AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 16/2003).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 29 DE ABRIL DE 2014. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SANTILLÁN, ÁLVARO OVALLE ÁLVAREZ, MIGUEL ÁNGEL ALVARADO SERVÍN, LUCILA CASTELÁN RUEDA, SILVERIO RODRÍGUEZ CARRILLO Y ESTEBAN ÁLVAREZ TRONCOSO. PONENTE: ÁLVARO OVALLE ÁLVAREZ. SECRETARIO: LINO ROMÁN QUIROZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno del Trigésimo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, así como 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados del mismo circuito.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en tanto que fue formulada por uno de los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, es decir, un integrante de uno de los órganos jurisdiccionales que participan en la presente denuncia de contradicción.
TERCERO. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito. Este órgano jurisdiccional resolvió, por mayoría de votos,(1) el juicio de amparo directo 592/2013, en el sentido siguiente, que se transcribe en lo que interesa:
"27. Así las cosas, si bien es cierto que la sentencia reclamada es definitiva para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 170 de la ley de la materia, no menos cierto es que en su contra es procedente el recurso de apelación, mediante el cual puede ser modificada o revocada, sin que el quejoso haya agotado ese medio ordinario de defensa, por lo que el juicio de amparo es improcedente, de acuerdo a la fracción I, tercer párrafo, del artículo 170, en relación con la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo; de lo que se sigue su sobreseimiento, conforme al artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal.
"28. A lo anterior, no obsta la jurisprudencia 16 (sic), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"‘AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA. De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: «DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.». Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías.’(2)
"29. En esa jurisprudencia el Alto Tribunal del País impone el criterio de que cuando el juicio de amparo directo resulte improcedente, porque la sentencia reclamada no sea definitiva, entonces, el Tribunal Colegiado no puede decidir sobre la procedencia del juicio de amparo, dado que no es competente para conocer del mismo, por lo que debe declararse incompetente y remitir el asunto al Juez de Distrito que corresponda, a fin de que sea éste quien decida sobre esa cuestión, ya que es la autoridad competente para ese efecto.
"30. Pues bien, este tribunal estima que la jurisprudencia en consulta no es aplicable al caso, debido a que las disposiciones legales de la Ley de Amparo que llevaron al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a establecer ese criterio, corresponden a la ley abrogada, las cuales no encuentra igual en la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril dos mil trece.
"31. En efecto, al emitir la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia de que se trata, el Alto Tribunal de la Nación tuvo en cuenta cuestiones generales relativas a la procedencia del juicio de amparo directo, al órgano jurisdiccional competente para conocerlo, lo que debe entenderse por sentencia definitiva para los efectos del amparo y las razones por las cuales adquiere ese carácter; conceptos todos que están estrechamente relacionados.
"32. Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó lo que disponen los artículos 44, 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo abrogada, relacionados, precisamente, con esos temas, y concluyó:
"• Que, conforme al artículo 46, debe entenderse por sentencia definitiva aquella que decide el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no concedan ningún recurso ordinario, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, o bien, la dictada en primera instancia, en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, siempre que la ley así lo autorice.
"• Que de acuerdo con el artículo 44, también es jurídicamente factible promover amparo contra resoluciones que pongan fin al juicio, es decir, contra resoluciones que, sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario.
"• Que el artículo 47 establece tres supuestos en los que ante un órgano jurisdiccional es presentada una demanda de amparo, de la cual, por razón de competencia, debe conocer un órgano diverso, en los cuales se declarará incompetente y remitirá la demanda al tribunal o juzgado que considere competente.
"• Que el artículo 158 se refiere al órgano jurisdiccional competente para conocer de amparos promovidos contra sentencias definitivas y, por extensión, contra laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, siempre que en todos los casos sean dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario.
"33. También puso de relieve el Tribunal Pleno que, conforme al principio de definitividad, contenido en el artículo 73, fracción XIII, de la abrogada Ley de Amparo, existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo, y que su falta de cumplimiento acarrea la improcedencia del juicio de garantías.
"34. Teniendo como base las anteriores premisas, en una interpretación sistemática de los artículos 44, 46 y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada, concluyó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que una sentencia adquiere el carácter de definitiva cuando en ella se ha resuelto el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario por medio del cual pueda ser modificada o revocada, o estando previsto dicho recurso, éste haya sido agotado, o las partes hayan renunciado a él expresamente, cuando la ley se los permita.
"35. Que, por tanto, si una sentencia es legalmente recurrible, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término, aunque la sentencia ya no pueda ser legalmente modificada y, por ello, deba tenérsele, de hecho, como una sentencia definitiva, no lo es para los efectos de la promoción del juicio de amparo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, deliberadamente o por descuido, atribuible a una de las partes, no puede tener el efecto de hacer procedente el amparo directo, porque ello implicaría soslayar unilateralmente la obligación legal y el deber jurídico de agotar los recursos que la ley prevé y concede, lo que se traduciría en franca violación al principio de definitividad.
"36. Por tanto, dijo el Pleno de la Corte, que conforme a reiterados criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la omisión de agotar y sustanciar los recursos ordinarios que proceden en contra de una resolución, antes de acudir al juicio de amparo, conduce a sobreseerlo.
"37. Agotado el tema de la definitividad de la sentencia y la consecuencia de su incumplimiento, el Pleno del Máximo Tribunal del País abordó las cuestiones relativas a la procedencia del amparo directo y el órgano jurisdiccional competente para conocerlo.
"38. Dijo que conforme a los artículos 158 de la Ley de Amparo abrogada y 107, fracciones V y VI, constitucional, el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo directo es el Tribunal Colegiado que corresponda, según la materia de la litis que deba dilucidarse.
"39. En ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que, atento al contenido de las disposiciones legales a que hizo referencia, los conceptos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados; de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, pues según ha quedado señalado, de las propias disposiciones que rigen el tópico que se analiza se advierte que ambos conceptos están vinculados.
"40. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución General de la República; 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo abrogada y 44, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de los juicios de amparo directo promovidos contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio.
"41. Que cuando se trata de establecer la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito debe atenderse, esencialmente, al elemento relevante, consistente en que el acto reclamado sea una sentencia definitiva, es decir, aquella que ha decidido una controversia en lo principal y respecto de la cual ya no procede ningún recurso ordinario. Después de determinar y establecer la competencia, tiene que decidirse la procedencia del juicio, atendiendo a los mismos elementos a los que alude el artículo 158 de la Ley de Amparo abrogada.
"42. Así, dijo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo anterior implica que un Tribunal Colegiado deberá declararse legalmente incompetente si le es presentada una demanda de amparo, en la que se señale como acto reclamado una sentencia de primer grado que no puede ser considerada como definitiva para los efectos del juicio de garantías, debido a que si respecto de ella la ley que rige el acto prevé un recurso por medio del cual pudo ser modificada o revocada y dicho medio de impugnación no fue agotado, entonces, no se surte la competencia del Tribunal Colegiado, en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo abrogada, que empieza mencionando: ‘El juicio de amparo directo es competencia ... y procede ...’ (primero la competencia y luego la procedencia).
"43. Que lo anterior pone de manifiesto que, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado, con fundamento en el artículo 47, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, deberá declararse incompetente y remitir la demanda al Juez de Distrito correspondiente, pues tratándose del amparo directo, las cuestiones de competencia y de procedencia están íntimamente relacionadas, por lo que un tribunal incompetente no puede pronunciarse respecto de la procedencia o improcedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de acuerdo con la jurisprudencia que arriba quedó transcrita.
"44. En esta línea de pensamiento, el Tribunal Pleno precisó que si llegara a ocurrir que por auto de presidencia se admitió la demanda de amparo, el Tribunal Colegiado, al resolver, no podrá sobreseer el juicio, al advertir una causa de improcedencia, pues de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 46, 47, tercer párrafo y 158 de la Ley de Amparo abrogada, al no darse los supuestos de competencia del Tribunal Colegiado, así deberá declararlo en todo caso y remitir el asunto al Juez de Distrito que corresponda.
"45. Como se adelantó, todas esas consideraciones que sustenta la ejecutoria emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dieron lugar a la jurisprudencia de rubro: ‘AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.’, no cobran aplicación en los amparos directos, cuyo marco legal es la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece.
"46. Lo anterior es así, puesto que en la nueva Ley de Amparo las cuestiones de competencia y de procedencia del juicio de amparo directo no están íntimamente ligadas, como sí lo estaban en la ley abrogada; como tampoco está ligado el concepto de resolución definitiva para efectos del juicio de amparo, con el principio de definitividad.
"47. En efecto, la cuestión de la competencia de los Tribunales Colegiados para conocer del juicio de amparo directo está prevista en el artículo 34 de la nueva Ley de Amparo, al establecer:
"‘Artículo 34. Los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo.
"‘La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia.
"‘En materia agraria y en los juicios en contra de Tribunales Federales de lo Contencioso Administrativo, es competente El Tribunal Colegiado de Circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Tribunal Colegiado de Circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquel que dicte acuerdo sobre la misma.’
"48. Como se observa, ahora, en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de este año, la cuestión de la competencia de los Tribunales Colegiados para conocer de los juicios de amparo directo se rige por los criterios de territorio y materia, según se desprende del párrafo segundo de la disposición legal en consulta, al decir que se atenderá a la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, a la especialización por materia.
"49. Esto es, al establecer la competencia de los Tribunales Colegiados para conocer de los amparos directos, ya no se involucra lo relativo a la naturaleza del acto reclamado, ni a las cuestiones de procedencia del juicio; estos temas tienen especial tratamiento en el artículo 170 de la Ley de Amparo.
"50. El citado artículo 170 dispone, en lo que interesa:
"‘Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:
"‘I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.
"‘Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley.
"‘Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.’
"51. De esa porción normativa destaca que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.
"52. Asimismo, la disposición legal establece que se entiende por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que, sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido.
"53. Es palmario que el legislador ya no dotó a la sentencia definitiva reclamable en amparo directo de la exigencia relativa a ‘respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas’, que sí se contenía en el artículo 46 de la Ley de Amparo abrogada, al decir:
"‘Artículo 46. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.
"‘...
"‘Para los efectos del artículo 44, se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.’
"54. Esto es, en la nueva Ley de Amparo, la sentencia, laudo o resolución definitiva es aquella que pone fin al juicio, sin el requisito de que en su contra no proceda algún recurso que prevea la ley común.
"55. El principio de definitividad está recogido en el tercer párrafo de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, al establecer que, previamente al juicio de amparo, deberán agotarse los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales la sentencia, laudo o resolución reclamada pueda ser modificada o revocada.
"56. Es decir, la exigencia de agotar previamente los recursos ordinarios está prevista exclusivamente como un requisito de procedibilidad del juicio de amparo directo y no como un elemento de definición de la sentencia o resolución que puede ser reclamada en el amparo uniinstancial.
"57. Ahora bien, al no cumplirse con el principio de definitividad, por disposición expresa del artículo 170, fracción I, tercer párrafo, deviene improcedente el juicio de amparo; improcedencia que se corrobora con la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone:
"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"‘...
"‘XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.’
"58. Así, en este nuevo contexto legal, una sentencia que se ubique en la definición que establece el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, es reclamable vía amparo directo, cuyo conocimiento competerá al Tribunal Colegiado que ejerza jurisdicción en el lugar en que se ubique la autoridad que la dictó; pero si la parte quejosa no cumple con el principio de definitividad, entonces, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, el Tribunal Colegiado que conoce del asunto es competente para decidir al respecto.
"59. En las relatadas condiciones, como la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.’, no es aplicable en los juicios de amparo que se rigen con la ley que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, este Tribunal Colegiado procede a sobreseer en el juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que el quejoso no agotó previamente a acudir al juicio de amparo el recurso de apelación que procedía en contra de la sentencia reclamada."
En el mismo sentido el citado tribunal resolvió, entre otros, los amparos directos civiles números 631/2013 y 807/2013.
CUARTO. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito. Este órgano jurisdiccional, en el juicio de amparo directo 837/2013, fallado por mayoría de votos en la sesión de catorce de noviembre de dos mil trece, determinó que resultaba legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida contra la sentencia de veinticinco de julio de dos mil trece, dictada por el Juez Tercero de lo Civil del Estado, en el juicio ordinario mercantil 569/2011, y ordenó su remisión al Juez de Distrito en turno en el Estado, pues consideró que dicha sentencia reclamada no queda comprendida dentro de la hipótesis del artículo 170 de la Ley de Amparo, es decir, que no constituye sentencia definitiva, porque no pone fin al juicio, dado que se encuentra en trámite un recurso de revocación que interpuso la actora (quejosa) en contra de la no admisión del recurso de apelación contra la sentencia, y que dicho recurso de revocación es el medio de impugnación idóneo para modificar o revocar el proveído impugnado; que resultaba aplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que fuera obstáculo lo previsto en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto hace referencia a la procedencia del amparo, ya que en ningún momento dispone que la competencia para determinar la improcedencia del juicio, en su caso, corresponda al Tribunal Colegiado, y que por eso sigue siendo aplicable la referida jurisprudencia.
Para corroborar lo anterior, se transcribe la parte conducente de la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito:
"PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegido del Trigésimo Circuito analizará la procedencia legal para conocer del presente juicio constitucional.
"El artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el 34 de la Ley de Amparo vigente, disponen que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito, y el diverso 170, fracción I, de la ley citada en último término, establece que dicho juicio procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo.
"...
"En este orden, el acto reclamado no queda comprendido dentro de las hipótesis a que alude el artículo 170 de la Ley de Amparo, ya que no constituye una sentencia definitiva, pues no es de aquellas resoluciones que ponen fin al juicio, ya que se advierte que se encuentra en trámite un recurso de revocación que se interpuso por la parte actora, aquí quejosa, en contra de la negativa a la tramitación de la apelación principal, en el entendido de que se tramitan y resuelven de forma conjunta la apelación preventiva y la de la sentencia definitiva.
"...
"Razón por la cual, la sentencia reclamada no tiene el carácter de definitiva, porque quedó privada de firmeza, al no poner fin al juicio, ya que está en trámite un recurso de revocación posterior, cuya materia será, en todo caso, decidir la legalidad o ilegalidad de la procedencia de las apelaciones interpuestas por la parte actora.
"Por tanto, al carecer este Tribunal Colegiado de competencia legal para conocer de la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en el artículo 45 de la ley de la materia, procede remitir dicha demanda y sus anexos al Juez de Distrito en turno en esta ciudad, previa copia certificada que se deje en el expediente.
"Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 16/2003, del rubro y texto siguientes:
"‘AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA. De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: «DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.». Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías.’
"Cabe señalar que no es obstáculo para la determinación de incompetencia, lo dispuesto por el último párrafo del inciso a) de la fracción III del artículo 107 constitucional, adicionado con la reforma de seis de junio de dos mil once, que a la letra dice:
"‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"‘...
"‘III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
"‘a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.
"‘La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.
"‘Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.
"‘Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amp
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25077-a2a93b20/amparo-directo-el-tribunal-colegiado-de-circuito-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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