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Modo: Corpus Pro

NOTIFICACIONES CONFORME AL ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, EN ABROGACIÓN PAULATINA. SURTEN EFECTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE PRACTICAN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 128/2014. · Registro digital (IUS): 25239
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-09-26
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Pág. 2212.

AMPARO EN REVISIÓN 128/2014. 15 DE JULIO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: DANIEL SÁNCHEZ MONTALVO. SECRETARIO: LUIS ALFREDO GÓMEZ CANCHOLA.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Los agravios formulados por el recurrente son inoperantes, por una parte, e infundados, por otra.

Lo anterior, sin que se desconozca la suplencia de la queja que existe a su favor en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; sin embargo, ello no implica la imposibilidad de calificar, según el caso, infundados o inoperantes los motivos de agravio que deban serlo, pues la suplencia de la queja no llega a ese extremo, sino de resolver el juicio de amparo de conformidad con lo resuelto en el asunto de origen, aun ante la ausencia de agravios.

Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 26/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por no oponerse a la nueva Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 242, con número de registro IUS 170008, que establece:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente."

Cabe precisar que el criterio jurisprudencial que antecede no se opone a la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, pues el texto del artículo 76 Bis, fracción II, de la abrogada legislación en cita, guarda relación con el actual numeral 79, fracción III, inciso a), del cuerpo normativo referido en primer término.

Antecedentes de la sentencia recurrida

Previo a determinar el porqué de la calificativa de referencia, es necesario precisar los antecedentes de la resolución recurrida.

1. Mediante acuerdo de diez de junio de dos mil trece, la agente del Ministerio Público titular de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, primer turno, de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, dio inicio el acta administrativa **********, la que por auto de veintiuno de agosto de dos mil trece, se elevó al rango de averiguación previa **********, en contra de **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar (fojas 3, 4, 8 y 9 del tomo de pruebas).

2. En su oportunidad, una vez realizadas las investigaciones respectivas y efectuada la determinación correspondiente, mediante oficio 527/MT-3/2013, de veintisiete de agosto de dos mil trece, la representación social investigadora consignó la averiguación previa de referencia, y ejerció acción penal, sin detenido, en contra del aquí recurrente **********, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y violencia familiar (foja 2).

3. Correspondió conocer del asunto al Juzgado Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, radicado mediante acuerdo de dos de septiembre de dos mil trece, como causa penal ********** (foja 266).

4. Luego, el diecisiete de septiembre de dos mil trece, el Juez del conocimiento libró la orden de aprehensión solicitada, por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado en los numerales 191 y 192 del Código Penal para el Estado de Chiapas, cometido en agravio de ********** y ********** (fojas 268 a 317).

5. En atención a lo anterior, el veintiuno de octubre de dos mil trece, agentes de la Policía Especializada adscritos a la Comandancia Regional Zona Fronterizo Costa, dieron cumplimiento a la orden de captura, dejando al inculpado, aquí recurrente, a disposición del juzgado responsable, en el interior del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas (foja 319).

Por lo que en auto de esa misma data, el Juez de la causa decretó su formal detención (foja 322).

6. Así, el veintidós de octubre siguiente, se recabó la declaración preparatoria del aquí recurrente, en la que, entre otras cosas, su defensa solicitó que se fijara el monto de la caución para obtener su libertad provisional y se duplicara el término constitucional para resolver su situación jurídica (fojas 325 a 328).

Lo que se acordó favorable en auto de esa data, fijándose los montos respectivos (fojas 329 y 330), por lo que obtuvo el beneficio de la libertad provisional bajo caución el veinticuatro de octubre de dos mil trece (fojas 351 y 353).

7. Posteriormente, el veintisiete de octubre de dos mil trece, se dictó auto de formal prisión en contra del aquí recurrente, como probable responsable de la comisión del delito imputado (fojas 365 a 428).

Mismo que le fue notificado al procesado de forma personal el treinta de octubre posterior, como se advierte de la diligencia actuarial que obra en autos, en la que se negó a firmar por no considerarlo necesario (foja 428 vuelta).

Además, se hizo del conocimiento del defensor particular el mismo treinta de octubre (foja 428).

8. Ahora bien, ********** promovió juicio de amparo indirecto, del cual correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, registrándose bajo el número ********** (fojas 139 a 142 del juicio de amparo).

En el que se acordó tener únicamente como actos reclamados en ese juicio, el auto de formal prisión de veintisiete de octubre de dos mil trece, dictado en contra del quejoso dentro de la causa penal **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, cometido en agravio de ********** y **********, así como la respectiva orden de identificación administrativa, y la orden de reaprehensión.

Lo anterior, sin que fuera recurrido ese proveído a través del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que la litis constitucional se delimitó con esos actos reclamados.

9. Seguido el trámite del juicio de amparo indirecto, el seis de marzo de dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia constitucional respectiva (foja 485), y en la misma data se dictó sentencia en la que resolvió sobreseer en el juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo (fojas 486 a 493).

Esta sentencia es la que se encuentra sujeta a revisión en esta instancia.

Motivo de inconformidad vinculado con la extemporaneidad de los informes justificados

Ahora bien, el recurrente sostiene, en su cuarto agravio, de manera toral, que se transgredieron los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, ya que se concedió una oportunidad a la autoridad responsable (sin referir a cuál), para que rindiera su informe justificado de manera extemporánea, lo que impidió que se observara el principio de celeridad procesal previsto en el artículo 17 constitucional; apoyando sus razones en el criterio de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD."

Contestación del agravio

En ese tenor, se califica de infundado el argumento antes señalado, ya que del análisis oficioso del juicio de amparo indirecto se advierte que todos los informes justificados fueron rendidos de manera oportuna por las autoridades responsables: Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula; fiscal del Ministerio Público titular de la Mesa de Trámite Número Tres de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar; alcaide del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres; comandante regional de la Policía Especializada, Zona Frontera Costa; todos con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; así como procurador general de Justicia del Estado de Chiapas y director general de la Policía Especializada, con residencia en esta ciudad (fojas 147, 152, 153, 158, 167, 173, 174 y 463 del juicio de amparo indirecto).

Lo anterior es así, ya que fueron emplazadas a partir del veintiuno de enero de dos mil catorce, y el último de los informes fue presentado el siete de febrero siguiente; es decir, cuando habían transcurrido apenas once días hábiles, sin contar sábados ni domingos, así como el tres y cinco de febrero, que fueron declarados inhábiles; por tanto, es claro que no transcurrió en exceso el plazo de quince días previsto en el artículo 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo.

Aunado a lo anterior, es de significarse que con independencia de que hubiera sido extemporánea su presentación, el párrafo tercero del referido numeral, dispone que, podrán ser tomados en cuenta los informes justificados cuando el quejoso estuviera en posibilidad de conocerlos, lo que en el caso ocurrió, pues se le dio vista con los proveídos de veintitrés, veintiocho, veintinueve y treinta y uno de enero, cuatro y siete de febrero de dos mil catorce, donde se tuvo por rendidos los informes justificados de las responsables (fojas 150, 155, 162, 169, 170, 180 y 467 del juicio de amparo indirecto).

De ahí que ante lo infundado de sus argumentos, deviene inaplicable el criterio en que los apoyó.

Agravio vinculado con la omisión de dar vista con la causal de improcedencia

Por otra parte, el recurrente expone en su sexto motivo de agravio, que el Juez de Distrito cometió una violación dentro del procedimiento de amparo, ya que omitió darle vista con la posible actualización de la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados al Juez Penal de origen.

Lo anterior, debido a que esa obligación se contiene en el artículo 64 de la Ley de Amparo, como se advierte de la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. LA OBLIGACIÓN QUE IMPONE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO SE ADVIERTA UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR UN ÓRGANO INFERIOR, SE HACE EXTENSIVA A LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO EN AMPARO INDIRECTO, ASÍ COMO A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN SEDE DE REVISIÓN Y EN AMPARO DIRECTO."

Contestación del motivo de inconformidad

En ese sentido, se califica de infundado el anterior agravio, ya que en el numeral 64 de la Ley de Amparo, únicamente dispone que la obligación de dar vista al quejoso con la actualización de una posible causal de improcedencia surge, tratándose de juicios de amparo indirecto, únicamente cuando en el recurso de revisión o queja en contra del fallo del Juez de Distrito, se advierta una causal diversa a la analizada en la sentencia recurrida.

Para mayor claridad se transcribe el referido dispositivo:

"Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten.

"Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga."

Del párrafo segundo de dicho numeral, se desprende que no existe obligación de notificar al quejoso la posible actualización de las causas de improcedencia en el juicio de amparo indirecto, ya que condiciona la vista a que se trate de una causal no analizada por un órgano jurisdiccional inferior; es decir, un Juez de Distrito, y a que tampoco hubiera sido alegada por alguna de las partes.

Por tanto, para que se actualice esa regla procesal, necesariamente debe advertirse la actualización de la causal de improcedencia, ya sea en el recurso de queja o en el amparo indirecto en revisión, pues se condiciona a que no se hubiera analizado por un Juez de Distrito (órgano inferior).

En el entendido de que de esa disposición se desprende que, el legislador pretendió no dejar en estado de indefensión al quejoso, ante la actualización de una causal de improcedencia; orientándose tal dispositivo legal a la oportunidad de controvertir las causales de improcedencia únicamente ante el tribunal revisor; en primer lugar, porque podrá combatirlas al recurrir la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto, en vía de agravios y, en segundo lugar, porque al estimar el órgano revisor que se actualiza una diversa causal a la analizada por el Juez de Distrito, tendrá la obligación de darle vista para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga; por tanto, el quejoso tendrá oportunidad de exponer sus argumentos en los que funde, en su caso, la procedencia del juicio de amparo indirecto. De ahí lo infundado del motivo de inconformidad del quejoso.

Lo anterior, sin que pase inadvertido el criterio que cita el recurrente para apoyar sus argumentos, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. LA OBLIGACIÓN QUE IMPONE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO SE ADVIERTA UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR UN ÓRGANO INFERIOR, SE HACE EXTENSIVA A LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO EN AMPARO INDIRECTO, ASÍ COMO A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN SEDE DE REVISIÓN Y EN AMPARO DIRECTO."; sin embargo, se trata de una jurisprudencia que este tribunal no comparte, y que no resulta vinculante en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, al haber sido emitida por un órgano colegiado de la misma jerarquía.

Máxime que, se trata de un criterio que fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 23/2014, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, pendiente de resolverse, de la que se advierte que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostuvo el criterio que se comparte, consistente en que no existe obligación de notificar al quejoso la posible actualización de las causas de improcedencia en el amparo indirecto, sino únicamente en el amparo en revisión, ya que del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, condiciona la vista al quejoso, a que se trate de una causal no analizada por un órgano jurisdiccional inferior; es decir, un Juez de Distrito y a que tampoco hubiera sido alegada por alguna de las partes.

El criterio de que se trata se contiene en la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Tomo IV, enero de 2014, página 2660, con número de registro IUS 2005263, que establece:

"CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia ‘no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior’, se dará vista ‘al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga’; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, Tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra ‘ni’, constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita."

En esa virtud, a criterio de este tribunal no es factible que se obligue en el juicio de amparo indirecto a dar vista al quejoso respecto de la posible actualización de las causas de improcedencia, puesto que no se advierte del numeral 64 de la Ley de Amparo, aunado a que no se le deja en estado de indefensión, pues podrá recurrir la determinación que se emita al interponer el recurso de revisión respectivo.

Es de significarse que, aún se encuentra pendiente de resolver la contradicción de tesis antes señalada, por lo que no se impide que se resuelva en el sentido que se hace.

Agravios relacionados con la audiencia constitucional

Ahora bien, previo a analizar los motivos de agravio hechos valer por el recurrente contra la sentencia recurrida, se advierte que en parte de su primer agravio manifiesta su inconformidad contra lo acordado por el Juez de Distrito en la audiencia constitucional.

Al efecto, refiere que el Juez de Distrito, determinó de manera incorrecta que en el expediente no se contenía información que pusiera en peligro su seguridad, salud y que por su naturaleza no podía afectarse su dignidad personal y causarle un daño irreparable, lo que sí ocurría.

Apoyó sus argumentos en los criterios de rubros: "DIGNIDAD HUMANA. DEFINICIÓN." y "DIGNIDAD HUMANA. SU NATURALEZA Y CONCEPTO."

Contestación de los argumentos

Dichos argumentos son inoperantes, ya que la quejosa parte de una premisa falsa para sostener sus afirmaciones, pues del análisis de la audiencia constitucional se advierte que el Juez de Distrito, no emitió el pronunciamiento que refiere el recurrente, sino que su pronunciamiento lo hizo en el sentido de que las partes no habían hecho manifestación alguna en relación con la publicación de sus datos personales, ni tampoco expresaron que en el expediente se contuviera información que pusiera en peligro la vida, la seguridad y la salud o que por su naturaleza pudiera afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable.

Es decir, el pronunciamiento que realizó el Juez de Distrito, únicamente fue en el sentido de que las partes no habían hecho ninguna manifestación en ese sentido durante el desarrollo del juicio de amparo, sin que refiriera, como lo afirma el recurrente, que esas circunstancias no se suscitaban.

Aunado a que el Juez Federal acordó sobre la supresión de los datos sensibles que pudieran contenerse en las constancias, siguiendo los criterios establecidos en el artículo 2o., fracciones XXI y XXII, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en los diversos 79, 80 y 81 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Para mayor claridad de lo antes determinado, se transcribe la parte relativa de la audiencia constitucional:

"... En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a las **********, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, aplicable al presente asunto, relativo al juicio de amparo **********, promovido por **********, ante la presencia del licenciado Felipe Sifuentes Servín, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido por el licenciado Sergio Armando Luna Cano, secretario con quien actúa, autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes ni representante legítimo de ellas ...; asimismo, se hace constar que ninguna de las partes, hicieron manifestación alguna con relación a que sus datos personales sean publicados y tampoco expresaron que el presente expediente contenga información que ponga en peligro la vida, la seguridad y la salud o que por su naturaleza pueda afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, así como las constancias que obren en el expediente, se supriman los datos sensibles que puedan contener, siguiendo los criterios de datos sensibles establecidos en el artículo 2o., fracciones XXI y XXII, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en los diversos 79, 80 y 81 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que anteceden, para los efectos legales procedentes ..." (foja 485 del juicio de amparo indirecto).

Por tanto, si la parte recurrente sostiene sus argumentos en una premisa falsa, el estudio de su motivo de inconformidad resulta inoficioso, debido a que, al partir de una suposición que no resultó cierta, la conclusión sería ineficaz para obtener sentencia favorable.

Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 3, octubre de 2012, página 1326, con número de registro IUS 2001825, que establece:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida."

En esa virtud, no es factible pronunciarse respecto de la aplicación de los criterios que cita la parte quejosa para apoyar sus argumentos, ya que si bien es cierto, existe la obligación de fundar y motivar la inaplicación de las jurisprudencia y tesis invocadas; también es verdad que ese deber parte del supuesto específico de que el tema planteado en ellas haya sido efectivamente abordado, pero no cuando los argumentos resultan inoperantes; pues si el motivo de inconformidad es calificado de esa forma, en vía de consecuencia, también lo es el criterio utilizado para robustecerlo.

Aspectos vinculados con la sentencia recurrida

Por otra parte, se procederá a analizar los aspectos vinculados directamente con la sentencia recurrida en esta instancia, advirtiéndose de su análisis, que el Juez de Distrito incurrió en diversas imprecisiones y omisiones al estudiar los actos reclamados.

Al efecto, se advierte que el Juez de Distrito al radicar la demanda en proveído de veinte de enero de dos mil catorce (fojas 139 a 142 del juicio de amparo), únicamente tuvo como actos reclamados en el juicio de amparo indirecto de origen, los siguientes:

a) El auto de formal prisión de veintisiete de octubre de dos mil trece, dictado en contra del quejoso dentro de la causa penal **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, cometido en agravio de ********** y **********;

b) La orden de identificación administrativa; y,

c) La orden de reaprehensión.

Sin que se hubiera controvertido esa determinación por parte del quejoso, por lo que la litis constitucional se ciñó exclusivamente a dichos actos reclamados.

En ese sentido, las responsables rindieron su respectivo informe justificado, y el Juez de Distrito emitió su determinación en los términos siguientes:

Ver términos

De lo anterior se advierte que respecto de la orden de identificación administrativa, el Juez natural responsable al rendir su informe justificado fue omiso en pronunciarse sobre su existencia (foja 167 del juicio de amparo indirecto), sin que el Juez se percatara de esa circunstancia, ya que refirió que la responsable lo había aceptado; sin embargo, en nada perjudica al quejoso, ya que se consideró la existencia del acto reclamado, mismo que se corrobora de la copia certificada del auto de formal prisión reclamado, donde se advierte que el Juez de la causa ordenó en términos del artículo 304 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, que se identificara al procesado en el sistema administrativo respectivo (foja 427 del tomo de pruebas).

Asimismo, se desprende que el Juez de Distrito fue omiso en pronunciarse respecto del acto reclamado consistente en:

- La posible orden de reaprehensión.

Por lo que este Segundo Tribunal Colegiado reasume jurisdicción para analizar dicha omisión, con apoyo en el artículo 93, fracción I, de la Ley de Amparo.

Tiene aplicación al caso, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 58/99, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 35, con número de registro IUS 193759, de rubro y texto siguientes:

"ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN. Si al resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, se descubre la omisión de pronunciamiento sobre actos reclamados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento en términos de lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que la fa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25239-6bf85c0c/notificaciones-conforme-al-articulo-58-del-codigo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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