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Modo: Corpus Pro

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. SI EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS A SU CONSEJO CONSULTIVO, SU PRESIDENTE Y/O AL COMITÉ DE PENSIONES, LA DEMANDA DEBE CONTESTARSE POR LA UNIDAD ENCARGADA DE SU DEFENSA JURÍDICA Y NO POR UN APODERADO O MANDATARIO DE DICHO ORGANISMO. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. SU CONSEJO CONSULTIVO NO ES AUTORIDAD DEMANDADA EN UN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DONDE SE IMPUGNA LA NEGATIVA DE PENSIÓN SUSCRITA POR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PENSIONES DE DICHO ORGANISMO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 670/2011. · Registro digital (IUS): 25215
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-09-12
Promovente: MANUEL ESTRADA GONZÁLEZ.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Pág. 2435.

AMPARO DIRECTO 670/2011. MANUEL ESTRADA GONZÁLEZ. 28 DE JUNIO DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ CORTÉS. PONENTE: EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO. SECRETARIO: LUIS DAVID AGUIRRE LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

OCTAVO. Como cuestión previa, es necesario mencionar que por virtud de las reformas constitucionales que entraron en vigor el cuatro de octubre de dos mil once, el artículo 107, fracción III, inciso a), del texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) este Tribunal Colegiado se encuentra obligado a estudiar las violaciones procesales que se hagan valer, o bien, aquellas que se adviertan de oficio.

Derivado de lo anterior, este tribunal advierte que, en el caso, al parecer se cometió una violación procesal, pues quien suscribió la contestación en supuesta representación de las demandadas fue Cándido Arcadio Lara Carbajal -en su carácter de representante legal del instituto demandado- quien carece de legitimación para ello, pues en el juicio contencioso administrativo se tuvo como autoridades demandadas al presidente y Comité de Pensiones, así como al Consejo Consultivo, todos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; de lo que se sigue que éstas tendrían que haber comparecido a juicio por conducto de la unidad encargada de su defensa jurídica, de conformidad con el artículo 232 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, el cual establece:

"Artículo 232. En el proceso administrativo no procederá la gestión oficiosa. El particular que promueva a nombre de otro, deberá acreditar su personalidad, mediante poder notarial o carta poder firmada ante dos testigos. La representación de las autoridades corresponderá a los servidores públicos que señalen, en su caso, las disposiciones legales aplicables. Cuando las partes tengan reconocida la personalidad ante la autoridad administrativa, ésta será admitida en el proceso administrativo, siempre que se compruebe esa circunstancia con las constancias respectivas."

De la transcripción que antecede se advierte claramente que las autoridades sólo podrán acudir al juicio por conducto de los servidores públicos que señalen en su caso las leyes aplicables, por lo que la representación de las mismas no puede acreditarse con poderes o mandatos, como en el caso sucedió, al tenerse por contestada la demanda por parte de Cándido Arcadio Lara Carbajal, en su carácter de representante legal del instituto demandado, aun cuando (a decir del Magistrado de primera instancia) su "personalidad" se encuentre registrada en el libro de poderes que se lleva en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, pues es la ley (en este caso el referido artículo 232 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México) la que establece la manera en la que debe acudir a juicio una autoridad demandada y no un registro de poderes.

Sin embargo, aun cuando en la especie se advierte lo antes descrito, debe precisarse que las violaciones procesales sólo deben ser declaradas fundadas cuando trasciendan al resultado del fallo, lo que en la especie no ocurre, por lo que será expuesto más adelante.

Lo anterior se destaca exclusivamente para dar cumplimiento a la exigencia constitucional de revisar oficiosamente las posibles violaciones procesales y justificar apropiadamente un fallo de fondo.

Ahora bien, aun cuando en el presente amparo directo se advierte que en su demanda el quejoso sólo señaló los antecedentes del acto impugnado, y con posterioridad realizó diversas manifestaciones tendientes a controvertir la sentencia que impugna (sin que de ellos se desprendan claramente los conceptos de violación), lo cierto es que por tratarse de una pensión de seguridad social de un trabajador, de conformidad con el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, este tribunal procede al estudio de las referidas manifestaciones.(5)

Los razonamientos del quejoso en vía de conceptos de violación son infundados, aun cuando fueron suplidos en sus deficiencias.(6)

El quejoso afirma que fue incorrecto que la Primera Sección del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México confirmara el sobreseimiento respecto de la autoridad señalada como demandada, Consejo Consultivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ya que de conformidad con el artículo 20 de Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, son atribuciones de dicho consejo, en la parte que interesa, aprobar las bases para conceder, negar, suspender y revocar las pensiones, así como aprobar la integración de comités y comisiones necesarias para el cumplimiento de sus funciones, por lo que si dicha autoridad constituyó el Comité de Pensiones y en él delegó diversas facultades, es obvio que el referido consejo debe ser considerado como autoridad demandada.

No le asiste razón al quejoso, ya que como correctamente lo resolvió la Primera Sección, el Consejo Consultivo no puede ser considerado como autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo iniciado por el hoy quejoso.

Lo anterior se considera así, pues el artículo 230 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en la parte que interesa, establece:

"Artículo 230. Serán partes en el juicio: ... II. El demandado. Tendrá ese carácter: a) La autoridad estatal o municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. ..."

Ahora bien, del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, que es el oficio CP/150/10, el cual ratifica la negativa de pensión al hoy quejoso, derivado del oficio CP/5621/2009, se desprende que ambos oficios fueron emitidos por el presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social para el Estado de México y Municipios, por lo que si de conformidad con el referido artículo será autoridad demandada la autoridad estatal o municipal que dicte el acto impugnado, como en el caso lo fue el presidente del Comité de Pensiones, y no así el Consejo Consultivo, es correcto el sobreseimiento decretado respecto a este último, por no poder ser considerado como autoridad demandada.

Por otro lado, con fundamente en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se estudian conjuntamente los razonamientos del quejoso en los que sustancialmente sostiene:

• Que derivado de que ingresó a laborar para la entidad estatal el uno de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, le resultan aplicables los artículos 57, 59 y 60 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Organismos Públicos Descentralizados que entró en vigor el uno de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, por ser ésta la que regía las pensiones al momento que ingresó a laborar a la administración pública.

• Continua argumentando que la autoridad responsable pasó por alto el artículo cuarto transitorio(7) de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, que se publicó en la Gaceta de Gobierno el nueve de noviembre de dos mil nueve (lo correcto es dos de abril del mismo año) y que, por ende, fue incorrecta la decisión de la Primera Sección del tribunal estatal de declarar la validez de la negativa de pensión pues, de aplicársele la Ley de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de México, vigente a partir del uno de julio de dos mil dos, se le estaría aplicando retroactivamente dicha ley, lo que conlleva una afectación a sus derechos generados a lo largo de más de veintiséis años de cotizaciones que lleva realizando al instituto.

• Y que la aplicación de la mencionada ley incurre en el vicio de la retroactividad, por lo que deben subsistir las obligaciones nacidas bajo la ley anterior.

Los argumentos anteriormente sintetizados también son infundados.

Para estimarlo así, debe tenerse en cuenta que Manuel Estrada González, al momento de la solicitud de pensión (veinte de noviembre de dos mil nueve) contaba con una edad de 52 años y 5 meses, dato que se obtiene de la operación realizada con la copia de su acta de nacimiento que obra en el expediente del quejoso (mismo que fue traído a juicio como prueba).

Ahora, el artículo 91 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, vigente al momento en que se presentó la referida solicitud, señala:

"Artículo 91. La pensión de retiro por edad y tiempo de servicios se concederá a los servidores públicos que habiendo cumplido 60 años de edad, acrediten ante el instituto haber laborado cuando menos 17 años, y haber cubierto las cuotas correspondientes a este periodo."

Precisado lo anterior, este tribunal considera correcto que la Primera Sección del Tribunal de lo Contencioso Administrativo haya reconocido la validez de la resolución impugnada, pues al momento en que el hoy quejoso ingresó a laborar a la administración pública se constituyeron para él expectativas de derecho y no así derechos adquiridos; esto de conformidad con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el derecho a la jubilación es la consecuencia jurídica de una serie de supuestos o actos que se irán dando parcialmente y que, una vez actualizados todos ellos, generarán el derecho a la jubilación, criterio que conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo resulta de observancia obligatoria para todos los tribunales de la República.

Sirven de apoyo a las anteriores consideraciones, las jurisprudencias P./J. 42/98 y P./J. 43/98 del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que establecen lo siguiente:

"JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO 241 QUE REFORMÓ LA LEY DEL ISSSTELEÓN, EN CUANTO A LAS BASES QUE RIGEN A AQUÉLLA, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD. El párrafo primero del artículo sexto transitorio del Decreto 241 del Congreso del Estado de Nuevo León, de veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y tres, que reformó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, dispone que: ‘Los servidores públicos que se encontraban sujetos al régimen de cotización previsto en el ordenamiento abrogado, podrán jubilarse a los treinta años de servicio y veintiocho en el caso de la mujer, alcanzando una pensión proporcional a su último salario de cotización neto, conforme a la siguiente tabla.’; en tanto que, el párrafo segundo precisa la indicada ‘tabla’. Ahora bien, la circunstancia de que esta reforma legal dé lugar a que quienes se jubilen a partir de su vigencia obtengan menos beneficios que quienes lo hicieron con anterioridad, en virtud de la aplicación del salario neto, en vez del nominal que antes se consideraba, y por la modificación de los porcentajes para el cálculo de la pensión, no implica que se viole la garantía de irretroactividad de las leyes, prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, tanto a la luz de la teoría de los derechos adquiridos como a la de la teoría de los componentes de la norma. En relación con la primera teoría, debe considerarse que la pensión por jubilación no constituye un derecho que los trabajadores en activo adquieran por existir la relación laboral equiparada y por haber cotizado en el sistema relativo, ya que la introducción de dicha prestación al patrimonio jurídico de aquéllos se encuentra condicionada al cumplimiento de los años de servicio requeridos para ello, por lo que mientras ese requisito no se cumpla, tal prestación constituye una mera expectativa de derecho, de lo que se sigue que la disposición transitoria en comento no afecta derechos adquiridos, respetándose la garantía señalada. Por otra parte, con base en la teoría de los componentes de la norma y dado que el derecho a la jubilación es la consecuencia jurídica de una serie de supuestos o actos parciales, el hecho de que los trabajadores al servicio del Estado de Nuevo León que obtengan tal prestación con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma en comento reciban un trato menos benéfico de los que la hubieren obtenido con anterioridad, no provoca una violación a la citada garantía, pues el nuevo salario base para calcular el monto de la pensión por jubilación, y el porcentaje al que ella equivaldrá constituyen supuestos parciales de tal prerrogativa laboral, que una vez actualizados generan el derecho a la jubilación; además, la constitucionalidad de la modificación legal de mérito deriva de que mediante ella no se afectan los supuestos parciales, previamente acontecidos, de dicha consecuencia, pues no desconoce los años de servicio, las cotizaciones y el periodo durante el cual se realizaron."(8)

"PENSIÓN POR VEJEZ DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO 241 QUE REFORMÓ LA LEY DEL ISSSTELEÓN, EN CUANTO A LAS BASES QUE RIGEN A AQUÉLLA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD. El párrafo cuarto del artículo sexto transitorio del Decreto 241 del Congreso del Estado de Nuevo León de veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y tres, que reformó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, dispone que: ‘Los servidores públicos que se encontraban sujetos al régimen de cotización de la ley abrogada tendrán derecho a una pensión por vejez al cumplir sesenta años de edad y quince años de servicio, consistente en el equivalente al 50% de su último salario de cotización neto percibido. Cuando se rebasen los quince años y se dé el supuesto de edad que aquí se contempla, se aplicará la tabla prevista en el artículo 93 de esta ley para los efectos del monto de la pensión.’. Ahora bien, la circunstancia de que esta reforma legal provoque que a quienes obtengan una pensión por vejez a partir de su vigencia les corresponda en una cuantía relativamente menor que a los que la hubieren obtenido con anterioridad, en virtud de la aplicación del salario neto, en vez del nominal, y de la diversa proporción de dicho salario a la que ella equivaldrá, según el número de años de cotización, no implica una violación a la garantía de irretroactividad de las leyes, prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, tanto a la luz de la teoría de los derechos adquiridos como a la de la teoría de los componentes de la norma. En relación con la primera teoría, debe considerarse que la pensión por vejez no constituye un derecho que los trabajadores en activo adquieran por existir la relación laboral equiparada y por haber cotizado en el sistema relativo, ya que la introducción de dicha prestación al patrimonio jurídico de aquéllos se encuentra condicionada al cumplimiento de los años de edad y de servicio requeridos para ello, por lo que mientras esos requisitos no se cumplan, tal prestación constituye una mera expectativa de derecho, de lo que se sigue que la disposición transitoria en comento no afecta derechos adquiridos, respetándose la garantía señalada. Por otra parte, con base en la teoría de los componentes de la norma y dado que el derecho a una pensión por vejez es la consecuencia jurídica de una serie de supuestos o actos parciales, el hecho de que los trabajadores al servicio del Estado de Nuevo León, que obtengan tal prestación con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma en comento, reciban un trato menos benéfico a los que la hubieren obtenido con anterioridad, no provoca una violación a la citada garantía, pues el nuevo salario base para calcular el monto de la pensión por vejez, y el porcentaje al que ella equivaldrá constituyen supuestos parciales, que una vez actualizados generan el derecho a una pensión por vejez, además, la constitucionalidad de la modificación legal de mérito deriva de que a través de ella no se afectan los supuestos parciales, previamente acontecidos, de dicha consecuencia, pues no desconoce los años de servicio, las cotizaciones y el periodo durante el cual se realizaron."(9)

Por tanto, si bien el hoy quejoso comenzó a laborar el uno de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, en ese momento no había ingresado a su patrimonio el derecho a la pensión, sino que la misma constituía una expectativa de derecho, mismo que nacerá cuando se satisfagan los presupuestos establecidos en ley.

De todo esto se sigue que si en la fecha de la solicitud, la ley instituye dos requisitos para acceder a la pensión, a saber: haber cotizado al instituto aportaciones por diecisiete años y tener sesenta años de edad, es indiscutible entonces que se requiere que se cumplan ambos requisitos, por lo que si el quejoso al momento contaba con 52 años y 5 meses fue correcto que se negara su solicitud de pensión.

Finalmente, no pasan por alto para este Tribunal Colegiado los argumentos del quejoso en el sentido de que la responsable fue omisa en pronunciarse respecto de las pruebas que aportó, consistentes en copias de diversas sentencias emitidas por la misma Sección del referido tribunal, así como que la referida Sección omitió pronunciarse respecto de las cotizaciones que realizó al instituto por seis meses, por las horas clases impartidas en la Universidad Autónoma del Estado de México; sin embargo, respecto al primer razonamiento, lo cierto es que el quejoso no argumentó qué es lo que pretendía acreditar con dichas pruebas, por lo que ese tribunal no puede realizar pronunciamiento alguno y, respecto al segundo, contrario a lo que argumenta el quejoso, la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, sí realizó pronunciamiento, pues consideró que las referidas cotizaciones por hora clase, deberán ser valoradas por el instituto demandado al momento de conceder la pensión, pero aun con ello, de cualquier forma no se puede cubrir el requisito de tener 60 años de edad a la fecha de la solicitud, siendo ésta la razón fundamental para que sea correcta la sentencia reclamada que reconoció la validez del fallo denegatorio de la pensión.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 80, 158, 187 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Manuel Estrada González, en contra del acto y por las autoridades que quedaron precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos del juicio contencioso administrativo a la Sala de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Salvador González Baltierra (presidente) y Emmanuel G. Rosales Guerrero, contra del voto particular del Magistrado Víctor Manuel Méndez Cortés; fue ponente el segundo de los nombrados.

________________

4. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. ..."

5. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 105/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 63, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.-Al establecer el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo las hipótesis en que se aplica la suplencia de la queja deficiente en cada una de las materias en las que procede el juicio de amparo, precisa que en materia de trabajo dicha suplencia sólo opera a favor del trabajador. Así, para establecer cuándo en un juicio de amparo en esta materia debe suplirse la queja deficiente de los planteamientos formulados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, o bien, de los agravios expresados en el recurso correspondiente, debe atenderse preferentemente a dos elementos, a saber: 1) a la calidad del sujeto que promueve el amparo o interpone el recurso, quien debe ser trabajador; y, 2) a la naturaleza jurídica del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, que se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. De esta manera, para que el órgano de control constitucional esté obligado a aplicar la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja, sólo debe atenderse a los dos elementos anteriores, sin importar el origen del acto reclamado, es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, por lo que si en el caso, un trabajador impugna un acto que afecta un bien jurídico o interés fundamental consagrado en su favor por las normas constitucionales, como lo son las garantías mínimas de seguridad social previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe concluirse que procede suplir la deficiencia de la queja."

6. Resulta aplicable, a dicha consideración, la jurisprudencia 2a./J. 26/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 242, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE.-La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente."

7. "Cuarto. Los requisitos de edad y tiempo de cotización para obtener una pensión por jubilación, edad y tiempo de servicios, edad avanzada, muerte e inhabilitación, serán aquellos que marcaba la normatividad vigente al momento de su último ingreso al servicio público, teniendo la opción de acogerse a los nuevos requisitos, a excepción del incremento en la tasa de reemplazo como estímulo por permanencia. ..."

8. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, página 10, tesis P./J. 42/98.

9. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, página 64, tesis P./J. 43/98.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25215-0b17d769/instituto-de-seguridad-social-del-estado-de-mexico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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