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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. ES PROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REGULADO EN LOS ARTÍCULOS 150 Y 153 DE LA LEY ADUANERA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 76/2014. · Registro digital (IUS): 25175
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-08-22
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Pág. 921.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 76/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 4 DE JUNIO DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: AURELIO DAMIÁN MAGAÑA.

CONSIDERANDO:

5. PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(1) publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, en los términos del artículo primero transitorio de dicha ley,(2) y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) reformada el dos de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año, y vigente a partir del veintidós siguiente, y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de diferente circuito, y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

6. Resulta aplicable, la tesis del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, que en seguida se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo Circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito." (Registro IUS: 2000331, tesis P. I/2012, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, página 9)

7. SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.

8. El artículo 227, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el procurador general de la República, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron.

9. En el caso, la denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, cuyo órgano intervino en uno de los asuntos que originaron los posibles criterios en contraposición, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.

10. TERCERO. Con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

11. El Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver la revisión fiscal **********, en sesión de veintisiete de febrero de dos mil catorce, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente (foja 28 vuelta a 40 vuelta del presente toca):

"SEXTO.

"...

"El artículo 63, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece:

"‘Artículo 63.’ (se transcribe)

"Como puede observarse, ahí se establece la procedencia del recurso de revisión fiscal contra resoluciones dictadas en materia de comercio exterior.

"En la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2012 (10a.), publicada en la página mil ciento cinco, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 2, materia administrativa, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostuvo el siguiente criterio:

"‘REVISIÓN FISCAL. ES PROCEDENTE, CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SE PRONUNCIEN RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL PROCEDIMIENTO REGULADO POR EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA.’ (se transcribe)

"En la anterior jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió la procedencia del recurso de revisión fiscal, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se impugnan sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativas, en juicios donde se demande la nulidad de resoluciones dictadas en el procedimiento regulado por el artículo 152 de la Ley Aduanera.

"En la ejecutoria origen de esa jurisprudencia, publicada aquélla en la página mil ochenta, del libro, tomo y época indicados, la Sala de mérito sostuvo, en lo conducente:

"...

"El estudio de esa parte de la ejecutoria revela que, para determinar si la Ley Aduanera, concretamente su artículo 152, constituye norma relativa a la materia de comercio exterior, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País examinó el numeral 1o. de la Ley de Comercio Exterior y advirtió que su objeto principal es regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, proporcionar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población.

"Enseguida analizó el artículo 1o. de la Ley Aduanera y precisó que ésta regula la entrada y salida al territorio nacional de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salidas de mercancías.

"Sostuvo que están obligados al cumplimiento de esas disposiciones, quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen de él, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de la mercancía o en los hechos o actos mencionados en el párrafo que antecede.

"Precisó que en el título tercero, la Ley Aduanera establece las contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior, y en el capítulo I prevé los hechos gravados, contribuyentes y responsables.

"Destacó el numeral 51 de la Ley Aduanera, que prevé como impuestos al comercio exterior, el general de importación y el general de exportación; el artículo 52 ibídem, que señala las personas obligadas al pago de los impuestos al comercio exterior, esto es, las que introduzcan mercancías al territorio nacional o las extraigan del mismo; así como la presunción legal de quienes introducen o sacan mercancías del territorio nacional.

"La Segunda Sala determinó que la Ley Aduanera constituye uno de los cuerpos normativos sustantivos que regulan el comercio exterior, porque le corresponde la regulación y determinación de créditos por concepto de la entrada al territorio nacional y la salida de él de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías.

"Ese criterio es aplicable, por analogía, para definir la procedencia del recurso de revisión fiscal contra las resoluciones del tribunal fiscal relativas a créditos fiscales determinados con motivo del procedimiento previsto en el artículo 150 de la Ley Aduanera, por lo siguiente:

"Los artículos 150, 151 y 153 de esa legislación disponen:

"‘Artículo 150.’ (se transcribe)

"‘Artículo 151.’ (se transcribe)

"‘Artículo 153.’ (se transcribe)

"Como puede observarse, ese procedimiento, al igual que el previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera, tiene como objetivo el reconocimiento de mercancías, pues contempla la elaboración de un acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación.

"Asimismo, conforme al último párrafo del citado numeral 153, en ese procedimiento también se determinan contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, así como las sanciones.

"En los procedimientos de que se trata, se concede al interesado un plazo de diez días para ofrecer pruebas y formular alegatos y la autoridad cuenta con un término que no excederá de cuatro meses para emitir la resolución correspondiente.

"La diferencia sustancial entre los procedimientos contemplados en los artículos 152, así como el 151 y 153 de la Ley Aduanera, radica en que en aquél no existe embargo de transporte y/o mercancías, mientras que en el segundo sí; pero es evidente que esa característica no impide considerar que los dos últimos preceptos constituyen normas relativas a la materia de comercio exterior.

"Porque tienen injerencia con la regulación de la entrada y la salida al territorio nacional de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías, así como con la determinación de créditos por esos conceptos.

"De las constancias que integran el juicio de origen se desprende que en la sentencia recurrida, la Sala responsable declaró la nulidad de la resolución del procedimiento administrativo en materia aduanera **********, donde se determinó un crédito fiscal a cargo del actor, por la cantidad de **********, por impuesto general de importación e impuesto al valor agregado omitidos actualizados, recargos y multas de esos impuestos; y se declaró que el vehículo marca ********** pasa a propiedad del fisco federal.

"Ahora bien, como la resolución cuya nulidad se demandó en el juicio de origen deriva de un procedimiento administrativo en materia aduanera, previsto en los artículos 150 y 153 de la Ley Aduanera y, por tanto, atinente a la materia de comercio exterior, es procedente el recurso de revisión fiscal de que se trata, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo."

12. Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver la revisión fiscal **********, en sesión de seis de octubre de dos mil once, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente (foja 111 vuelta a 122 del presente toca):

"QUINTO.

"...

"Asimismo, no se actualiza la hipótesis contenida en la fracción V del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que es inconcuso que no se trata de resoluciones dictadas en materia de comercio exterior.

"Previo al análisis de esta fracción, cabe precisar que el Pleno de este órgano jurisdiccional, abandona el criterio contenido en el **********, resuelto, por unanimidad de votos, en sesión de catorce de julio de dos mil once, siendo ponente el Juez de Distrito comisionado como Magistrado de Circuito Francisco Javier Rebolledo Peña, donde se determinó que el recurso de revisión fiscal interpuesto por el administrador local jurídico del Norte del Distrito Federal, en representación de la autoridad demandada, era procedente en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que la resolución impugnada en el juicio de nulidad que dio origen al citado medio de impugnación era inherente a materia de comercio exterior, en virtud de que derivó de una verificación realizada a la parte actora en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que concluyó con una determinación de crédito en su contra, por concepto de impuesto general de importación omitido, derecho de trámite aduanero omitido, cuota compensatoria omitida, impuesto al valor agregado omitido, multa por omisión de la cuota compensatoria, multa por omisión del impuesto citado y recargos.

"Sin embargo, de una reflexión que realiza el Pleno de este Tribunal Colegiado, arriba a la conclusión de que las resoluciones en las que las autoridades fiscales determinan un crédito en contra de algún gobernado por el ejercicio de las facultades que la ley les otorga, no se pueden entender como inherentes a la materia de comercio exterior, pues no se trata de ninguno de los tópicos que la Ley de Comercio Exterior regula, además de que esas resoluciones no son emitidas por autoridades de la Secretaría de Economía, única facultada para la aplicación e interpretación, para efectos administrativos, de las disposiciones contenidas en el ordenamiento legal en cita.

"Para corroborar dicho aserto, resulta oportuno, en primer término, precisar qué se entiende por ‘comercio exterior’, para lo cual se hace referencia a la definición que respecto del tema realiza Jorge Alberto Witker en el libro titulado ‘Derecho del Comercio Exterior’, edición Universidad Nacional Autónoma de México, Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México, Asociación Civil, México, 2011, que en la página 3 expone:

"...

"Asimismo, es indispensable conocer el contenido de los artículos 1o., 2o. y 4o. de la Ley de Comercio Exterior, que establecen:

"...

"De la lectura de los dispositivos legales que anteceden, se advierte que dicho cuerpo legal tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional y contribuir a elevar el bienestar de la población.

"Para cumplir su objetivo, la ley en cita, faculta al Ejecutivo Federal, a través de la actual Secretaría de Economía, para que, entre otras atribuciones, establezca medidas que regulen o restrinjan la circulación o tránsito de mercancías por el territorio nacional procedentes del exterior, cuando después de realizada la investigación (de oficio o a petición de parte), consistente en los estudios y análisis del posible perjuicio económico, productivo, de distribución, comercio y consumo que pueden generar las prácticas desleales de comercio internacional, básicamente por la importación de productos en condiciones de discriminación de precios o de subvención en su país de origen, entonces, de resultar positivo tal examen establece cuotas compensatorias que permitan una paridad y equilibrio entre los precios de los productos generados en el país y los importados a menor precio, con lo cual se tiende a evitar el perjuicio o daño en la economía nacional y del consumidor.

"De lo expuesto, se evidencia con claridad la razón por la que, siendo el recurso de revisión fiscal, un medio de defensa de carácter excepcional, se estableció en una fracción aparte, como lo es la V del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la procedencia de dicho recurso respecto de resoluciones dictadas en materia de comercio exterior.

"A mayor abundamiento, se destaca que la Ley de Comercio Exterior, es la norma a través de la cual el Congreso de la Unión delegó su potestad tributaria al titular del Ejecutivo Federal para regular las materias establecidas en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Aspecto que así lo informa la tesis de jurisprudencia por reiteración clave 2a./J. 121/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 415, que dice: ‘COMERCIO EXTERIOR. LA LEY FEDERAL RELATIVA ES LA NORMA A TRAVÉS DE LA CUAL EL CONGRESO DE LA UNIÓN DELEGÓ SU POTESTAD TRIBUTARIA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA REGULAR LAS MATERIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 131, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (se transcribe)

"Cabe destacar, que la inclusión de la fracción V en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, obedeció a lo siguiente:

"En términos del artículo 95, párrafo segundo, de la Ley de Comercio Exterior, en contra de las resoluciones que se dicten en dicha materia, se debe promover el recurso de revocación, cuyo agotamiento es forzoso, para la procedencia del juicio de nulidad.

"En efecto, el citado numeral, dispone:

"‘Artículo 95.’ (se transcribe)

"Ahora bien, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece que es facultad originaria de las secciones de dicho tribunal, la siguiente:

"...

"Por su parte, el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, es del tenor literal siguiente:

"...

"No obstante lo anterior, en contra de las sentencias dictadas por las secciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, era improcedente el recurso de revisión fiscal; pues así lo informa la tesis de jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 205/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 598, que dice:

"‘REVISIÓN FISCAL. DADA SU NATURALEZA EXCEPCIONAL, ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL PLENO O LAS SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN EJERCICIO DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA.’ (se transcribe)

"En esa virtud, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil siete, se reformó el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar, en lo que interesa, como sigue:

"‘Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esta Ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos:

"‘...

"‘V. Sea una resolución dictada en materia de «comercio exterior».’

"De lo expuesto, se advierte con claridad, que la hipótesis de procedencia en cuestión, está referida a las resoluciones dictadas en cualquiera de los procedimientos que la propia Ley de Comercio Exterior establece, entre ellos, el recurso de revocación previsto en los artículos 94 y 95, así como respecto del establecimiento y procedimiento para establecer cuotas compensatorias a la mercancía importada en condiciones de discriminación de precios (cuando se importa un producto a un precio menor del que ostenta uno producido en el país), o de subvención en su país de origen (porque en éste cuentan con algún tipo de beneficio), tendiente siempre a la protección de la producción nacional, a incrementar la competitividad de la economía nacional e integrarla a la internacional.

"Cabe destacar, que la materia de comercio exterior no se debe confundir con los diversos procedimientos que prevé la Ley Aduanera, entre los cuales se encuentra el que derivó en la resolución que se impugnó en el juicio de nulidad.

"Aunado a lo anterior, del acto combatido en el juicio de nulidad, así como del procedimiento que le dio origen, no se advierte la aplicación de alguna disposición contenida en la Ley de Comercio Exterior, por el contrario dicho procedimiento se sustentó en las hipótesis previstas en la Ley Aduanera, que permite a las autoridades ejercer las facultades que la ley les otorga para determinar la situación fiscal de las personas, en la especie para verificar, la legal, importación, tenencia y/o estancia de mercancía extranjera en el país.

"En ese contexto, cabe precisar que la resolución impugnada contenida en el oficio **********, de uno de noviembre de dos mil cinco, emitido por el administrador local de Auditoría Fiscal de Oriente del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, derivó de un procedimiento administrativo en materia aduanera que se inició para el efecto de verificar la legal importación, tenencia o estancia del vehículo marca ********** y en la que se determinó imponer contra **********, sendos créditos fiscales en su contra.

"A la persona mencionada en primer término se le impuso un crédito fiscal por la cantidad de $**********, porque cometió la infracción prevista en el artículo 179, primer párrafo, en relación con el numeral 176, fracciones I y X, de la Ley Aduanera; por omisión del pago del impuesto general de importación y del impuesto al valor agregado; así como por no acreditar la legal importación, estancia y/o tenencia en el país del vehículo de referencia.

"Al segundo se le impuso el crédito fiscal por la cantidad de $**********, porque cometió la infracción prevista en el artículo 179, primer párrafo, en relación con el numeral 176, fracción X, de la Ley Aduanera, por no acreditar la legal estancia y/o tenencia en el país del vehículo de referencia.

"De lo anterior, se verifica que tal y como se adelantó, en el procedimiento que dio origen a la resolución impugnada en la vía ordinaria, así como en la misma, no se invocaron disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, ni tampoco se analizó algún supuesto relativo al comercio exterior.

"Además, cabe precisar que el acto impugnado, así como el procedimiento relativo fue seguido por autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no así por autoridades de la Secretaría de Economía, destacando que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1o., 2o. y 4o. de la Ley de Comercio Exterior, citados, la aplicación e interpretación de las disposiciones contenidas en la ley de referencia, para efectos administrativos, corresponden a la dependencia aludida en segundo término.

"Siguiendo esta línea de pensamiento, la Ley Aduanera precisa en su artículo 1o., que esa ley, las de impuestos generales de importación y exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías, y están obligados a su cumplimiento quienes introducen a territorio nacional o exportan de él, cualquier tipo de mercancías, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualesquier persona que tenga intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías en mención.

"El referido ordenamiento legal, faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de las autoridades aduaneras, para la comprobación, determinación y cobro de impuestos al comercio exterior y sus accesorios de carácter federal, como también de las cuotas compensatorias, asignando asimismo, atribuciones para tramitar y resolver los procedimientos aduaneros a que dé lugar la comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de comercio exterior, para lo cual prevé los medios de defensa inherentes, como lo es el recurso de revocación establecido en el artículo 203 de la ley en comento, que establece:

"...

"Además, de la lectura de las diversas disposiciones de la Ley Aduanera, se advierte que las funciones administrativas relativas a la entrada de mercancías al territorio nacional o a la salida del mismo se realizan por las autoridades aduaneras y que las autoridades aduaneras, migratorias, sanitarias, de comunicaciones, de marina, y otras, ejercerán sus atribuciones en forma coordinada y colaborarán recíprocamente en el desempeño de las mismas.

"Aunado a lo anterior, la Ley Aduanera establece que están obligadas al pago de los impuestos al comercio exterior las personas físicas y morales que introduzcan mercancías al territorio nacional o las extraigan del mismo; que la Federación, Distrito Federal, Estados, Municipios, entidades de la administración pública paraestatal, instituciones de beneficencia privada y sociedades cooperativas, deberán pagar los impuestos al comercio exterior no obstante que conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, y que todas las personas y entidades antes precisadas también estarán obligadas a pagar las cuotas compensatorias.

"Por tanto, dispone la ley de mérito que quienes importen mercancías deberán cumplir, además de otras obligaciones previstas por esta ley, con la de obtener la información, documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar el país de origen y de procedencia de las mercancías, para efectos de preferencias arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas que al efecto se establezcan conforme a la Ley de Comercio Exterior y tratados internacionales de los que México sea parte, y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran.

"De lo expuesto se sigue que tratándose de la importación de mercancías a fin de evitar el comercio desleal y el daño a la economía nacional que éste pudiera ocasionar, la Secretaría de Economía está facultada por

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25175-4b2bc00b/revision-fiscal-es-procedente-contra-las-sentencias-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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