SEGURO SOCIAL. INVALIDEZ Y RIESGOS DE TRABAJO. ESOS SEGUROS TIENEN ORÍGENES Y CONTENIDOS DIFERENTES, QUE OBLIGAN A DEMOSTRAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRESTACIONES MEDIANTE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN PROPIOS. SEGURO SOCIAL. EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO DE INVALIDEZ, NO SÓLO DEPENDE DE LA DISMINUCIÓN DE LAS FACULTADES FÍSICAS O MENTALES DEL ASEGURADO, AUNQUE ESTO SE ENCUENTRE PRECEDIDO DEL OTORGAMIENTO DE UNA INCAPACIDAD DERIVADA DE UN RIESGO DE TRABAJO, SINO QUE REQUIERE, ADEMÁS, DE LA DEMOSTRACIÓN DE QUE ESA DISMINUCIÓN DERIVA DE UN ACCIDENTE O ENFERMEDAD NO PROFESIONALES Y QUE LE IMPOSIBILITA PARA PROCURARSE, MEDIANTE EL TRABAJO, EL CINCUENTA POR CIENTO DE SUS INGRESOS ORDINARIOS, A MÁS DE QUE CUMPLIÓ CON EL PERIODO DE ESPERA SEÑALADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 94/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO Y EL NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de mayo de mil novecientos noventa y ocho.
VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis identificada al rubro y;
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio número 6659 recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, la Magistrada presidenta del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, comunicó que en la ejecutoria que ese cuerpo colegiado pronunció el treinta de octubre del referido año, en el juicio de amparo directo número 11887/97, determinó procedente denunciar la posible contradicción de tesis existente entre la que en ese fallo sustentó y la emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver, el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco, el juicio de amparo directo número 10739/95, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, noviembre de 1995, página 604, cuyo rubro es "SEGURO SOCIAL. INVALIDEZ, CASO EN QUE SE PRESUME EL ESTADO DE."; a tal oficio la citada Magistrada acompañó copia fotostática certificada de la mencionada ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito que integra.
SEGUNDO. Por acuerdo de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar el expediente de contradicción de tesis número 94/97, y solicitó del presidente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, copia certificada de la resolución dictada en el referido juicio de amparo directo.
TERCERO. Una vez recibida la copia certificada requerida, por auto de presidencia del nueve de febrero de mil novecientos noventa y siete, se determinó que la Segunda Sala se abocara al conocimiento de la posible contradicción de tesis y se ordenó dar vista al procurador general de la República, a fin de que en el plazo de treinta días expusiera su parecer; asimismo, se turnaron los autos para su estudio al señor Ministro Juan Díaz Romero.
El procurador general de la República no formuló pedimento alguno.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del acuerdo número 1/1997, dictado por el Tribunal Pleno el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, pues el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde específicamente a una de las materias en que se especializa esta Sala, a precisar, la de trabajo.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que, al parecer, sustentan tesis contradictorias.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, y que a continuación se transcriben:
El criterio emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 11887/97, mediante resolución del treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete, se sustenta en las siguientes consideraciones:
"TERCERO. Son fundados los conceptos de violación antes expresados.
"Eleazar Zúñiga Navarrete, demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social en el inciso c) el otorgamiento y pago de pensión de invalidez, dado que es portador de 1. Síndrome doloroso lumbar crónico secundario a discopatía de L5-S12. Hiperuricemia y 3. Hiperclesteronemia, que por su severidad le producen estado de invalidez a que se refiere el artículo 128 de la Ley del Seguro Social.
"El Instituto Mexicano del Seguro Social, negó que el reclamante sea portador de las enfermedades generales que aduce en su demanda, por lo que no reúne los requisitos del artículo 128 de la Ley Seguro Social.
"La Junta condenó al instituto demandado, al otorgamiento y pago de pensión de invalidez, pues estimó procedente conceder pleno valor probatorio al dictamen del perito tercero en discordia quien concluyó que el asegurado es portador, entre otros padecimientos de síndrome doloroso lumbar crónico mecano postural y degenerativo, sin relación de causa a efecto con su ambiente laboral y por tanto sin lugar a valuación, pero que en la actualidad le confiere un estado de invalidez, en términos del artículo 128 de la Ley del Seguro Social, observando la Junta que, en el caso, como el actor también es portador de enfermedades profesionales que le producen incapacidad parcial permanente del 35% en aplicación de la jurisprudencia del Noveno Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, bajo el rubro de: ‘SEGURO SOCIAL, INVALIDEZ CASO EN QUE SE PRESUME EL ESTADO.’ existe la presunción de que el trabajador se ubica en la hipótesis del artículo 128 de la Ley del Seguro Social, lo que dio lugar a que condenara al otorgamiento de pensión de invalidez.
"Alega el instituto quejoso que el laudo es ilegal por falta de motivación y fundamentación, ya que en el tercer considerando del laudo la Junta lo condena al otorgamiento y pago de pensión de invalidez, con el argumento de que del dictamen del perito tercero se desprende que el asegurado es portador no sólo de enfermedades generales, sino también profesionales, que le producen una incapacidad del 37% (sic), por lo que en aplicación de la jurisprudencia bajo el rubro de ‘SEGURO SOCIAL, INVALIDEZ CASO EN QUE SE PRESUME EL.’ lo condena a pagar pensión de invalidez, pasando por alto que el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, que es de observancia obligatoria exige que sea un 50% y no el 37% que presenta el actor, que el quejoso al contestar su demanda, apoyó su excepción en el hecho de que el asegurado no reúne los requisitos del artículo 128 de la Ley del Seguro Social. Que además existe la jurisprudencia por contradicción de tesis bajo el rubro de ‘INVALIDEZ, ESTADO DE. PRUEBAS QUE EL TRABAJADOR PUEDE RENDIR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.’, que superó la diversa jurisprudencia que exige al asegurado demostrar que se encuentra imposibilitado para procurarse mediante un trabajo remunerado una percepción superior al 50% de la habitual que percibió en el último año y que dicha imposibilidad derive de una enfermedad general, que es a los extremos que debió abocarse a analizar la Junta, máxime que no es suficiente que el perito opine que padece invalidez, sino que deben demostrarse los extremos antes aludidos.
"Son en esencia fundados los anteriores conceptos de violación, pues ciertamente la Junta del conocimiento omitió aplicar en el laudo la jurisprudencia número 51/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en que se establecen los requisitos que debe satisfacer el asegurado para que se considere acreedor al otorgamiento de pensión de invalidez, los cuales están definidos por el artículo 128 de la Ley del Seguro Social y que consisten básicamente en que el asegurado padezca enfermedad general y que la misma le impida percibir al menos el 50% de la percepción que obtuvo en el último año de servicios, mientras que la incapacidad parcial permanente conforme al diverso artículo 65, fracción II, de la Ley del Seguro Social da derecho al otorgamiento y pago de la pensión correspondiente, en el concepto de que el aludido estado de incapacidad parcial, acorde a lo previsto por el artículo 62, fracción II, de la propia legislación, derivada de un riesgo de trabajo, el cual es definido por el artículo 48 del ordenamiento en consulta como los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores con motivo del trabajo, es decir, que mientras el derecho a percibir pensión de invalidez deriva de una enfermedad general, la de incapacidad parcial tiene su origen en los riesgos de trabajo, consecuentemente, se estima incorrecta la conclusión de la Junta de que como el asegurado es portador de enfermedades profesionales que le ocasionan incapacidad parcial permanente del 37%, se presuma su estado de invalidez por presentar también enfermedades generales, pues como ya se anticipó, el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, sólo exige que las enfermedades generales impidan al asegurado procurarse mediante un trabajo remunerado una percepción superior del 50% de la que obtuvo en el último año de servicios. Toda vez que el criterio sustentado por este tribunal es contradictorio con el sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito que sirve de fundamento al laudo reclamado y que textualmente dice: ‘SEGURO SOCIAL. INVALIDEZ, CASO EN QUE SE PRESUME EL ESTADO DE. El artículo 128 de la Ley del Seguro Social, establece que existe invalidez, cuando por la afectación de una enfermedad o bien por accidente no profesionales, el asegurado se encuentre imposibilitado para procurarse mediante un empleo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la que percibió habitualmente durante el último año de trabajo. De acuerdo a las reglas que rigen la carga de la prueba en materia de trabajo, corresponde a quien demanda el que se le reconozca el estado de invalidez, demostrar que se encuentra en el supuesto legal. Sin embargo, si el asegurado ya padece algún grado de incapacidad parcial permanente en términos de la propia ley, y es de tal forma significativo, que el porcentaje de su capacidad orgánico-funcional que le resta se encuentra lo suficientemente menguado; y aunado a ello, la prueba médica propone el reconocimiento de la invalidez por los padecimientos del orden general diagnosticados; se crea una presunción a favor del asegurado, de que se ubica en el supuesto legal, dado que sus facultades físicas están disminuidas por la incapacidad; presunción que debe ser desvirtuada por el Seguro Social.’. El cual aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, noviembre de 1995, página 604, de la Novena Época, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se denuncia la contradicción existente entre ambos criterios, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decida cuál de ellos es el que debe prevalecer.
"En tales condiciones se impone conceder al Instituto Mexicano del Seguro Social el amparo que solicita para el efecto de que la Junta deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar emita otro en el que prescindiendo del argumento de que como el asegurado es portador de enfermedades profesionales que le ocasionan incapacidad parcial permanente, se presume el estado de invalidez, resolviendo con base en el material probatorio que obra en autos, si el actor demostró ser acreedor al otorgamiento y pago de pensión de invalidez, debiendo reiterar los demás puntos del laudo de los que no se ocupó esta ejecutoria.
"Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones III y V, inciso d), de la Constitución General de la República, 44, 46, 76, 80, 158, 184 y 190, de la Ley del Amparo, se resuelve:
"ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege al Instituto Mexicano del Seguro Social contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Nueve Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, presidente y actuario de la misma consistentes en el laudo de fecha dieciocho de junio de mil novecientos noventa y siete dictado en el juicio laboral número 3102/95 seguido por Eleazar Zúñiga Navarrete en contra del quejoso, cuya ejecución reclama de las dos últimas autoridades. El amparo se concede para los efectos precisados en el considerando tercero de esta ejecutoria."
CUARTO. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al fallar el juicio de amparo directo número 10739/95, mediante ejecutoria del veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco, sostuvo el siguiente criterio:
"TERCERO. Los conceptos de violación son infundados, atento a las siguientes consideraciones:
"Aduce el instituto quejoso, que la Junta sin externar motivos y razones le da valor probatorio al dictamen emitido por el perito tercero en discordia para condenarlo a cubrir al actor una pensión por incapacidad parcial permanente valuada en un treinta y seis por ciento de disminución orgánica funcional.
"No le asiste razón al promovente del amparo en lo que argumenta, toda vez que de la lectura del laudo reclamado, se desprende que la responsable sí se ocupa de dar las razones y motivos por las cuales adopta el peritaje emitido por el experto tercero en discordia, señalando al efecto lo siguiente: ‘Esta Junta habiendo procedido a la lectura y análisis detallado de los 3 anteriores dictámenes determina conceder valor probatorio al peritaje del tercero en discordia, toda vez que éste para arribar a los diagnósticos y conclusiones pronunciadas se apoyó en mayores y mejores elementos de carácter técnico médico especializados tales como prueba de tele de tórax y su interpretación radiografía de columna lumbosacra y su interpretación radiografías de codo y su interpretación electromeografía y su interpretación valoración por ortopedia de reporte estudio espirométrico con interpretación y valoración audiológica con su reporte, estudios que no se observa se hayan practicado en el peritaje de las partes en especial el peritaje de la demandada por lo que se les niega valor probatorio a estos últimos dictámenes del actor y demandada.’ (foja cincuenta y cinco).
"De la transcripción efectuada, se advierte claramente que la autoridad en el fallo impugnado, externa el razonamiento por el cual le otorga valor probatorio al dictamen aludido; de ahí lo infundado del argumento.
"En otro concepto de violación señala el promovente del amparo, que con el peritaje del experto tercero en discordia, no se prueba que los padecimientos del orden general del actor encuadren en la hipótesis contenida en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, esto es, que lo inhabiliten de tal forma que no pueda mediante un trabajo obtener unas percepciones superiores a las habituales que recibió durante el último año de trabajo.
"Es infundado el relatado argumento, ya que al respecto debe decirse que si como ya quedó establecido, que de acuerdo a la prueba pericial la Junta determinó que tiene el accionante un treinta y seis por ciento de disminución de su capacidad orgánico-funcional, lo que le confería un estado de incapacidad por padecimientos del orden profesional, y si en el dictamen que la Junta estimó correcto se propone, además, que por las afecciones del orden general se otorgue pensión de invalidez, se crea una presunción a favor del actor en cuanto a que se encuentra en el supuesto del citado artículo 128 de la Ley del Seguro Social.
"Lo anterior es así, ya que al encontrarse el accionante disminuido en su capacidad orgánica funcional en un treinta y seis por ciento, le queda un sesenta y cuatro por ciento de dicha capacidad, la cual, si el perito médico le diagnostica otros padecimientos del orden general y además señala que por su severidad le provocan estado de invalidez, debe presumirse que lo es así, si se toma en cuenta que únicamente goza del sesenta y cuatro por ciento de su capacidad, dado que es completamente factible que con los otros padecimientos no pueda procurarse una remuneración mayor al cincuenta por ciento de la que obtuvo en el último año de trabajo.
"Así las cosas, al crearse a favor del trabajador la presunción aludida, correspondía al instituto demandado probar lo contrario; de ahí lo infundado del concepto de violación en estudio.
"En atención a las relatadas consideraciones, al no resultar violatorio de garantías el laudo reclamado, procede negar el amparo solicitado.
"Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III y V, de la Constitución General de la República; 44, 46, 158, 188 y 190, de la Ley de Amparo; 37, fracción I inciso d) y 41, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve:
"ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Instituto Mexicano del Seguro Social contra actos de la Junta Especial Número Nueve Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, presidente y actuario de la misma, que hizo consistir de la primera autoridad en el laudo de fecha quince de agosto de mil novecientos noventa y cinco, dictado en el juicio laboral número 2104/94, seguido por José Pedro Torija Torres, en contra del ahora quejoso; y de las otras autoridades los actos de ejecución correspondientes."
Al respecto, se redactó la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, noviembre de 1995, página 604, que dice:
"SEGURO SOCIAL. INVALIDEZ, CASO EN QUE SE PRESUME EL ESTADO DE. El artículo 128 de la Ley del Seguro Social, establece que existe invalidez, cuando por la afección de una enfermedad o bien por accidente no profesionales, el asegurado se encuentre imposibilitado para procurarse mediante un empleo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la que percibió habitualmente durante el último año de trabajo. De acuerdo a las reglas que rigen la carga de la prueba en materia de trabajo, corresponde a quien demanda el que se le reconozca el estado de invalidez, demostrar que se encuentra en el supuesto legal. Sin embargo, si el asegurado ya padece algún grado de incapacidad parcial permanente en términos de la propia ley, y es de tal forma significativo, que el porcentaje de su capacidad orgánico-funcional que le resta se encuentra lo suficientemente menguado; y aunado a ello, la prueba médica propone el reconocimiento de la invalidez por los padecimientos del orden general diagnosticados; se crea una presunción a favor del asegurado, de que se ubica en el supuesto legal, dado que sus facultades físicas están disminuidas por la incapacidad; presunción que debe ser desvirtuada por el Seguro Social."
QUINTO. El análisis de las ejecutorias transcritas pone de relieve la existencia de la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con el criterio sentado por la Cuarta Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 22/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número cincuenta y ocho, octubre de 1992, página veintidós, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
En la especie, los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre un mismo tema, a precisar: sobre el reconocimiento del estado de invalidez a que se refiere el artículo 128 de la Ley del Seguro Social del doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, abrogada el uno de julio de mil novecientos noventa y siete, cuando el asegurado padece una incapacidad parcial permanente, en términos de la misma legislación invocada, y el resultado de la prueba pericial médica arroja la existencia de padecimientos del orden general, que según el perito dan lugar al estado de invalidez.
Ahora bien, a pesar de que los aludidos órganos jurisdiccionales examinaron los mismos elementos jurídicos, arribaron a conclusiones divergentes, pues mientras el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostuvo que en esa hipótesis no puede presumirse el estado de invalidez, puesto que el reconocimiento de éste requiere de la satisfacción de los requisitos previstos en el citado artículo 128 de la Ley del Seguro Social abrogada; el Noveno Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito estimó que en ese supuesto se crea la presunción a favor del asegurado de que sufre el estado de invalidez, dado que sus facultades físicas están ya disminuidas por la incapacidad, presunción que debe ser desvirtuada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
En ese orden de ideas, queda configurada la contradicción de tesis denunciada.
CUARTO. La contradicción ha de resolverse declarando que sobre el tema a debate debe prevalecer el criterio que sienta esta Sala al tenor de las siguientes consideraciones:
De acuerdo con el material de conocimiento, la contradicción tiene como tópico central resolver sobre el reconocimiento o no reconocimiento del estado de invalidez a que se refiere el artículo 128 de la Ley del Seguro Social del doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, abrogada el uno de julio de mil novecientos noventa y siete, cuando, como antecedente, el asegurado ya padece una incapacidad parcial permanente, en términos de la misma legislación de seguridad social, y la práctica de la prueba pericial arroja que, además, tiene padecimientos del orden general que, según el perito, le causan invalidez.
La anterior precisión pone de relieve que, en el caso, se involucra a dos ramas de seguro que comprendía el régimen obligatorio de la abrogada Ley del Seguro Social, de acuerdo con su artículo 11, a precisar: la de riesgos de trabajo, que en una de sus hipótesis puede producir la referida incapacidad permanente parcial, y la de invalidez.
El mencionado precepto legal abrogado, era del tenor siguiente:
"Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los gastos de:
"I. Riesgos de trabajo;
"II. Enfermedades y maternidad;
"III. Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte;
"IV. Guarderías para hijos de aseguradas, y
"V. Retiro."
Cabe destacar que en la nueva Ley del Seguro Social esos seguros de riesgos de trabajo y de invalidez, se conservan como obligatorios, según lo previsto, coincidentemente, en el artículo 11, aunque es preciso citar que su régimen financiero ha cambiado. Ese precepto legal en vigor es del tenor literal siguiente:
"Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de:
"I. Riesgos de trabajo;
"II. Enfermedades y maternidad;
"III. Invalidez y vida;
"IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y
"V. Guarderías y prestaciones sociales."
También debe precisarse que la hipótesis general del artículo 128 de la Ley del Seguro Social abrogada, del que los Tribunales Colegiados de Circuito derivaron sus consideraciones básicas, es esencialmente la misma que establece el artículo 119 de la nueva Ley del Seguro Social, según puede constatarse del texto íntegro de esos preceptos legales que, respectivamente, son del tenor siguiente:
"Artículo 128. Para los efectos de esta ley existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales."
"Artículo 119. Para los efectos de esta ley existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales.
"La declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social."
La repetida existencia de esos diferentes seguros en la Ley del Seguro Social en vigor y su establecimiento obligatorio, así como la permanencia de la hipótesis normativa general de la que derivaron las divergentes consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito, al margen de demás coincidencias que al respecto se actualicen, revelan la actualidad y necesidad de resolver la problemática en cuestión.
Para satisfacer el anunciado propósito, es pertinente partir de la precisión del fundamento y contenido de los mencionados seguros.
La Constitución General de la República, en el artículo 123, apartado A, se ocupa de distinguir en dos de sus fracciones a los riesgos de trabajo y a la invalidez.
En efecto, las fracciones XIV y XXIX del apartado A del mencionado artículo 123 del Pacto Federal, establecen:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:
"I. ...
"XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario.
"XV. ...
"XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares."
Como es fácil de apreciar, la fracción XIV del apartado A del artículo 123 de la Carta Magna, enfatiza la obligación de los patrones de responsabilizarse de los accidentes de trabajo y de las enfermedades de los trabajadores, sufridos con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten, lo que pone de relieve un tratamiento especial para los riesgos de trabajo, mientras que la fracción XXIX de la mencionada disposición fundamental, precisa como de utilidad pública el seguro de invalidez.
La legislación reglamentaria de esos preceptos constitucionales, que es la Ley del Seguro Social, en su texto abrogado, también distinguía, como continúa haciéndolo la legislación vigente, al seguro de riesgos de trabajo del de invalidez.
El seguro de riesgos de trabajo aparecía establecido y regulado en el título segundo, capítulo III, de la abrogada Ley del Seguro Social que, en lo relevante para el caso de que se trata, dispone en sus secciones primera a tercera, artículos 48 a 74, lo siguiente:
"Capítulo III
"Del seguro de riesgos de trabajo
"Sección Primera
"Generalidades"
"Artículo 48. Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo."
"Artículo 49. Se considera accidente de trabajo, toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste.
"También se considerará accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo, o de éste a aquél."
"Artículo 50. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. En todo caso, serán enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley Federal del Trabajo."
"Artículo 51. Cuando el trabajador asegurado no esté conforme con la calificación que del accidente o enfermedad haga el instituto de manera definitiva, podrá ocurrir ante el Consejo Técnico del propio instituto o ante la autoridad laboral competente, para impugnar la resolución.
"En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, entretanto se tramita el recurso o el juicio respectivo, el instituto le otorgará al trabajador asegurado o a sus beneficiarios legales las prestaciones a que tuviere derecho en los ramos del seguro de enfermedades y maternidad o invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, siempre y cuando se satisfagan los requisitos señalados por esta ley."
"Artículo 52. La existencia de estados anteriores tales como idiosincrasias, taras, discrasias, intoxicaciones o enfermedades crónicas, no es causa para disminuir el grado de la incapacidad temporal o permanente, ni las prestaciones que correspondan al trabajador."
"Artículo 53. No se considerarán para los efectos de esta ley, riesgos de trabajo los que sobrevengan por alguna de las siguientes causas:
"I. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez;
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5104-754ec328/seguro-social-invalidez-y-riesgos-de-trabajo-esos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CUOTAS OBRERO-PATRONALES. LA PRESTACION CONSISTENTE EN AYUDA DE RENTA NO ES EQUIPARABLE A LAS APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA EFECTOS DE INTEGRACIO (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- COMERCIO EXTERIOR, FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DETERMINACIÓN EN ESA MATERIA. CORRESPONDEN ORIGINARIAMENTE A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LA QUE CON APEGO A LAS DIS (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- CONFESIÓN EN MATERIA DE TRABAJO, A CARGO DE PERSONAS QUE PARA LA FECHA DEL DESAHOGO YA NO DESEMPEÑEN FUNCIONES DE DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN PARA EL PATRÓN. EQUIVALE A UN TESTIMONI (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. SI SE ACREDITA MEDIANTE CARTA PODER, DEBEN HACERSE CONSTAR LOS NOMBRES DE LOS TESTIGOS ANTE QUIENES SE OTORGA. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- TESIS, CONTRADICCION DE. NO COMPETE RESOLVERLA AL TRIBUNAL COLEGIADO. (s/clave)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA. (1695)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA. (1a./J. 129/2004 )
- CONTRADICCION DE TESIS. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION SON COMPETENTES PARA CONOCER DE ELLA, AUN CUANDO LOS CRITERIOS PROVENGAN DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE (2a. LI/95)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis