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Modo: Corpus Pro

LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TIENE LA FEDERACIÓN PARA PROMOVERLO, POR CONDUCTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y/O DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESUELVE UN JUICIO EN EL QUE PARTICIPA SIN ATRIBUTOS DE AUTORIDAD Y EN DEFENSA DE SU PATRIMONIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 164/2014. · Registro digital (IUS): 25330
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-11-14
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, QUINTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CA
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Pág. 1071.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 164/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, QUINTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR Y DÉCIMO OCTAVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 27 DE AGOSTO DE 2014. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES; VOTÓ CON SALVEDAD JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. DISIDENTE Y PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de posible contradicción de criterios, que formula el procurador general de la República de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios sustentada entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.

SEGUNDO. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, en atención a que fue formulada por el procurador general de la República.

TERCERO. El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el once de febrero de dos mil trece, el amparo directo **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SEGUNDO. Cuenta con legitimación para promover el presente juicio de amparo la Federación, respecto de actuaciones efectuadas por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que aquella persona moral pública fue parte codemandada en el juicio agrario de origen, y en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, la sentencia reclamada afecta sus intereses patrimoniales, pues en ésta se determina que desconoce el derecho de propiedad que adujo tener la quejosa sobre las tierras en que construyó la carretera **********, en específico el tramo de **********, kilómetros ********** al **********, tanto fue así, que se le condenó, previamente a instaurar el procedimiento de expropiación, a pagar la indemnización correspondiente, por la invasión, con motivo de la construcción, de tierras ejidales del poblado **********, Municipio de La Paz, Baja California Sur.

"En ese sentido, es patente que esa determinación incide en el patrimonio de la Federación, dado que la citada vía carretera, constituye un bien nacional, de uso común, sujeto al régimen de dominio público de la Federación, en los términos que lo contempla el artículo 7o., fracción XI, en relación con los numerales 3o., fracción II y 6o., fracción II, de la Ley General de Bienes Nacionales.

"Por las razones que la sustentan, y a contrario sensu, cobra aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 109/2005, emitida por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, de rubro y texto siguientes:

"‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, RECLAMA DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN LA DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.’ (se transcribe)

"Máxime que al no poderse restituir las tierras en donde se construyó el tramo carretero de **********, kilómetros ********** al **********, por manifiesta utilidad pública del servicio que ahí se proporciona, se condenó a la Federación al pago de la indemnización respecto de la superficie afectada de ********** metros cuadrados, el cual, necesariamente tendría que ser cubierto con su propio peculio, conformante de su patrimonio.

"Además, la agente del Ministerio Público que comparece en su representación tiene personería para actuar en defensa de los intereses de la Federación, por así disponerlo expresamente el artículo 102, apartado A, párrafo cuarto, constitucional, y reiterarlo el artículo 4o., fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que expresamente refieren:

"‘Artículo 102.

"‘A. ...

"‘En todos los negocios en que la Federación fuese parte; en los casos de los diplomáticos y los cónsules generales y en los demás en que deba intervenir el Ministerio Público de la Federación, el procurador general lo hará por sí o por medio de sus agentes.’

"‘Artículo 4o. Corresponde al Ministerio Público de la Federación: ...’

"‘II. Vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas. En ejercicio de esta atribución el Ministerio Público de la Federación deberá: ...

"‘b) Intervenir como representante de la Federación en todos los negocios en que ésta sea parte o tenga interés jurídico. Esta atribución comprende las actuaciones necesarias para el ejercicio de la facultad que confiere al procurador general de la República la fracción III del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ...’

"SEXTO. Parte de los conceptos de violación propuestos por la quejosa resultan infundados y por la otra inoperantes, en virtud de las siguientes consideraciones. ..."

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo **********, el cinco de junio de dos mil trece, sostuvo lo siguiente:

"... VI. La transcripción de las consideraciones en que se sustenta la sentencia reclamada, así como la de los conceptos de violación, se hizo únicamente por la información que ministran, pues, como enseguida se verá, este órgano colegiado advierte que se actualiza una causa de improcedencia que da lugar a sobreseer en el juicio de garantías, la prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso 9o., también de ese ordenamiento, toda vez que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien acude a través del agente del Ministerio Público Federal, y se ostenta como persona moral oficial, tal y como se advierte de su escrito inicial de demanda, carece de legitimación para acudir al juicio de garantías.

"En aras de corroborar la anterior afirmación, ha menester relatar que de las constancias que integran el juicio contencioso agrario del que deriva la sentencia reclamada, se desprende, en lo que interesa, lo siguiente:

"**********, ********** y **********, en su carácter de presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal del poblado ‘**********, Municipio del **********, Jalisco, acudieron en términos de lo previsto por la fracción VII, del artículo 27 y del artículo 18, fracciones V y IX, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, a promover juicio agrario, demandando al ‘titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, el delegado de la Secretaría en mención en el Estado de Jalisco, al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y al secretario de Planeación y Urbanización del Gobierno del Estado.’, por las siguientes prestaciones: ‘A) Por la declaratoria mediante sentencia definitiva del pago de **********, que como indemnización le corresponde al ejido que representamos de una superficie de ********** hectáreas propiedad del ejido, en la que indebidamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado, ocupan con un tramo de la carretera ********** e inmediaciones del aeropuerto Miguel Hidalgo. B) Por la declaratoria en sentencia definitiva en la que condene a las demandadas, a cubrir el pago de la indemnización de las ********** hectáreas, a razón de ********** por metro cuadrado, correspondiente a ********** que han ocupado en la construcción del tramo carretero **********, con una magnitud de ********** metros de ancho, por ********** metros de largo aproximadamente, que en forma detallada se precisan en el plano topográfico y croquis de localización que se acompañan, y localizadas dentro de la superficie de dotación al ejido mediante resolución presidencial de dotación de fecha veintiséis de abril de mil novecientos treinta y cinco, ejecutada el primero de mayo del mismo año.’

"De la referida demanda conoció el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciséis. En proveído de treinta y uno de enero de dos mil siete, el Magistrado admitió la referida demanda, registrándola con el número de expediente **********.

"Seguido el juicio por su cauce legal, el Tribunal Agrario del conocimiento, dictó sentencia el veintitrés de octubre de dos mil doce, en la que resolvió:

"‘PRIMERO. Se declara que la parte actora en el juicio los integrantes del comisariado ejidal del ejido **********, Municipio de **********, Jalisco, acreditaron sus prestaciones, de acuerdo con las razones vertidas en la parte considerativa de este fallo. SEGUNDO. Se condena a la parte demandada en el juicio Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al reconocimiento de la titularidad del ejido actor sobre la superficie que determina la carretera ********** y en consecuencia al pago por la cantidad de **********, como pago indemnizatorio correspondiente al acreditarse que la superficie en conflicto se trata de una superficie ejidal, que en la actualidad corresponde al tramo carretero federal, de acuerdo con el estudio de mercado realizado en ella por el perito tercero en discordia, en cumplimiento sustituto de la sentencia a favor del ejido actor **********, Municipio de **********, Jalisco, como pago de indemnización, más la correspondiente actualización a la fecha en que se condena a su pago, cuya cuantificación corresponde hacer al perito tercero en discordia para ajustar la cantidad correspondiente en el incidente de liquidación de sentencia respectivo, a fin de que la indemnización refleje el valor actual al momento del pago correspondiente, de acuerdo con el último considerando de esta resolución. TERCERO. Se absuelve a los demandados el Gobierno del Estado de Jalisco representado por el Gobernador Constitucional del Estado y a la Secretaría de Desarrollo Urbano del propio gobierno, así como también al Fideicomiso para la atención del Rescate de Autopistas Concesionadas 1936, por conducto de la fiduciaria banco **********, la Dirección de Caminos y Puentes Federales y Aeropuertos de Servicios Nacionales por ser organismos filiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tomando en consideración los razonamientos expuestos en el último considerando de esta resolución.’

"En esencia, la Sala consideró que los peritos, tanto el de la parte actora como el de la parte demandada, coincidieron en que en una superficie de ********** hectáreas, el primero, y ********** hectáreas el segundo, que pertenece al ejido **********, ‘... se localizan arterias de vialidades de tres carriles en ambos sentidos de circulación con un camellón al centro con área verde y arbolado, así como con acotamientos laterales con restricciones de sus márgenes.’

"Que del análisis y valoración de lo expuesto y aportado por las partes concluyó que a la parte actora le asiste legitimación para comparecer a nombre del ejido **********, a promover ese juicio agrario; que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ‘... no presenta documento alguno para «justificar» la indebida e ilegal desposesión que realizó al llevar a cabo la obra carretera multirreferida, sobre la superficie ejidal correspondiente al poblado **********, Municipio de **********, Jalisco, pues no se exhibió en el presente asunto agrario medio de convicción alguno que acreditara la legalidad de la ocupación de la superficie controvertida en el presente asunto, lo cual muestra más claramente las irregularidades en que incurrió la parte demandada al haberse apoderado de dichas superficies, determinación que se apoya en lo establecido en los numerales correspondientes al artículo 112 y demás relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria, correspondientes a la expropiación que en un momento dado debió haberse llevado a cabo en el momento procesal oportuno, resultando así que en forma por demás indebida la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dispuso de tierras que se acredita son ejidales por haberse dotado al ejido **********, Municipio de **********, Jalisco, por resolución presidencial del veintiséis de abril de mil novecientos treinta y cinco, las cuales siguen perteneciendo al núcleo agrario actor, en virtud de que se encuentran dentro del régimen ejidal amparadas por sus documentos básicos y plenamente identificadas en el plano definitivo del ejido, ... Hecha la reflexión anterior resulta también pertinente precisar que, de acuerdo con los medios de convicción que obran en autos, lo procedente en el presente asunto, al no haberse llevado a cabo la expropiación correspondiente de la superficie ejidal, ni haberse realizado pago alguno como resultado de la ausencia de expropiación, ello no debe confundirse con la imposibilidad material o jurídica para cumplir con tal obligación, por lo que en todo caso resulta procedente en cumplimiento sustituto de la sentencia, el pago de la indemnización que solicita en el presente asunto el ejido actor **********, Municipio de **********, Jalisco, ello con apoyo por analogía con los siguientes criterios ... .’

"Ahora bien, los artículos 107, fracción I, de la Constitución General; 1o., fracción I, 4o. y 9o. de la Ley de Amparo, vigente en el momento en que se presentó la demanda de garantías, disponen:

"‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"‘I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada ...’

"Ley de Amparo

"‘Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

"‘I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales ...’

"‘Artículo 4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.’

"‘Artículo 9o. Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes.’

"Los artículos constitucional y legales transcritos muestran, que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, es decir, por aquel a quien el acto reclamado le ocasione un agravio personal y directo. La promoción respectiva puede hacerse por sí o a través de representante o, en los casos establecidos en la Ley de Amparo, por medio de un defensor o pariente.

"También se aprecia de lo copiado que el juicio de amparo es el medio jurisdiccional a través del cual los individuos se protegen de las acciones del Estado lesivas a sus derechos fundamentales. De ahí se sigue que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no es sujeto de esa protección, y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio de garantías. La única excepción a esta regla está contenida en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme a la cual, las personas morales oficiales pueden promover dicho juicio constitucional cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales.

"La excepción de que se trata encuentra justificación en el hecho de que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción deriva del ejercicio de las facultades de que está investido como poder público, es decir, de las atribuciones que le permiten actuar desde una perspectiva de supra a subordinación con los particulares. En el segundo, obra en iguales condiciones que éstos, es decir, actúa desprovisto de imperio y, en consecuencia, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma manera en que lo hacen los individuos. Esta equiparación es precisamente lo que motivó al legislador a dotar al Estado de iguales derechos tutelares que al individuo.

"Ahora bien, según se aprecia de los antecedentes con anterioridad narrados, la demanda de amparo que dio inicio a este juicio de garantías se promovió por un ente público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Según se ve, se trata de una persona moral oficial quien acudió en demanda de amparo reclamando una sentencia emitida dentro de un procedimiento contencioso en el que se controvirtieron actos dirigidos a hacer efectivo el pago de una indemnización, en virtud de que sobre predios propiedad del ejido denominado **********, se construyó por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un tramo de carretera; de lo que se sigue, que la sentencia reclamada constriñó a la parte quejosa a llevar a cabo actos tendentes a que se realice el pago al ejido actor en el juicio agrario de la indemnización aludida.

"En esa medida, es claro que la sentencia reclamada no causa una afectación a los intereses patrimoniales de la peticionaria del amparo, que la legitime para promover el juicio, pues, como ya se dijo, si bien el artículo 9o. de la Ley de Amparo (vigente en el momento en que se presentó la demanda de garantías) en lo conducente dispone que las personas morales oficiales tienen la facultad de solicitar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, cuando el acto o la ley reclamada afecta a sus intereses patrimoniales, este numeral contiene una limitación al acceso del juicio de amparo atendiendo a la calidad del quejoso, dado que si éste es una persona moral oficial, sólo puede promover el juicio si la actuación del poder público impacta de forma directa en sus intereses patrimoniales.

"De ahí que, el Estado puede solicitar el amparo únicamente cuando se ve afectado en sus intereses patrimoniales, mas no cuando reclama una actuación que lesiona el ejercicio de sus funciones emanado por el mismo aparato estatal, ya que acorde al contenido del artículo 9o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución, las personas morales oficiales tienen la facultad de solicitar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, cuando el acto o la ley reclamada cause una afectación a sus intereses patrimoniales; por ello, si el acto de autoridad sólo afecta el ejercicio de la función pública que la ley le encomienda, obligándola a llevar a cabo algún acto que su propia función le autoriza, no tiene legitimación para instar el juicio de amparo, dado que aun cuando el acto reclamado no le favorezca y, por consecuencia, esté obligada a realizar algún acto, ello no implica una afectación a su patrimonio tal que la autorice a solicitar la protección constitucional.

"Ello es así, pues, según ya se vio, las personas morales oficiales ejercen actos como sujetos de derecho privado, o bien, como sujeto de derecho público, y la afectación que legitima a las personas morales oficiales para solicitar el amparo, surge sólo cuando actúan como entes de derecho privado y no con poder de imperio, en ejercicio de su soberanía; pues el artículo 9o. de la Ley de Amparo, faculta al Estado para solicitar la protección de la Justicia Federal, cuando se afecte sus intereses patrimoniales, dado que el objeto del juicio de amparo es el proteger de leyes o actos que violan o restringen los derechos fundamentales de los gobernados en atención a la actuación del poder público, lo que sólo ocurre cuando existe una relación de supra a subordinación entre el quejoso y la autoridad.

"En tales condiciones, si el acto reclamado únicamente vincula a la persona moral oficial a ejercer sus funciones públicas, aun cuando ello implique erogación monetaria, es evidente que la autoridad carece en esas condiciones, de legitimación para promover el amparo, pues en ese supuesto no pierde su calidad de autoridad ni se afecta su esfera patrimonial para los efectos del contenido del artículo 9o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, ya que este precepto se relaciona con la afectación patrimonial que puede resentir el Estado derivado de un acto donde se le considera sujeto de derecho privado, y no de derecho público.

"También, resulta aplicable la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número CXIII/2013 (10a.), cuyos datos de publicación aún no aparecen en la página de Intranet que dice: ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO. NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA AL NEGARLE LEGITIMACIÓN A AQUÉLLAS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO SI ACUDEN A UN PROCESO EN DEFENSA DE UN ACTO EMITIDO CON POTESTAD PÚBLICA.’ (se transcribe)

"También resulta aplicable la tesis de jurisprudencia por contradicción, con número de registro 163017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE CONDENA A LAS PERSONAS MORALES OFICIALES DEMANDADAS EN EL JUICIO CORRESPONDIENTE, AL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR SU ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR, NO ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).’ (se transcribe)

"Igualmente, atiéndase por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 45/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.’ (se transcribe)

"En tales condiciones, encuéntrese pues, que la quejosa carece de legitimación para promover el juicio de amparo, en atención a que el acto reclamado únicamente vincula a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar el pago de una indemnización que resulta consecuencia de actos que llevó a cabo esa entidad en ejercicio de sus funciones, en la medida en que se le condenó a realizar los actos necesarios para realizar el pago de la indemnización correspondiente al ejido **********, al quedar evidenciado que en terrenos propiedad del núcleo de población, esa Secretaría de Comunicaciones y Transportes, construyó un tramo de la carretera **********; por lo cual, no perdió su calidad de autoridad, ni se le afecta su esfera patrimonial a que refiere el artículo 9o. de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, ya que este precepto se relaciona con la afectación patrimonial que puede resentir el Estado, derivado de un acto donde se le considera sujeto de derecho privado, y no de derecho público.

"Consiguientemente, es claro que el juicio de amparo es improcedente, al quedar evidenciado que la persona moral oficial carece de legitimación para promover este juicio, pues el acto reclamado no afecta sus derechos patrimoniales, sólo la vincula a ejercer actos de autoridad. Sobre este tema, y por identidad de razón, resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 92/2010, que dice: ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE NULIDAD QUE DECLARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN TENDENTES A HACER EFECTIVA UNA MULTA IMPUESTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO.’ (se transcribe)

"Por lo anteriormente expuesto y fundado, no habiendo queja deficiente que suplir, ni violación de derechos humanos que proteger."

QUINTO. El Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, al resolver el tres de mayo de dos mil trece, el amparo directo **********, derivado del amparo directo agrario **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"OCTAVO. Improcedencia del juicio de amparo. Es innecesario atender los conceptos de violación, debido a que se advierte de manera oficiosa la improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo.

"Lo anterior es así, en razón de que la autoridad impetrante no resiente un agravio personal y directo a través de la sentencia reclamada, porque ésta no afecta sus intereses patrimoniales.

"Con independencia de que el agente del Ministerio Público de la Federación cuente o no con facultades para representar a la Federación, ésta por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo cierto es que carece de legitimación para instaurar este juicio de garantías, ya que opera la causal de improcedencia establecida en los artículos 4o., 9o. y 73, fracción XVIII, del ordenamiento jurídico de la materia, los que disponen:

"‘Artículo 4o.’ (se transcribe)

"‘Artículo 9o.’ (se transcribe)

"‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"‘...

"‘XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.’

"Como se observa, uno de los requisitos de procedencia del juicio de amparo, es que el acto reclamado agravie el interés jurídico del quejoso; asimismo, que tratándose de personas morales oficiales -como en el caso lo es la **********, por conducto de la **********-, la propia Ley de Amparo establece que pueden acudir al juicio de garantías siempre y cuando el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales, es decir, aquellos que forman parte de su haber particular como cualquier otro individuo.

"Pues bien, en el caso no convergen tales extremos, en razón de que la peticionaria instauró este juicio en defensa de su actuación como ente público y no como sujeto de derecho privado.

"Para sustentar lo anterior, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el dieciséis de mayo de dos mil tres, la contradicción de tesis 4/2003-SS, sustentada entre el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, estableció que el único supuesto que faculta a las dependencias oficiales a promover la demanda de amparo es que lo hagan en calidad de personas morales de derecho privado y no cuando actúan como entidades públicas.

"En efecto, la Segunda Sala del Alto Tribunal indicó que para proteger las garantías individuales contra la acción del Estado, existe el juicio de amparo, por lo que si la esencia de tales garantías y del propio juicio constitucional es restringir al poder público para salvaguardar los derechos fundamentales de los gobernados, resulta inconcuso que el propio Estado no puede promover dicho juicio, en tanto que en ejercicio de su función pública no goza de garantías individuales.

"No obstante, se precisó que tal regla general tiene como excepción, lo establecido en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, el cual instituye que tratándose de personas morales oficiales, éstas pueden promover el juicio de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas, siempre y cuando el acto o la ley que se reclama afecte sus intereses patrimoniales; ese tipo de interés se origina cuando en ejercicio de su doble personalidad, el Estado se ubica en un plano de coordinación con los particulares y celebra con ellos actos o contratos como cualquier otro gobernado.

"Así, la Segunda Sala consideró que en esa hipótesis, el Estado no actúa como ente público, sino en las mismas condiciones que los particulares; por tanto, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza, y en la misma forma que todos los demás individuos.

"Esta hipótesis fue la que motivó al legislador para que dotara al Estado y a sus personas morales oficiales de los mismos derechos que aquéllos, pero sólo cuando obra en defensa de sus derechos patrimoniales, es decir, obra como persona moral de derecho privado.

"En tales condiciones, se concluyó que la excepción del artículo 9o. de la Ley de Amparo, se refiere a la hipótesis de cuando los organismos de la administración pública no actúan como autoridades, es decir, cuando acuden al juicio de amparo a defender intereses privados, lo que sucede cuando la afectación reclamada se dirige sobre bienes o derechos que les pertenezcan en lo individual, en semejanza a los demás individuos.

"De ahí que si una persona moral oficial actúa como ente de derecho público, carece de legitimación para solicitar el amparo, habida cuenta que el juicio de garantías sólo es procedente contra actos de autoridades para tutelar los derechos subjetivos públicos de los gobernados.

"Por último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la circunstancia de haber actuado en el procedimiento respectivo como autoridad demandada, tampoco les da a éstas legitimación para acudir al juicio de amparo, pues -enfatizó- lo único que las faculta para ello, es que defiendan intereses patrimoniales que se circunscriben al ámbito del derec

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25330-da8639b8/legitimacion-en-el-juicio-de-amparo-la-tiene · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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