrante de amparo, que la responsable vulneró, en su perjuicio, la garantía de administración de justicia pronta y expedita contenida en el artículo 17 constitucional, toda vez que el juicio laboral no se tramitó ni resolvió en los plazos previstos por la norma laboral, incurriendo, por tanto, en omisiones y dilaciones en el procedimiento.
Son inatendibles los anteriores argumentos, por los siguientes motivos:
Así tenemos que una de las características esenciales del juicio ordinario laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la cual se van desarrollando cada una de sus etapas, en las cuales algunos de los actos se desenvuelven en forma inmediata, la que debe entenderse como la cercanía de tales actos en el tiempo; lo que aunado al hecho de que la unidad de tiempo más grande que utiliza la norma para graduar el procedimiento es el día, no deja lugar a dudas de la expeditez en la tramitación y resolución de los juicios laborales.
Por lo que en función al procedimiento ordinario laboral, puede decirse que las Juntas de Conciliación y Arbitraje faltarán a la garantía de administración de justicia pronta cuando no tramiten ni resuelvan los juicios laborales en los plazos y términos precisados en la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con los artículos 686, así como el capítulo XVII, relativo al procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, artículos 870 a 890 del propio código obrero.
Ahora, si en el amparo directo se reclama la dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral por considerar que la autoridad responsable durante el desarrollo del procedimiento no cumplió con los plazos establecidos en la ley, tal conducta constituye una violación de garantías en perjuicio de la quejosa; sin embargo, ésta se encuentra consumada de modo irreparable, porque todas las actuaciones que conforman el proceso ya fueron realizadas e, incluso, se dictó el laudo respectivo, el cual constituye el acto reclamado en el presente juicio, razón por la cual devienen inatendibles los argumentos de la quejosa.
Resulta aplicable, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXII, página 2047, de rubro y texto siguientes:
"ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE. La disposición de la Ley de Amparo que se refiere a actos consumados de un modo irreparable, alude a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación."
En su primer concepto de violación y parte del cuarto, la quejosa sostiene, en forma medular, que la autoridad responsable cometió en su perjuicio una violación de carácter procesal que se estima trascendió al resultado del fallo, al omitir llevar a cabo el perfeccionamiento que ofreció de las documentales marcadas con el numeral 2, incisos a) al m) de su escrito de pruebas.
El argumento anterior se estima fundado pero inoperante, por lo siguiente:
La parte actora en su escrito de pruebas, ofreció la marcada con el número 2 en los siguientes términos:
"2. Documentales, consistentes en:
a) Fotocopia del convenio finiquito de once de agosto de dos mil ocho (fojas 102-105).
b) Fotocopia del dictamen emitido por la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, de veintisiete de febrero de dos mil ocho (fojas 106-107).
c) Fotocopia de tarjetones de pago de la actora, de las quincenas: primera de enero a la primera de diciembre de dos mil siete y de la primera de enero a la primera de marzo de dos mil ocho (fojas 108-135).
d) Fotocopia de los tarjetones de pago de la actora correspondientes a los meses de mayo de dos mil ocho y junio de dos mil once, así como la cédula de datos para efectos de jubilación o pensiones (fojas 136-138).
e) Clausulado del contrato colectivo de trabajo, Reglamento Interior de Trabajo y Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, del bienio 2009-2011 (fojas 139-202).
f) Clausulado del contrato colectivo de trabajo, así como el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del bienio 1971-1973 (fojas 203-218).
g) Clausulado del contrato colectivo de trabajo, así como el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del bienio 1977-1979 (fojas 219-235).
h) Clausulado del contrato colectivo de trabajo, así como el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del bienio 1985-1987 (fojas 236-255).
i) Clausulado del contrato colectivo de trabajo, así como el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del bienio 1987-1989 (fojas 256-275).
j) Clausulado del contrato colectivo de trabajo, así como el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del bienio 1989-1991 (fojas 276-288).
k) Clausulado del contrato colectivo de trabajo, así como el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del bienio 1991-1993 (fojas 289-305).
l) Clausulado del contrato colectivo de trabajo y Régimen de Jubilaciones y Pensiones del bienio 1993-1995 (fojas 306-322).
m) Clausulado del contrato colectivo de trabajo y Régimen de Jubilaciones y Pensiones del bienio 2007-2009 (fojas 323-374).
Respecto de las citadas probanzas, ofreció como medios de perfeccionamiento la compulsa o cotejo con sus originales, señalando los lugares donde debía llevarse a cabo, y en la audiencia celebrada el ocho de noviembre de dos mil once, la Junta responsable señaló que le daría el valor probatorio correspondiente al momento de dictar el laudo, lo que en el caso no sucedió, pues como lo asegura la quejosa en su concepto de violación, la autoridad cuando emitió su resolución sostuvo que dichas documentales se ofrecieron en copia fotostática, por lo que no les concedía valor probatorio, y absolvió al demandado de todas las prestaciones reclamadas.
Ahora, si bien resulta cierto que la autoridad laboral omitió llevar a cabo el desahogo de la compulsa o cotejo ofrecido como medio de perfeccionamiento respecto de las documentales en cuestión, lo que hace fundado el concepto de violación; sin embargo, conceder el amparo para reparar esa violación procesal ningún fin práctico produciría, ni generaría beneficio alguno en favor de la quejosa, pues como se analizará más adelante, en el caso, resultó procedente la excepción de prescripción opuesta por el demandado, lo que hace inoperante su argumento, pues aun en el supuesto de que esos documentos se perfeccionaran, el sentido del laudo no variaría.
Resulta aplicable, la tesis número 170 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Séptima Época, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, página 114, de rubro y texto siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado."
Por otro lado, se estima infundado la parte de su cuarto concepto de violación en la que alega que la responsable no separa los reclamos e involucra en un solo razonamiento de su litis el pago correcto de la prima de antigüedad y el de diferencias en el monto de la cuantía básica para el cálculo de su pensión por jubilación.
Lo anterior, porque la sola delimitación de la litis hecha por la autoridad responsable en el laudo que por esta vía constitucional se combate, al ser un punto de carácter enunciativo, en nada agravia a la aquí quejosa, ya que lo que en un momento dado podría causarle perjuicio son los razonamientos que rigen el laudo en estudio; esto aunado a la circunstancia de que como se dijo anteriormente, las acciones de la actora para reclamar dichas prestaciones se encuentran prescritas.
Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 35, segunda parte, del Informe 1986, que a la letra dice:
"LITIS. SU SOLA DELIMITACIÓN NO CAUSA AGRAVIO. La sola delimitación de la litis que las Juntas hacen en sus laudos, por ser un punto de carácter exclusivamente enunciativo, no agravia a las partes, ya que lo que les puede causar agravios son los razonamientos que rigen dichos laudos."
En una parte de sus conceptos de violación identificados como décimo primero y décimo segundo, señala la inconforme, que la Junta omitió tomar en consideración que su reclamo lo sustentó en el deficiente pago de la prima de antigüedad por error o dolo en que incurrió el demandado, por lo que considera que indebidamente la autoridad laboral declaró procedente la excepción de prescripción que prevé el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, que opuso el instituto demandado pues, afirma, que la consideración de la autoridad laboral es contradictoria, puesto que involucra la prescripción genérica con el convenio, siendo estos presupuestos distintos, pues uno se refiere a las acciones de pago de la prima de antigüedad; y la otra de sus diferencias por deficiente pago; toda vez que el derecho al pago de las diferencias se hace exigible hasta en tanto se verifique el pago deficiente; por ende el término de la prescripción no corre desde el momento de la celebración del convenio o contrato que se pretende anular, sino desde la fecha en que se tiene conocimiento del error, de tal manera que, el término de prescripción no pudo correr a partir de la fecha de su celebración, sino desde el momento en que se tuvo conocimiento de la omisión.
Resulta conveniente tener presente los siguientes antecedentes que se advierten del sumario laboral.
Del escrito inicial de demanda se aprecia, que la ahora quejosa demandó la declaración de nulidad del convenio celebrado con el ********** ante autoridad laboral, el **********, al aducir que dicho pacto implica renuncia de derechos en su perjuicio; al no haber realizado el pago correcto y diferencias que resulten al aplicar la cláusula tercera transitoria del contrato colectivo de trabajo al monto de su prima de antigüedad y a la cuantía básica de su pensión.
Asimismo, refirió que en esa fecha recibió el pago de su finiquito por concepto de jubilación, cuyo beneficio se determinó mediante convenio celebrado con el ********** ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; y afirma que en dicho pago, el instituto patrón no realizó el cálculo correcto de sus prestaciones, pues únicamente le pagó por concepto de prima de antigüedad doce días por cada año de servicios prestados, no obstante que le correspondían cincuenta (50) días por cada año; y que, por ello, le adeuda treinta y ocho (38) días más por cada año de servicio.
El organismo de salud, al dar contestación a la demanda se excepcionó en el sentido de que la acción de la actora para reclamar las prestaciones que señala, así como la nulidad parcial que demanda, se encuentran prescritas en términos de lo dispuesto en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, pues precisó que si la propia actora refirió haber recibido, mediante convenio, el pago de su finiquito por jubilación el once de agosto de dos mil ocho, y presentó su demanda hasta el catorce de junio de dos mil once, resultaba claro que su acción se encontraba prescrita y que, en caso de que existiera condena en su contra, sólo podía ser por un año anterior, es decir, catorce de junio de dos mil diez a la fecha.
Ahora bien, en el laudo reclamado la autoridad responsable, declaró improcedente la acción respecto del reclamo de pago de diferencias de prima de antigüedad y diferencias en el pago de su finiquito con motivo de su jubilación, así como de las prestaciones contenidas en los incisos A), B), C), D), G), I) y J), al considerar que si la parte actora dijo que celebró convenio finiquito con el demandado el once de agosto de dos mil ocho, el término prescriptivo inició el doce de agosto de dos mil ocho y concluyó el doce de agosto de dos mil nueve, por lo que a la fecha de presentación de su demanda (catorce de junio de dos mil once) transcurrió en exceso el término de un año a que se refiere el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo para reclamar el pago de diferencias del mencionado convenio.
En ese entendido, con independencia de las omisiones en que incurrió la responsable y que se refirieron anteriormente, este Tribunal Colegiado de Circuito estima correcta la absolución decretada respecto de la nulidad del convenio, de la correcta integración del pago de la prima de antigüedad, del pago de diferencias de la misma y de la correcta integración del salario para el pago de su finiquito, ello, en atención a lo que a continuación se expone.
De inicio debe tenerse presente, que para que se declare la nulidad de un convenio, por no cuantificarse correctamente las prestaciones que corresponden al trabajador al atribuírsele en forma errónea cierta antigüedad y/o salario diario integrado, a la luz de la teoría de la nulidad de los actos jurídicos aceptada en nuestro sistema legal, debe considerarse como relativa y, por ende, prescriptible, pues la actualización de esos eventos no implica la renuncia de algún derecho consagrado a favor del trabajador en la Constitución o en la Ley Federal del Trabajo.
Además, desde su aprobación por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se finca la situación jurídica correspondiente con los consiguientes derechos de la trabajadora y las obligaciones de la empresa patronal; de ahí que es dable afirmar, que la prescripción de la nulidad del convenio debe computarse a partir de la fecha en que comenzó a surtir sus efectos el convenio, para lo cual debe de atenderse a la regla general de un año comprendida en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo.
Para sustentar lo anterior, este órgano de control constitucional comparte el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que estableció en la tesis III.1o.T.66 L,(1) que dice:
"CONVENIOS EN MATERIA DE TRABAJO, NULIDAD PARCIAL DE LOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. La acción para que se declare inepto un convenio, por no cuantificarse correctamente las prestaciones que corresponden al trabajador al atribuírsele en forma errónea cierta antigüedad y salario diario integrado, a la luz de la teoría de la nulidad de los actos jurídicos aceptada en nuestro sistema legal, debe considerarse como relativa y, por ende, prescriptible, pues la actualización de esos eventos no implica la renuncia de algún derecho consagrado a favor del trabajador en la Constitución o en la Ley Federal del Trabajo; además de que es inexacto que su aprobación y sus efectos se consideren como de tracto sucesivo, ya que desde su asentimiento por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se finca la situación jurídica correspondiente, en los consiguientes derechos del obrero y las obligaciones de la empresa. En consecuencia, debe estimarse que la prescripción de la acción indicada debe contarse a partir de la fecha en que comenzó a surtir sus efectos el convenio, a cuyo efecto debe de atenderse a la regla general de un año comprendida en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo y no a la regla especial de dos meses, prevista en el dispositivo 518 de la propia ley, que se refiere a algunos casos de excepción, pues en la misma no se prevé el relativo a la nulidad de un convenio o liquidación."
Por tanto, si la actora recibió el beneficio de la jubilación, en términos del convenio de once de agosto de dos mil ocho, conforme al numeral 516 de la legislación laboral, tenía hasta el once de agosto de dos mil nueve para ejercer su acción, y si la demanda la presentó el catorce de junio de dos mil once, es de concluirse que transcurrió en exceso el término de un año a que se refiere el precepto legal en estudio.
Misma consideración debe hacerse respecto del pago correcto y diferencias de prima de antigüedad, así como de diferencias en el monto de la cuantía básica para el cálculo de su pensión, máxime que la actora la hizo depender de la acción de nulidad del convenio de once de agosto de dos mil ocho.
Ello, de conformidad con el criterio sustentado por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son:
"SEGURO SOCIAL, PRIMA DE ANTIGÜEDAD EN CASO DE TRABAJADORES JUBILADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL. PRESCRIPCIÓN. Es procedente la excepción de prescripción opuesta por el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto del pago de la prima de antigüedad reclamada, toda vez que al actor jubilado el término prescriptorio correspondiente empieza a contar al día siguiente de la fecha en que operó la jubilación, y si la demanda laboral fue presentada después de que transcurrió el término de un año que señala el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, está prescrita la acción ejercitada, siendo inexacto que la cláusula 131 del contrato colectivo establezca la imprescriptibilidad de dicha prestación, la que sólo se refiere a la nulidad de las renuncias a las disposiciones del pacto colectivo que favorezcan a los trabajadores, sin que en el caso exista renuncia alguna toda vez que la prima de antigüedad es una prestación independiente de las que contiene el citado contrato, y está sujeta para la prescripción a las disposiciones legales aplicables."(2)
Así como la diversa jurisprudencia de la misma Sala, correspondiente a la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
"PRIMA DE ANTIGÜEDAD EN CASO DE JUBILACIÓN, PRESCRIPCIÓN, TÉRMINO Y CÓMPUTO. En términos del artículo 516 de la ley laboral de 1970, las acciones de trabajo prescriben en un año contado a partir del siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, y tratándose de trabajadores jubilados que reclamen el pago de la prima de antigüedad, están en posibilidad jurídica de reclamar su pago a partir del día siguiente de la fecha en que se otorgó su jubilación, puesto que la acción nace con el retiro voluntario y, por lo tanto, al advertir el trabajador que no se le liquida dicha prestación al momento de su separación, está en posibilidad de reclamar su pago, dentro del término señalado por el citado artículo 516 de la ley de la materia, pues de no hacerlo así prescribe su acción."(3)
Sin que obste a la anterior determinación lo alegado por la quejosa en el sentido de que el término prescriptivo debía calcularse a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento del error con el que se calculó el pago de la prima de antigüedad, pues ello crearía incertidumbre jurídica para las partes dado que podría demandarse años después, sin limitación alguna, además de que se manifestaría a conveniencia dicha fecha, de tal forma que para evitar la citada incertidumbre, como ya se dijo, debe tomarse el plazo genérico de un año que establece la Ley Federal del Trabajo para las acciones relacionadas con el pago de la prima de antigüedad, por lo que son exigibles desde el día siguiente a aquel en que se separó del servicio, que fue el mismo al en que se le pagó su prima de antigüedad, hasta un año después.
Por ende, si las partes celebraron el convenio cuya nulidad se reclamó ante la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitre, el once de agosto de dos mil ocho, y la ahora quejosa presentó su escrito inicial de demanda hasta el catorce de junio de dos mil nueve, es incuestionable que la perentoria que hizo valer el instituto demandado con fundamento en lo dispuesto en el citado precepto 516 de Ley Federal del Trabajo, resultó procedente y, por ende, la absolución decretada por la autoridad del conocimiento no es violatoria de garantías.
En tal virtud, es infundado lo que aduce la parte quejosa, en sus conceptos de violación identificados como décimo y décimo tercero, en relación con el hecho de que la Junta responsable al dictar el laudo reclamado incorrectamente omitió analizar y valorar las pruebas que ofreció en el juicio laboral, así como lo relativo a que el pago de la prima de antigüedad debió efectuarse de conformidad con lo dispuesto por la cláusula tercera transitoria del pacto contractual del bienio 2007-2009, y que de manera retroactiva el patrón aplica la cláusula 59 bis, aunado a que el pago de la prima de antigüedad fue incorrecto, toda vez que le otorgó doce días conforme a esta última cláusula, debiendo ser cincuenta días mediante las cláusulas 56 y tercera transitoria del contrato colectivo de trabajo, así como por falta de inclusión de los conceptos consistentes en estímulos de puntualidad y asistencia, ayuda para actividades culturales y recreativas, fondo de ahorro y prima vacacional.
Ello es así, pues al respecto, debe decirse que si en el caso, como ya quedó precisado en los apartados que anteceden, la Junta responsable correctamente declaró procedente la excepción de prescripción opuesta por el instituto demandado en términos del numeral 516 de la Ley Federal del Trabajo, por cuanto ve al reclamo de diferencias en el pago de la prima de antigüedad, tanto por no haberla pagado a razón de cincuenta días por año laborado, como por falta de inclusión en su pago de los conceptos relativos a estímulos de asistencia y puntualidad, ayuda para actividades culturales y recreativas y prima de vacaciones, es de deducir que era innecesario el estudio de las pruebas relativas al fondo del asunto, respecto del pago de la referida prima a razón de cincuenta días por año laborado, así como de los conceptos integrantes de la misma, como también resulta improcedente el análisis de las acciones ejercidas en cuanto a dicho reclamo, así como tampoco procede hacer algún pronunciamiento respecto a la declaratoria de nulidad del convenio celebrado por la actora con el instituto demandado, dado que tal declaratoria hubiera resultado procedente en la medida en que la acción principal hubiese resultado procedente, porque aquella es la consecuencia de la procedencia o no de ésta, más como esta última se declaró prescrita, es evidente que no había ningún motivo para pronunciarse sobre la nulidad del convenio; de ahí lo infundado de los conceptos de violación que hace valer al respecto.
A lo anterior, cobra aplicación, la jurisprudencia 405, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335, Volumen 1, Tomo V, Materia del Trabajo del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes:
"PRESCRIPCIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE PRUEBAS DE FONDO. Cuando una Junta de Conciliación y Arbitraje considere operante la excepción de prescripción alegada con respecto a determinada acción, resulta innecesario el estudio de las pruebas relativas al fondo del asunto en cuanto esa acción se refiere."
Por otro lado, aduce la ahora quejosa en sus conceptos de violación identificados como tercero y sexto, que la Junta responsable omite condenar al pago de las diferencias de salario en la jubilación que se demandaron por falta de integración de los conceptos relativos a estímulos de puntualidad y asistencia, actividades culturales y recreativas y fondo de ahorro, señalando incluso que no es dable aplicar lo que señala como salario el artículo 5o. del Régimen de Jubilaciones y Pensiones.
Los anteriores argumentos resultan infundados, pues contrariamente a lo que se alega, en relación con la forma en que debe integrarse la pensión para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 4a./J. 25/93, que aparece publicada en la página 22, Número 65, mayo de 1993 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto dicen:
"SEGURO SOCIAL. PENSIÓN JUBILATORIA, MANERA DE INTEGRARSE. Esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que la jubilación constituye una prestación de carácter eminentemente contractual; por tanto, resulta válido pactar que el monto de la pensión jubilatoria se integre con el importe de ciertas prestaciones del salario base percibido por el trabajador, sin tomar en cuenta algunas otras que el patrón otorga ordinariamente, o deduciendo determinados conceptos. En consecuencia, no se lesiona derecho alguno al establecerse en los artículos 4 y 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, que forma parte del contrato colectivo de trabajo celebrado el quince de octubre de mil novecientos ochenta y tres entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el sindicato de sus trabajadores, que la cuantía de las jubilaciones o pensiones se determinará tomando en cuenta los años de servicio prestado y el último salario que el trabajador disfrutaba al momento de la jubilación, del que se deducen las cantidades equivalentes al impuesto sobre producto del trabajo, fondo de pensiones y jubilaciones, así como cuota sindical. Por otra parte, la forma en que se ha pactado determinar el importe de la cuantía de la pensión, tampoco resulta violatoria del artículo 77, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que exenta del pago del impuesto sobre la renta los ingresos obtenidos por jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, cuyo monto diario no excede de nueve veces el salario mínimo general, toda vez que el artículo 5 del mencionado Régimen de Jubilaciones y Pensiones no está instituyendo la retención del impuesto sobre la renta, sino sólo fijando un tope al monto del salario base para el pago de la pensión."
En ese orden de ideas, con el objeto de poner de manifiesto los términos en que debe integrarse el salario con el que ha de cuantificarse la pensión jubilatoria es pertinente transcribir, en lo conducente, los artículos 4 y 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Contrato Colectivo de Trabajo del bienio 2007-2009, que el propio instituto demandado transcribe al dar contestación a la demanda, que establecen lo siguiente:
"Artículo 4. Las cuantías de las jubilaciones o pensiones, se determinarán con base en los factores siguientes: a) Los años de servicios prestados por el trabajador al instituto, y b) El último salario que el trabajador disfrutaba al momento de la jubilación o pensión, integrado como lo señala el artículo 5 de este régimen. La aplicación de ambos se hará conforme a las tablas siguientes: ... En los casos de pensiones, las fracciones de años de servicios mayores de 3 meses se considerarán como 6 meses cumplidos, para los efectos de aplicar el porcentaje correspondiente. Para los mismos fines las fracciones mayores de 6 meses se considerarán como un año cumplido."
"Artículo 5. Los conceptos que integran el salario base son: a) Sueldo tabular; b) Ayuda de renta; c) Antigüedad; d) Cláusula 86; e) Despensa; f) Alto costo de vida; g) Zona aislada; h) Horario discontinuo; i) Cláusula 86 Bis; j) Compensación por docencia; k) Atención integral continua; l) Aguinaldo; m) Ayuda para libros; y, n) Riesgo por tránsito vehicular para choferes u operadores del área metropolitana. Tratándose de jubilaciones, pensiones por edad avanzada y vejez, los conceptos alto costo de vida, zona aislada, horario discontinuo, infectocontagiosidad, emanaciones radiactivas y compensación por docencia, formarán parte del salario base cuando se hubieren percibido y aportado sobre ellos el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, durante los últimos cinco años y se perciban a la fecha del otorgamiento de la jubilación o pensión. Asimismo, respecto a las pensiones por invalidez los conceptos mencionados en el párrafo anterior formarán parte del salario base, si se hubieren percibido y aportado sobre ellos durante los últimos tres años y se perciban a la fecha del otorgamiento de la pensión. Las limitaciones señaladas en los párrafos que anteceden, no regirán en los casos de pensión por riesgo de trabajo. En todo caso, el salario base tendrá como límite el equivalente al establecido para la categoría de médico familiar 8.0 horas, más las prestaciones que le sean inherentes y de acuerdo a la zona en la que se preste el servicio y a la antigüedad del trabajador. Para determinar el monto de la cuantía básica de la jubilación o pensión, el salario base que resulte se disminuirá en cantidades equivalentes a las correspondientes a: a) La suma que se deduce a los trabajadores activos por concepto de impuesto sobre productos del trabajo; b) Fondo de Jubilaciones y Pensiones; y c) Cuota sindical. Para determinar el monto mensual de la jubilación o pensión, a la cuantía básica se le aplicará el porcentaje correspondiente de acuerdo a las tablas contenidas en el artículo 4 de este régimen."
De acuerdo a esas disposiciones contractuales, es incuestionable que las cuantías de las jubilaciones se harán con base en el último salario percibido por el traba
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24928-76d42f45/pension-jubilatoria-de-los-trabajadores-del-instituto-mexicano · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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