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Modo: Corpus Pro

COMERCIO EXTERIOR, FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DETERMINACIÓN EN ESA MATERIA. CORRESPONDEN ORIGINARIAMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LA QUE CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, LAS DELEGA, TANTO EN LAS AUTORIDADES ADUANERAS, COMO EN LAS ADMINISTRACIONES DE AUDITORÍA FISCAL. COMERCIO EXTERIOR. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL TIENE FACULTADES DE COMPROBACIÓN EN ESA MATERIA (REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN VIGOR HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1996). PEDIMENTO. ES UNA ESPECIE DE DECLARACIÓN FISCAL, RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/97. · Registro digital (IUS): 5138
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, , Pág. 273.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEXTO CIRCUITO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al doce de junio de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis identificada al rubro y;

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el diez de abril de mil novecientos noventa y siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Mario Felipe Álvarez Vera denunció la posible contradicción de tesis existente entre la sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 696/96, y la emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al fallar el juicio de amparo directo número 688/96.

SEGUNDO. Por acuerdo del dos de mayo de mil novecientos noventa y siete, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar el expediente de contradicción de tesis con el número 22/97 y solicitó a los presidentes del Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, remitieran copia certificada de las resoluciones dictadas en los referidos juicios de amparo directo.

TERCERO. Una vez recibidas las copias certificadas requeridas, por auto de Presidencia del veinte de octubre de mil novecientos noventa y siete, se determinó que la Segunda Sala se abocara al conocimiento de la posible contradicción de tesis y se ordenó dar vista al procurador general de la República, a fin de que en plazo de treinta días expusiera su parecer; asimismo, se turnaron los autos para su estudio al señor Ministro Juan Díaz Romero.

El procurador general de la República no formuló pedimento alguno.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo Número 1/1997, dictado por el Tribunal Pleno, el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, pues el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde específicamente a una de las materias en que se especializa esta Sala, a precisar, la administrativa.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias de autos aparece que fue formulada por la parte quejosa en uno de los juicios de amparo directo en que se sustentó una de las tesis en posible contradicción, específicamente, José Mario Felipe Álvarez que figuró como quejoso en el juicio de amparo directo número 688/96 que resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, y que a continuación se transcriben:

El criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 696/96, mediante resolución del doce de febrero de mil novecientos noventa y siete, se sustenta en las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación expresados por el quejoso.

"Para así estimarlo, conviene precisar que los artículos 116, fracción II, de la Ley Aduanera, 4o. del Reglamento de la Ley Aduanera, 72, fracciones XV y XXVII, 111, apartado B, fracción V, y 114, fracciones II y XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respectivamente, establecen: ‘Art. 116. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades: I. ... II. Comprobar que la importación y exportación de mercancías se realicen conforme a lo establecido en esta ley; la exactitud de los datos contenidos en los pedimentos, declaraciones o manifestaciones y el pago correcto de los impuestos al comercio exterior, de las cuotas compensatorias y de los derechos causados; ...’; ‘Art. 4o. Las solicitudes, manifiestos, declaraciones y pedimentos que los particulares deban presentar ante las autoridades aduaneras deberán estar firmados por el interesado o por su agente aduanal y se hará en las formas oficiales sólo en los casos en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general, las hubiese aprobado. Si no existen formas aprobadas, la obligación de formular los citados documentos se cumplirá satisfaciendo los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación, la ley y este reglamento.’; ‘Art. 72. Compete a la Administración General de Aduanas: ... XV. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios y a los demás obligados, para que exhiban en su caso, la contabilidad, declaraciones, pedimentos y avisos y demás documentos, y para que proporcionen datos e informes, cuando sea necesario para el correcto ejercicio de sus atribuciones. ... XXVII. Revisar los pedimentos y demás documentos presentados por los contribuyentes para importar o exportar mercancías, y determinar las contribuciones y multas y, en su caso, aplicar las cuotas compensatorias y determinar en cantidad líquida el monto correspondiente, de que tengan conocimiento con motivo de la revisión practicada en los términos de esta fracción ...’; ‘Art. 111. Las Administraciones Generales de Recaudación de Auditoría Fiscal Federal y la Jurídica de Ingresos contarán con administraciones locales, que tendrán la circunscripción territorial, la sede y el nombre que al efecto se señale mediante el acuerdo del secretario. La Administración General de Aduanas, tendrá en la circunscripción que al efecto se señale mediante acuerdo del secretario: A. ... B. Compete a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, ejercer las facultades siguientes: ... V. Revisar las declaraciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados y comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de impuestos, derechos, aprovechamientos y accesorios de carácter general ...’ y ‘Art. 114. Compete a las aduanas, dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda, en los términos, número, nombre y estructura, que enseguida se mencionan: ... II. Recibir de los particulares y, en su caso, requerir los avisos, pedimentos, declaraciones, manifestaciones y demás documentos que conforme a las disposiciones legales aplicables deben presentarse ante la misma, así como certificar la declaración para el movimiento de cuentas aduaneras; ... XVIII. Revisar los pedimentos y demás documentos presentados por los contribuyentes para importar y exportar mercancías, y determinar las contribuciones, multas y en su caso, aplicar las cuotas compensatorias y determinar en cantidad líquida el monto correspondiente, de que tengan conocimiento con motivo de la declaración practicada en los términos de esta fracción.’.

"De los preceptos legales transcritos con antelación, como correctamente lo aduce el quejoso, se sigue que tanto de la Ley Aduanera, el reglamento de dicha ley y el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consideran como documentos distintos entre sí, a los pedimentos y a las declaraciones, pues en ninguna de tales disposiciones legales, se utilizan dichos términos como sinónimos, tan es así, que en todos los casos separa tales vocablos con una coma, que es un signo de puntuación que sirve para separar los diferentes conceptos de una oración; y de haber sido la intención del legislador denotar que pedimento y declaración son términos que pudieran ser usados en forma indistinta o equivalente, habría utilizado, entre ambas palabras la letra ‘o’ como conjunción alternativa, por tanto, es evidente que la Sala responsable incorrectamente estimó que pedimento y declaración son sinónimos.

"En este orden de ideas, es de indicarse que si bien es cierto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atento a lo establecido en el artículo 116, fracción II, de la Ley Aduanera, tiene como una de sus facultades, la de comprobar que la importación y exportación de mercancías, se realice de acuerdo con lo establecido en el propio ordenamiento legal, así como la exactitud de los datos contenidos en los pedimentos y el pago correcto de los impuestos al comercio exterior, de las cuotas compensatorias y de los derechos causados; sin embargo, tal facultad, en términos de lo establecido en las fracciones XV y XXVII del artículo 72 y las fracciones II y XVIII, del mismo numeral 114, ambos del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, legalmente la ejercerá a través de la Administración General de Aduanas, por medio de las aduanas con que cuenta, teniendo además, competencia para determinar las contribuciones, multas y, en su caso aplicar las cuotas compensatorias y determinar en cantidad líquida el monto correspondiente de que tengan conocimiento, con motivo de la revisión de pedimentos aduanales.

"Asimismo, como atinadamente lo esgrime el quejoso y en contra de lo que sostuvo la Sala responsable en la sentencia reclamada, si bien es verdad que de conformidad con el artículo 111, apartado B, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, compete a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal revisar las declaraciones de los contribuyentes y demás obligados para comprobar el cumplimiento de diversas obligaciones fiscales federales; empero, también lo es, que dicho precepto legal no se refiere, al pago correcto de los impuestos al comercio exterior, pues en lo absoluto alude a tales impuestos; en tanto que, de una interpretación armónica de lo establecido en los artículos 116, fracción II, de la Ley Aduanera, 72, fracciones XV y XXVII, y 114, fracciones II y XVIII, del multicitado reglamento interno, válidamente puede concluirse que la facultad de comprobar el correcto pago de los impuestos al comercio exterior, y la determinación de contribuciones y multas, con motivo de la revisión correspondiente, legalmente compete a la Administración General de Aduanas, o a las aduanas con que cuente dicha administración, y no a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal como incorrectamente lo consideró la Sala responsable.

"En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, a fin de que la Sala Fiscal Regional responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar dicte una nueva, en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, declare la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo generador."

CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al fallar el juicio de amparo directo número 688/96, mediante ejecutoria del seis de marzo de mil novecientos noventa y siete, sostuvo el siguiente criterio:

"QUINTO. Son jurídicamente ineficaces los argumentos que como conceptos de violación esgrime el quejoso, sin que esté en el caso de suplir la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, según se advierte del estudio integral del asunto.

"El quejoso en el primer apartado del capítulo de conceptos de violación de su demanda de garantías, en síntesis, aduce que la sentencia reclamada es ilegal pues en su opinión, viola los artículos 1o. del Código Fiscal de la Federación, 25 y 116, fracción II, de la Ley Aduanera, 72, fracciones XV y XXVII, 111, apartado B, fracción V, y 114, fracciones II y XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por consecuencia los artículos 14 y 16 constitucionales, y a fin de demostrar su afirmación, procede a realizar una síntesis de lo argumentado a manera de primer concepto de anulación en su demanda de nulidad; enseguida, transcribe el segundo considerando de la resolución reclamada; a continuación, reitera en un ‘subapartado’ sus afirmaciones en el sentido de que el fallo reclamado vulnera los preceptos legales antes invocados, realiza un extracto de las razones que, en su opinión, constituyen el apoyo del fallo reclamado, transcribe el artículo 111, apartado B, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y, finalmente sostiene que la Ley Aduanera en ninguna de sus disposiciones utiliza el término ‘declaración’, como sinónimo o equivalente al pedimento, ni tampoco el artículo 25 de la ley en cita que sirvió de base a la responsable para emitir la resolución reclamada, sino que por el contrario el artículo 116, fracción II, de la Ley Aduanera, y el diverso 4o. de su reglamento, menciona a esos documentos por separado.

"Asimismo, el peticionario de garantías, afirma que el artículo 25 de la Ley Aduanera, establece que los pedimentos son documentos sobre los que gira el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de impuesto a la importación y exportación a diferencia de las demás contribuciones y derechos federales cuyo cumplimiento de obligaciones se hacen normalmente a través de otros documentos denominados declaraciones, por lo que en su concepto, es evidente que las declaraciones y los pedimentos si bien tienen el mismo propósito de cumplimiento de obligaciones fiscales; sin embargo, son distintos en razón de que las obligaciones que se cumplen mediante los pedimentos están sujetas a la Ley Aduanera y las que se cumplen mediante declaraciones a las diversas leyes fiscales, que ante esa situación es notoria la confusión en que incurrió la responsable al considerar a las declaraciones y a los pedimentos como un solo género (declaraciones), sin tomar en cuenta la diferencia que media entre ambos documentos. Por otro lado, el quejoso, también refiere que es equivocada la interpretación que dio la responsable a las disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues según dice, contrariamente a lo sustentado ‘dicho ordenamiento’ contempla como objeto de revisión aspectos diferentes entre sí, es decir, a los pedimentos y a las declaraciones, ya que al referirse a esos documentos, se alude a diversas unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda como encargadas de su verificación en ordenamientos distintos, pues el artículo 111, apartado B, fracción V, del reglamento en cuestión, delega a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, la facultad de revisar declaraciones; y, conforme a los artículos 72, fracciones XV y XXVII, y 114, apartado A, fracciones II y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, corresponde a la Dirección General de Aduanas y a las aduanas el verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales derivadas de la importación y exportación de mercancías, por lo que no existe base jurídica para determinar que las administraciones locales tienen facultades de revisar los pedimentos, enseguida, transcribe los artículos 72, fracciones XV y XXVII, 111, apartado B, fracción V, y 114, fracciones II y XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Los anteriores argumentos que esgrime el quejoso, resultan infundados por las razones que a continuación se precisan:

"En primer término, cabe precisar que los artículos 72, fracciones XV y XXVII, así como 111, apartado B, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la letra disponen: ‘Artículo 72. Compete a la Administración General de Aduanas: ... XV. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios y a los demás obligados para que exhiban en su caso, la contabilidad, declaraciones, pedimentos y avisos y demás documentos, y para que proporcionen datos e informes, cuando sea necesario para el correcto ejercicio de sus atribuciones. ... XXVII. Revisar los pedimentos y demás documentos presentados por los contribuyentes para importar o exportar mercancías, y determinar las contribuciones y multas.’.

"También resulta necesario destacar que el artículo 111, apartado B, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la letra, dispone: ‘Artículo 111. Las Administraciones Generales de Recaudación, Auditoría Fiscal Federal y la Jurídica de Ingresos, contarán con Administraciones Locales. Apartado B. Compete a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, ejercer las facultades siguientes: ... V. Revisar las declaraciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados y comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de impuestos, derechos, aprovechamientos y accesorios de carácter federal.’.

"De igual manera, es menester referir que el artículo 116, fracción II, de la Ley Aduanera, dispone: ‘Artículo 116. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá además de las conferidas en el Código Fiscal y por otras leyes, las siguientes facultades: ... II. Comprobar que la importación y exportación de mercancías se realice conforme a lo establecido en esta ley; la exactitud de los datos contenidos en los pedimentos, declaraciones o manifestaciones y el pago correcto de los impuestos al comercio exterior y a los derechos causados.’.

"Sentado lo anterior, debe decirse que contrariamente a lo alegado por el quejoso, la sentencia reclamada no resulta ser violatoria de garantías, esto es así, porque como acertadamente lo estimó la Sala, en términos del artículo 111, apartado B, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene competencia legal la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla, para comprobar los pedimentos de importación o exportación de mercancías, toda vez que el precepto legal en cita, le confiere atribuciones legales para revisar las declaraciones de los contribuyentes responsables solidarios, así como comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de impuestos, derechos, aprovechamientos y accesorios de carácter federal.

"De tal suerte, es claro que si en términos de lo previsto en el precepto legal mencionado en el párrafo que precede, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla, cuenta con atribución legal o facultades para revisar la documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, al constituir los pedimentos de importación o exportación, documentos mediante los cuales, los contribuyentes cumplen su obligación de declarar, entre otras, lo referente al pago de impuesto al comercio exterior, resulta evidente que se encuentra dentro del ámbito de la competencia de la autoridad de que se trata, el revisar los aludidos pedimentos.

"Consecuentemente, si los pedimentos de importación o exportación, son el formato oficial y, por ende, el medio a través del cual los contribuyentes enteran el pago de una contribución, es evidente que los mismos, en realidad constituyen verdaderas declaraciones, que como tales, son sujetas de revisión por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla.

"No es óbice a lo anterior, lo afirmado por el quejoso de que los pedimentos y las declaraciones constituyen dos conceptos distintos, y que por tanto, los primeros están sujetos exclusivamente a la revisión por parte de las oficinas aduanales.

"Se afirma lo anterior, porque si bien es verdad que en los artículos 72, fracciones II y XXV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 116, fracción II, de la Ley Aduanera, se alude a ‘declaraciones’ y ‘pedimentos’, y conceden a la Administración General de Aduanas, la facultad de revisar los mismos; sin embargo, también lo es, que ello no implica que constituyan dos distintos documentos sujetos de revisión cada uno por unidades administrativas diversas.

"En efecto, el hecho de que el artículo 72, fracciones II y XXV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, describe todos aquellos documentos que tienen por efecto que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales en materia de impuestos al comercio exterior, dado que tratándose de materia aduanera, existen diversos documentos con distintos nombres, que tienen los mismos efectos o finalidades (el que se cumplan las obligaciones fiscales), a manera de ejemplo, los artículos 28 y 85 de la Ley Aduanera, aluden a las denominadas declaraciones.

"En segundo término, porque las disposiciones legales a las que alude el quejoso (los artículos 72, fracciones II y XXV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 116, fracción II, de la Ley Aduanera), otorgan facultad de verificar los pedimentos de importación o exportación a la Administración de Aduanas, pero no en forma exclusiva o excluyente a otras unidades del fisco federal, dado que esa atribución es delegada de la originaria concedida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Finalmente, porque con independencia de las denominaciones que pudieran tener diversos documentos, si la finalidad de ellos es la de que se cumplan las obligaciones fiscales, es claro, que todos los que tengan ese objeto, constituyen declaraciones sobre contribuciones que realizan los contribuyentes; y, por lo mismo, sujetas a su revisión tanto por parte de la Administración de Aduanas, por disposición de los artículos 72, fracciones II y XXV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 116, fracción II, de la Ley Aduanera, como de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, a las que se les confirió tal atribución o facultad con arreglo a lo que dispone el artículo 111, apartado B, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En mérito de lo anterior, resulta correcto lo sustentado al respecto por la responsable, en el acto reclamado y, por ende, es inexacto que mediara la confusión que a la Sala le atribuye el quejoso.

"El quejoso, también alega que no es válido interpretar por analogía las disposiciones que regulan la competencia, como lo efectúa la responsable que las Administraciones Locales también tienen atribuciones de revisar los repetidos pedimentos, pues por un lado, las disposiciones que regulan la competencia son de orden público, y si la ley considera a las declaraciones como documentos distintos a los pedimentos y, además, les atribuye a distintas dependencias la facultad de revisar cada uno de esos documentos, no es correcto que la Sala desconociera esa distinción y los considerara como documentos similares.

"El anterior planteamiento es infundado, pues la responsable no aplicó por analogía disposiciones relativas a la competencia de la autoridad ahora tercera perjudicada.

"Sustenta la anterior conclusión, el hecho de que en la sentencia reclamada, se especifica que la competencia de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla, deriva del artículo 111, apartado B, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, precepto legal, que como ya se vio, efectivamente, faculta a esa autoridad, para revisar declaraciones relativas al cumplimiento de los contribuyentes respecto de tributaciones federales, entre las que se encuentra el impuesto al comercio exterior.

"Por último, el quejoso argumenta que es ilegal, lo sustentado por la Sala en el sentido de que el artículo 116 de la Ley Aduanera, al otorgar facultades a la Secretaría de Hacienda para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales, se la concede también a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, pues en opinión del amparista, ese precepto sólo se refiere a la secretaría en cita y no a los órganos desconcentrados, por lo que esa disposición es insuficiente para acreditar la competencia de la Administración Local de Auditoría Fiscal para revisar los pedimentos de importación y exportación.

"El anterior planteamiento resulta infundado.

"Se afirma lo anterior, porque aun cuando es verdad que el artículo 116 de la Ley Aduanera, únicamente establece que se le otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, competencia para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia aduanera; no debe de perderse de vista que esa secretaría por virtud del artículo 111, apartado B, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, delegó en favor de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, su atribución originaria de verificar las declaraciones que presentaran los contribuyentes para cumplir sus obligaciones tributarias.

"Por tanto, es evidente, que si como ya se vio, los pedimentos constituyen declaraciones de cumplimiento de tributaciones a cargo de contribuyentes, los mismos son sujetos de revisión, por las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, como consecuencia de la delegación que sobre el particular efectuó a su favor la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"En las relatadas condiciones, lo que procede es negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita."

SEXTO. El análisis de las ejecutorias transcritas pone de relieve la existencia de la contradicción de tesis denunciada.

Para poner de manifiesto lo anterior, es pertinente precisar las coincidencias que se actualizan en relación con la emisión de los criterios que se denuncian como divergentes:

1. Los Tribunales Colegiados de Circuito emitieron sus respectivos criterios en juicios de amparo directo en los que se reclamaron actos de la misma naturaleza y contenido, a precisar: sentencias dictadas por la Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver juicios de nulidad, en las que ésta reconoció la validez de resoluciones mediante las que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla determinó créditos fiscales por incumplimiento en el pago de impuestos al comercio exterior, detectado con motivo de la revisión de pedimentos de importación.

2. En los respectivos juicios de amparo directo, los quejosos cuestionaron, a través de sus conceptos de violación, las facultades de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal para revisar pedimentos de importación y determinar impuestos al comercio exterior.

3. Al dar respuesta a esos conceptos de violación, los Tribunales Colegiados de Circuito analizaron, coincidentemente, el artículo 116, fracción II, de la Ley Aduanera publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, que estuvo en vigor del uno de julio de mil novecientos ochenta y dos al treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y seis, y los artículos 72, fracciones XV y XXVII, 111, apartado B, fracción V, y 114, fracciones II y XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicado en el citado diario del veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos, vigente del veinticinco de febrero de ese año al once de septiembre de mil novecientos noventa y seis.

A pesar de basarse en los mismos supuestos, los Tribunales Colegiados de Circuito arribaron a conclusiones diferentes.

En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito sostuvo que si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la facultad de comprobar la exactitud de los datos contenidos en los pedimentos y el pago correcto de los impuestos al comercio exterior, ésta la ejerce a través de la Administración General de Aduanas, por medio de las aduanas, no por conducto de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, ya que el artículo 111, apartado B, fracción V, del citado reglamento, no se refiere a impuestos al comercio exterior, autorizándolas a revisar declaraciones, no pedimentos, que son documentos distintos.

En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito sostuvo que si bien la Administración General de Aduanas tiene facultad para verificar los pedimentos de importación o exportación, ésta no le es exclusiva ni resulta excluyente, pues es delegada de la originaria concedida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, gozando de la misma atribución las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, toda vez que el artículo 111, apartado B, fracción V, del citado Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, confiere a éstas atribuciones para revisar las declaraciones de los contribuyentes, responsables solidarios, así como para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de impuestos, derechos, aprovechamientos y accesorios de carácter federal, de suerte que al constituir los pedimentos declaraciones de comercio exterior, también son sujetas de revisión por esas administraciones.

De acuerdo con lo anterior, debe concluirse que existe la contradicción de tesis denunciada, dado que los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los respectivos juicios de amparo directo, examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, adoptando criterios jurídicos discrepantes, con motivo de diversas interpretaciones jurídicas de los mismos elementos de conocimiento.

Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la jurisprudencia número 22/92, sustentada por la Cuarta Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número cincuenta y ocho, octubre de 1992, página veintidós, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amp

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5138-bab11ade/comercio-exterior-facultades-de-comprobacion-y-determinacion-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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