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ARRAIGO. EL ARTÍCULO 291 DE LA LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES -ACTUALMENTE DEROGADA-, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 179, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 5 DE MARZO DE 2012, QUE PREVÉ Y REGULA AQUELLA FIGURA, ES INCONSTITUCIONAL. ARRAIGO EN MATERIA PENAL. A PARTIR DE LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA LEGISLAR SOBRE AQUELLA FIGURA, AL SER FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. ARRAIGO EN MATERIA PENAL. EFECTOS QUE DEBEN ASIGNARSE A LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DECRETADA CONTRA UNA NORMA LOCAL, QUE REGULE AQUELLA FIGURA. ARRAIGO EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO HABILITA A LOS CONGRESOS LOCALES A LEGISLAR SOBRE AQUELLA FIGURA, CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2012. · Registro digital (IUS): 25013
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-05-02
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Pág. 219.

ARRAIGO. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 291 DE LA LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 179, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 5 DE MARZO DE 2012. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas con reservas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)

ARRAIGO. EL ARTÍCULO 291 DE LA LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 179, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 5 DE MARZO DE 2012, QUE LO ESTABLECE, ES INVÁLIDO. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos con precisiones en cuanto a consideraciones, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales con precisiones en cuanto a consideraciones, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros José Fernando Franco González Salas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)

ARRAIGO PENAL. A PARTIR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, LOS CONGRESOS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA, POR SER FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos con precisiones en cuanto a consideraciones, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales con precisiones en cuanto a consideraciones, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros José Fernando Franco González Salas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)

ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO HABILITA A LOS CONGRESOS LOCALES A LEGISLAR EN ESA MATERIA, CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos con precisiones en cuanto a consideraciones, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales con precisiones en cuanto a consideraciones, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros José Fernando Franco González Salas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2012. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 25 DE FEBRERO DE 2014. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE ANTONIO MEDINA GAONA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de febrero de dos mil catorce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Normas impugnadas, autoridades emisora y promulgadora (fojas 1 a 62 del expediente principal). Por oficio presentado el nueve de abril de dos mil doce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, Raúl Plascencia Villanueva, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad impugnando el artículo 291 de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, reformado mediante Decreto 179, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, asimismo, señaló como autoridades emisora y promulgadora de las normas controvertidas al Congreso y al gobernador, ambos de dicho Estado.

SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados y concepto de invalidez (fojas 2 y 7 a 15 del expediente principal). La parte promovente estimó violados los artículos 11, 16, 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e hizo valer como conceptos de invalidez, en síntesis, los siguientes:

• El artículo 291, párrafo segundo, de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, es violatorio del artículo 16, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al permitir la imposición del arraigo por delitos que no son de delincuencia organizada, vinculado al diverso numeral 73, fracción XXI, del recién citado ordenamiento, que faculta en exclusiva al Congreso a legislar en materia de delincuencia organizada.

• El citado artículo 291 faculta al Ministerio Público para solicitar a la autoridad judicial el arraigo de un indiciado, por la comisión de figuras típicas calificadas como graves; cuando exista riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia, y para la protección de personas o bienes jurídicos, lo que en opinión de esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos, resulta inconstitucional, ya que el artículo 16, párrafo octavo, de la Carta Magna establece que el arraigo únicamente se podrá ordenar por delitos en materia de delincuencia organizada.

• Por tanto, sin mayor interpretación, salvo la literal, debe convenirse que el Constituyente dispuso que el arraigo sólo procederá cuando se persigan delitos de delincuencia organizada, condicionando a que esa medida sea indispensable para la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

• Es evidente que esa singularidad torna inconstitucional la norma impugnada, pues amplía los casos de autorización del arraigo, mismos que se encuentran calificados como graves en el artículo 481 de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, dentro de los cuales está la figura típica de atentados a la estética urbana, respecto de la cual se podrá conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caución, si el inculpado repara el daño causado dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que haya sido puesto a disposición de la autoridad judicial; lo que indica la gravedad de la norma impugnada, pues incluye, para decretar el arraigo, toda suerte de delitos, como atentados al pudor, lesiones culposas, atentados a la estética urbana, o incluso el aborto culposo, conductas que de ninguna manera se encuentran relacionadas con la delincuencia organizada, lo que resulta totalmente alejado de la razonabilidad, lo que por sí solo torna inconstitucional ese precepto.

• Es importante mencionar que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en anteriores ocasiones sobre la figura del arraigo, calificándola como violatoria del derecho a la libertad personal y la libertad de tránsito, como se indica en las siguientes tesis: "ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO 122 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE LO ESTABLECE, VIOLA LA LIBERTAD DE TRÁNSITO CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." y "ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO 122 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE LO ESTABLECE, VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD PERSONAL QUE CONSAGRAN LOS ARTÍCULOS 16, 18, 19, 20 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

• Tomando en cuenta los criterios arriba plasmados, en conjunto con el marco constitucional antes analizado en torno la figura del arraigo, es menester que el legislador secundario aborde esta figura bajo el enfoque del principio de ultima ratio, pues al ser una medida cautelar, per se, atentatoria de la libertad de tránsito y la libertad personal, debe permitirse únicamente en situaciones extremas, en la especie, por delitos de delincuencia organizada, lo que no acontece en el caso de la norma impugnada.

• Acto seguido, hace un análisis internacional sobre la figura del arraigo y concluye en que el legislador de Aguascalientes, al permitir que aplique el arraigo para todos los delitos graves, se aparta de lo dispuesto por el Constituyente, aunado a que, de conformidad con el precepto 73, fracción XXI, constitucional, compete en exclusiva al Congreso legislar en materia de delincuencia organizada.

TERCERO. Trámite (fojas 63 y 65 del expediente principal). Mediante proveído de presidencia de diez de abril de dos mil doce, se ordenó formar y registrar el asunto con el número 29/2012 y, por razón de turno, se designó al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia como instructor en el procedimiento, quien por diverso auto de once del mismo mes y año, admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo que emitió las normas impugnadas y Ejecutivo que las promulgó, lo anterior para que rindieran sus respectivos informes.

CUARTO. Informe de la autoridad emisora (fojas 93 a 137 del expediente principal). El Poder Legislativo al rendir su informe argumentó, en síntesis, que:

• El Congreso del Estado de Aguascalientes cuenta con la facultad de legislar en materia penal para adaptar a la realidad la figura del arraigo, donde la finalidad última es fijar los casos de su procedencia, la autoridad que lo solicita y quien lo autoriza, la temporalidad por la que puede ser otorgado, la opción de que a petición del Ministerio Público y el Juez determine el lugar y demás condiciones de ejecutarlo, no solamente como una medida cautelar, para evitar que una persona se ausente del lugar donde se está integrando una averiguación previa o un juicio, y así evitar que entorpezca la dinámica procesal y enfrente el resultado final.

• El incremento de la inseguridad por los índices de violencia que afectan a la sociedad, obliga a adecuar a la realidad que impera en Aguascalientes respecto de su artículo 291, en el que se complementa la figura del arraigo como herramienta auxiliar, con el fin de reducir las posibilidades de impunidad, porque el inculpado puede sustraerse a la acción de la justicia provocando la falta de juicio y de sanción por el delito cometido, por lo que es de gran utilidad y pertinencia, pues se aplicará en conductas ilícitas, lo anterior se encuentra plasmado en el artículo 16, párrafo sexto, de la Ley Suprema.

• El arraigo constituye pues, una medida cautelar cuya finalidad es la de asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. Procederá cuando exista peligro de fuga u obstaculización del procedimiento, el Ministerio Público o Juez mediante resolución fundamentada podrá disponer la aplicación de la medida cautelar ordenando el arraigo. Por lo que el Ministerio Público o Juez que conozca del asunto debe declarar la rebeldía y disponer el arraigo, previa constatación de la incomparecencia, evasión, incumplimiento o ausencia del imputado, declarará su rebeldía mediante resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de aprehensión o ratificando el expedido.

• En cuanto a los delitos que menciona la parte quejosa, como atentados al pudor, lesiones culposas, atentados a la estética urbana y el aborto culposo, quedan sometidas a la estricta responsabilidad del Ministerio Público fundado y motivado por el párrafo sexto del artículo 16 de la Norma Suprema.

• Cabe advertir que, siendo potestad exclusiva del Ministerio Público o Juez, dichas autoridades valoraran la solicitud, así como los antecedentes para determinar si concurren los criterios básicos de razonabilidad, bajo el principio de ultima ratio, como medida cautelar, en el supuesto de que exista el peligro de fuga; atente contra la institución de la familia; las instituciones legalmente constituidas y a la sociedad en general, bajo la premisa de los valores supremos como ideales que una comunidad decide constituir como sus máximos objetivos a desarrollar por el ordenamiento jurídico, es decir, los fines a los cuales pretenden llegar, esto es, el esclarecimiento de la verdad y no obstaculizar el procedimiento sin transgredir lo establecido en la Norma Suprema.

• De las líneas anteriores se observa que no se están transgrediendo los derechos fundamentales, toda vez que, en términos del artículo 16 de la Norma Suprema, deriva que la figura del arraigo no es una decisión unilateral, ni transgrede las garantías individuales, puesto que se está fundando y motivando la causa legal del procedimiento para el esclarecimiento de la verdad; pero este razonamiento se aplica sólo a los delitos calificados como graves.

• De conformidad a lo establecido en el artículo décimo primero transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a que los agentes del Ministerio Público que determine la ley podrán solicitar al Juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves, en tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, el párrafo segundo del artículo 291 de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, señalado como violatorio, es totalmente constitucional, pues tiene sustento en la propia Norma Suprema.

• En cuanto a la competencia del artículo 73, fracción XXI, constitucional, este Congreso no está en ningún momento legislando en materia de delincuencia organizada, sólo a los delitos del fuero común calificados como graves, según lo previsto en el artículo 481 de la Legislación Penal vigente para el Estado de Aguascalientes, fundando lo anterior en el hecho de que las mismas fueron discutidas y aprobadas con estricto apego a derecho cumpliendo con los requisitos que marcan los artículos 30 a 35 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

• Por reforma al texto del artículo 16 de la Constitución Federal, publicada en fecha 18 de junio de 2008, ahora se autoriza al Ministerio Público a solicitar el arraigo tratándose de delitos de delincuencia organizada; y se tomó en cuenta, además, el artículo transitorio décimo primero, que fue considerado necesario en el dictamen emitido en fecha 13 de diciembre de 2007, por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, y de Seguridad Pública juntamente con la opinión de la Comisión de la Defensa Nacional del Senado de la República, al argumentar que la desaparición inmediata de la figura del arraigo domiciliario tendría por consecuencia que las autoridades de procuración de justicia tanto federal como locales, estuvieran privadas de una herramienta contemplada en la mayoría de las leyes adjetivas, por lo que puede aplicarse hasta antes de que sea vigente el sistema procesal acusatorio; de lo que resulta que es evidente que a las Legislaturas Locales les está permitiendo aplicar la figura del arraigo en sus legislaciones procesales hasta que tenga vigencia el sistema procesal acusatorio, y en el caso particular del Estado de Aguascalientes, aún no se encuentra vigente el sistema procesal mencionado, por tanto, se demuestra la validez del artículo 291 de la Legislación Penal, al que si bien no se incluyó el término "domiciliario", mas con esto no se puede hablar de violación a la Constitución Federal por creerse que se va más allá de lo permitido por la Norma Suprema.

• En apoyo a sus argumentos cita las tesis aisladas de rubros: "ARRAIGO DOMICILIARIO DE NATURALEZA PENAL, ARRESTO CIVIL, COMO MEDIDA DE APREMIO Y ARRAIGO CIVIL. DIFERENCIAS Y EFECTOS." y "ARRAIGO DOMICILIARIO PREVISTO EN EL NUMERAL 12 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA APLICACIÓN DE ESTA MEDIDA VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD, DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE LIBERTAD PERSONAL PREVISTAS EN LOS PRECEPTOS 14, 16 Y 18 A 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.". Acto seguido, expone que el término "arraigo" y "arraigo domiciliario" son tomados como términos homólogos, por lo que su inclusión en el artículo 291 de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, como arraigo, simplemente no hace presumir que se haya trasgredido y violado lo dispuesto en la Norma Suprema.

QUINTO. Informe de la autoridad promulgadora (fojas 138 a 193 del expediente principal). El Poder Ejecutivo, al rendir su informe, sostuvo la validez de la norma impugnada, de conformidad con los argumentos que a continuación se citan:

• La promulgación de la reforma al artículo 291 de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, se realizó en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo valer como único concepto de invalidez, de la norma general impugnada, el artículo 291, párrafo segundo, de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, el cual resulta infundado, en virtud de que su reforma se realizó con base en los ordenamientos establecidos en nuestra Carta Magna, con el objeto de poder decretar el arraigo en contra de una persona determinada, atendiendo a los lineamientos señalados en la reforma constitucional de fecha 18 de junio de 2008, que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación, en la que se integra la figura del arraigo, previsto formalmente en su artículo 16, párrafo octavo.

• De su artículo transitorio décimo primero, se deducen diversos supuestos de procedencia para que se decrete el arraigo, como lo son: a) Que hasta en tanto entre en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público que determine la ley podrán solicitar al Juez el arraigo domiciliario del indiciado; b) Que se trate de delitos graves; c) Que el término por el que se pueda solicitar es de cuarenta días; d) Que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos; y, e) Que exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Extremos que se ajustan al citado artículo 16 constitucional, pues en el caso, en el Estado de Aguascalientes, no ha entrado en vigor el sistema acusatorio.

SEXTO. Opinión de la procuradora general de la República (fojas 202 a 240 del expediente principal). Al formular su opinión manifestó, en lo medular, que era infundado que sea inconstitucional el impedirle a través de una orden de arraigo a una persona que salga de un inmueble; asimismo, es constitucional que a un ciudadano se le obligue a estar bajo la custodia o vigilancia de la autoridad investigadora y persecutora de delitos, ya que el artículo transitorio décimo primero del decreto de reforma a diversos artículos de la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, autoriza a las Legislaturas Locales para legislar en materia de arraigo en los casos relacionados con delitos graves, siempre y cuando en dichas entidades federativas no se haya transitado el nuevo sistema penal acusatorio.

SÉPTIMO. Cierre de instrucción (foja 252 del expediente principal). Recibidos los alegatos, por proveído de veintiocho de mayo de dos mil doce, se cerró la instrucción de este asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

OCTAVO. Returno (foja 255 del expediente principal). En proveído de presidencia de cuatro de diciembre de dos mil doce, se ordenó el returno del asunto al Ministro Alberto Pérez Dayán, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter estatal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Oportunidad. Es oportuna la presentación de la presente acción de inconstitucionalidad, pues se hizo dentro del plazo legal establecido en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) esto es, dentro de los treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma impugnada.

En efecto, el Decreto 179, por el que se reforman, entre otros, el artículo 291 de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, que ahora se controvierte, fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el cinco de marzo de dos mil doce, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción transcurrió del seis de marzo al cuatro de abril de ese año; sin embargo, tomando en cuenta que el último día del plazo fue inhábil, conforme a la regla general aplicable a las acciones de inconstitucionalidad ajenas a la materia electoral, la demanda podrá considerarse que fue presentada oportunamente hasta el primer día hábil siguiente, esto es, el lunes nueve de abril de dos mil doce, tomando en cuenta que los días miércoles cuatro al viernes seis de dicho mes fueron declarados inhábiles por acuerdo plenario adoptado en sesión privada del veintiséis de marzo del citado año, y los días siete y ocho correspondieron a sábado y domingo.

Luego, si la acción de inconstitucionalidad fue presentada el lunes nueve de abril de dos mil doce (foja 16 vuelta del expediente principal), es indudable que se promovió oportunamente.

TERCERO. Legitimación. En términos del inciso g), fracción II, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimado para promover este medio de control constitucional.

En efecto, Raúl Plascencia Villanueva acreditó ser el titular de dicha institución con la copia simple del oficio signado por el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República (foja 17 del expediente principal).

Consecuentemente, en términos del invocado precepto constitucional, en relación con el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(2) dicho funcionario cuenta con la legitimación necesaria.

CUARTO. Improcedencia. Cabe destacar que en autos obran agregados dos escritos signados por el secretario de Gobierno del Estado de Aguascalientes, mediante los cuales solicita que se sobresea en la presente acción de inconstitucionalidad, porque a su juicio, se presentó en forma extemporánea y, además, se actualiza la causal de cesación de efectos, dado que la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes que contenía el precepto 291 impugnado, fue derogada por el diverso Decreto 331 por el que se expidieron los nuevos Códigos Penal y de Procedimientos Penales, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veinte de mayo de dos mil trece.

Al respecto, debe decirse que no le asiste la razón al solicitante, por lo siguiente:

En relación con el argumento de que la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa fue presentada en forma extemporánea, debe expresarse que, como ya se decidió en el considerando segundo, sí es oportuna la presentación, pues se hizo dentro del plazo legal establecido en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, dentro de los treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma impugnada.

En efecto, el Decreto 179, por el que se reforman, entre otros, el artículo 291 de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, que ahora se controvierte, fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el cinco de marzo de dos mil doce, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción transcurrió del seis de marzo al cuatro de abril de ese año; sin embargo, tomando en cuenta que el último día del plazo fue inhábil, conforme a la regla general aplicable a las acciones de inconstitucionalidad ajenas a la materia electoral, la demanda podrá considerarse que fue presentada oportunamente hasta el primer día hábil siguiente, esto es, el lunes nueve de abril de dos mil doce, tomando en cuenta que los días miércoles cuatro al viernes seis de dicho mes fueron declarados inhábiles por acuerdo plenario adoptado en sesión privada del veintiséis de marzo del citado año, y los días siete y ocho correspondieron a sábado y domingo.

Luego, si la acción de inconstitucionalidad fue presentada el lunes nueve de abril de dos mil doce (foja 16 vuelta del expediente principal), es indudable que se promovió oportunamente.

Por otro lado, en relación con el argumento de que se actualiza la causal de cesación de efectos, dado que la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes que contenía el precepto 291 impugnado, fue derogada por el diverso Decreto 331, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veinte de mayo de dos mil trece, tampoco se surte, en razón de lo que a continuación se explica:

Como se advierte de los antecedentes, la materia de análisis en la presente acción de inconstitucionalidad, consiste en determinar si se decreta la validez o no del artículo 291 de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes,(3) que contempla la figura del arraigo, reformado mediante Decreto 179, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el cinco de marzo de dos mil doce.

Ahora bien, es importante hacer una distinción relevante para el desarrollo de la presente sentencia:

Por diverso Decreto Número 331, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el veinte de mayo de dos mil trece, se derogó la citada Legislación Penal, para regular las cuestiones sustantivas en el denominado "Código Penal" (inserto en el ARTÍCULO PRIMERO del Decreto 331) y los aspectos adjetivos en el llamado "Código de Procedimientos Penales" (inserto en el ARTÍCULO SEGUNDO del Decreto 331).

Es menester apuntar que este último Código de Procedimientos Penales tiene una vigencia temporal, porque a través del propio Decreto citado Número 331, también se expidió el Código de Procedimientos Penales (inserto como ARTÍCULO TERCERO del Decreto 331), que es el que va a regir cuando entre en vigor el sistema penal acusatorio, cuyo objeto, en términos de su artículo 1o., es: "... regular, para los habitantes del Estado de Aguascalientes, nacionales o extranjeros, residentes o transeúntes, el procedimiento penal acusatorio adversarial oral, que deberá observarse en la investigación, imputación, acusación, juzgamiento e imposición de sanciones en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Los puntos transitorios de dicho Decreto 331, en lo que interesa, disponen:

"Artículo primero. El presente decreto iniciará su vigencia a los sesenta días naturales contados a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, a excepción del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes contenido en el artículo tercero."

"Artículo segundo. Se deroga la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de julio de 2003 mediante Decreto Número 97."

"Artículo tercero. La incorporación del sistema procesal penal acusatorio en el Estado de Aguascalientes será gradual, y en consecuencia la vigencia y aplicación del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes contenido en el artículo tercero del presente decreto será progresiva, conforme a las siguientes fechas:

(Reforma P.O.E. 11 de noviembre de 2013, Decreto 409)

"I. El 16 de junio de 2014 en el tercer partido judicial con sede en Pabellón de Arteaga, respecto de los hechos punibles considerados de querella previstos en el artículo 166 del Código de Procedimientos Penales contenido en el artículo tercero, y de hechos punibles patrimoniales no violentos;

(Reforma P.O.E. 11 de noviembre de 2013, Decreto 409)

"II. El 5 de enero de 2015 en el cuarto y quinto partidos judiciales con sede en Rincón de Romos y Jesús María, respecto de los hechos punibles considerados de querella previstos en el artículo 166 del Código de Procedimientos Penales contenido en el artículo tercero, y de hechos punibles patrimoniales no violentos;

"III. El 1 de junio de 2015 en el primer y segundo partidos judiciales con sede en Aguascalientes y Calvillo, respecto de los hechos punibles considerados de querella previstos en el artículo 166 del Código de Procedimientos Penales contenido en el artículo tercero, y de hechos punibles patrimoniales no violentos;

(Reforma P.O.E. 11 de noviembre de 2013, Decreto 409)

"IV. El 1o. de junio de 2015 en el tercer partido judicial con sede en Pabellón de Arteaga, respecto de los hechos punibles no considerados de prisión preventiva oficiosa;

(Reforma P.O.E. 11 de noviembre de 2013, Decreto 409)

"V. El 4 de enero de 2016 en el tercer partido judicial con sede en Pabellón de Arteaga, respecto de la totalidad de hechos punibles;

(Reforma P.O.E. 11 de noviembre de 2013, Decreto 409)

"VI. El 4 de enero de 2016 en el cuarto y quinto partidos judiciales con sede en Rincón de Romos y Jesús María, respecto de los hechos punibles no considerados de prisión preventiva oficiosa; y

(Reforma P.O.E. 11 de noviembre de 2013, Decreto 409)

"VII. El 18 de junio de 2016, en el primer, segundo, cuarto y quinto partidos judiciales con sede en Aguascalientes, Calvillo, Rincón de Romos y Jesús María, respecto de la totalidad de hechos punibles.

"Lo anterior con la salvedad del caso de que ya se hubiere incorporado alguna fase, principios procesales o derechos en legislaciones vigentes relacionadas

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25013-ea7a94d9/arraigo-el-articulo-291-de-la-legislacion-penal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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