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Modo: Corpus Pro

DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN TRATADOS INTERNACIONALES. SU INTERPRETACIÓN CONSTITUYE UN TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN JUICIOS DE AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 892/2013. · Registro digital (IUS): 25286
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-10-24
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Pág. 264.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 892/2013. 7 DE FEBRERO DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ARMANDO ARGÜELLES PAZ Y PUENTE.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104 de la Ley de Amparo vigente; 11, fracción V, en relación con el 10, fracción V, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se interpone en contra de un acuerdo de trámite dictado por el presidente de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. Oportunidad. El presente recurso fue interpuesto oportunamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de Amparo, pues de las constancias de autos se advierte que el acuerdo reclamado fue dictado por el presidente de este Alto Tribunal el veintiuno de noviembre de dos mil trece y notificado personalmente al quejoso el veintisiete de noviembre de dos mil trece,(9) por lo que dicha notificación surtió efectos al día siguiente hábil, es decir, el veintiocho de noviembre de dos mil trece.

En este sentido, el término de tres días para la interposición del recurso previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo transcurrió del día viernes veintinueve de noviembre al martes tres de diciembre de dos mil trece, descontándose los días treinta de noviembre y primero de diciembre de dos mil trece, por ser sábado y domingo e inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, si el recurso que nos ocupa fue presentado el veintiocho de noviembre de dos mil trece, entonces, resulta claro que su presentación es oportuna.

Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 223/2007, emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, que esta Sala comparte, consultable bajo el rubro: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU PRESENTACIÓN NO ES EXTEMPORÁNEA AUNQUE SE INTERPONGA ANTES DE QUE INICIE EL PLAZO PARA HACERLO."(10)

TERCERO. Agravios. En su escrito de reclamación, el recurrente expresó, a manera de agravio, medularmente, lo siguiente:

"No se cumplen los términos que determinó el Tribunal Colegiado con respecto al pronunciar (sic) para la compurgación y la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia cambió la palabra de compurgación por cumplimentar causándome agravio por el abuso de autoridad."

CUARTO. Estudio de fondo. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que lo expresado por el recurrente a manera de agravio es inoperante.

Primeramente, debe señalarse que la materia de esta reclamación consiste en determinar si el recurrente, con sus agravios, logra desvirtuar las razones de la resolución impugnada para desechar por improcedente el recurso de revisión intentado. En ese sentido, como se puede apreciar de la transcripción de la citada resolución, la razón fundamental del presidente de este Alto Tribunal para desechar el amparo directo en revisión radicó en que del análisis de las constancias de autos se advierte que en la demanda no se planteó concepto de violación alguno sobre la inconstitucionalidad de una norma general, ni se hizo la interpretación de algún precepto constitucional y, en consecuencia, en el fallo impugnado no se decidió u omitió decidir sobre esa cuestión.

Asimismo, debe tenerse presente que, de una interpretación sistemática de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(11) 81, fracción II y 83, primer párrafo, de la Ley de Amparo;(12) 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(13) se llega a la conclusión de que el recurso de revisión es procedente siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos: 1. Exista una cuestión de constitucionalidad y 2. El problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio del Pleno o de la Sala respectiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ahora bien, la llamada "cuestión de constitucionalidad" puede actualizarse de las siguientes maneras:

a) Si en la demanda se planteó la inconstitucionalidad de una norma general o se propuso la interpretación directa de algún precepto constitucional o de un derecho humano reconocido por el Estado Mexicano en tratados internacionales; y,

b) Si en la sentencia del juicio de garantías existe algún pronunciamiento respecto a la constitucionalidad de normas generales, o que en la misma se haya realizado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de un derecho humano reconocido por el Estado Mexicano en tratados internacionales, aunque no se haya planteado ello en la demanda de amparo, o bien, si en dicha sentencia se omitió el examen de estas cuestiones, cuando fueron propuestas en la demanda.

Lo anterior, en la inteligencia de que, a juicio de esta Primera Sala, a partir de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis y el diez de junio de dos mil once, debe entenderse que el planteamiento de inconstitucionalidad de normas generales a que se refieren el precepto constitucional y los artículos legales antes transcritos comprende el supuesto, esto es, se actualiza cuando en la demanda se hace valer una contravención a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, a que remite el artículo 1o. de la Constitución Federal.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2a./J. 149/2007, que esta Primera Sala, en lo conducente, comparte, cuyo rubro es: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.",(14) publicada en la página seiscientos quince, Tomo XXVI, agosto de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, así como la tesis 1a. LXXVII/2013 (10a.), de esta Primera Sala, consultable bajo el rubro: ""(15)

En el caso, del análisis realizado a los conceptos de violación se advierte que el entonces quejoso no planteó argumento alguno sobre la constitucionalidad de una norma de carácter general. Ello, toda vez que sus manifestaciones consistieron, medularmente, en lo siguiente:

• La violación consiste en que el punto resolutivo del Tribunal Colegiado no se pronunció conforme al amparo concedido.

• El quántum de la sentencia con respecto a la prisión preventiva es erróneo, ya que debería ser de siete meses, tres días, menor a la sentencia impuesta, faltando once meses, ocho días, abonando los siete meses, tres días en forma correcta.

• La sentencia es inconstitucional, por haber aumentado la pena de prisión por parte de la Sala responsable, con base en un estudio criminológico.

• Se anula el reconocimiento de los derechos de igualdad real de oportunidad de las personas.

• La contestación de la Sala responsable hizo caso omiso de lo dispuesto por el Tribunal Colegiado en el amparo concedido al quejoso.

Lo anteriormente sintetizado hace evidente que, en el caso, no existió concepto de violación alguno en contra de la constitucionalidad de una norma de carácter general, pues ninguno de los argumentos del quejoso va encaminado a evidenciar la contrariedad entre un precepto secundario y uno de rango constitucional, incluyendo en esta última hipótesis, como se dijo, las normas internacionales que reconocen los derechos humanos a que se refiere el artículo 1o. de la Constitución Federal.

Asimismo, como se precisará más adelante, tampoco existió, en el caso, la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, ni se omitió hacerlo. Por el contrario, se aprecia que los argumentos del quejoso únicamente controvierten cuestiones de legalidad, como lo son, sustancialmente, la compurgación de la pena y el aumento de la misma con base en un estudio criminológico.

Establecido lo anterior, es conveniente tener presente lo resuelto por el Tribunal Colegiado del conocimiento, el cual realizó el análisis de lo expuesto en los conceptos de violación, solamente en cuanto hace a los puntos que fueron materia de la litis, la cual se identificó sólo con cuestiones de legalidad, como se desprende claramente del sexto considerando del fallo combatido en el recurso de revisión que fue desechado y que estimó que los conceptos de violación eran inoperantes, por una parte, e infundados, por la otra, en síntesis, por lo siguiente:

• Declaró inoperantes los conceptos de violación en los que el quejoso se limita a citar como vulnerados los artículos 1o., 6o., 7o., 8o., 20 y 133, por no precisar las garantías ni el principio de convencionalidad que emanan de los referidos dispositivos y únicamente alude a que se vulneró su derecho humano de debido proceso penal y presunción de inocencia.

• Consideró infundado lo relativo al aumento de la imposición de la pena, ya que la autoridad responsable analiza todas las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho delictivo que tomó en consideración la Sala responsable para imponer la pena de doce años, once meses, veinticuatro días de prisión al quejoso, estimándolo correctamente por ser más favorable al quejoso.

• Asimismo, estimó correcta la determinación de que se abone a la sentencia la prisión preventiva desde el veintisiete de junio de dos mil uno, al veintinueve de enero de dos mil dos, fecha en que se dictó la sentencia de segunda instancia, por lo tanto, resume, faltan por compurgar once meses, ocho días de prisión.

• Refiere que no se vulneran derechos humanos del quejoso con la emisión de la sentencia y niega el amparo.

De lo antes sintetizado se desprende que el fallo recurrido no decidió sobre la inconstitucionalidad de precepto legal alguno o sobre la interpretación directa de un artículo de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni omitió decidir al respecto, en los términos que ya se apuntaron con antelación en este fallo, sino que, en el caso, el Tribunal Colegiado resolvió las cuestiones de legalidad que le fueron planteadas, sin realizar oficiosamente la interpretación directa de un precepto constitucional o de un derecho humano.

Adicionalmente, como ya se anticipó, el auto recurrido se encuentra apegado a derecho y resulta inoperante el argumento vertido por el recurrente, tendente a demostrar la ilegalidad de la resolución combatida en el amparo, ya que no debe perderse de vista que la materia de análisis del recurso de reclamación hecho valer es el acuerdo de trámite impugnado. De esa manera, se advierte que no puede ser materia de estudio o pronunciamiento alguno el argumento relacionado con la cuestión que aduce el recurrente en el agravio que plantea.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a./J. 45/2012 (10a.), la cual esta Sala comparte, de rubro: "RECLAMACIÓN. LOS AGRAVIOS QUE CONTROVIERTEN UNA RESOLUCIÓN DIVERSA AL ACUERDO DE PRESIDENCIA RECURRIDO O NO LO COMBATEN DEBEN DECLARARSE INOPERANTES."(16)

Aunado a lo anterior, como se advierte, los argumentos expuestos no controvierten frontalmente lo expuesto por el presidente de esta Suprema Corte en el acuerdo recurrido en el sentido de que resultaba notoriamente improcedente el recurso de revisión intentado, resultando aplicable, al caso, la ya citada tesis 1a./J. 7/2003, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, CUANDO NO COMBATEN LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE APOYA EL ACUERDO DE PRESIDENCIA RECURRIDO."(17)

En este orden de ideas, al desestimarse los argumentos hechos valer en sus agravios, este medio de impugnación debe declararse infundado y confirmarse en sus términos el acuerdo de presidencia recurrido de veintiuno de noviembre de dos mil trece, el cual fue apegado a derecho.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Es infundado el recurso de reclamación a que este toca 892/2013 se refiere.

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil trece, dictado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente del amparo directo en revisión **********.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente y ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

9. Cuaderno de amparo directo en revisión **********, foja 9.

10. Novena Época. Tesis de jurisprudencia 2a./J. 223/2007, emitida por la Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 215, registro IUS: 170625, cuyo texto dice: "Del artículo 103 de la Ley de Amparo se advierte que el plazo de 3 días para interponer el recurso de reclamación comenzará a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del acuerdo recurrido. Ahora bien, el recurso interpuesto antes de que inicie ese plazo no puede considerarse extemporáneo, pues dicho precepto sólo pretende que el aludido medio de defensa no se haga valer después de concluido aquél, pero no impide que pueda presentarse antes de que inicie."

11. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."

12. "Artículo 81. Procede el recurso de revisión:

"...

"II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del Pleno.

"La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."

"Artículo 83. Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

"El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdos generales, distribuirá entre las Salas los asuntos de su competencia o remitirá a los Tribunales Colegiados de Circuito los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine."

13. "Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

"...

"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."

"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:

"...

"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito:

"a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional."

14. El texto de la tesis dice: "Del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, y del Acuerdo 5/1999, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 94, séptimo párrafo, constitucional, así como de los artículos 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que al analizarse la procedencia del recurso de revisión en amparo directo debe verificarse, en principio: 1) la existencia de la firma en el escrito u oficio de expresión de agravios; 2) la oportunidad del recurso; 3) la legitimación procesal del promovente; 4) si existió en la sentencia un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, o bien, si en dicha sentencia se omitió el estudio de las cuestiones mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y, 5) si conforme al acuerdo referido se reúne el requisito de importancia y trascendencia. Así, conforme a la técnica del amparo basta que no se reúna uno de ellos para que sea improcedente, en cuyo supuesto será innecesario estudiar si se cumplen los restantes."

15. Décima Época. Primera Sala. Tesis aislada 1a. LXXVII/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 886, Registro IUS: 2003030, cuyo texto dice: "Los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano se vuelven parte del ordenamiento jurídico interno, de modo que amplían el catálogo de aquéllos, lo que fue uno de los objetivos de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 y el 10 de junio de 2011. Así, en la primera reforma se amplió expresamente la procedencia del juicio de amparo a aquellos casos en los cuales se hubiesen violado derechos previstos en los tratados internacionales, con independencia de que estén reconocidos o no en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que en la segunda, se reconoció categóricamente que en México todas las personas son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Ahora bien, en atención a que el juicio de amparo es un mecanismo jurisdiccional creado para proteger los derechos humanos de las personas, los temas propiamente constitucionales -en el supuesto de interpretación directa de preceptos constitucionales- planteados en los juicios de amparo directo y, especialmente, en los recursos de revisión promovidos contra las ejecutorias que resultan de ellos, se referirán a la interpretación de derechos fundamentales. Por lo anterior, sería imposible impugnar en un recurso de revisión la falta o indebida interpretación de un derecho humano reconocido en los tratados internacionales si dicha interpretación no se considera como un tema propiamente constitucional, lo cual resultaría contrario al funcionamiento del amparo directo y del recurso de revisión, así como del propio Texto Constitucional, pues aun cuando el principio rector del recurso de revisión prevé un campo de acción limitado para su procedencia contra las sentencias de amparo directo, la Constitución Federal se reformó para incluir expresamente a los derechos reconocidos en los tratados internacionales como parte del catálogo de derechos que gozan de protección constitucional, lo cual se armonizó con la reforma en materia de amparo que reconoció la procedencia del juicio para reparar las posibles violaciones cometidas a dichos derechos. En ese sentido, si bien dicha ampliación de los derechos tutelados vía juicio de amparo no se incluyó expresamente en el artículo 107, fracción IX, constitucional, ello no puede interpretarse aisladamente del resto de los principios constitucionales, especialmente de aquéllos recién modificados. Consecuentemente, el recurso de revisión en amparo directo procede para conocer de la interpretación que los Tribunales Colegiados de Circuito hagan de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, independientemente de su reconocimiento en la Constitución, por ser un tema propiamente constitucional."

16. Décima Época. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Tomo 2, mayo de 2012, página 1216.

"El recurso de reclamación constituye un medio de defensa que la Ley de Amparo concede a las partes para impugnar los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los de sus Salas o los de los Tribunales Colegiados de Circuito. Por tanto, su materia consiste en el acuerdo de trámite impugnado, el cual debe examinarse a través de los agravios expresados por la recurrente; de ahí que si éstos no combaten los razonamientos en que se apoya el acuerdo de presidencia señalado o están encaminados a controvertir una resolución diversa son inoperantes y, por ende, el referido recurso debe declararse infundado."

17. Novena Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, febrero de 2003, página 32. Cuyo texto dice: "Cuando los agravios expresados en el recurso de reclamación interpuesto no combaten los razonamientos en que se apoya el acuerdo de presidencia recurrido, es evidente que tales argumentos son inoperantes, y que el referido recurso deberá declararse infundado."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25286-3d9a7d62/derechos-humanos-reconocidos-en-tratados-internacionales-su-interpretacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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