Corpus
Modo: Corpus Pro

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. SU FUNCIÓN COMO MEDIDA PROTECTORA DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2252/2013. · Registro digital (IUS): 25071
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-06-06
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Pág. 219.

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2252/2013. 4 DE DICIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: JAVIER MIJANGOS Y GONZÁLEZ.

IV. COMPETENCIA

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción II, de la Ley de Amparo, abrogada según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, la cual resulta aplicable para resolver el presente asunto en términos del artículo tercero transitorio del mismo decreto;(62) 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en relación con el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo del 2013, toda vez que el sentido que regirá la resolución hace innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

V. OPORTUNIDAD

El recurso de revisión es oportuno, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo. De las constancias de autos se advierte que la sentencia recurrida fue dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito el 9 de mayo de 2013,(63) la cual se engrosó el 14 de mayo posterior(64) y fue notificada por lista a las partes el miércoles 15 de mayo,(65) surtiendo efectos para las mismas el día hábil siguiente, es decir, el jueves 16 de mayo de 2013.

El término de diez días para la interposición del recurso empezó a correr a partir del viernes 17 de mayo de 2013 y concluyó el jueves 30 de mayo, descontándose los días 18, 19, 25 y 26 de mayo, por ser sábados y domingos, conforme a los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a lo dispuesto en el Acuerdo Número 2/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Acuerdo General 18/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2013.

En esas condiciones, al haber sido presentado el recurso de revisión el 28 de mayo de 2013,(66) resulta incuestionable que fue interpuesto dentro del término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo.

VI. PROCEDENCIA DE LA REVISIÓN

Por ser una cuestión preferente, esta Primera Sala estudiará la procedencia del presente recurso de revisión, para lo cual, es necesario tener en cuenta el siguiente entramado normativo:

Conforme a lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero y segundo del Acuerdo Plenario Número 5/1999, se deriva lo siguiente:

a) Que, en principio, las sentencias que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo directo no admiten recurso alguno.

b) Por excepción, tales sentencias pueden ser recurridas en revisión, a condición que decidan o se hubieran omitido decidir temas propiamente constitucionales, entendiendo por éstos:

i. La inconstitucionalidad de una norma; y/o,

ii. La interpretación directa de preceptos de la Constitución Federal.

c) Que para efectos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, además de que en la sentencia recurrida decidan o se hubieran omitido decidir temas propiamente constitucionales, deberán quedar satisfechos los requisitos de importancia y trascendencia a que hace alusión el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el punto primero del Acuerdo Plenario Número 5/1999. Este acuerdo señala que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando:

i. Exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de garantías;

ii. Cuando no se hubieran expresado agravios o, en su caso, éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no hubiera que suplir la deficiencia de la queja, o en casos análogos.

d) El análisis definitivo de la procedencia del recurso es competencia, según sea el caso, del Pleno o de las Salas de esta Corte.(67) El hecho de que el presidente del Pleno o de la Sala, lo haya admitido, corresponde con un examen preliminar del asunto que no causa estado.

Considerando lo anterior, se procede al estudio del presente recurso de revisión.

De los antecedentes reseñados y de una lectura íntegra de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 145/2013, se advierte que si bien no se reclamó la inconstitucionalidad de alguna norma de carácter general, sí se invocó el interés superior del menor como marco de referencia para resolver el asunto. Ello motivó que, al resolver la controversia relativa a la guarda y custodia del menor involucrado en el asunto, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito estableciera que la preferencia contenida en el artículo 260 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, debía interpretarse conforme al interés superior del menor previsto en el artículo 4o. constitucional, que como criterio ordenador, guía cualquier decisión al respecto.

Así, el Tribunal Colegiado explicó que el principio del interés superior del menor tiene una doble función, una justificativa y otra directiva, que imponen su observancia en la toma de decisiones concernientes a la infancia y precisó la manera en que -a su criterio- debe entenderse y aplicarse dicho interés en los conflictos de guarda y custodia.

Atento a lo anterior, es evidente que, en el caso en particular, el Tribunal Colegiado no sólo realizó una interpretación del artículo 4o. constitucional, en el aspecto relativo al interés superior del menor, sino que, además, confrontó el contenido del artículo 260 del Código Civil para el Estado de Sinaloa frente al interés superior del menor, a fin de fijar la manera en que el citado precepto debe ser interpretado a la luz de ese interés y de los derechos que dicha garantía constitucional involucra.

De tal manera, resulta indiscutible que el Tribunal Colegiado efectuó una interpretación directa del artículo 4o. constitucional, con el objetivo de desentrañar el sentido y alcance del principio constitucional del interés superior del niño, en aras de determinar cuál de los progenitores debería ejercer la guarda y custodia del menor LACH.(68)

Dicha interpretación constitucional fue recurrida en los agravios expresados en la revisión. La parte recurrente, el señor LACM, se duele principalmente de que el Tribunal Colegiado realizó una indebida interpretación de la institución jurídica de guarda y custodia establecida en el artículo 260 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, en relación con el interés superior del menor LACH, toda vez que otorgó su cuidado a la madre a partir de razonamientos fundados en prejuicios de género y omitió tomar en cuenta diversos factores que demostraban un mayor beneficio para el menor vivir junto a su padre.

De esta forma, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ve conminada a determinar si la interpretación efectuada por el Tribunal Colegiado de la figura de la guarda y custodia, es acorde con el interés superior del menor, previsto en el artículo 4o. de nuestro Texto Constitucional.(69)

Ahora, en lo que atañe a los requisitos de importancia y trascendencia, los mismos también se satisfacen en el caso particular.

Ello es así, toda vez que el estudio de las interpretaciones constitucionales implicadas en el presente juicio de amparo involucra el análisis de un tema que goza de un significado jurídico relevante y que va más allá del caso concreto, pues se trata del estudio de la complicada relación que el principio del interés superior del niño tiene con la institución de la guarda y custodia.(70)

En lo que concierne a dicha institución jurídica, debe señalarse que esta Primera Sala, al resolver el amparo directo en revisión 1573/2011 y el amparo directo en revisión 2159/2012, realizó un importante desarrollo jurisprudencial sobre la misma, sin embargo, dichos criterios aún no constituyen jurisprudencia obligatoria. Lo anterior abunda en la importancia de conocer sobre el presente asunto, pues resulta trascendente en la medida en que es útil para alcanzar un grado suficiente de determinación respecto a la conducta ordenada o prohibida. Sobre el tema, véase la tesis 1a. VII/2010, emitida por esta Primera Sala, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA QUE CONDICIONA SU PROCEDENCIA, REQUIERE DE UNA DETERMINACIÓN COLEGIADA DE LAS SALAS O DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."(71)

En consecuencia, existiendo planteamientos de constitucionalidad suficientes para colmar los requisitos de procedencia del recurso de revisión y no habiendo jurisprudencia sobre la normativa invocada en el presente caso, se determina que el recurso de revisión es procedente.

VII. ESTUDIO DE FONDO

En el presente caso, a consideración de esta Primera Sala, el primer y segundo agravios vertidos por el recurrente, analizados de forma conjunta, son fundados y, por tanto, suficientes para otorgarle el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 145/2013.

Como ha quedado debidamente reseñado, la litis del presente asunto implica analizar si la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado, respecto al interés superior del niño en relación con la guarda y custodia del menor LACH, se adecua a los principios constitucionales en la materia y a la interpretación que sobre los mismos ha realizado esta Suprema Corte.

Ahora bien, antes de abordar el estudio de fondo, es importante destacar la suplencia de la queja que se debe observar en el presente asunto, ello en atención a que implica la afectación de la esfera jurídica de dos menores, lo cual es acorde a la tesis jurisprudencial 191/2005 de esta Primera Sala, cuyo rubro es: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE."(72)

Al respecto, también resulta relevante el criterio emitido por la Segunda Sala de esta Suprema Corte, en el sentido de que la suplencia de la queja de los menores de edad procede, incluso, cuando sin ser parte formal de un juicio pudieran resultar afectados por la resolución que en éste se dicte, tal y como se desprende de la tesis aislada LXXV/2000, cuyo rubro es: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE."(73)

Una vez realizadas las anteriores precisiones, es necesario indicar que, para arribar a la conclusión previamente anunciada, el estudio de fondo se encuentra estructurado en tres grandes apartados. En el primero, se expondrán los precedentes que esta Primera Sala ha emitido sobre la institución de guarda y custodia de los menores a la luz del interés superior del niño y del principio de igualdad. Mientras, en el segundo, se interpretará el artículo 260 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, en base a los precedentes reseñados. Por su parte, en el tercero, se analizarán los agravios expuestos por el señor LACM en su escrito de revisión, a efecto de demostrar que fue incorrecta la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado del principio del interés superior del menor en torno a la figura de guarda y custodia contenida en el artículo 260 del Código Civil para el Estado de Sinaloa.

Finalmente, cabe destacar que, dado el carácter fundado de los dos primeros agravios y, por ende, la concesión del amparo, es que el estudio del tercer agravio expresado del recurrente se torna innecesario. En consecuencia, esta Primera Sala omitirá su correspondiente estudio.

1. Interpretación judicial de la institución de guarda y custodia en relación con el principio del interés superior del menor.

a) Evolución de la doctrina de esta Primera Sala en torno a la guarda y custodia de menores.

En primer término, debe señalarse que ésta no es la primera ocasión en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfrenta al estudio de una norma que otorga preferencia a la madre para designarla como la persona que se encargará de la guarda y custodia de unos menores.

En efecto, al resolver el amparo directo en revisión 1573/2011(74) y el amparo directo en revisión 2159/2012,(75) esta Primera Sala desarrolló una doctrina en torno a la interpretación de las normas que versen sobre la guarda y custodia a la luz del interés superior del menor contenido en el artículo 4o. constitucional.

Así, esta Suprema Corte ha ido modificando la interpretación de este tipo de normas relativas a la guarda y custodia, tal como se indica a continuación:

En una primera fase, que es posible ubicar entre la Séptima y la Octava Épocas del Semanario Judicial de la Federación, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte sostuvo de manera reiterada la existencia de un "interés social en que los menores estén en poder de su madre hasta la edad que fije el Código Civil aplicable, porque es quien se encuentra más capacitada para atenderlos con eficacia, esmero y cuidado necesarios, de tal suerte que si no se está en los casos de excepción que marca la ley para que deba ser separado el menor de edad del cuidado de la madre, éste no podrá pasar a la custodia del padre que así lo solicite."(76)

Bajo la misma lógica, la entonces Sala Auxiliar señaló que en relación con los menores: "existe la imperiosa necesidad de que sean atendidos precisamente por su madre, a quien por haberles dado el ser, se le considera la más apta para prodigarles las atenciones y cuidados necesarios para su correcto desenvolvimiento físico y espiritual."(77)

Sin embargo, en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, esta línea jurisprudencial se interrumpió en virtud de la resolución del amparo directo en revisión 1529/2003,(78) en la cual, esta Primera Sala sostuvo que, con apoyo en lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño, así como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, era posible afirmar que, no obstante la constitucionalidad de las disposiciones legales que privilegian que los menores permanezcan con su madre mientras sean pequeños, el juzgador está en posibilidad de determinar que, en aras al interés superior del menor, éstos queden bajo la guarda y custodia del padre.(79)

Continuando la anterior línea argumentativa, en la sentencia del amparo directo en revisión 745/2009,(80) esta Primera Sala de la Suprema Corte sostuvo enfáticamente que, en caso de que un menor deba ser separado de alguno de sus padres, el interés superior del menor no establece un principio fundamental que privilegie su permanencia, en principio, con la madre.(81)

Así, en un primer momento, la justificación de las normas civiles que otorgaban preferencia a la madre en la guarda y custodia de los menores se fundamentaba en una idea preconcebida, bajo la cual, la mujer gozaba de una específica aptitud para cuidar a los hijos.(82) Esta justificación era acorde con una visión que establecía una clara división de los roles atribuidos al hombre y a la mujer. El género resultaba un factor determinante en el reparto de funciones y actividades, lo que conllevaba a un claro dominio social del hombre sobre la mujer, la cual se concebía únicamente como madre y ama de casa que debía permanecer en el hogar y velar por el cuidado y bienestar de los hijos.

Tal idea resulta inadmisible a juicio de esta Primera Sala y, por tanto, resulta incompatible con un ordenamiento jurídico como el nuestro; en el cual, el principio de igualdad entre hombres y mujeres es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático.

La tendencia clara, en estos tiempos, marca el rumbo hacia una familia en la que sus miembros fundadores gozan de los mismos derechos y en cuyo seno y funcionamiento han de participar y cooperar, a fin de realizar las tareas de la casa y el cuidado de los hijos. La mujer ha dejado de ser reducida al mero papel de ama de casa y, por el contrario, ejerce en plenitud, con libertad e independencia, la configuración de su vida y su papel en la familia.

De ahí que esta Primera Sala también se haya separado de aquellas justificaciones basadas en que la presunción de ser la madre la más apta y capacitada encuentra "sustento en la realidad social y en las costumbres imperantes dentro del núcleo social nacional."(83)

Actualmente, es un hecho notorio que el funcionamiento interno de las familias, en cuanto a distribución de roles entre el padre y la madre, ha evolucionado hacia una mayor participación del padre en la tarea del cuidado de los menores, convirtiéndose en una figura presente que ha asumido la función cuidadora. Dicha evolución no se ha generalizado en todas las familias, pero sí puede evidenciarse en muchas de ellas, y dicha dinámica debe tener reflejo en la decisión que se adopte sobre la guarda y custodia de los hijos menores.

En clara contraposición con el pasado, en el que el reparto de las tareas de la casa, incluido el cuidado de los hijos, venía impuesto por la tradición como algo dado, actualmente, el reparto de las funciones familiares es objeto de discusión, negociación y pacto entre los cónyuges. Si se respeta el marco de la necesaria e insustituible libertad y autonomía de las partes -los miembros de la pareja-, cualquier reparto resulta perfectamente válido, eficaz y merecedor de protección. En cualquier caso, lo relevante es que no existe una sola realidad en la que la mujer tenga como función única y primordial, el cuidado de los menores.

De tales consideraciones emanó la tesis aislada XCV/2012 (10a.) de esta Primera Sala, de rubro: "PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. EL OTORGAMIENTO DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD NO DEBE ESTAR BASADO EN PREJUICIOS DE GÉNERO."(84)

b) El interés superior del menor como límite y punto de referencia de la institución de guarda y custodia.

En relación al papel del interés superior del menor dentro de los juicios en los que se debate su guarda y custodia por sus progenitores, esta Primera Sala ha enfatizado que el interés superior del menor, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como criterio ordenador, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia. Dicho criterio se encuentra contenido en la tesis aislada CLXIII/2011 de esta Primera Sala, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA."(85)

Actualmente, resulta un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación en el foro judicial. Lo cual, hace necesario la generación de criterios para averiguar -racionalmente-, en qué consiste el interés del menor y lograr su determinación en los casos correspondientes.

Así, es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas.(86) Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima (p. ej., la protección de la afectividad del menor). Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado (p. ej., imaginemos la concesión de la custodia compartida o exclusiva con una persona causante de malos tratos. Es evidente que tal concesión es contraria al interés superior del menor). En tercer y último lugar, la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones (p. ej., elegir el régimen de convivencia: custodia compartida o exclusiva).

En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor -y obtener un juicio de valor-, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona, podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural.

El derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho que se llegue a plantear ante los tribunales. Por ello, son éstos quienes han de determinarlo moviéndose en la zona intermedia, haciendo uso de valores o criterios racionales.

En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor, en los casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se debe proveer, por el medio más idóneo, a las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y a las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y, c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro.(87)

Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y, en ocasiones, beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el Juez tendrá que examinar, minuciosamente, las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa, especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional.

De los anteriores argumentos emanó la tesis aislada LXVII/2013 (10a.) de esta Primera Sala, cuyo rubro es: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS."(88)

Por todo lo anterior, esta Primera Sala advirtió que el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En esta lógica, a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la misma siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales, y este criterio proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos.

En definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptarse, sino exclusivamente el bien de los hijos. Este criterio vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos; de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social.

c) El mayor beneficio para el menor como factor determinante para otorgar su guarda y custodia.

Continuando con la lógica vertida sobre el interés superior del menor -y aunque pueda llegar a parecer contradictorio-, el legislador válidamente puede optar por otorgar preferencia a la madre en el momento de atribuir la guarda y custodia de un menor. Sin embargo, este tipo de normas no deben ser interpretadas en función del estereotipo de género en el que la mujer resulta, per se, la persona más preparada para tal tarea.

Es innegable que en los primeros meses y años de vida, las previsiones de la naturaleza producen una identificación total del hijo con la madre. Y no sólo nos referimos a las necesidades biológicas del menor en cuanto a la alimentación a través de la leche materna, sino -y como lo han ido desarrollando diversos especialistas en la materia a nivel internacional- el protagonismo de las madres en la conformación de la personalidad de sus hijos durante la primera etapa de su vida resulta determinante en el desarrollo de su conducta hacia el futuro.(89)

En esta lógica, la determinación de la guarda y custodia a favor de la mujer está basada en la preservación del interés superior del menor; el cual, como ya señalamos, resulta el criterio proteccionista al que se debe acudir.

Esta idea también responde a un compromiso internacional del Estado Mexicano, contenido en el artículo 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.(90)

Ahora bien, como también han señalado los expertos, pasado cierto periodo de tiempo, se opera un progresivo proceso de individuación del niño a través de la necesaria e insustituible presencia de ambos progenitores.(91) El menor necesita tanto de su madre como de su padre, aunque de modo diferente, en función de la edad. Ambos progenitores deben hacer posible y propiciar la presencia efectiva de esas funciones simbólicas en el proceso de maduración personal de los hijos.

De tales argumentos derivó la tesis aislada XCVI/2012 (10a.) de esta Primera Sala, de rubro: "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. EL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, INTERPRETADO A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES CONSTITUCIONAL."(92)

En definitiva, y como ya lo ha manifestado esta Primera Sala en otros precedentes, aquellas disposiciones en las cuales se establece una preferencia para que la madre tenga la guarda y custodia de sus menores hijos, de forma indudable deben preservar el interés superior del menor. De lo cual se advierte que no existe una presunción de idoneidad absoluta a favor de que la madre detente dicha guarda y custodia, consecuentemente, el juzgador deberá adoptar, en el caso en concreto, la decisión que no sólo sea menos perjudicial, sino la que sea más benéfica para el desarrollo integral del menor.

En efecto, el Juez, al aplicar la norma de preferencia, ha de atender los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, buscando lo que se entiende mejor para los hijos, para su desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y física, teniendo presentes los elementos individualizados como criterios orientadores, sopesando las necesidades de atención, de cariño, de alimentación, de educación y ayuda escolar, de desahogo material, de sosiego y clima de equilibrio para su desarrollo, las pautas de conducta de su entorno y sus progenitores, el buen ambiente social y familiar que pueden ofrecerles, sus afectos y relaciones con ellos, en especial si existe un rechazo o una especial identificación, su edad y capacidad de autoabastecerse, entre muchos otros elementos que se presenten en cada caso concreto.(93)

Ésta es la exigencia que subyace del interés superior del menor y a través de la cual debe ser interpretada la norma de preferencia a la madre. En esta lógica, la guarda y custodia no deberá ser otorgada, en automático y sin más razonamiento, a la madre, a pesar de la preferencia establecida por el legislador.

De dichos argumentos se generaron las tesis aisladas de esta Primera Sala número XCVII/2012 (10a.), de rubro: "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO)."(94) y número CLXV/2013 (10a.), de rubro: "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBE ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 414 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."(95)

2. Interpretación del artículo 260 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, en base a los precedentes de esta Primera Sala en materia de guarda y custodia.

Una vez que esta Primera Sala ha delineado los alcances e interpretación de la institución de guarda y custodia, en relación con los principios del interés superior del menor y de igualdad de género protegidos en el artículo 4o. constitucional y en diversos tratados internacionales de derechos humanos, lo procedente es analizar el contenido del artículo 260 del Código Civil para el Estado de Sinaloa.

Al respecto, en primer término, debe destacarse que, en virtud de la supremacía normativa de la Constitución, esta Primera Sala está llamada a interpretar el texto del artículo 260 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, de conformidad c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25071-7a662cef/interes-superior-del-menor-su-configuracion-como-concepto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.