DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE AMPARO DE RESPETARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS FACULTA PARA QUE AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN MENCIÓN DESTACADA DE LA EXISTENCIA DE OTROS DERECHOS QUE DEBEN SEGUIRSE RESPETANDO AL QUEJOSO, SIEMPRE QUE TENGAN VINCULACIÓN CON LOS ACTOS INICIALMENTE RECLAMADOS Y CON LAS AUTORIDADES QUE HAYAN SIDO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. EL JUEZ DE DISTRITO NO MODIFICA LA MATERIA DEL AMPARO SI AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE AQUÉLLA, HACE MENCIÓN DESTACADA DE LOS DERECHOS DEL QUEJOSO A CONTAR CON UNA ESTANCIA ACORDE A SU DIGNIDAD HUMANA Y UNA CAMA PARA SÍ MISMO, PARA EL ÚNICO EFECTO DE QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CONTINÚEN RESPETÁNDOLO.
DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE AMPARO DE RESPETARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS FACULTA PARA QUE AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN MENCIÓN DESTACADA DE LA EXISTENCIA DE OTROS DERECHOS QUE DEBEN SEGUIRSE RESPETANDO AL QUEJOSO, SIEMPRE QUE TENGAN VINCULACIÓN CON LOS ACTOS INICIALMENTE RECLAMADOS Y CON LAS AUTORIDADES QUE HAYAN SIDO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.
ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. EL JUEZ DE DISTRITO NO MODIFICA LA MATERIA DEL AMPARO SI AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE AQUÉLLA, HACE MENCIÓN DESTACADA DE LOS DERECHOS DEL QUEJOSO A CONTAR CON UNA ESTANCIA ACORDE A SU DIGNIDAD HUMANA Y UNA CAMA PARA SÍ MISMO, PARA EL ÚNICO EFECTO DE QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CONTINÚEN RESPETÁNDOLO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE MAYO DE 2018. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ, HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO, JOSÉ ALFONSO MONTALVO MARTÍNEZ, HÉCTOR LARA GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER TEODORO ARCOVEDO MONTERO, TERESO RAMOS HERNÁNDEZ, CARLOS LÓPEZ CRUZ Y TAISSIA CRUZ PARCERO. DISIDENTES: LUIS PÉREZ DE LA FUENTE Y ANTONIA HERLINDA VELASCO VILLAVICENCIO. PONENTE: TAISSIA CRUZ PARCERO. SECRETARIO: CÉSAR SALVADOR LUNA ZACARÍAS.
Ciudad de México, Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho.
Vistos para resolver los autos de la contradicción de tesis 1/2018.
Antecedentes:
I. Denuncia.
Por oficio 163/2017, recibido en la Oficialía de Partes del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la queja penal **********, y el sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, en el expediente de queja **********, respecto a determinar si cuando se dicta el auto de suspensión de plano, en un juicio de amparo en el que se reclaman la orden de traslado y cambio de dormitorio, el Juez de Distrito modifica o no la materia del amparo, al determinar que el quejoso debe tener una estancia acorde con su dignidad humana y al menos contar con una cama para sí mismo.
II. Trámite de la denuncia.
El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, la cual quedó registrada con el número 1/2018 y solicitó a los presidentes del Tercero y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, que remitieran copia certificada de las sentencias respectivas.
Asimismo, exhortó a los presidentes de los indicados órganos colegiados, que informaran si los criterios sustentados en sus respectivos asuntos, aún se encontraban vigentes, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
Mediante oficios 8/2018-CT y 1398, los órganos jurisdiccionales contendientes remitieron copia certificada de las ejecutorias dictadas en los recursos de queja ********** y ********** e informaron que los criterios sustentados en dichos medios de impugnación, están vigentes.
III. Turno del asunto.
Por proveído de dos de abril de dos mil dieciocho, una vez integrado el expediente, el presidente del Pleno en Materia Penal de este Circuito, dispuso que se turnara el asunto a la Magistrada Taissia Cruz Parcero, para que en calidad de integrante del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, formulara el proyecto respectivo; y,
CONSIDERACIONES:
PRIMERA.—Competencia.
Este Pleno en Materia Penal del Primer Circuito es legalmente competente para resolver la presente contradicción de criterios, en términos del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo y los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis sostenida entre Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.
SEGUNDA.—Legitimación de la parte denunciante.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que fue formulada por un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito, quien tiene legitimación para denunciar las contradicciones de tesis o criterios sostenidos entre los Tribunales Colegiados del Circuito al que pertenece.
TERCERA.—Posturas contendientes.
Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso resolverla, es preciso transcribir los razonamientos sostenidos por los órganos colegiados en las ejecutorias de mérito que la motivaron.
I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja **********, el diez de julio de dos mil diecisiete, analizó un asunto con las siguientes características:
El quejoso ********** promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ambos de la Ciudad de México, así como del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, la orden de traslado de un centro de reclusión a otro, así como el cambio de dormitorio o estancia.
El Juez de Distrito decretó de plano la suspensión de oficio, para efectos de que:
a) Las autoridades responsables de inmediato cesaran en su ejecución y que el quejoso no fuera trasladado o cambiado de su dormitorio de origen.
b) En el supuesto de que el cambio de dormitorio ya se hubiere ejecutado, para que fuera devuelto al área en que se encontraba; en la inteligencia que debía tener una estancia acorde con su dignidad humana y al menos contar con una cama para sí mismo.
Las consideraciones que emitió el Tribunal Colegiado para resolver el recurso de queja mencionado, en el sentido de declarar infundado el medio de impugnación interpuesto por el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de origen, fueron las siguientes:
"... el Juez de Distrito al conceder la suspensión de oficio, no se apartó de lo establecido en el numeral 126 de la ley de la materia, en virtud que, pese a que la orden de traslado no se encuentra prevista específicamente en el numeral mencionado, lo cierto es que al constituir el cambio del quejoso de un centro penitenciario o de dormitorio a otro, produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; además, que respecto de tal orden no se cuenta con dato de que hubiere intervenido autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, de ahí, que al tratarse de un acto emitido fuera de procedimiento judicial, en consecuencia, es procedente proveer sobre tal acto en la suspensión de oficio, en términos del aludido dispositivo 126, en razón, se insiste, que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro o, cambio de dormitorio cuando es emitida por autoridades de carácter administrativas, es inconcuso, que debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando únicamente afecten la libertad personal del recluso de manera indirecta.
"Es por ello, que no es aplicable el criterio aislado que menciona el recurrente en su escrito de queja, pues, no se está en el supuesto de que el a quo hubiere desconocido –con motivo de la emisión de la suspensión de oficio– de disposiciones de orden público ni que con la medida cautelar se hubiere producido perjuicio al interés social.
"Encuentra apoyo, en la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época (registro «digital»: 2013066), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Tomo II, noviembre de 2016, materia común, con número de registro 1a./J. 58/2016 (10a.), visible en la página 865, con rubro y texto: ‘ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA.’ (la transcribió)
"Ahora, en cuanto a que fue incorrecto que el Juez de amparo decretar de plano la suspensión de oficio sobre actos que no fueron señalados como reclamados, al extralimitarse en vincular los efectos de la suspensión al señalar que el quejoso debiera tener una estancia acorde a su dignidad humana y una cama para sí mismo, pues, en ningún apartado de la demanda se hizo referencia de que no contaba con tales beneficios.
"También resulta infundado, en razón, que la precisión del a quo en lo relativo a que el quejoso debiera tener una estancia acorde a su dignidad humana y una cama para sí mismo, se encuentra vinculado directamente, para el caso de que se hubiere ejecutado ya sea el traslado o el cambio de dormitorio del quejoso, ello, con el fin de que no se violentaran sus derechos fundamentales en el sentido de que se le dejara de brindar una estancia acorde a su dignidad humana y, contar con una cama para seguir cumpliendo la restricción de la libertad en el centro penitenciario en el que se hubiese trasladado o, incluso, en el que se encontraba, toda vez, que se parte de la premisa que esa circunstancia ya la tenía el demandante del amparo y, no se trata de un nuevo acto reclamado.
"De ahí que no le asiste la razón al recurrente en cuanto alega que, el Juez de Distrito hubiere cambiado la materia del acto reclamado, pues, precisamente la determinación del a quo, en lo relativo a que al demandante del amparo se le siguiera respetando –por parte de las responsables– su derecho a la dignidad en los términos que lo hizo, sin duda constituye una consecuencia de los actos destacados que dieron origen a la concesión de la medida cautelar de oficio, por ende, no se desnaturalizó el fin de la suspensión de oficio en perjuicio de la sociedad, en virtud, que la colectividad está interesada en que se respete la dignidad de los sujetos que legalmente se encuentren privados de la libertad, pues, respecto de garantizar el respeto del derecho de dignidad humana de quienes se encuentran en un centro de reclusión carcelaria, recae en el Estado, en razón de que existe una relación especial de sujeción del quejoso con respecto de las autoridades, que asumen el deber de protección de sus derechos fundamentales.
"En consecuencia, ante lo infundado de los agravios expuestos por el recurrente, se declara infundada la queja. ..."
II. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al dictar resolución en el recurso de queja **********, el siete de julio de dos mil diecisiete, analizó lo siguiente:
********** y ********** promovieron juicio de amparo indirecto contra la orden de traslado de un centro de reclusión a otro y la ejecución del mismo, que imputaron al subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, director del Centro Preventivo Varonil Oriente y directores ejecutivos del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria Uno y Dos.
El Juez de Distrito decretó de plano, la suspensión de oficio, para los siguientes efectos:
a) De inmediato cesara en su ejecución la orden de traslado y que el quejoso no fuera trasladado o cambiado de su dormitorio de origen.
b) Precisó que el justiciable debía tener una estancia acorde con su dignidad humana y al menos contar con una cama para sí mismo.
Los argumentos que consideró el referido órgano de control constitucional para resolver el recurso de queja mencionado, en el sentido de declarar fundado el medio de impugnación interpuesto por el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de amparo de origen, son del tenor siguiente:
"... Son esencialmente fundados los agravios.
"En efecto, en la parte conducente del acuerdo recurrido, el Juez de Distrito determinó:
"a) Decretó de plano la suspensión de oficio respecto de la orden de traslado a cualquier otro centro penitenciario, así como cualesquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, para el único efecto que de manera inmediata cesara su ejecución.
"b) Precisó que los quejosos deberán tener una estancia acorde con su dignidad humana y al menos contar con una cama para sí mismos; y requirió a las responsables que informaran sobre el cumplimiento dado a dicha medida cautelar.
"Ahora bien, el representante social estima incorrecta la porción impugnada –especificada en el inciso b)–, pues resulta ajena a los actos reclamados por los accionantes del amparo, proceder que además considera transgredió lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo; agravio que es fundado.
"Es así, pues de la demanda de amparo se desprende que se señalaron como actos reclamados los siguientes:
"La orden de traslado del Reclusorio Preventivo Oriente a Centros Federales de Máxima Seguridad en la Ciudad de México y la ejecución de dicho traslado.
"Cabe señalar que al narrar los antecedentes del acto reclamado –en la demanda–, se establecieron en lo que interesan los siguientes:
"‘4. El Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, ordenó nuestra captura e ingreso al Centro Preventivo Varonil Oriente de esta misma ciudad, para el cumplimiento de la medida cautelar de detención provisional para sustanciar el procedimiento especial de extradición 4/2016, es el caso que, por lo que respecta al quejoso (sic) **********, el día 25 de enero del presenta año, me encontraba en mi estancia ubicada en el Centro Preventivo Varonil Oriente en esta Ciudad de México, cuando de manera repentina custodios al parecer del mismo centro preventivo y demás personas con informes (sic) negros y azules, se constituyeron en mi celda y sin más explicación y con lujo de violencia física y moral, me sacaron de dicha estancia y me trasladaron al Centro de Seguridad Penitenciaria II en el norte de la Ciudad de México. Esto evidentemente sin contar con una orden que fundaran y motivaran tan arbitraria acción. Después de promover demanda de amparo en el juicio 63/2017, en 17 de mayo de 2017, el Juez Décimo Sexto de Amparo en Penal en la Ciudad de México, tuvo a bien concederme el amparo y la protección de la Justicia Federal, en virtud de ello fue ordenado mi traslado de nueva cuenta a este centro carcelario oriente, sin embargo, el día de ayer 28 de junio del año en curso, personal de custodia del Reclusorio Preventivo Varonil y Oriente en donde nos encontramos recluidos, nos informaron que había de nueva cuenta traslados de internos del centro preventivo a centros federales de máxima seguridad en la Ciudad de México, informándonos que nosotros seríamos de los primeros internos en ser trasladados.’
"Lo anterior pone de manifiesto, como bien lo refiere el Ministerio Público recurrente, que los quejosos, al solicitar la protección constitucional en ningún momento reclamaron que su derecho a la integridad física estuviera siendo vulnerado en virtud de no contar con una cama para sí mismos.
"De ahí que, al no haber relación entre los actos reclamados y el efecto de la suspensión de plano concedida, es que el Juez de Distrito incurrió no sólo en un exceso al determinar los efectos de la medida cautelar, sino que además desbordó la litis que le fue planteada, pues introdujo y ordenó suspender un acto que no fue reclamado.
"Sin que, como también acertadamente lo destaca el recurrente, pueda estimarse procedente lo anterior, en virtud de que los actos reclamados implican una afectación a su integridad física, cuya vulneración está prohibida por el artículo 22 de la Constitución Federal.
"Es así, pues no debe pasarse por alto que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, según el cual en términos de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, fracción I del diverso 5o. y 6o. de la Ley de Amparo, el juicio sólo se seguirá de acuerdo a la petición que formule quien aduce ser titular de un derecho, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución y que con ello se afecte su esfera jurídica.
"De ahí que conforme a dicho principio, únicamente los quejosos, al ser los titulares de la acción, son quienes están legitimados para decidir qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus derechos fundamentales; por lo que la autoridad que conozca del juicio de amparo de ninguna forma puede sustituir la intención del impetrante y considerar reclamados actos diversos a los que le fueron planteados en la demanda.
"Cierto es que los accionantes del amparo alegaron que con los actos reclamados su integridad física estaba siendo vulneraba, empero ellos mismos señalaron que se debía a que durante el trasladado y desde su ingreso al centro penitenciario, habían sufrido violencia física y moral, no así a algún aspecto relativo a que se le obligara a compartir cama o alguna otra circunstancia relacionada con dicho aspecto.
"Por tanto, conforme a las consideraciones señaladas, se estima fundado el agravio formulado por el Ministerio Público recurrente.
"En virtud de lo anterior, en términos del artículo 103 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá dejar sin efectos la concesión de la suspensión de plano, únicamente en lo relativo a que las responsables aseguren que los quejosos cuenten con una estancia acorde con su dignidad humana y al menos contar con una cama para sí mismo, así como el requerimiento formulado a efecto de que se le informara el cumplimiento dado a lo anterior
"Con la precisión de que los diversos efectos de la suspensión de plano deberán continuar vigentes en los términos que fueron concedidos y precisados en el acuerdo respectivo.
"Finalmente, cabe señalar que la presente determinación no implica que la autoridad penitenciaria pueda vulnerar el derecho a la integridad física y dignidad humana de los quejosos y demás personas a su cargo como en el caso, el derecho a una estancia digna en el lugar en donde se encuentren privados de la libertad, pues el respeto, protección y garantía de tales derechos se encuentra sujeta en términos del párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución General de la República. ..."
CUARTA.—Existencia de contradicción de criterios.
Para decidir si existe o no contradicción de tesis, debe verificarse si los órganos jurisdiccionales, cuyas resoluciones se someten a análisis sostienen criterios contradictorios.
Se entiende por tesis, el criterio que a través de argumentaciones lógico-jurídicas adopta el juzgador para justificar su decisión en una controversia, de manera que la contradicción de criterios se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales adoptan posturas jurídicas discrepantes sobre un mismo punto de derecho.
Desde esta óptica, la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas del mismo orden que se extraen de los asuntos, aunque éstos sean diferentes en sus premisas fácticas, lo que es congruente con la finalidad perseguida por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y por los numerales 215 y 216 de la Ley de Amparo, al establecer la figura de que se habla.
Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, correspondiente a marzo de dos mil diez, página 122, de contenido:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
De este criterio derivan, como condiciones que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis, las siguientes:
1) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la cual tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún método, cualquiera que fuese.
2) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquiera otra cuestión jurídica en general.
3) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Bajo ese marco referencial, el primero de los requisitos se encuentra satisfecho, en virtud de que los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas, ejercieron el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.
Ello, porque el tema general del que se ocuparon el Tercer y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, fue si la materia del amparo se modifica o desborda cuando el Juez de Distrito, al conceder la suspensión de plano contra la orden de traslado de un centro de reclusión a otro, ordena que su ejecución cese de inmediato (aspecto que no es materia de la contradicción) y precisa que el quejoso deberá tener una estancia acorde con su dignidad humana y al menos contar con una cama para sí mismo.
Sin que resulte trascendente que en el primer asunto se haya señalado como acto reclamado, además de la orden de traslado, el cambio de dormitorio o estancia, lo cual no sucedió en el segundo, en el que sólo se reclamó el traslado; porque en ambos asuntos se abordó el mismo tema, pues se analizaron los efectos otorgados por el Juez de amparo al conceder la suspensión de plano tratándose de la orden de traslado de un centro de reclusión a otro.
El segundo requisito, también se encuentra actualizado, porque en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados referidos, se adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes, no obstante el análisis de los mismos elementos que fueron, como se dijo, los efectos de la suspensión de plano.
Esto, en razón de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, determinó que:
• La precisión del a quo relativa a que el quejoso tenga una estancia acorde a su dignidad humana y una cama para sí mismo, efectuada al conceder la suspensión de plano respecto de la orden de traslado de un centro de reclusión a otro, tiene como fin que no se violenten sus derechos fundamentales, partiendo de la premisa que esa circunstancia ya la tenía el quejoso y, por tanto, no se trata de un nuevo acto reclamado ni se cambia la materia del juicio de amparo.
Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, estableció que:
• El Juez de amparo desborda la litis que se le plantea, si concede la suspensión de plano contra la orden de traslado de un centro de reclusión a otro y, además, refiere que éste deberá tener una estancia acorde con su dignidad humana y al menos contar con una cama para sí mismo, pues con ello introduce un nuevo acto que no se reclamó.
Por ende, de lo expuesto, se advierte que se satisfacen las condiciones de existencia de contradicción de tesis fijadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específico, lo concerniente a que los tribunales contendientes resolvieran alguna cuestión litigiosa ejerciendo el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método determinado.
Por ello, en el tema mencionado, este Pleno de Circuito debe decidir el que prevalecerá con carácter de jurisprudencia, en términos de los artículos 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo.
QUINTA.—Criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
Como punto de partida para establecer la respuesta a dicha interrogante, debe señalarse que conforme al artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de su respectiva competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
A continuación se transcribe, en lo conducente, el texto de la citada disposición constitucional:
"Artículo 1o. ...
"...
"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."
El anterior precepto constituye el fundamento del imperativo dirigido a todas las autoridades del Estado Mexicano para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con los correlativos deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier vulneración a los mismos; en la inteligencia que el cumplimiento de tales exigencias, se encuentra limitado constitucionalmente a aquellos supuestos que se encuentren en el ámbito de la competencia de cada autoridad.
Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCCXL/2015 (10a.), ha sostenido que el deber de respeto incumbe a todas las autoridades, en tanto que las exigencias de garantía y reparación, sólo puede efectuarse en el ámbito competencial de cada una, cuando se constaten violaciones contra los derechos humanos.
Enseguida, se transcribe el rubro y texto de la tesis respectiva:
"DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETO Y GARANTÍA. Del artículo 1o. de la Constitución Federal, así como de los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es claro que todas las autoridades se encuentran obligadas a cumplir con el mandato constitucional y convencional de respeto y garantía –dentro de esta última se encuentra la obligación de reparar– de los derechos humanos. Así, todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos y, en el ámbito de su competencia, garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometen violaciones contra estos derechos. El deber de respeto presupone obligaciones negativas, es decir, que las autoridades no perpetren violaciones de derechos humanos; por su parte, el deber de garantía presupone obligaciones positivas, que implica que las autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar los derechos humanos reconocidos a través de ese precepto constitucional. Dentro del deber de garantía se encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación y reparación."(1)
De manera adicional, cabe advertir que en la ejecutoria que dio origen al anterior criterio, esto es, en el amparo en revisión 476/2014, la Sala del conocimiento sostuvo que el cumplimiento de las exigencias de garantía y reparación, debe realizarse no sólo en el marco de competencia de cada autoridad (como ya quedó indicado), sino de acuerdo con las reglas procesales correspondientes y en el marco del debido proceso.
A continuación, se transcribe la parte relativa:
"Además, tal como lo marca nuestro parámetro de regularidad constitucional, toda violación de derechos humanos debe ser reparada, en el marco del debido proceso y en el marco de las atribuciones de cada autoridad. Si bien esta Sala coincide con el Juez en que el juicio de amparo es, en México, un medio idóneo para reclamar las violaciones de derechos humanos, lo cierto es que éste se circunscribe a un principio de parte agraviada –directa o indirectamente– y, en caso de concederse, de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Amparo, debe reparar al recurrente en los derechos vulnerados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28060-37556d6b/derechos-humanos-la-obligacion-de-los-organos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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