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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 389/2013. · Registro digital (IUS): 25047
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-05-30
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Pág. 479.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 389/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 7 DE FEBRERO DE 2014. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, POR LO QUE RESPECTA AL FONDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: GUSTAVO NARANJO ESPINOSA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; porque aun cuando la contradicción denunciada se refiere a criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de Circuito sobre materia común, es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, dado el sentido que se imprime. Lo anterior con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.(1)

SEGUNDO. Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la probable contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 226, fracción II, y 227, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.

TERCERO. Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

A) El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el conflicto competencial 20/2013, sostuvo, esencialmente, lo siguiente:

Precisó que el quejoso había reclamado del director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, la omisión de pago de **********, derivado de la falta de cumplimiento del oficio **********, de doce de junio de dos mil trece, emitido por la Administración Local Jurídica de Reynosa, del Servicio de Administración Tributaria; de ahí que se haya sostenido que el acto reclamado carecía de ejecución material.

A partir de esa premisa, se aplicó la regla contenida en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual fue interpretado de manera teleológica, sistemática y lógica, por ello, fueron relatados los antecedentes del proceso legislativo de la norma jurídica, y se concluyó que, únicamente, en la iniciativa del senador Tomás Torres Mercado, se trató el tema de competencia legal para conocer y resolver los juicios de amparo en los cuales se impugnan actos carentes de ejecución; asimismo, se indicó que esa iniciativa fue considerada por las Comisiones Unidas del Senado, razón por la cual, resultaba útil para interpretar el precepto mencionado en líneas anteriores.

Posteriormente, el órgano jurisdiccional citó el texto del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, conforme al cual, cuando se impugnan actos sin ejecución, el Juez competente legalmente para conocer del conflicto es el del lugar de la autoridad responsable.

Se comparó el supuesto anterior con la iniciativa del senador Torres Mercado, en la cual se propuso que cuando se impugnaban esa clase de actos, resultaba competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción residiera el quejoso, a fin de garantizar la accesibilidad del gobernado a la Justicia Federal.

Se mencionó que, conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, cuando se reclamen actos sin ejecución material, es competente el Juez ante quien se haya presentado la demanda. A pesar de lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito infirió que el texto de la norma no podía interpretarse literalmente, sino en concordancia con el Texto Constitucional, la finalidad del creador de la norma, la lógica y el sistema jurídico en el cual está inmersa la hipótesis normativa.

A partir de las ideas narradas, se expresó que, de las iniciativas y dictamen de referencia, así como en los procesos legislativos posteriores, no se desprendía la intención del legislador de dejar a la elección arbitraria de los particulares la competencia de los Jueces constitucionales, en tanto que la intención de la segunda de las iniciativas había sido ampliar la competencia prevista en la Ley de Amparo abrogada, para que conociera de asuntos en los que se reclamaran actos carentes de ejecución, el Juez de Distrito del domicilio del quejoso, a pesar de que el legislador amplió el supuesto al establecer la competencia legal del Juez del lugar de presentación de la demanda.

En esa tesitura, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que debía entenderse que la elección del promovente del amparo se limitaba entre los Jueces del lugar de la autoridad responsable o el del domicilio del quejoso, ya que esa regla era congruente con una interpretación lógica del artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que la competencia de los juzgadores federales no podía quedar a la elección arbitraria del quejoso, por ser un aspecto de orden público y un presupuesto procesal.

Del mismo modo, se señaló que el lineamiento resultaba acorde con el artículo 94, sexto párrafo, de la Constitución General, en términos del cual, el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito.

Asimismo, se estimó que la regla competencial era afín también con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en relación con el artículo 37 de la Ley de Amparo, tratándose de la competencia territorial; respecto a la competencia por materia, con lo establecido al respecto en el mismo acuerdo; y por lo que hacía a la competencia por grado, se debía atender a los lineamientos previstos en el Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el citado medio de difusión el veintiuno de mayo de dos mil trece.

La conclusión se justificó también en que, además de las reglas competenciales por territorio, materia y grado, la Ley de Amparo señalaba que, por razón de la vía, la competencia es directa o indirecta, atendiendo lo dispuesto por los artículos 107 y 170 del propio cuerpo legislativo, y, si la demanda se promueve contra un Juez de Distrito, atendiendo a su dualidad de órgano de control constitucional y resolutor de juicios ordinarios federales, ya sean penales, administrativos o civiles, se debía observar lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo.

En suma, el Tribunal Colegiado de Circuito decidió que cuando se impugnan actos carentes de ejecución material, no es posible entender que el numeral 37, último párrafo, de la Ley de Amparo establece que la competencia del Juez de Distrito queda a elección libre del quejoso, pues de su interpretación lógica y sistemática se tenía que vincular la norma con los antecedentes del proceso legislativo, con el artículo 94, sexto párrafo, constitucional, así como con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de tal suerte que la elección del promovente, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia, debe ser entre el Juez del lugar de la autoridad responsable o el del domicilio del quejoso.

B) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 4/2013, afirmó, medularmente, lo siguiente:

Precisó que el titular de la Unidad Jurídica Estatal Veracruz y representante legal de Coordinación Estatal Veracruz de la Policía Federal, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, solicitó amparo en contra de actos de la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Guadalajara, Jalisco, y su actuario notificador, consistentes en la falta de notificación y emplazamiento de la demanda promovida por **********, dentro del juicio de nulidad **********.

Por lo anterior, el órgano jurisdiccional infirió que el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto era de carácter omisivo y, por ende, carente de ejecución material, ya que la autoridad responsable había omitido emplazar al juicio de anulación al quejoso.

Señaló que para ese tipo de actos se actualizaba de manera exacta la regla de competencia prevista en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.

En atención a lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que, al existir una hipótesis precisa en la Ley de Amparo vigente, no era necesario realizar una interpretación sistemática y armónica del artículo 37 de la Ley de Amparo, para desentrañar su sentido, ni resultaban aplicables las tesis jurisprudenciales que contemplaban la hipótesis de la Ley de Amparo abrogada, consistente en que la demanda de amparo se tenía que presentar dependiendo de la residencia de la autoridad señalada como responsable, pues de hacerlo, se actuaría en contravención al artículo segundo transitorio de la Ley de Amparo.

Por lo anterior, determinó que el Juez de Distrito competente legalmente para conocer el juicio de amparo indirecto, era aquel ante quien se había presentado la demanda de amparo.

CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. Señalada la exposición de las ejecutorias materia de análisis, debe determinarse, a continuación, si existe la contradicción de tesis denunciada.

De diversos criterios de esta Suprema Corte, podemos derivar las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:

1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas. Sirve de sustento la jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(2) y la tesis: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.";(3)

2. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

3. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general;

4. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible;

5. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer. Sirve de apoyo la tesis: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.";(4) y,

6. Es aceptable apreciar en la contradicción de tesis argumentos que sin constituir el argumento central de la decisión de un tribunal, revelen de manera suficiente el criterio jurídico de un órgano jurisdiccional respecto de un problema jurídico concreto. Sirve de apoyo la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS JURÍDICOS EXPRESADOS ‘A MAYOR ABUNDAMIENTO’ SON DE TOMARSE EN CUENTA PARA RESOLVER AQUÉLLA."(5)

De acuerdo con lo anterior, esta Primera Sala estima que sí existe la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que los Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre el mismo punto de derecho, consistente en determinar la competencia legal de los Jueces de Distrito cuando se impugnan actos carentes de ejecución material, si corresponde a elección del quejoso al Juez Federal del lugar de la autoridad responsable o el de su domicilio; o bien, al Juez ante quien se presentó la demanda; la primera hipótesis, a partir de una interpretación sistemática, teleológica y lógica del artículo 37, párrafo último, de la Ley de Amparo; y el segundo supuesto, con apoyo en la aplicación literal del precepto normativo.

Lo anterior se justifica si se parte de la idea de que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el conflicto competencial 20/2013, determinó que cuando sea señalado un acto reclamado carente de ejecución material, el Juez de Distrito competente legalmente para resolver el conflicto resulta, a elección de la parte quejosa, el del domicilio de la autoridad responsable o el del domicilio del promovente del juicio de amparo indirecto.

La conclusión se sustentó en una interpretación sistemática, teleológica y lógica del artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, así como en los antecedentes del proceso legislativo del precepto; el artículo 94, sexto párrafo, de la Constitución General; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en el derecho humano de acceso a la administración de justicia.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 4/2013, decidió que, tratándose de la impugnación de actos carentes de ejecución material, el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no requería interpretarse sistemáticamente ni de manera armónica para conocer su sentido, pues con toda claridad establecía que en el supuesto descrito, el Juez Federal competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto, era aquel ante quien se había presentado la demanda de amparo.

Por tanto, válidamente puede arribarse a la conclusión de que ambos órganos jurisdiccionales resolvieron un mismo punto de derecho resuelto de forma diversa, de ahí que la materia de la contradicción denunciada es aquel definido en párrafos anteriores.

QUINTO. Estudio. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

En principio, es necesario considerar que, conforme al Pacto Constitucional, corresponde en exclusiva al Estado la función pública jurisdiccional, a través de la cual los particulares o determinados entes de gobierno someten a consideración de los órganos jurisdiccionales un pleito para su solución por medio de la aplicación de normas jurídicas.(6)

Para ello, se otorgan atribuciones -competencia- a los juzgadores por medio de la expedición de ordenamientos normativos, con el objeto de ejercer la jurisdicción en determinados asuntos, materias y territorio.(7)

En otro orden de ideas, se requiere tomar en cuenta que el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en su párrafo segundo, lo siguiente:

"Artículo 14. ...

"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."

La anterior transcripción revela que el derecho subjetivo tutelado en el precepto transcrito, consiste en la defensa de que dispone todo gobernado frente a actos que tiendan a privarlo de sus derechos, y se integra, a su vez, con cuatro derechos fundamentales específicos de seguridad jurídica, que son:

a) Que en contra de la persona a quien se pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados por la disposición constitucional, se siga un juicio;

b) Que el juicio se sustancie ante tribunales previamente establecidos;

c) Que en el juicio se observen las formalidades esenciales del procedimiento; y,

d) Que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con anterioridad al hecho.

Sobre el tema, es conveniente tener en cuenta lo sostenido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."(8)

En términos de la jurisprudencia aludida, los cuatro requisitos que se señalan son: (i) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa; y, (iii) la posibilidad de alegar, y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Dichos elementos procesales constituyen en sí mismos parte del derecho fundamental de audiencia y no se pueden dar uno aislado del otro, porque son los elementos esenciales e insustituibles que conforman el marco de actuación de las autoridades, de forma que cuando cualquiera de ellos se ve afectado o se omite, se violenta, en esencia, el principio de seguridad jurídica que tutela la Constitución.

En ese sentido, las formalidades esenciales del procedimiento son aquellas que resultan necesarias e indispensables para garantizar una adecuada y oportuna defensa, de tal suerte que su omisión o infracción produzca indefensión al afectado, o lo ubica en una situación que afecte gravemente su defensa.

En seguimiento a lo anterior, cabe destacar que el derecho fundamental de audiencia es un derecho público subjetivo que tienen los particulares no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino también ante el órgano legislativo, es decir, en relación con la expedición de leyes secundarias, como puede ser tratándose de normas que establezcan medios de defensa ordinarios en contra de los actos de autoridades.

Bajo los parámetros descritos, es posible inferir que el derecho fundamental de que se trata es respetado por el creador de la norma, cuando los actos legislativos tienen como objeto establecer medios de defensa ordinarios en favor de los particulares y los lineamientos indispensables para su acceso y, de esa manera, se otorgue la posibilidad de ser escuchados a través de reglas o formalidades procesales claras que establezcan la oportunidad del medio de impugnación de manera enunciativa, es decir, no limitativa.

En el mismo sentido fue pactado el artículo 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme al cual, toda persona tiene derecho a ser oída por un Juez competente, independiente e imparcial, cuya existencia se prevea con antelación a los hechos juzgados, con las debidas garantías dentro de plazos razonables, respecto a procedimientos de cualquier carácter.(9)

Del mismo modo, es conveniente manifestar que del análisis del derecho fundamental de tutela jurisdiccional, previsto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se desprende la existencia de cinco principios, a saber: 1) la prohibición de la autotutela o "hacerse justicia por propia mano"; 2) el derecho a la tutela jurisdiccional; 3) la abolición de costas judiciales; 4) la independencia judicial; y, 5) la prohibición de la prisión por deudas del orden civil. Dichos derechos constituyen limitaciones al poder público.

El derecho a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder sin obstáculos a los tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, lo cual, en principio, no puede supeditarse a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales.

En este orden, la reserva de ley establecida en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General, que previene que la impartición de justicia debe darse en los "plazos y términos que fijen las leyes", responde a una exigencia razonable consistente en la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales con competencia y jurisdicción para ejercer ante ellos la acción en defensa de los intereses propios, de manera que de no ser respetados, podría entenderse extinguida, prescrita o precluida la facultad de excitar la actuación de los tribunales. Esto es, un legítimo presupuesto procesal que no lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva.

Así, la prevención del artículo 17 constitucional, ha de interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para establecer límites racionales para el ejercicio de los derechos de acción y defensa.

En esa regulación que se encomienda al legislador, no pueden imponerse condiciones tales que impliquen la negación desproporcional del derecho a la tutela jurisdiccional, por constituir estorbos entre los justiciables y la acción de los tribunales.

Del propio artículo 17 constitucional, se desprende la facultad que el Constituyente otorgó al legislador para establecer en las leyes los términos y los plazos en los que la función jurisdiccional se debe realizar. Se estableció un límite claramente marcado al utilizar la frase "en los plazos y términos que fijen las leyes", misma que incluye todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador prevea para cada clase de procedimiento, incluyendo las hipótesis de competencia legal de los órganos jurisdiccionales para dirimir las controversias sometidas a su consideración.

Lo anterior significa que al expedirse las disposiciones reglamentarias de las funciones jurisdiccionales, pueden fijarse las normas que regulan la actividad igualitaria de las partes en el proceso y la participación de los Jueces, cuya intervención se pide para que decidan los conflictos surgidos entre los particulares y entre éstos y las autoridades.

Esa facultad del legislador tampoco es absoluta, pues los límites que imponga deben encontrar justificación constitucional, de tal forma que sólo pueden imponerse cuando mediante ellos se tienda al logro de un objetivo que el legislador considere de mayor jerarquía constitucional.

Lo anterior encuentra sustento en los siguientes criterios de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, «P./J. 113/2001 y 1a. LV/2004», de rubros: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL." y "ACCESO A LA JUSTICIA. SÓLO EL LEGISLADOR PUEDE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES."

En suma, se puede afirmar que existe un derecho fundamental de acceso a la justicia limitado por las condiciones y plazos que el legislador ordinario establece expresamente en los ordenamientos legales, el cual, a su vez, da efectividad al diverso derecho subjetivo de seguridad jurídica.

Ahora bien, precisamente porque esas condiciones y plazos encuentran un fundamento constitucional deben ser acatados, como ya se dijo, tanto por el órgano encargado de la función jurisdiccional, como por las partes que solicitan la intervención del Estado para dirimir conflictos.

Dentro de esas condiciones se encuentra la competencia de los Jueces para conocer y resolver de los pleitos puestos a su jurisdicción, la cual, como se ha referido, compete al legislador establecer en cada una de las leyes que regulen la sustanciación de algún medio de defensa legal.

Dichas reglas deberán atender el contenido del propio artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, al procurar que para la administración de justicia se respeten aspectos como la prontitud, imparcialidad, completitud y gratuidad, pero, además, procurando que, en todo caso, se eviten obstáculos que dificulten el acceso a los medios de impartición de justicia, ya que el que se pongan trabas que dificulten la efectividad del derecho contenido en el artículo 17 de referencia, llevarían a hacer nugatorio ese derecho.

Por tanto, el legislador no podrá establecer requisitos impeditivos u obstaculizadores de acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador.

En similares términos se ha pronunciado esta Primera Sala, al resolver los amparos directos en revisión 550/2009 y 1513/2009.

Hechas las precisiones anteriores, es oportuno considerar que el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia"

Como se observa, el supuesto constitucional está referido al juicio de amparo indirecto promovido en contra de actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, del que debe conocer el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; de lo cual se advierte la voluntad del Constituyente de atribuir competencia al Juez del lugar en donde haya de ejecutarse o se ejecute el acto, lo cual facilita al agraviado la promoción del juicio ante el Juez de Distrito del lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto.

En seguimiento a lo anterior, el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, era del tenor siguiente:

"Artículo 36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.

"Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.

"Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material."

El precepto reproducido establecía la competencia de los Jueces de Distrito, en atención a la ejecución del acto reclamado, de tal suerte que cuando se impugnaba un acto que requería ejecución material a través del juicio de amparo indirecto, el Juez competente para conocer del juicio era el que tuviese jurisdicción en donde el acto debía tenerla, tratara de ejecutarse, se ejecutara o se hubiese ejecutado.

Del mismo modo, si el acto reclamado hubiese comenzado a ejecutarse en un distrito y siguiera ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.

La propia norma adjetiva, en su último párrafo, refería particularmente que era competente legalmente el Juez en cuya jurisdicción residía la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material.

Ahora bien, el tres de abril de dos mil trece entró en vigor la nueva Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 37, a la letra, dispone lo siguiente:

"Artículo 3

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25047-2c1c32a1/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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