Corpus
Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA DE ORIGEN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN VINCULADOS CON ESE ASPECTO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 297/2014. · Registro digital (IUS): 25212
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-09-12
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Pág. 2023.

AMPARO DIRECTO 297/2014. 19 DE JUNIO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARTÍN ÁNGEL RUBIO PADILLA. SECRETARIO: ARNOLDO SANDOVAL RESÉNDEZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. El estudio de los conceptos de violación conduce a determinar lo siguiente.

En el primer motivo de inconformidad el quejoso aduce que en el caso existe una violación de carácter formal porque en el laudo actuó la licenciada ********** quien lo firmó como "representante del gobierno", actuando por ministerio de ley en cumplimiento al oficio **********, de cuatro de noviembre de dos mil trece, firmado por **********, presidente de la Junta Federal, sin que obste fundamento legal para tal fin, y sin haberse realizado la certificación de la causa de la actuación de aquella funcionaria, su carácter y autorización para hacerlo conforme a la ley.

Agrega, que la citada servidora pública actuó como "auxiliar", en sustitución del presidente de la Junta responsable, o sólo anotó "el representante del gobierno, Lic. **********", sin realizar anotación de que es la auxiliar de la Junta responsable y por qué motivo signa el laudo, esto confrontado con el proyecto de laudo.

El motivo de disconformidad es inoperante.

En el caso, a partir del acuerdo de tres de diciembre de dos mil trece, en que se cita para la discusión y votación del laudo, el acta de discusión y votación, así como el laudo reclamado (páginas 251-258 del expediente laboral), fueron firmados por **********, quien se ostentó como "el representante del gobierno" y "la presidenta de la Junta Especial Número 37 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, actuando por ministerio de ley, en cumplimiento al oficio número **********, de fecha 4 de noviembre de 2013, signado por el mtro. **********, presidente de la Junta Federal."

Como se ve, en tales actuaciones se especifica la causa de la actuación de aquella funcionaria, su carácter y autorización para hacerlo.

El motivo de disentimiento en tal sentido se considera inoperante, toda vez que este Tribunal Colegiado de Circuito se encuentra impedido para analizar la legalidad del oficio que autoriza a ********** para actuar como presidenta de la Junta responsable, dado que ello implicaría examinar una cuestión relacionada con la figura de la competencia de origen, tema que no puede ser examinado a través del juicio de amparo, en tanto que ello implicaría abordar un tema de naturaleza política como lo es la designación de funcionarios públicos, cuestión que, se reitera, no puede abordarse en la instancia constitucional.

En efecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, dispone:

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."

El precepto constitucional transcrito contiene la garantía de legalidad consistente en la protección a los individuos para que nadie pueda ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

En el sentido jurídico, el concepto de competencia se refiere a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos (Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Porrúa, México, 2001, Tomo A-C, página 639).

Asimismo, la competencia puede ser objetiva o subjetiva.

En el Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Porrúa, 2001, artículo "Incompetencia de origen", Tomo I-O, página 1992 vuelta, de Manuel González Oropeza y Santiago Barajas Montes de Oca, en torno a los conceptos de competencia objetiva y subjetiva, refieren:

"... La competencia objetiva radica en la esfera de atribuciones que la ley delimita a cada autoridad. El propio a. 16 constitucional determina que los actos de autoridad estén debidamente fundados y motivados; es decir, que el acto en cuestión debe ser producto de las atribuciones que la ley le confiere a la autoridad emisora y que dicho acto se adecue precisamente al supuesto legal por el cual se le confieren facultades a la autoridad emisora.

"Por otra parte, la competencia subjetiva se concentra en los atributos personales de la autoridad. En este aspecto no sólo debe considerarse la capacidad de la persona, sino aspectos relacionados con los requisitos legales para ocupar el cargo y el procedimiento legal que se siguió para efectuar su designación o elección ..."

La figura de la competencia de origen se encuentra vinculada con la competencia subjetiva, y se refiere a los aspectos relacionados con los requisitos legales para ocupar el cargo y el procedimiento legal que se siguió para efectuar la designación o elección del servidor público.

En el último cuarto del siglo XIX, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sustentaron criterios favorables y desfavorables en torno al tema de la incompetencia de origen.

Así, el once de abril de mil ochocientos setenta y cuatro, cuando fungía como presidente de ese Alto Tribunal Don José María Iglesias, en relación con la tesis de la incompetencia de origen se resolvió el llamado "amparo morelos", sentencia en la que, como en otras de carácter político-electoral resueltos anteriormente, al realizar una interpretación del artículo 16 de la Carga Magna, se estableció, en esencia, que por "autoridad competente" no sólo se entendía aquella dotada de facultades legales para expedir las disposiciones legislativas o los actos impugnados, sino, además, debía haber sido electa o designada de manera legítima, o bien, estar integrada debidamente en el supuesto de órganos colegiados.

La exigencia de la legitimidad de las autoridades para expedir la ley o el acto reclamados, implicaba que su competencia no sólo era funcional, sino también originaria; de ahí el concepto de "incompetencia de origen".

Conforme a tal criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía facultades para decidir a través del juicio de amparo sobre cuestiones político-electorales.

Posteriormente, en los casos León Guzmán (veintitrés de agosto de mil ochocientos setenta y ocho), y Salvador Dondé (seis de agosto de mil ochocientos ochenta y uno), fungiendo como presidente del Alto Tribunal de la Nación, Don Ignacio Luis Vallarta, al emitir sus votos afirmó que el artículo 16 constitucional sólo hablaba de autoridad competente y no de autoridad legítima, dado que ese concepto prohíbe las molestias que atentan contra la seguridad real y personal, la que no puede ser atacada sino por "las autoridades a quienes la ley da facultades para ello, y en los casos y la manera que ellas mismas determinan", pero no autoriza a calificar la legitimidad de las mismas autoridades, criterio con el cual la Corte abandonó las anteriores decisiones sobre incompetencia de origen que la hacía participar en actividades político-electorales.

En torno al tema, ver "Ignacio Luis Vallarta. La Incompetencia de Origen y los Derechos Políticos", Héctor Fix Zamudio, biblio.jurídicas.unam.mx/libros/3/1042/4.pdf.

Como se ve, en aquel entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó el tema de la incompetencia de origen desde una perspectiva política, referida a cuestiones electorales; sin embargo, los tribunales federales han hecho extensivo ese concepto a todos los casos en que por cualquier razón se discuta la designación de un funcionario federal o local perteneciente, inclusive, al Poder Ejecutivo o la irregularidad de su ingreso a la función pública.

Y, en torno a ese tema, han sostenido que el artículo 16 constitucional no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos el objeto de tutela del precepto en tanto consagra una garantía individual y no un control interno de la organización administrativa, motivo por el cual los tribunales de amparo no pueden conocer de la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada.

Al respecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, emitió una tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, enero-junio de 1989, Materia Administrativa, página 390, cuyos rubro y texto rezan:

"INCOMPETENCIA DE ORIGEN. NOCIÓN Y DIFERENCIAS CON LA COMPETENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La noción de incompetencia de origen, nació hacia la segunda mitad del siglo pasado, para significarse con ella los problemas que entrañaban la ilegitimidad de autoridades locales, (presidentes municipales, Magistrados y Jueces, así como gobernadores) por infracciones a las normas reguladoras de su designación o elección para desempeñar cargos públicos. Las razones aducidas para distinguirla de las irregularidades examinadas en el rubro de competencia del artículo 16 constitucional, fueron que el conocimiento de aquellas cuestiones por los tribunales federales se traduciría en una injustificada intervención en la soberanía de las entidades federativas, y redundaría en el empleo del juicio de amparo como instrumento para influir en materia política, la noción de incompetencia de origen así limitada en principio al desconocimiento de autoridades locales de índole política o judicial, se hizo sin embargo extensiva -por la fuerza de la tradición en el lenguaje forense- a todos los casos en que por cualquier razón se discutiera la designación de un funcionario federal o local perteneciente inclusive al Poder Ejecutivo, o la regularidad de su ingreso a la función pública. Así, se introduce una distinción esencial entre la llamada ‘incompetencia de origen’ y la incompetencia derivada del artículo 16 constitucional, de manera similar a lo sucedido en otras latitudes cuando frente a los funcionarios ‘de jure’ se ha creado una teoría de los funcionarios ‘de facto’, esto es, aquellos cuya permanencia en la función pública es irregular, bien por inexistencia total o existencia viciada del acto formal de designación según cierto sector de la doctrina, bien por ineficacia sobrevenida del título legitimante, frecuentemente debida a razones de temporalidad o inhabilitación, según otros autores. El examen de la legitimidad de un funcionario y de la competencia de un órgano supone una distinción esencial: mientras la primera explica la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para encarnarlo y darle vida de relación orgánica, la segunda determina los límites en los cuales un órgano puede actuar frente a terceros. En este sentido, el artículo 16 constitucional no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos el objeto de tutela del precepto en tanto consagra una garantía individual y no un control interno de la organización administrativa. Por lo tanto, ni los tribunales de amparo ni los ordinarios de jurisdicción contencioso-administrativa federal, por estar vinculados al concepto de competencia del artículo 16 constitucional, reproducido en el artículo 238, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, pueden conocer de la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada; lo anterior, sin perjuicio de la posible responsabilidad administrativa o quizá penal exigible a la persona dotada de una investidura irregular o incluso sin investidura alguna."

También es aplicable al caso la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-2, julio-diciembre de 1990, materias constitucional, administrativa, página 479, que dice:

"COMPETENCIA DE ORIGEN Y COMPETENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS AUTORIDADES. La Constitución prevé tanto la competencia de origen como la competencia constitucional, aquélla, como ya lo determinó la Suprema Corte de Justicia, no puede ser examinada a través del juicio de amparo, ya que se estima que el Poder Judicial de la Federación no puede intervenir en una cuestión eminentemente política como es la designación de servidores públicos. Es necesario precisar que legitimidad y competencia son dos conceptos jurídicos esencialmente distintos, aunque a veces, pueden coexistir en una persona; así vemos que el nombramiento hecho en términos legales en favor de alguien que posea los requisitos necesarios impuestos por la ley, constituye la legitimidad de una autoridad, a la vez puede ejercer legalmente su competencia que no es más que la suma de facultades que la ley le da para ejercer sus atribuciones. La legitimidad se refiere a la persona, al individuo nombrado para desempeñar determinado cargo público y la competencia se relaciona sólo con la entidad moral que se denomina autoridad, abstracción hecha de las cualidades del individuo, sólo mira a las atribuciones que el órgano puede ejercer. Siendo esto así, bien se comprende que existan autoridades legítimas que son incompetentes legalmente, porque habiendo sido nombradas satisfaciendo todos los requisitos impuestos por la ley, ésta no las autorice a realizar determinado acto o actúen fuera del territorio en que pueden hacerlo; asimismo puede haber autoridades que siendo ilegítimas sean competentes cuando no se satisfaga alguno de los requisitos necesarios para que su nombramiento se apegue al precepto o preceptos legales aplicables y, sin embargo, ejerza las facultades que la ley otorgue al cargo."

En tales condiciones, al alegarse en el concepto de violación que se analiza que en el caso particular se vulneraron garantías constitucionales porque ********** firmó como representante del gobierno actuando por ministerio de ley en cumplimiento al oficio **********, de cuatro de noviembre de dos mil trece, emitido por **********, presidente de la Junta Federal, sin realizarse la certificación de la causa de la actuación de aquella funcionaria, al controvertirse la legitimidad de la designación de la misma, puesto que se discute su nombramiento como representante del gobierno de la Junta, hace inoperante el señalado motivo de disentimiento, dado que esa cuestión no puede ser discutida a través del juicio de amparo, circunstancia que constituye un impedimento técnico para ocuparse de analizar el reseñado motivo de impugnación.

En relación con el tema, tiene aplicación la tesis aislada de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XLIII, materia laboral, página 2571, que dice:

"JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, SU INTEGRACIÓN. La ilegal integración de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no puede ser discutida en el juicio de amparo, por ser una cuestión que se refiere a la incompetencia de origen."

Es igualmente aplicable la tesis aislada sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXVII, materia común, página 443, del siguiente tenor literal:

"INCOMPETENCIA DE ORIGEN. El juicio de garantías sólo estudia la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no compete a la autoridad federal entrar en apreciaciones sobre si dicha autoridad está capacitada o impedida para dictar la resolución que se reclama."

A mayor abundamiento, el motivo de disentimiento es infundado.

Los preceptos 605, 609, 610, 611, 613, 619, 620, 625 y 635 de la Ley Federal del Trabajo, establecen:

"Artículo 605. La Junta se integrará con un representante del gobierno y con representantes de los trabajadores y de los patrones designados por ramas de la industria o de otras actividades, de conformidad con la clasificación y convocatoria que expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Habrá uno o varios secretarios generales según se juzgue conveniente."

"Artículo 609. Las Juntas Especiales se integrarán:

"I. Con el presidente de la Junta, cuando se trate de conflictos colectivos, o con el presidente de la Junta Especial en los demás casos; y

"II. Con los respectivos representantes de los trabajadores y de los patrones."

"Artículo 610. Durante la tramitación de los juicios, hasta formular el dictamen a que se refieren los artículos 771 y 808, el presidente de la Junta y los de las Juntas Especiales serán substituidos por auxiliares, pero intervendrán personalmente en la votación de las resoluciones siguientes:

"I. Competencia;

"II. Nulidad de actuaciones;

"III. Substitución de patrón;

"IV. En los casos del artículo 727; y

"V. Cuando se trate de conflictos colectivos de naturaleza económica, en la que designe perito y en la que ordene la práctica de las diligencias a que se refiere el artículo 806."

"Artículo 611. En el Pleno y en las Juntas Especiales habrá el número de auxiliares que se juzgue conveniente, a fin de que la administración de la justicia del trabajo sea expedita."

"Artículo 613. El presidente de la Junta será substituido en sus faltas temporales y en las definitivas, entre tanto se hace nuevo nombramiento, por el secretario general de mayor antigüedad."

"Artículo 619. Los secretarios generales de la Junta tienen las facultades y obligaciones siguientes:

"I. Actuar como secretarios del Pleno;

"II. Cuidar de los archivos de la Junta; y

"III. Las demás que les confiera esta ley."

"Artículo 620. Para el funcionamiento del Pleno y de las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes:

"I. En el Pleno se requiere la presencia del presidente de la Junta y del cincuenta por ciento de los representantes, por lo menos. En caso de empate, los votos de los ausentes se sumarán al del presidente;

"II. En las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes:

"a) Durante la tramitación de los conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza jurídica, bastará la presencia de su presidente o del auxiliar, quien llevará adelante la audiencia, hasta su terminación.

"Si están presentes uno o varios de los representantes, las resoluciones se tomarán por mayoría de votos.

"Si no está presente ninguno de los representantes, el presidente o el auxiliar dictará las resoluciones que procedan, salvo que se trate de las que versen sobre personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la acción a que se refiere el artículo 726 y substitución de patrón. El mismo presidente acordará se cite a los representantes a una audiencia para la resolución de dichas cuestiones, y si ninguno concurre, dictará la resolución que proceda.

"b) La audiencia de discusión y votación del laudo se regirá por lo dispuesto en la fracción siguiente.

"c) Cuando se trate de conflictos colectivos de naturaleza económica, además del presidente se requiere la presencia de uno de los representantes, por lo menos.

"d) En los casos de empate, el voto del o de los representantes ausentes se sumará al del presidente o al del auxiliar;

"III. Para la audiencia de discusión y votación del laudo, será necesaria la presencia del presidente o presidente especial y del cincuenta por ciento de los representantes de los trabajadores y de los patrones, por lo menos. Si concurre menos del cincuenta por ciento, el presidente señalará nuevo día y hora para que se celebre la audiencia; si tampoco se reúne la mayoría, se citará a los suplentes, quedando excluidos los faltistas del conocimiento del negocio. Si tampoco concurren los suplentes, el presidente de la Junta o el de la Junta Especial, dará cuenta al secretario del Trabajo y Previsión Social, para que designe las personas que los substituyan. En caso de empate, los votos de los ausentes se sumarán al del presidente."

"Artículo 625. El personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje se compondrá de actuarios, secretarios, auxiliares, secretarios generales y presidentes de Junta Especial."

"Artículo 635. Los presidentes de las Juntas Especiales serán substituidos en sus faltas temporales y en las definitivas, entre tanto se hace nuevo nombramiento, por el auxiliar que esté conociendo del negocio."

De las anteriores transcripciones, se desprende que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, forman parte de las Juntas de Conciliación y Arbitraje Especiales, los actuarios, secretarios, auxiliares, secretarios generales y presidente; asimismo, que los requisitos que deben satisfacer dichos funcionarios para ocupar esos cargos, se encuentran enumerados en los artículos 626 al 629.

En términos de los numerales 605 y 611, se determina que puede haber el número de secretarios generales y auxiliares que se juzgue conveniente, quienes se encuentran autorizados para sustituir a los presidentes, los primeros en sus faltas temporales y definitivas, facultad que recae en el secretario general de mayor antigüedad, según lo dispone el artículo 613, mientras que los segundos podrán sustituir al presidente de la Junta Especial durante la tramitación de los juicios hasta formular el dictamen a que se refieren los artículos 771 y 808, salvo tratándose de cuestiones de competencia, nulidad de actuaciones, substitución de patrón, en los casos del artículo 72, y cuando se trate de conflictos colectivos de naturaleza económica, en la que designe perito y en la que ordene la práctica de las diligencias previstas en el artículo 806, en las que intervendrá personalmente el presidente de la Junta.

Ahora bien, como ya quedó precisado, en la especie, a partir del acuerdo en que se cita para la discusión y votación de laudo, el acta de discusión y votación, y el laudo reclamado, fueron firmados por **********, quien se ostentó como "el representante del gobierno" y "la presidenta de la Junta Especial Número 37 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, actuando por ministerio de ley en cumplimiento al oficio número **********, de fecha 4 de noviembre de 2013, signado por el Mtro. **********, presidente de la Junta Federal."

De donde se obtiene que si bien es cierto que por disposición expresa de la Ley Federal del Trabajo, las únicas figuras que se encuentran contempladas para sustituir a los presidentes de las Juntas Especiales, son el secretario de Acuerdos de mayor antigüedad y los auxiliares, mientras que en relación con el secretario de la Junta no se aprecia disposición que autorice su sustitución; sin embargo, en el caso a estudio, de las actuaciones señaladas, la citación a discusión y votación de laudo, la audiencia de discusión y votación, así como el laudo fueron emitidas por quien se ostentó como "representante de gobierno", quien además mencionó que tenía el carácter de presidenta de la Junta responsable al haber sido nombrada como tal mediante oficio **********, de cuatro de noviembre de dos mil trece, firmado por el presidente de la Junta Federal, esto es, en las mencionadas constancias se especifica la causa por la cual ********** está facultada para actuar como presidenta y representante del gobierno de la Junta responsable, su carácter y autorización para hacerlo, lo cual es suficiente para estimar que su actuación se encuentra justificada y, consecuentemente, el laudo controvertido cumpla con lo establecido por el artículo 839 de la Ley Federal del Trabajo.

Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 4a./J. 48/93, consultable en la página 55, Tomo 72, diciembre de 1993 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice:

"LAUDO, ACTA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO DEL. DEBE LEVANTARSE Y FIRMARSE POR EL SECRETARIO CUANDO EL PROYECTO SE MODIFICA O ADICIONA Y LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA OMISIÓN ES LA INVALIDEZ DE LA ACTUACIÓN. El artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo dispone que a partir de que se declara cerrada la instrucción, el auxiliar tiene fijado un término de 10 días para formular el proyecto de resolución ya en forma de laudo, esto es con extractos de la litis, señalamiento de hechos, estudio de pruebas, consideraciones jurídicas y hasta puntos resolutivos. El artículo 887 de la propia ley establece que el presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación y el diverso 889, dispone que si de dicha discusión y votación aparece que el proyecto del laudo es aprobado sin adiciones, ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. En cambio, si existen modificaciones y adiciones, se ordenará al secretario que redacte el laudo de acuerdo con lo aprobado, exigiendo que en tal caso, el resultado se haga constar en acta. Del sistema vigente se advierte, por tanto, que si el proyecto es aprobado sin adiciones ni modificaciones, las firmas inmediatas de los miembros de la Junta y del secretario autentifican la certeza y fidelidad de la resolución acordada, puesto que el proyecto automáticamente se convierte en laudo, siendo intrascendente el levantamiento del acta o la falta de la firma del secretario en ella. En cambio sí hubo adiciones y modificaciones, sí es necesario que el resultado se haga constar en el acta, como lo exige el segundo párrafo del artículo 889 de la Ley Federal del Trabajo, acta que debe ser autorizada por el secretario con su firma de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 721 del mismo ordenamiento, lo cual resulta lógico para resguardar la certeza de lo resuelto dado el tiempo transcurrido entre el acuerdo y el engrose. De ahí que si en este supuesto, el acta de discusión y votación omite la firma del secretario, tal omisión puede producir la invalidez del procedimiento relativo con trascendencia al laudo."

También se cita la tesis aislada VIII.3o.25 L, invocada por el peticionario del amparo, consultable en la página 978, Tomo XXIII, abril de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"AUDIENCIA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO DE LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA EN EL ACTA RELATIVA, SIN CAUSA QUE LA JUSTIFIQUE, INDICA SU NO CELEBRACIÓN Y CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE LEGALIDAD. El artículo 888 de la Ley Federal del Trabajo señala: ‘La discusión y votación del proyecto de laudo, se llevará a cabo en sesión de la Junta, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución, a los alegatos y observaciones formuladas por las partes; II. El presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el presidente declarará el resultado.’; de donde se advierte que es al presidente de la Junta a quien la ley expresamente le encomienda la celebración de la audiencia, ya que debe poner a discusión el proyecto de resolución, someterlo a votación y declarar el resultado correspondiente. Por tanto, si al iniciar la audiencia se asienta que la Junta se encuentra debidamente integrada, y se somete el proyecto a discusión y votación de sus miembros, no obstante que el acta relativa carece de la firma de su presidente, y el secretario no hace constar los motivos y su negativa para firmarla, ello trae como consecuencia que no exista seguridad de que la audiencia se haya verificado y, por ende, el hecho de que se elevara a categoría de laudo el citado proyecto de resolución actualiza una transgresión a la formalidad de autorizar expresamente el proyecto de resolución del cual deriva legalmente la emisión del laudo, que impide jurídicamente que lo resuelto por la Junta del conocimiento tenga la categoría de laudo, y constituye una violación a la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional."

Además, es un hecho notorio para este Tribunal Colegiado de Circuito el oficio **********, de cuatro de noviembre de dos mil trece, en tanto que se tiene a la vista la carpeta administrativa que se lleva en la secretaría de acuerdos de este órgano jurisdiccional, del cual se advierte la designación de ********** para que se desempeñe con el cargo con que se ostenta, lo que implica que actualmente se encuentra en funciones de representante del gobierno de la aludida Junta responsable.

Lo anterior se toma en cuenta en el caso, porque en términos de lo establecido por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito pueden tomar en consideración medios probatorios derivados de otro expediente que se encuentre a su alcance, en el acervo del archivo o en alguna otra oficina del mismo órgano jurisdiccional, para fundar la ejecutoria.

Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia XIX.1o.P.T. J/5, emitida por este órgano de control constitucional, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, página 2030, que dice:

"HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER NO SÓLO LOS ASUNTOS RESUELTOS POR ELLOS O LOS QUE EN EL PASADO HAYAN SIDO DE SU CONOCIMIENTO, SINO TAMBIÉN LOS ASUNTOS QUE SEAN VISTOS EN LA MISMA FECHA DE SESIÓN. El artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala que los hechos pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes. Ahora bien, los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25212-c8a54439/competencia-de-origen-los-tribunales-colegiados-de-circuito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.