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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA DE ORIGEN. LA LEGITIMIDAD DE LA DESIGNACIÓN DE UN JUEZ COMO COMISIONADO PARA INTEGRAR UNA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ, NO PUEDE SER MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO, AL TRATARSE DE UN TEMA RELATIVO A AQUÉLLA. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ. ANTE LA FALTA DE UN MAGISTRADO QUE INTEGRE UNA DE SUS SALAS, EL PRESIDENTE, EN USO DE LA ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ ABROGADA, PODRÁ DESIGNAR A UNA PERSONA PARA INTEGRARLA, MAS NO NOMBRARLA CON AQUEL CARÁCTER.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 258/2019. · Registro digital (IUS): 29158
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-11-22
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Pág. 2268.

AMPARO EN REVISIÓN 258/2019. 29 DE AGOSTO DE 2019. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. PONENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. SECRETARIO: FLAVIO BERNARDO GALVÁN ZILLI.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Resultan infundados en parte e inoperantes los agravios, acorde con lo que se expondrá en párrafos subsecuentes.

Por razón de método, los agravios antes sintetizados se estudiarán en orden diverso al arriba propuesto.

a) El Juez de Distrito transgrede los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, toda vez que la recurrente no expresó, como acto reclamado, la capacidad de origen, sino la sentencia dictada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en la cual se vulneró la garantía de audiencia, conforme a los antecedentes y manifestaciones que se hicieron en la demanda de amparo (reitera los argumentos por los que cuestionó la competencia de origen).

b) El Juez de Distrito aceptó que la autoridad responsable suplió la queja, lo que justificó en términos del artículo 514 del Código de Procedimientos Civiles del Estado bajo el argumento de que las sucesiones pertenecen al derecho familiar.

c) El Juez de Distrito asumió posturas oficiosas al señalar que la Sala omitió advertir, que al no estar aprobada la cuenta general no cabía la aprobación del proyecto de partición.

d) Se pasó por alto que no hubo oposición a las cuentas generales, que éstas fueron aprobadas lo que, incluso, fue sostenido por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado; aunado a que ello no fue recurrido por los terceros interesados; por tanto, no se debió descalificar la demanda de amparo partiendo del supuesto de que no estaba aprobada la cuenta general.

e) No se apreció en su integridad el acto reclamado, conforme al principio de congruencia y exhaustividad, dada la inexacta aplicación de la tesis aislada VII.2o.C.45 K (10a.), de título y subtítulo: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. ES PROCEDENTE TRATÁNDOSE DE SUCESIONES INTESTAMENTARIAS, DADA SU ESTRECHA RELACIÓN CON LA MATERIA FAMILIAR.", pues el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, no señala que se deba suplir la queja ante la falta de impugnación a la parte que perjudica la interposición de los recursos.

f) El tribunal de alzada no se encontraba facultado para realizar una revisión oficiosa, pues resulta erróneo lo considerado en el sentido de que no era necesario acreditar que existía una desproporción, económicamente hablando, porque se objetó el proyecto de partición del inmueble, el cual no coincidía con las medidas y colindancias, ya que esa carga probatoria correspondía a los opositores, quienes no exhibieron la prueba pericial idónea.

g) Es erróneo lo considerado por el Juez Federal, en considerar que no era necesario que los opositores rindieran prueba en contrario para justificar su objeción al proyecto de partición, pues no tenían prueba idónea para acreditar sus aseveraciones, consideración que carece de congruencia y exhaustividad, al hacer una revisión oficiosa, aun cuando las partes no expresaron concepto de violación.

h) El Juez Federal tomó en cuenta los agravios en la apelación, aun cuando los terceros interesados no promovieron amparo adhesivo, lo que alteró la litis constitucional.

i) El Juez Federal inobservó la litis constitucional, al permitir que el tribunal de alzada hiciera una revisión oficiosa, la cual es improcedente, conforme al derogado artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles local, pues no consta la interposición de un medio extraordinario de defensa en la vía constitucional.

j) Falta de examen congruente y exhaustivo por parte del Juez Federal, pues no existe prueba que justificara realmente una oposición a que no se aprobare el proyecto de división y partición exhibido; pues los opositores en el incidente no justificaron con prueba idónea que la división propuesta haya sido injusta, toda vez que en éste se propuso la porción que le correspondía a cada heredero.

k) El Juez de Distrito sostuvo que fue correcto que no se aprobara el proyecto, porque no se concedió reparto de beneficios a los terceros interesados; sin embargo, ellos debieron demostrar con prueba técnica que hubo beneficios, su importe y la proporción que a cada uno les correspondía.

l) En el considerando sexto, se señaló que el Juez de los autos aprobó el proyecto de partición bajo la premisa del valor de las porciones y que los terceros interesados no rindieron prueba idónea que demostrara la inequidad en el valor de las porciones asignadas. Lo cual no fue controvertido vía agravio; por tanto, debió quedar firme e intocado; de ahí que no se estudió en forma debida el acto reclamado.

m) Es parcial el proceder del Juez de Distrito, al asumir la defensa de los terceros interesados bajo el argumento de que se trata de un asunto en materia familiar, pese a que no existen menores e incapaces que defender y sí jurisprudencia que refiere que el proyecto de partición no puede estudiarse de modo oficioso y, en el caso, el actuar de la Sala que trata de justificar al amparo del artículo 514 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se constituyó en una revisión oficiosa que sólo existió cuando estuvo vigente el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles local.

n) Se pasó por alto, tanto por el Juez de Distrito como por la Sala responsable, que el proyecto de partición fue aprobado por el valor de las porciones, sin atender a la existencia del matrimonio de ********** viuda de **********, la tercería de ********** y **********; por lo que, al no combatirse ese argumento, carecen de relevancia los tópicos del matrimonio, tercería y diligencias; de ahí que no se debió negar el amparo.

Resulta infundado el agravio resumido bajo el inciso a), dado que, adverso a lo que pretende evidenciar, el Juez de Distrito no analizó como acto reclamado destacado la capacidad de origen de la autoridad responsable, sino la sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca **********, del índice de la Sexta Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual fue señalado como tal en la demanda de amparo.

Por otro lado, si el Juez de Distrito analizó la capacidad de origen, fue porque dicho tema fue propuesto por la ahora recurrente en la demanda de amparo, vía concepto de violación; por tanto, en términos del (sic) 74, fracción II, de la Ley de Amparo, estaba constreñido a dar respuesta a ese tópico.

Cabe destacar que dicho motivo de inconformidad, el Juez de Distrito lo desestimó en virtud de los argumentos que hizo consistir, medularmente:

• Este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para analizar la legalidad de los nombramientos otorgados a **********, como encargado de la ponencia uno de la Sexta Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, mediante diversos oficios, el primero, de tres de septiembre de dos mil dieciocho; toda vez que implicaría examinar una cuestión relacionada con la figura de la competencia de origen, que no puede ser analizada en el juicio de amparo, en tanto que conllevaría un tema de naturaleza política como lo es la designación de funcionarios.

• Debe precisarse que **********, no ostenta ni le fue conferido el cargo de Magistrado, sólo actúa con el carácter de encargado del despacho de la ponencia uno de la Sexta Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo que los argumentos de la quejosa para combatir tal nombramiento parten de una premisa errónea, pues aun cuando el antes mencionado realice funciones de Magistrado, no implica que se le haya conferido tal nombramiento y que, de existir esa acción, la hubiesen autorizado las autoridades señaladas como responsables.

Ahora bien, al margen de que la quejosa reitera los argumentos que hizo valer en su demanda de amparo, este órgano de control constitucional comparte el criterio sostenido por el Juez de Distrito, pues la designación del Juez comisionado para integrar la Sala responsable, no puede analizarse en el juicio de amparo, al tratarse de un tema relativo a la competencia de origen.

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el juicio de amparo no es susceptible de analizarse la competencia de origen de la autoridad responsable, es decir, la legitimidad de su nombramiento; pues en aquél sólo se estudia la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, por ende, no compete a los órganos del Poder Judicial de la Federación entrar en apreciaciones sobre si la autoridad responsable está capacitada o impedida para dictar la resolución que se le reclama.

Lo anterior es así, toda vez que la competencia que puede ser analizada vía jurisdiccional a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal, es aquella por razón de materia, grado y territorio de las autoridades, puesto que la obligación de la autoridad de cumplir en el acto de que se trate, con la fundamentación y motivación requeridas por dicho precepto constitucional, se colma en esos términos.

En tales condiciones, el examen de la legitimidad de un funcionario –competencia de origen– y de la competencia de un órgano supone una distinción esencial, pues mientras la primera explica la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para encarnarlo y darle vida de relación orgánica; la segunda determina los límites en los cuales un órgano puede actuar frente a terceros.

Así, el artículo 16 constitucional no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos su objeto de tutela del precepto, en tanto consagra una garantía individual y no un control interno de la organización administrativa.

En ese tenor, no puede ser materia de análisis por parte de los órganos del Poder Judicial de la Federación en el juicio de amparo –sea vía indirecta o directa– los argumentos del quejoso en que cuestiona la legitimidad –competencia de origen– de la designación por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de un Juez como comisionado para integrar una Sala de dicho tribunal, cualquiera que sea la causa de la irregularidad aducida. Ello, con independencia de la posible responsabilidad administrativa o penal en que pudiera incurrir una persona dotada de una investidura irregular o carente de ella. De ahí que las manifestaciones que se formulen en ese sentido devengan ineficaces.

Al efecto, resultan ilustrativas las tesis aisladas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubros y textos son los siguientes:

"Época: Quinta Época

"Registro digital: 337025

"Instancia: Segunda Sala

"Tipo de tesis: aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo XXXV «Núm. 5, mayo a agosto de 1932»

"Materia: común

"Página: 626

"INCOMPETENCIA DE ORIGEN.—Las cuestiones relativas a la incompetencia de origen, no pueden ser dirimidas en el juicio de amparo."

"Época: Quinta Época

"Registro digital: 337035

"Instancia: Segunda Sala

"Tipo de tesis: aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo XXXV «Núm. 7, mayo a agosto de 1932»

"Materia: común

"Página: 874

"INCOMPETENCIA DE ORIGEN.—La Suprema Corte ha venido sosteniendo, uniformemente, que el juicio de amparo es ineficaz para investigar la incompetencia de origen de las autoridades responsables, toda vez que la única competencia protegida por medio del juicio de garantías, es la constitucional, o sea, la que se refiere a la órbita de las atribuciones de los diversos poderes; pero de ninguna manera puede dilucidarse, mediante el ejercicio de la acción constitucional, la cuestión de la existencia o inexistencia de una autoridad o la de su legítima integración."

"Época: Quinta Época

"Registro digital: 364782

"Instancia: Tercera Sala

"Tipo de tesis: aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo XXVII «Núm. 3, septiembre a diciembre de 1929»

"Materia: común

"Página: 443

"INCOMPETENCIA DE ORIGEN.—El juicio de garantías sólo estudia la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no compete a la autoridad federal entrar en apreciaciones sobre si dicha autoridad está capacitada o impedida para dictar la resolución que se reclama."

"Época: Novena Época

"Registro digital: 176631

"Instancia: Pleno

"Tipo de tesis: aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XXII, noviembre de 2005

"Materia: administrativa

"Tesis: P. XLVIII/2005

"Página: 5

"SERVIDORES PÚBLICOS. NO PUEDEN, VÁLIDAMENTE, CONOCER DE SU LEGITIMIDAD LOS TRIBUNALES DE AMPARO NI LOS ORDINARIOS DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.—La noción de ‘incompetencia de origen’ nació para significar los problemas que entrañaban la ilegitimidad de las autoridades locales por infracciones a las normas reguladoras de su designación o elección. Dicha incompetencia se distinguía de las irregularidades examinadas en el contexto de control de legalidad de los actos de autoridad, porque su conocimiento por los tribunales federales se traduciría en una intervención injustificada en la soberanía de las entidades federativas, y redundaría en el empleo del juicio de amparo como instrumento para influir en materia política. Sin embargo, la referida noción, limitada al desconocimiento de autoridades locales de índole política o judicial, se hizo extensiva a todos los casos en que por cualquier razón se discutiera la designación de un funcionario federal o local perteneciente, inclusive, al Poder Ejecutivo, o la regularidad de su ingreso a cualquier sector de la función pública, introduciéndose una distinción esencial entre la incompetencia de origen y la incompetencia derivada del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de lo que derivó que frente a los funcionarios de jure, se creó una teoría de los funcionarios de facto, es decir, aquellos cuya permanencia en la función pública es irregular, ya sea por inexistencia total o existencia viciada del acto formal de designación, o por ineficacia sobrevenida del título legitimante, frecuentemente debida a razones de temporalidad e inhabilitación. Ahora bien, el examen de la legitimidad de un funcionario y de la competencia de un órgano supone una distinción esencial, pues mientras la primera explica la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para encarnarlo y darle vida de relación orgánica; la segunda determina los límites en los cuales un órgano puede actuar frente a terceros. En ese sentido, el indicado artículo 16 no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos el objeto de tutela del precepto, en tanto consagra una garantía individual, y no un control interno de la organización administrativa. Por tanto, los tribunales de amparo ni los ordinarios de jurisdicción contenciosa administrativa federal pueden conocer, con motivo de argumentos sobre incompetencia por violación al artículo 16 constitucional, de la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada, sin perjuicio de la posible responsabilidad administrativa o penal exigible a la persona sin investidura o dotada de una irregular."

A mayor abundamiento, conviene destacar que el artículo 19, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz establece:

"Artículo 19. El presidente del Tribunal Superior de Justicia tendrá las atribuciones siguientes:

"...

"XIII. Disponer, en casos urgentes, lo necesario para la correcta impartición de justicia, e informar de las medidas adoptadas en la sesión siguiente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia o del Consejo de la Judicatura, según corresponda, para los efectos procedentes."

El citado precepto establece que corresponde al presidente del Tribunal Superior del Estado de Veracruz adoptar, en casos urgentes, las medidas necesarias para la correcta impartición de justicia. En tales condiciones, ante la falta de un Magistrado que integre una Sala de ese tribunal, el presidente del mismo ejerce dicha atribución, en atención a la garantía de impartición de justicia, tutelada por el artículo 17 constitucional, por ende, sólo dispone de la designación de una persona para que integre la Sala respectiva, pero no nombra a un Magistrado, pues ello sólo compete a los órganos que establece la Constitución Política del Estado de Veracruz; es decir, sólo hace la designación o encomienda de una persona para integrar debidamente la Sala que corresponde, a efecto de dar celeridad a la resolución de los asuntos y, por tanto, no obstaculizar el funcionamiento de la misma. Sin que ello implique que a la persona designada se le confiera el cargo de Magistrado.

Por las razones que la informan, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 72/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, título, subtítulo y texto son los siguientes:

"Época: Décima Época

"Registro digital: 2008222

"Instancia: Pleno

"Tipo de tesis: jurisprudencia

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 14, Tomo I, enero de 2015 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de enero de 2015 las 9:00 horas»

"Materia: común

"Tesis: P./J. 72/2014 (10a.)

"Página: 160

"TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PUEDEN INTEGRARSE LEGALMENTE CON UN MAGISTRADO TITULAR Y DOS SECRETARIOS EN FUNCIONES DE MAGISTRADO, AUN CUANDO UNO HAYA SIDO DESIGNADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y OTRO POR EL PROPIO TRIBUNAL. De los artículos 94, párrafos primero y quinto, 97, párrafo primero, y 100, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1o., 26, 33, 35, 36 y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que si bien es cierto que los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito deben ser designados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo con los requisitos y procedimientos que establezca la ley, es decir, mediante un sistema de selección y nombramiento que permita que reúnan las condiciones de independencia, imparcialidad, honestidad y capacidad, también lo es que los secretarios de los Tribunales Colegiados de Circuito designados por dicho Consejo para desempeñar las funciones de Magistrado, se convierten en verdaderos titulares de los órganos jurisdiccionales respectivos mientras duren sus funciones, teniendo incluso la facultad de designar secretarios interinos; sin que el hecho de que el Tribunal designe a un secretario en suplencia de un Magistrado y el Consejo de la Judicatura Federal a otro, implique que aquél quede integrado sólo por un Magistrado y por dos secretarios, en tanto que el autorizado por el Consejo no es un secretario, sino un Magistrado provisional; de ahí que, en esa hipótesis, el órgano jurisdiccional correspondiente se encuentra debidamente integrado para resolver los asuntos de su competencia."

En recapitulación, si la quejosa –ahora recurrente– pretendió controvertir la designación de **********, como encargado del despacho de la ponencia uno de la Sexta Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al tratarse de una cuestión relativa a la competencia de origen, esto es, a la legitimación del funcionario, dicho argumento deviene ineficaz en el juicio de amparo, dado que no es dable analizar dicha cuestión.

Además, como lo señaló el Juez de Distrito no se le confirió a **********, el cargo de Magistrado, sólo se le otorgó una encomienda de forma provisional para realizar dichas funciones. Máxime que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ante la falta de un Magistrado, está facultado para emitir los acuerdos de designación provisionales correspondientes para la debida integración de las Salas de dicho tribunal y no menoscabar la impartición de justicia.

A similar conclusión arribó este Tribunal Colegiado, al resolver los juicios de amparo directo 290/2018, 574/2019, 677/2018 y 866/2018.

Por otro lado, el agravio resumido bajo la letra b), deviene inoperante, toda vez que, esencialmente, parte del supuesto de que el Juez de Distrito aceptó que la autoridad responsable suplió la queja a los apelantes, ello en términos del artículo 514 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; cuando de la simple lectura de la sentencia recurrida –a foja 27 de dicho fallo– pone en evidencia que lo señalado en realidad fue:

"...ejercicio que no realizó la autoridad responsable, pues de la resolución reclamada se aprecia que se ciñó a analizar los agravios de la parte apelante, en la forma en que fueron propuestas, es decir, únicamente dio contestación a cada uno de los motivos de informidad que se expusieron ante su potestad, como se verá a continuación..."

En consecuencia, al tener sustento en una premisa errónea o equivocada, su análisis y calificación son innecesarios, pues a nada práctico conduciría dado que, al partir de una suposición que no resulta verdadera, su conclusión necesariamente resulta ineficaz para obtener los fines pretendidos.

Por las razones que la informan, apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor siguiente:

"Época: Décima Época

"Registro digital: 2001825

"Instancia: Segunda Sala

"Tipo de tesis: jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Libro XIII, Tomo 3, octubre de 2012

"Materia: común

"Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.)

"Página: 1326

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS.—Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida."

Igual calificativa ameritan los agravios resumidos bajo las letras c) y d), toda vez que parten de la premisa de que el Juez de Distrito asumió una postura oficiosa porque señaló, medularmente, que la Sala responsable omitió advertir que al no estar aprobada la cuenta general, no cabía la aprobación del proyecto de partición; sin embargo, la lectura a la resolución aquí impugnada –foja 37– pone de manifiesto que dicha consideración es inexistente, en tanto que la única referencia que hizo en relación con las cuentas que le correspondía rendir a la albacea fue en el sentido de: "...así como, el hecho de que la albacea no haya rendido cuentas respecto de los frutos obtenidos de la sucesión de que se trata, para el dictado de dicha resolución y para no aprobar el proyecto de partición y adjudicación de bienes, en el incidente de oposición puesto de su conocimiento..."; mas no expuso consideración alguna en el sentido de que, al no estar aprobada la cuenta general del albaceazgo, no era procedente la aprobación del proyecto de partición; de ahí que ello no se trata de una consideración expuesta por el resolutor federal para desestimar el reclamo constitucional, como apunta la recurrente.

Cobra aplicación la jurisprudencia 3a./J. 16/91, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes:

"Época: Octava Época

"Registro digital: 207013

"Instancia: Tercera Sala

"Tipo de tesis: jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo VII, abril de 1991

"Materia: común

"Tesis: 3a./J. 16/91

"Página: 24

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA.—Cuando lo que se ataca, mediante los agravios expresados, constituyen aspectos que no fueron abordados en la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio, otorgar o negar la protección constitucional, deben desestimarse tales agravios por inoperantes puesto que no se desvirtúa la legalidad del fallo a revisión; a menos de que sea el quejoso quien recurre la sentencia y se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja."

En otro orden, es infundado el agravio resumido bajo la letra h), dado que, contrario a lo que pretende poner en evidencia la recurrente, el Juez de Distrito no hizo un estudio de los agravios expuestos por los terceros interesados en el recurso de apelación, interpuesto contra la resolución que aprobó el proyecto de partición de bienes; sino que –en función de los conceptos de violación hechos valer en la demanda de amparo– sólo se limitó a hacer una síntesis de éstos, así como de la correspondiente respuesta que le dio la autoridad responsable –fojas 27 a 33 del fallo recurrido–.

En tales condiciones, si el resolutor federal no hizo un análisis propio de los argumentos expuestos por los terceros interesados y, además, que por ese motivo se haya modificado en perjuicio de la quejosa el sentido del acto reclamado; en modo alguno, puede sostenerse que se suplió la queja en favor de aquéllos, como pretende evidenciar la recurrente. De ahí que resulte infundado lo manifestado en el agravio resumido bajo la letra e), máxime que la única consecuencia de la negativa de la protección constitucional, es que la resolución reclamada quede firme en sus términos en que fue dictada.

Misma calificativa ameritan los agravios resumidos bajo las letras g) y l), pues lo señalado por el resolutor federal en el considerando a fojas 31 vuelta y 27 reverso en el sentido de: "...Por otro lado, la Sala determinó que las pruebas documentales agregadas en autos, son las idóneas para acreditar la improcedencia del proyecto de partición propuesto por la albacea de lo mortual –aquí quejosa–, pues de ellas se aprecia que las porciones que se propusieron en el proyecto de partición tienen una superficie distinta a la del bien en disputa, lo que medularmente reclamaron los opositores, y no el valor de las porciones como lo adujo el Juez primigenio, por lo que no era necesario que los apelantes –terceros interesados–, ofrecieran prueba para acreditar el valor de las porciones asignadas por la accionante del amparo..." y "...la aprobación del Juez responsable se basó en que ellos no acompañaron prueba que estableciera que había desproporción en el valor de las porciones asignadas en el multicitado proyecto, de partición..."; se trata de una simple síntesis de lo expuesto por la Sala responsable en el acto reclamado y de uno de los agravios hechos valer por los terceros interesados en el recurso de apelación, mas no de argumentos propios del órgano de control constitucional.

Asimismo, el agravio extractado bajo la letra i) es infundado, pues no puede sostenerse que el Juez constitucional no se sujetó a la litis constitucional, en primer lugar, porque la lectura de la sentencia recurrida pone de relieve que el Juez de Distrito estudió la resolución señalada como acto reclamado destacado en la demanda –veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho– y no uno diverso; además, analizó los conceptos de violación expuestos en el citado ocurso y no cuestiones ajenas a éste.

Por otro lado, si bien a foja 25 reverso el resolutor federal desestimó el concepto de violación en el que expuso que la Sala responsable realizó una revisión oficiosa al proyecto de partición de bienes; en modo alguno, implica que no se haya sujetado a la litis constitucional propuesta, sino que el argumento fue ineficaz para los fines pretendidos, en tanto que se le dio respuesta a lo planteado y no a una cuestión diversa abordada de manera oficiosa.

Ahora bien, el argumento de la recurrente respecto a que la Sala responsable realizó una revisión oficiosa del proyecto de partición lo hace descansar en que, desde su apreciación personal, estima erróneo lo considerado por la citada autoridad en el sentido de que no era necesario acreditar que existía una desproporción económica, porque se objetó el proyecto de partición del inmueble, el cual coincidía con las medidas y colindancias –inciso f)–.

Sin embargo, lo cierto es que la autoridad responsable no hizo una revisión oficiosa del proyecto de partición, pues dicho argumento lo expuso en respuesta al agravio en donde los aquí terceros interesados cuestionaron que dicho proyecto de partición no se ajustó a las medidas y colindancias del inmueble objeto de división (ello en el agravio cinco del recurso de apelación que obra a fojas 507 a la 527 del tomo VII de pruebas).

Además, no fue el único motivo que expuso la Sala responsable para estimar que no procedía aprobar el proyecto de partición, sino que toralmente también señaló:

• Las diligencias de información testimonial de construcción, promovidas por la finada **********, contenidas en la escritura **********, carecen de eficacia en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de **********, en el cual se disputa la partición y adjudicación de los bienes que forman parte del acervo hereditario. Lo anterior porque en las mismas no existe controversia y las declaraciones de los testigos tampoco tienen el valor de una verdadera testimonial, por no satisfacer las garantías de publicidad y de prot

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29158-db82dbaa/competencia-de-origen-la-legitimidad-de-la-designacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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