PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL CUESTIONARIO RELATIVO CUANDO LA OFRECIDA FUE ANUNCIADA DENTRO DEL PLAZO LEGAL, DA LUGAR A QUE SE REQUIERA AL OFERENTE SU PRESENTACIÓN.
QUEJA 26/2014. 15 DE MAYO DE 2014. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ VITE, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO. PONENTE: ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: JORGE ALBERTO RAMÍREZ HERNÁNDEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO. En el primer agravio la recurrente, entre otras cuestiones, se duele de que:
a) El auto no está debidamente fundado y motivado, porque si la quejosa no adjuntó el cuestionario la Juez debió requerirla para que lo exhibiera.
b) El desechamiento de la prueba viola el acceso a la justicia efectiva contenido el artículo 17 constitucional, porque la Juez basa su determinación en un tecnicismo que la priva de una adecuada defensa.
c) La prueba pericial se ofreció dentro del plazo legal, junto con la demanda de amparo, por lo que no puede ser desechada sin haber requerido la exhibición del cuestionario respectivo.
d) El artículo 119, párrafo sexto, de la Ley de Amparo sí establece la obligación del juzgador de requerir las copias de los cuestionarios, al haberse omitido su exhibición.
e) Si bien no hay artículo que establezca que debe desecharse la prueba pericial cuando no sea exhibido el cuestionario sobre el que versará la misma, y no existe precepto que obligue al juzgador a requerir su exhibición, debe aplicarse, por analogía, el párrafo sexto del artículo 119 de la Ley de Amparo.
f) El artículo 119, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, debe interpretarse en un sentido amplio, permitiendo a la Juez requerir tanto el cuestionario como sus copias.
Para examinar estos argumentos conviene tener presentes los siguientes antecedentes, que se desprenden de las constancias que integran el informe justificado rendido por la Juez del conocimiento, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
1. La hoy recurrente acudió al juicio de amparo reclamando de diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal, entre otros actos, la expedición y aplicación del **********, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el **********.
En el escrito de demanda, la quejosa anunció la prueba pericial en materia de **********.
2. Por auto de **********, previo desahogo de una prevención, la Juez de Distrito admitió la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; dio la intervención correspondiente al Ministerio Público de la Federación, y reservó acordar la prueba pericial en materia de **********, en los siguientes términos:
"... Asimismo, con fundamento en lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas, como pruebas de la parte quejosa, las documentales que acompañó a su demanda (ocho anexos), con excepción de la marcada en el numeral ‘3’, así como la presuncional en su doble aspecto, legal y humana y la instrumental de actuaciones, sin perjuicio de que sean relacionadas en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional y tomadas en consideración como en derecho corresponda en el momento procesal oportuno; y, se tiene únicamente por anunciada la prueba pericial en materia de **********, reservándose su procedencia hasta en tanto obren los informes justificados rendidos. ..."
3. En escrito presentado en el juzgado del conocimiento el **********, la autorizada de la parte quejosa solicitó proveer sobre la admisión de la prueba pericial, de la siguiente manera:
"... Que con la debida anticipación a la celebración de la audiencia constitucional, señalada para que tenga verificativo el día veintidós de enero de dos mil catorce, a las once horas con diez minutos, vengo a solicitar se difiera la audiencia constitucional, toda vez que no se ha proveído respecto de la admisión y desahogo de la prueba pericial en materia de **********, ofrecida por la quejosa en su escrito inicial de demanda."
4. Mediante acuerdo de **********, la Juez de Distrito señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y acordó el escrito que antecede en los siguientes términos:
"... Por otra parte, toda vez que mediante proveído de ********** (folios doscientos quince a doscientos dieciocho), se reservó acordar lo conducente en relación con la prueba pericial en materia de **********, ofrecida por la parte quejosa, hasta en tanto no obraran los informes justificados de las autoridades responsables, mismos que únicamente fueron rendidos mediante oficios recibidos en este órgano jurisdiccional el doce y diecisiete de diciembre de dos mil trece (folios doscientos veintinueve, doscientos cuarenta y siete y doscientos sesenta y nueve), además de que ya transcurrió el término concedido a las diversas responsables titular, director general de Administración Urbana y Certificador **********, todos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en tales circunstancias, provéase lo que en derecho corresponda. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase únicamente por anunciada la prueba pericial en materia de **********, en virtud de que aunque la parte quejosa precisó los extremos que pretende acreditar con el medio probatorio en relación con la litis planteada en este juicio de amparo, no exhibió el cuestionario al tenor del cual habrá de desahogarse dicha prueba, en términos de lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 119 del citado ordenamiento, que a la letra dice: (se transcribe). Ello es así, toda vez que la quejosa fue omisa en dar cumplimiento con los requisitos que establece el artículo 119 de la Ley de Amparo; esto es, haber exhibido cuestionario al tenor del cual se desahogará la prueba pericial ofrecida en autos. Finalmente, visto el escrito de cuenta signado por **********, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo (folios doscientos dieciocho reverso), por medio del cual solicita el diferimiento del presente asunto por los motivos que refiere, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y dígasele que debe estarse a lo ordenado en este proveído. Notifíquese."
Debe precisarse que no aparece constancia de que se haya notificado personalmente este proveído a la parte quejosa.
5. Por auto de **********, la Juez de Distrito desechó la prueba pericial en los siguientes términos:
"... Por otra parte, vistos los autos del juicio en que se actúa, se advierte que el **********, se tuvo por anunciada la prueba pericial en materia de **********; ahora bien, en virtud de que la oferente no exhibió el cuestionario al tenor del cual habrá de desahogarse dicha probanza, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se desecha la prueba de mérito, toda vez que no se satisfizo el requisito de exhibir original y copias para cada una de las partes del cuestionario respectivo, previsto en el quinto párrafo del artículo referido, luego, al ser una condición de eficacia del ofrecimiento de la prueba pericial: su oportunidad, la formulación del cuestionario y la exhibición del original con las copias de éste, si la pericial es ofrecida desatendiendo alguna de esas condiciones de eficacia, no procede efectuar prevención al oferente de la prueba sino que ésta deberá ser desechada, por ende, ante tal omisión, el juzgador no está en posibilidad de apercibir para que se colme, pues no existe precepto legal alguno que le permita o le ordene requerir a la parte omisa; y si así lo hiciera, estaría subsanando una omisión que, por constituir una carga procesal, rompería el equilibrio que debe existir entre las partes. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis I.3o.C.73 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, agosto de 2005, Novena Época, visible en la página 1983, que establece: ‘PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO LA EXHIBICIÓN DEL CUESTIONARIO ES UNA CONDICIÓN DE EFICACIA PARA SU ADMISIÓN.’ (se transcribe). También es aplicable la tesis VI.3o.A.28 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, visible en la página 2743, que establece: ‘PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. EL ANUNCIO, LA EXHIBICIÓN DEL CUESTIONARIO Y DE LAS COPIAS RESPECTIVAS, DEBE HACERSE EN EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE LA MATERIA.’ (se transcribe). Finalmente, con el objeto de notificar esta determinación, se habilitan días y horas, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa."
La reseña de las actuaciones del juicio revela que la determinación que desechó la prueba pericial en telecomunicaciones propuesta por la quejosa, se apoyó en las siguientes consideraciones:
• Por auto de **********, se tuvo por anunciada la prueba pericial en materia de **********;
• La quejosa no exhibió el cuestionario al tenor del cual habría de desahogarse la prueba;
• De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desecha la prueba porque no se satisfizo el requisito de exhibir original y copias para cada una de las partes del cuestionario respectivo;
• La eficacia del ofrecimiento de la prueba pericial es su oportunidad, la formulación del cuestionario y la exhibición del original con las copias de éste, por lo que si no se satisfacen estas condiciones no procede prevenir al oferente de la prueba, sino desecharla, y
• No existe precepto legal alguno que permita prevenir o requerir al oferente de la prueba porque se trata de una carga procesal, pues, de hacerlo, se rompería el equilibrio que debe existir entre las partes.
Para examinar la legalidad de estas consideraciones, interesa tener presente el artículo 119 de la Ley de Amparo, el cual dispone:
"Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa.
"La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.
"Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia.
"Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia.
"Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho.
"Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba.
"El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia."
La interpretación literal de este precepto conduce a las siguientes conclusiones:
1) En el juicio de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional y las que fueren contra la moral o contra derecho.
2) Las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, a excepción de la documental que puede presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella y la tenga como recibida durante dicha audiencia.
3) En el caso de las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular, para su debida preparación, deben anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia.
4) En el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar, sin que se admitan más de tres testigos por cada hecho, del cuestionario para los peritos, o de los puntos sobre los que deba versar la inspección.
5) En caso de que en el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial, no se exhiban total o parcialmente las copias de los interrogatorios para los testigos, del cuestionario para los peritos, o de los puntos sobre los que deba versar la inspección, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; en caso de que no las exhiba se tendrá por no ofrecida la prueba.
6) Con las copias exhibidas por la oferente, el órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una a cada una de las partes el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días y puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia.
De acuerdo con lo anterior, el precepto en análisis no regula el caso específico en que no se exhiba el cuestionario para los peritos, pues sólo hace referencia explícita en el supuesto de que no se exhiban las copias del mismo.
Por su parte, el análisis de los artículos 143 a 160 de la legislación supletoria, esto es, del Código Federal de Procedimientos Civiles,(5) que establece las reglas para el ofrecimiento, preparación y desahogo de la prueba pericial, tampoco permite advertir una regla específica para el caso en que no se exhiba el cuestionario sobre el cual versará la prueba pericial; sólo hace referencia a que la misma debe promoverse por medio de un escrito en el cual se formularán las preguntas o se precisarán los puntos sobre los que debe versar, empero, no prevé el supuesto en que no se exhiba tal cuestionario.
De lo expuesto se desprende que en la Ley de Amparo ni en el Código Federal de Procedimientos Civiles se establece una regla para el supuesto en examen.
Ahora, interesa destacar que relacionado con el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido los siguientes criterios:
"PRUEBA PERICIAL RELACIONADA CON EL ESCRITO DE RENUNCIA DE LA PARTE TRABAJADORA EXHIBIDO EN LA AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. NO DEBE DESECHARSE AUN CUANDO NO SE EXHIBAN EL CUESTIONARIO Y LAS COPIAS RESPECTIVAS. La regla general prevista en los artículos 780 y 823 de la Ley Federal del Trabajo, es que las pruebas se ofrezcan acompañadas de los elementos necesarios para su desahogo, y tratándose de la pericial, deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que versará, exhibiendo el cuestionario respectivo, con copia para cada una de las partes, teniendo las Juntas atribuciones para desecharla cuando se ofrece sin los indicados elementos para su desahogo; sin embargo, siguiendo la lógica a que hace referencia la parte final de la jurisprudencia 4a./J. 18/91, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘PRUEBA PERICIAL. LAS JUNTAS TIENEN FACULTAD PARA DESECHARLA CUANDO NO SE APORTA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESAHOGO, COMO LO SON EL CUESTIONARIO RESPECTIVO O SUS COPIAS.’, dicha facultad de la autoridad debe ejercerse respetando los principios que rigen el procedimiento laboral y las reglas de la lógica, pues el desechamiento indiferenciado puede conducir a desatinos o inconsecuencias, como en aquellos casos en que la necesidad de ofrecer la pericial surge en el momento mismo de la audiencia, sin que el oferente haya tenido oportunidad de elaborar el cuestionario y acompañar las copias respectivas, de donde deriva una excepción a la regla general. Luego, cuando en la audiencia a la parte trabajadora se le da a conocer el escrito de su renuncia y lo objeta, ofreciendo la prueba pericial sin el cuestionario y las copias respectivas, la Junta debe proveer lo necesario para su desahogo, dándole oportunidad de prepararla, para lo cual deberá suspender la audiencia y concederle el plazo de 3 días con fundamento en el artículo 735 de la Ley indicada, a fin de que aporte tales elementos y proceda a su reanudación, pues no sería lógico exigir a la oferente la presentación del cuestionario respectivo y sus copias, al momento de ofrecerla en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, porque precisamente es en dicho acto donde tuvo conocimiento de la existencia del documento ofrecido por su contraparte."(6)
"PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA (ADN) EN LOS JUICIOS DE PATERNIDAD. AUN CUANDO SE OMITA EXHIBIR EL CUESTIONARIO PARA SU DESAHOGO, LA ADMISIÓN DE DICHA PROBANZA NO VULNERA LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD. Si se parte de la base de que en toda contienda judicial que involucre derechos de menores el juzgador debe resolver atendiendo al interés superior del niño, resulta inconcuso que no se vulneran las garantías de seguridad jurídica y legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el hecho de que en un juicio de paternidad se ofrezca la prueba pericial en genética (ADN) y el oferente omita exhibir el cuestionario en el que se precisen los puntos objeto del dictamen para su desahogo y para la vista, adición y designación del perito de su contraparte, y no obstante ello el juzgador admita la prueba. Lo anterior es así, si se considera que la prueba de referencia es la idónea para investigar sobre la paternidad; de ahí que aun ante esa omisión o irregularidad en el procedimiento, al estar involucrados derechos de un menor debe resolverse atendiendo primordialmente al interés superior de éste ante cualquier otro que vaya en su perjuicio, por lo que el juzgador tiene la facultad de decretar en todo tiempo, aun de oficio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que la estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos del menor controvertidos en el juicio."(7)
"PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DE LAS COPIAS DEL INTERROGATORIO AL MOMENTO DE ANUNCIARLA NO DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO SINO A QUE SE REQUIERA AL ANUNCIANTE. El artículo 151 de la Ley de Amparo establece que la prueba testimonial deberá ser anunciada cinco días antes de la fecha señalada para la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia, para cada una de las partes, de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos a fin de que estén en posibilidad de formular por escrito o verbalmente repreguntas al verificarse la audiencia. Este dispositivo legal está inspirado en el principio de igualdad procesal de las partes, el cual implica que éstas deben tener en el proceso un mismo trato, es decir, que se les debe dar las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos y ejercitar sus defensas. Por tanto, mientras esa igualdad procesal de las partes se conserva, no es válido que se deseche una prueba testimonial anunciada en tiempo, sólo por no haberse cumplido el requisito formal de exhibir la parte o la totalidad de las copias del interrogatorio al momento de anunciarse, sino que debe requerirse al anunciante para que las exhiba, ya que en estos casos existe la posibilidad de que las partes del litigio constitucional puedan conocer el interrogatorio para los testigos y preparar sus repreguntas sin afectar la celeridad del proceso. Por tanto, sólo se le deberá desechar o tener por no anunciada la prueba, cuando no exhiba las copias respectivas en el término perentorio que para tal efecto se le otorgue."(8)
En la jurisprudencia citada en primer término, el Alto Tribunal sentó el criterio de que no obstante que la ley relativa indique que la prueba pericial relacionada con el escrito de renuncia de la parte trabajadora debe ofrecerse exhibiendo el cuestionario respectivo, no debe desecharse aun cuando no se exhiban el cuestionario y las copias respectivas, sino requerir al oferente para que subsane dicha omisión, en respeto de los principios que rigen el procedimiento laboral y a las reglas de la lógica, pues el desechamiento indiferenciado puede conducir a desatinos o inconsecuencias.
En la tesis transcrita en segundo lugar, el Máximo Tribunal sostuvo que, tratándose de la prueba pericial en genética en los juicios de paternidad, aun cuando se omita exhibir el cuestionario para su desahogo, el juzgador debe admitir dicha probanza siempre que la estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad, sin que ello vulnere las garantías de seguridad jurídica y legalidad.
La última jurisprudencia reproducida analizó el artículo 151 de la abrogada Ley de Amparo, que regulaba lo relativo a la prueba testimonial, arribando al criterio de que no es válido que se deseche una prueba testimonial anunciada en tiempo, por no haberse cumplido el requisito formal de exhibir la totalidad o parte de las copias del interrogatorio al momento de anunciarse, sino que debe requerirse al anunciante para que exhiba las copias faltantes, siempre y cuando el anuncio de la prueba se haga dentro del término legal, para que las demás partes puedan conocerlo.
De acuerdo con lo expuesto, en la ley de la materia ni en el ordenamiento supletorio se halla la regla para el caso específico en que con el ofrecimiento de la prueba pericial no se exhiba el cuestionario para los peritos.
Sin embargo, la jurisprudencia sí estableció criterios orientadores (aunque referidos a otras materias) en el sentido de que aun cuando no se haya exhibido el cuestionario para los peritos, no debe desecharse la prueba, sino requerir al oferente para que subsane dicha omisión, en respeto de los principios del debido proceso, sin que ello vulnere las garantías de seguridad jurídica y legalidad.
Mismo supuesto (referido a esta materia) sostuvo -el Alto Tribunal- en el caso de que se hubiere omitido exhibir las copias del cuestionario de mérito, pues estimó que al haber incumplido el requisito formal de exhibir la totalidad o parte de las copias del interrogatorio al momento de anunciarse, debe requerirse al anunciante para que exhiba las copias faltantes, siempre y cuando el anuncio de la prueba se haga dentro del término legal, para que las demás partes puedan conocerlo.
Ahora, a fin de colmar el vacío legal, considerando que se trata de un tema íntimamente relacionado al debido proceso legal, como la aptitud de las partes para ofrecer pruebas, este tribunal debe atender a los principios que imperan en los derechos humanos, concretamente a los principios pro persona y de progresividad.
Sobre el principio pro persona, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en todo proceso impera la obligación irrestricta de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la persona, favoreciéndola en todo momento con la protección más amplia a la persona y, en respeto a ese principio, maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales, la interpretación de la norma permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo.
Este criterio se encuentra en la tesis aislada 1a. CCCXL/2013 (10a.),(9) que dice:
"INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución. En otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la creación de las normas inconstitucionales, cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prologan, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas. A su eficacia normativa directa se añade su eficacia como marco de referencia o criterio dominante en la interpretación de las restantes normas. Este principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, reiteradamente utilizado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una consecuencia elemental de la concepción del ordenamiento como una estructura coherente, como una unidad o contexto. Es importante advertir que esta regla interpretativa opera con carácter previo al juicio de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional. En esta lógica, el intérprete debe evitar en la medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse. El juez ha de procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción. La interpretación de las normas conforme a la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los representantes democráticamente elegidos, el principio general de conservación de las normas se ve reforzado por una más intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus competencias, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una interpretación conforme con la Constitución. En cualquier caso, las normas son válidas mientras un tribunal no diga lo contrario. Asimismo, hoy en día, el principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma."
Tratándose del principio de progresividad,(10) éste se erige como el compromiso de los Estados para adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, principio que no puede entenderse en el sentido de que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización íntegra de tales derechos, sino en la posibilidad de ir avanzando gradual y constantemente hacia su más completa realización, en función de sus recursos materiales; así, este principio exige que a medida que mejora el nivel de desarrollo de un Estado, mejore el nivel de compromiso de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.
Estos dos principios obligan al operador de la ley a garantizar el derecho al debido proceso, de acuerdo con la interpretación constante y progresiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 11/2014 (10a.),(11) de rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.", y P./J. 47/95,(12) cuyo título dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", así como en la tesis 1a. IV/2014 (10a.),(13) de rubro: "DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN.".
En la segunda jurisprudencia citada se establecieron como garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional, las siguientes formalidades esenciales del procedimiento: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25141-0f3496f5/prueba-pericial-en-el-amparo-la-falta-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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