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Modo: Corpus Pro

SENTENCIAS DE AMPARO. CONFORME AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA CONDENAR, EN ABSTRACTO, A QUIENES NO FIGURARON COMO AUTORIDADES RESPONSABLES, A EMPRENDER DETERMINADAS ACCIONES CON EL FIN DE PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR DERECHOS HUMANOS, DE QUIEN NO ES EL QUEJOSO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 126/2014. · Registro digital (IUS): 25458
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-02-06
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, Pág. 2369.

AMPARO EN REVISIÓN 126/2014. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: HÉCTOR RIVEROS CARAZA. SECRETARIO: ENOCH CANCINO PÉREZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Los agravios hechos valer por los recurrentes son sustancialmente fundados.

En aras de delimitar la litis en el presente recurso, se estima pertinente señalar que únicamente es materia de esta instancia, la parte del fallo donde el Juez de Distrito estableció determinadas obligaciones de hacer contra el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz, sin haber sido autoridades responsables en el caso, sino por corresponderle la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, y por ser el máximo órgano jurisdiccional respectivamente, consistentes en:

Adoptar a manera de guía el "Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. Haciendo Realidad el Derecho a la Igualdad", elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el mes de julio de dos mil trece.

Adoptar como guía, el "Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niños, Niñas y Adolescentes", elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el mes de febrero de dos mil doce.

Atender a los estándares internacionales y a los precisados en la Constitución Política Mexicana, iniciando, dentro del ámbito de sus facultades, un proceso con el fin de sistematizar una serie de prácticas, pasos o lineamientos a seguir, necesarios para garantizar los derechos humanos de las mujeres y niñas, en particular aquellos casos relacionados con el acceso a la justicia, aunque no de manera limitativa.

Y, como encargados de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, implementar programas y cursos permanentes de capacitación, para garantizar con mayor cuidado y responsabilidad, las medidas o cuidados especiales orientados en la no violencia de cualquier especie en contra de las mujeres y niñas, así como al principio superior de los niños, niñas y adolescentes.

Todo lo anterior derivado de que, en apreciación del Juez de Distrito, la autoridad responsable omitió hacer un control difuso de la Constitución en materia de derechos humanos, para así poder emitir pronunciamiento respecto de si, en el caso específico, se transgredió algún derecho humano de la víctima (menor de edad), afectándose así su bienestar físico, mental, social, emocional, económico o, cualquier otra situación que le generó peligro o lesionó sus bienes jurídicos (derecho a la salud), como consecuencia de la presunta comisión de delitos o por su participación dentro de procesos judiciales, ello en términos de lo dispuesto por los artículos 4o. constitucional; 3. numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar o Erradicar la Violencia Contra la Mujer (conocida también como Convención de Belem Do Pará), en relación con el dispositivo 1o. de la Carta Fundamental, que en su conjunto obligan al Estado Mexicano a la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas, en particular aquellos casos relacionados con el acceso a la justicia, entre ellos, el derecho a la salud, salvaguardando su estado físico y mental, mediante la inmediata atención médica y psicológica de emergencia, además de también velar por observar la inclusión de los derechos de rango internacional, que contienen una serie de estándares jurídicos de gran relevancia, que incluye no sólo la obligación estatal de respetar, sino la de proteger, cumplir y favorecer, lo cual implica -apuntó el Juez federal- que los Estados deben adoptar medidas para impedir que los particulares frustren el disfrute de ese derecho por parte de todos y, en particular, velar por que terceros no limiten el acceso de las personas a la información y servicios relacionados con la salud (atención física y psicológica) de niñas y niños y el deber de las autoridades de actuar con perspectiva de género en los casos de que se ejerza violencia familiar contra las mujeres.

Tal determinación fue adoptada como "medida de no repetición" de acciones u omisiones que puedan transgredir derechos humanos de las víctimas dentro de los procesos penales, civiles o de cualquier otra materia en que participaran niñas, niños y adolescentes.

Antes de continuar, es de precisar que al margen de todo lo anterior, el Juez federal otorgó el amparo al indiciado **********, contra el auto de formal prisión y sujeción a proceso dictado en su contra, por el Juez Tercero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, con fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, dentro de la causa penal ********** respectivamente, como probable responsable de los delitos de violencia familiar y lesiones, al haber advertido que adolecía de deficiencias formales, lo cual queda incólume por falta de impugnación de parte legítima.

Continuando con la materia de la revisión, las autoridades recurrentes argumentan que la parte recurrida de la sentencia le irroga agravios, ya que en ella se rebasó la litis en el juicio constitucional, cuyo acto reclamado consistió en un auto de formal prisión emitido contra el peticionario de amparo por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violencia familiar y lesiones, pero que introduce a la víctima, sin que exista fundamento para vincularlas al cumplimiento.

Afirman que si bien el derecho humano a la salud y equidad de género, entendiéndose como el deber de proteger la integridad de la mujer, se encuentra establecido en tratados internacionales y la normatividad local; sin embargo, en el caso no tenía vinculación alguna con la demanda de amparo promovida por el quejoso; que en el caso, no existió instancia del sujeto pasivo del proceso penal -un menor de edad- o de sus representantes, para reclamar que las autoridades ministerial y judicial hayan quebrantado o menoscabado sus derechos humanos, en términos de lo dispuesto por el artículo 103, fracción I y el numeral 107, fracción I, de la Norma Suprema, conforme al cual el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; que de entenderlo de otro modo, implicaría que un fallo federal se hiciera extensivo al análisis de derechos de terceros que no han demostrado interés jurídico en el asunto al no expresar alegato alguno ni promover el amparo adhesivo.

En el segundo agravio, los recurrentes señalan que al margen de que en la sentencia impugnada se abordaron aspectos que no eran parte de la litis constitucional, el fallo no sólo se amplió a examinar la perspectiva de género que no había sido aspecto de controversia, sino que durante toda la secuela procedimental del juicio de garantías, no se les otorgó la calidad de partes a fin de comparecer y justificar la constitucionalidad del acto, determinando el Juez federal que establecieran medidas para adoptar a manera de guía el "Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. Haciendo Realidad el Derecho a la Igualdad", elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el mes de julio de dos mil trece, el "Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niños, Niñas y Adolescentes", elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el mes de febrero de dos mil doce, atender los estándares internacionales y a los precisados en la Constitución Política Mexicana, iniciando, dentro del ámbito de sus facultades, un proceso con el fin de sistematizar una serie de prácticas, pasos o lineamientos a seguir, necesarios para garantizar los derechos humanos de las mujeres y niñas, en particular aquellos casos relacionados con el acceso a la justicia, aunque no de manera limitativa; y, como encargados de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, implementar programas y cursos permanentes de capacitación, para garantizar con mayor cuidado y responsabilidad, las medidas o cuidados especiales orientados en la no violencia de cualquier especie en contra de las mujeres y niñas, así como al principio superior de los niños, niñas y adolescentes.

Por lo que no debieron ser objeto de condena sin antes haberles otorgado su derecho a comparecer y, en su caso, acreditar su irrestricto respeto a los derechos humanos; añaden que si bien es innegable que las autoridades responsables están obligadas a cumplir con las resoluciones federales que conceden la protección constitucional y, de igual forma, por imperativo legal también se encuentran obligados los superiores jerárquicos y aun autoridades diversas, aunque no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero que en razón de sus funciones, deben tener intervención en su cumplimiento; sin embargo, tal actuación se constriñe en su participación en el puntual cumplimiento de la ejecutoria federal, pero no para obligarlas a realizar actividades que no tienen estrecha vinculación con el ámbito toral del juicio de garantías y donde no tuvieron intervención alguna.

Afirman que el resolutor pretende no excederse en el ámbito de aplicabilidad del juicio de amparo, con apoyo en la jurisprudencia de rubro: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO."; la cual estima inaplicable porque en apreciación de las recurrentes, no tiene el alcance para vincularlas en la sentencia amparadora, pues incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha iniciado la Décima Época en materia jurisprudencial, para sentar las bases de interpretación concernientes a la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Le asiste razón a las autoridades inconformes pues, en principio, debe decirse que efectivamente, la litis en el juicio de garantías se circunscribió a determinar la legalidad o ilegalidad del auto de formal prisión y de sujeción a proceso reclamados por el quejoso, que es el inculpado, respecto de la cual el juzgador de amparo concedió la protección constitucional al estimar que adolecía de vicios formales (carencia de la debida fundamentación y motivación) y, además, ordenó a las autoridades responsables y a las no responsables Pleno del Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz (estas dos últimas aquí recurrentes), como parte del Estado Mexicano a adoptar el "Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género", así como el "Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niños, Niñas y Adolescentes", elaborados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; e iniciar un proceso de estandarización de un protocolo de actuación, para quienes imparten justicia, con el fin de sistematizar una serie de prácticas, pasos o lineamientos para garantizar el derecho humano de las mujeres, niñas y niños en casos relacionados con el acceso a la justicia, implementar programas y cursos permanentes de capacitación, para garantizar con mayor cuidado y responsabilidad las medidas y cuidados especiales orientados a la perspectiva y equidad de género, así como la no violencia de cualquier especie en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes y al principio superior que impera en beneficio de ellos.

Lo anterior, sin tomar en cuenta inclusive que conforme al artículo 62 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en el caso del Consejo de la Judicatura, éste es el órgano encargado de conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, de ahí que lo determinado en el considerando sexto del fallo, atinente a las obligaciones impuestas a las autoridades recurrentes, rebasa los límites de la controversia constitucional.

En este orden de ideas, resulta claro que el proceder del Juez federal es contrario a las reglas y principios básicos en el dictado de las sentencias de amparo, como lo es que en un fallo protector se vincule a autoridades no señaladas como responsables con el propósito (posiblemente loable), de prestar especial atención a las necesidades y a los derechos de las mujeres, niñas y niños, tomando en consideración su condición particular de vulnerabilidad, cuando ni siquiera fue una cuestión de litis del proceso constitucional, pues esto es una circunstancia que podría afectar, en su caso, a la víctima del delito, quien no instó la acción de amparo, de modo tal que el fallo analizado en su parte recurrida, deviene contrario además, al principio de congruencia.

Y es que no debe soslayarse que los artículos 73, párrafo primero y 77, fracciones I y II, primer párrafo, de la Ley de Amparo aplicable, prevén lo siguiente:

"Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. ..."

"Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

"I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y

"II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. ..."

De acuerdo con los artículos transcritos, la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por efecto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el efecto será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir lo que la misma garantía le exija, no así a diversas autoridades que no fueron señaladas como responsables, ni por actos que no se hubiesen reclamado y, que además, podrían afectar a otras personas distintas del quejoso.

Por ende, si la sentencia del Juez de Distrito se ocupa de cuestiones ajenas a la controversia de amparo e incluso "ordena" a autoridades que en forma alguna participaron en la emisión o ejecución del acto reclamado, y tal "orden" se refiere a temas que no se traducen en amparar al directo solicitante de la garantía, es claro que dicha resolución debe revocarse por elemental congruencia, atenta además la naturaleza del juicio de amparo, cuyo fin es proteger al quejoso respecto de actos de autoridad que violen sus garantías y/o sus derechos humanos, como lo disponen los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, y no realizar condenas permanentes y en abstracto, respecto de actos no reclamados ajenos a la litis constitucional, como lo son el establecimiento de cursos y programas de capacitación que nadie impugnó en el amparo de que se trata.

Refuerzan lo aquí considerado, por ser afines a la normatividad de la nueva Ley de Amparo, acorde a su artículo sexto transitorio, las jurisprudencias 1a./J. 33/2005 y 1a./J. 4/2012 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 108 y Décima Época, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, página 383, respectivamente, que se leen:

"CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados."

"EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. SU INCORRECTA PRECISIÓN CONSTITUYE UNA INCONGRUENCIA QUE DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, AUNQUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el principio de congruencia externa de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formuladas por las partes, de manera que su transgresión se presenta cuando la parte dispositiva de la sentencia no guarda relación con la pretensión de las partes, concediendo o negando lo que no fue solicitado. Ahora bien, si en una sentencia que concede el amparo se precisan efectos que no son consecuencia directa de la ineficacia de la ley declarada inconstitucional, se está ante una incongruencia externa, toda vez que los efectos del amparo tienen estrecha vinculación con el acto reclamado, y según su naturaleza, ya sea de carácter positivo o negativo, se precisarán los alcances de la sentencia protectora, con el fin de restituir al agraviado en el goce de sus garantías individuales violadas, por lo que los efectos del amparo son una consecuencia del pronunciamiento de inconstitucionalidad, y su determinación depende de la naturaleza del acto reclamado, o de la interpretación y alcance de la norma declarada inconstitucional, según se trate. En esas condiciones, como el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación es una cuestión de orden público, ante la incongruencia de los efectos precisados por el juzgador de primer grado, en relación con la pretensión del quejoso, según la naturaleza del acto reclamado y en atención, en su caso, a la interpretación de la norma declarada inconstitucional, debe prevalecer el sentido general de la parte considerativa, a fin de que los derechos, obligaciones o facultades de cualquiera de las partes, se limiten al verdadero alcance de la ejecutoria, sin incluir beneficios o prerrogativas que no sean consecuencia directa de la ineficiencia del acto declarado inconstitucional; de ahí que el tribunal revisor debe corregir de oficio la incongruencia de que se trate aunque no exista agravio al respecto."

No se opone a lo antes establecido el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor a partir del día siguiente de su publicación, que reformó y adicionó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactado en los siguientes términos:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

Es decir, que del numeral constitucional transcrito destaca que:

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Que los derechos humanos son los reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el país, y que la interpretación de la Constitución, las disposiciones de derechos humanos contenidas en tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano y las leyes siempre debe de ser en las mejores condiciones para las personas.

Como tampoco, el imperativo categórico que contempla acerca de que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, pues es claro que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Así, cuando el precepto constitucional mencionado establece que todas las autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, significa que se haga de manera universal, es decir, a todas las personas por igual, con una visión interdependiente, que se refiere a que en el ejercicio de un derecho humano se respeten y protejan múltiples derechos vinculados; los cuales no podrán dividirse, y todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio de los mismos.

Lo anterior se pone de relieve, a mayor abundamiento, porque si bien por mandato constitucional todas las autoridades tienen las apuntadas obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, todo ello debe hacerse en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos que establezca la ley.

En estas condiciones, las obligaciones referidas por parte de las autoridades del Estado Mexicano, se encuentran circunscritas al ámbito de sus respectivas competencias, en los términos establecidos por la ley, de lo cual se colige fundadamente que no está permitido hacer, ni siquiera con la intención de ejercer un control de convencionalidad (atento el principio de progresividad, como se estableció en la sentencia recurrida), apartarse de los principios que rigen en el dictado de las sentencias de amparo, pues ello está fuera de sus atribuciones, competencia y transgrede las disposiciones constitucionales y legales que rigen en materia del juicio de amparo.

Sobre este aspecto, es de citarse la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 772, del siguiente título y contenido:

"PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL.-Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función."

Sin que escape a la consideración de este tribunal que en la sentencia emitida por la Corte Internacional de Derechos Humanos de dieciséis de noviembre de dos mil nueve, en el caso González y otras ("Campos Algodoneros"), contra los Estados Unidos Mexicanos, en los puntos dispositivos 22 y 23, condenó a lo siguiente:

"... 22. El Estado debe continuar implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género; perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a funcionarios públicos en los términos de los párrafos 531 a 542 de la presente sentencia. El Estado deberá informar anualmente, durante tres años, sobre la implementación de los cursos y capacitaciones.

"23. El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, realizar un programa de educación destinado a la población en general del estado de Chihuahua, con el fin de superar dicha situación. A tal efecto, el Estado deberá presentar un informe anual por tres años, en el que indique las acciones que se han realizado con tal fin, en los términos del párrafo 543 de la presente sentencia ..."

Lo anterior, porque si bien el Estado Mexicano se ha sometido a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como aceptado su jurisdicción y que por ello las resoluciones pronunciadas por esa instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, en sus respectivas competencias, al haber figurado como un Estado parte en un litigio y que la jurisprudencia de la Corte Interamericana que deriva de las sentencias en donde el Estado Mexicano, tendrá el carácter de vinculante en las decisiones de los Jueces mexicanos, pero siempre en aquello que le sea más favorecedor a la persona, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Federal.

Sin embargo, debe tenerse en consideración que la obligatoriedad de las resoluciones emitidas por la citada Corte Interamericana es para todas las autoridades del Estado Mexicano, en cualquier fuero (municipales, estatales y federales), y de cualquier naturaleza (jurisdiccionales, administrativas y burocráticas), sin que a ninguna de estas autoridades internas se les otorgue legitimación, competencia ni facultades para imponer a otra autoridad interna, de distinto fuero, una condena para que esta última promueva, respete, proteja y garantice los derechos humanos, a través de la sistematización de prácticas, lineamientos a seguir, necesarios para garantizar el derecho humano al disfrute del más alto nivel, que así hayan sido determinados por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En este marco contextual, un Juez de Distrito, al resolver un juicio de amparo, carece de atribuciones legales y constitucionales para "ordenar" (condenar) a una autoridad del fuero federal, estatal o municipal, a emprender determinadas acciones con el fin de promover, respetar, proteger y garantizar un derecho humano, respecto de lo cual el Estado Mexicano haya sido expresamente condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso concreto, pues no debe perderse de vista que tales compromisos deben ser cumplidos por todas las autoridades del país, es decir, la condena a observar esos aspectos es para todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades legales.

Es aplicable al caso, la tesis 1a. CXLIV/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 823, de título y subtítulo:

"SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO, INCLUYENDO EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEBEN ACATAR LO ORDENADO EN AQUÉLLAS.-El Poder Judicial de la Federación tiene la obligación de acatar una orden que le incumba por estar contenida en una sentencia de un tribunal internacional, como sería el caso de juzgar a los perpetradores de violaciones de derechos humanos declaradas por el organismo internacional. Así, conforme a las obligaciones internacionales adquiridas soberanamente por México, todos sus poderes deben cumplir con lo ordenado en las sentencias emitidas contra el Estado Mexicano. Esto tiene su fundamento en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece el principio pacta sunt servanda, y que prescribe que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe y, para el caso específico del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que los Estados Parte se comprometen a cumplir la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25458-89fa3f48/sentencias-de-amparo-conforme-al-principio-de-congruencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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