AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS.
QUEJA 228/2014. 30 DE OCTUBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LIVIA LIZBETH LARUMBE RADILLA. SECRETARIO: JOSÉ FRANCISCO AGUILAR BALLESTEROS.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Punto de estudio.
1. Antecedentes.
De manera previa a abordar el estudio de los agravios formulados por la recurrente, se estima necesario apuntar una relación de los antecedentes más destacados.
De los hechos precisados y de las constancias allegadas por ********** al juicio constitucional de origen, se advierte lo siguiente:
Mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil catorce(8) ante el comisariado ejidal de **********, del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, la recurrente solicitó, en esencia, que se convocara a la asamblea general de ejidatarios de ese núcleo de población, para el efecto de que se sometiera a su consideración y, en su caso, se resolviera su reconocimiento y otorgamiento de la calidad de avecindada de ese ejido.
Mediante escrito presentado el veintidós de septiembre del año que transcurre, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, la aquí recurrente promovió demanda de amparo en contra de la omisión de la referida asamblea general de ejidatarios, tanto de acordar el escrito antes citado como de notificarle la hora, fecha y lugar de celebración de dicha asamblea, a la cual solicitó se convocara.
Demanda de la cual conoció el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, quien por acuerdo de veintitrés de septiembre del presente año, la registró con el expediente ********** y la desechó de plano, pues consideró actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, porque estimó que la asamblea general de ejidatarios del núcleo de población ejidal **********, del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, no es autoridad para efectos del juicio de amparo.
En desacuerdo con ese proveído, la quejosa interpuso el recurso de queja que ahora nos ocupa, por lo que se procede al examen de los agravios, en los términos siguientes:
2. Restricción al derecho de impartición de justicia.
En la primera parte del agravio, la disidente alega que el auto impugnado restringe su derecho a la impartición de justicia.
Lo cual es infundado.
No asiste razón a la recurrente cuando señala que el acuerdo combatido viola en su perjuicio el principio general de impartición de justicia o de acceso a un recurso efectivo (previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), pues la observancia de aquél no implica soslayar el análisis de los requisitos de procedencia previstos tanto en la Constitución, como en la ley reglamentaria del juicio de amparo.
En tal sentido, si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre éstos, el aludido derecho de impartición de justicia o de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello en forma alguna significa que en cualquier caso el juzgador de amparo deba entrar al fondo del asunto de la cuestión planteada.
Se concluye así, pues las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a la justicia, incluso por razones de seguridad jurídica, resultan imprescindibles para la correcta y funcional administración de justicia, cuya observancia redunda en la adecuada protección de los derechos de las personas.
En suma, de lo anterior cabe concluir que si la efectividad del recurso ha sido interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como: "... aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si existe o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación.";(9) entonces, el establecimiento de requisitos o presupuestos para determinar la procedencia del juicio constitucional no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano al recurso efectivo o de impartición de justicia.
Es así, pues como se señaló, por seguridad jurídica, la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas exigen que los Estados establezcan presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole.
Dicho de otra forma, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos, aun los de carácter extraordinario, como son los resolutores de amparo, deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia previstos tanto en la Constitución como en la propia Ley de Amparo.
Orientan en ese sentido las jurisprudencias 1a./J. 10/2014 (10a.), 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 56/2014 (10a.), así como la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las cuales, las dos primeras son del contenido siguiente:
Jurisprudencia 1a./.J. 10/2014 (10a.)(10)
"PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente."
Jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.)(11)
"DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano."
De ahí que no le asista razón.
3. Actos de autoridad y de particulares asimilables a los de imperio.
En otro segmento del motivo de disenso, la recurrente se limita a reafirmar que de conformidad con lo expuesto en el concepto de violación precisado en su demanda, el núcleo de población ejidal señalado como responsable sí es autoridad para efectos del juicio de amparo.
Apoya su afirmación en la jurisprudencia V.2o. J/49(12) del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro: "ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. ES AUTORIDAD AGRARIA PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO."
Lo anterior es infundado.
Es así, porque el núcleo de población señalado como responsable no es autoridad ni particular que realice actividades asimilables a las de autoridad para efectos del juicio de amparo.
A fin de arribar a la conclusión anterior, conviene dejar sentado cuál es la interpretación que nuestro Máximo Tribunal y la doctrina han realizado respecto a este tema.
Sobre el concepto de autoridad, aunque no es una fuente formal de derecho, en principio, es conveniente tener presente lo que la doctrina ha dicho al respecto. Para ello se transcribe lo plasmado por el Ministro de la Suprema Corte de Justicia el Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional:(13)
"Autoridad
"El concepto jurídico de autoridad se refiere a la facultad que tiene una persona para modificar válidamente la situación jurídica de otra. En particular, la autoridad pública se identifica con el poder público o la capacidad del Estado para hacerse obedecer incluso mediante la fuerza pública, así como con los individuos y órganos a quienes se otorga ese poder o fuerza pública. En el derecho procesal constitucional, la importancia del concepto de autoridad radica en que delimita el tipo de actos que pueden ser objeto de escrutinio constitucional. Si conforme al art. 1o. constitucional los deberes de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos se predican respecto de ‘todas las autoridades’, el contenido que se dé a esta expresión determina el alcance y la eficacia de la protección de los derechos fundamentales. Así, una concepción tradicional de la autoridad, vinculada a la noción de imperio, limita el tipo de actos sobre los que puede proyectarse la justicia constitucional; una noción amplia, en cambio, expande la oponibilidad de los derechos fundamentales.
"En su mayoría, las jurisdicciones constitucionales han adoptado criterios amplios para la identificación del poder público, comprendiendo no sólo al poder que ejercen los órganos del Estado, sino también al que, en el ámbito de las relaciones privadas, posibilita que los particulares impongan a otros su voluntad y, consecuentemente, incidan en sus derechos fundamentales. De este modo, se han privilegiado criterios materiales atinentes a la naturaleza de los actos que emiten, por encima de criterios formales u orgánicos, reconociendo con ello los complejos fenómenos sociales, políticos y económicos por los que los particulares actúan en ciertas instancias en un plano similar al de las autoridades estatales. De esta manera, más que a las características del ente para determinar su carácter de autoridad, debe identificarse la existencia de ‘actos de autoridad’.
"En México, el concepto de autoridad como sujeto pasivo de los derechos fundamentales se ha desarrollado en torno a la noción de ‘de autoridad para efectos del amparo’, la cual ha transitado por tres grandes etapas. La primera está marcada por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Marcolfo E. Flores (1919). El quejoso había solicitado el amparo en contra de los actos del mayor Canuto Ortega, quien pretendió privarlo ilegalmente de su libertad. El Juez que conoció del asunto negó el amparo argumentando que el mayor era un particular (un ‘general’ de la Revolución, no era titular de ningún órgano de autoridad ni un militar miembro del Ejército Mexicano). La Corte revocó la sentencia y concedió la protección federal estableciendo que el término ‘autoridades’ para los efectos del amparo comprendía a aquellas que dispusieran de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por tal motivo se encontraran en posibilidad material de ejercer actos públicos. A pesar de que se trataba de un criterio vanguardista, cuya esencia radicaba en que las autoridades no sólo eran las establecidas conforme a la ley, sino también las de hecho, su contenido se fue distorsionando, al interpretarse que el uso de la fuerza pública era indispensable para tener a una persona u órgano como autoridad para efectos del amparo, idea que imperó prácticamente todo el siglo XX (Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 1917-1985, Octava Parte, página 122). Incluso, este criterio se restringió aún más cuando la Corte estableció que sólo los órganos centrales del Estado podían tener el carácter de autoridades, excluyendo así a los organismos descentralizados.
"No fue sino hasta 1996 cuando se interrumpió el criterio que centraba el concepto de autoridad en la fuerza pública. La Corte señaló que la aplicación generalizada de ese criterio conducía a la indefensión de los gobernados, porque los diversos organismos del Estado, con independencia de la disposición directa que llegaran a tener de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal podían emitir actos unilaterales a través de los cuales creaban, modificaban o extinguían por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectaban la esfera legal de los gobernados. Así, se estableció que para determinar el carácter de autoridad debía atenderse a las particularidades del acto emitido, para lo cual el juzgador debía examinar si la norma legal facultaba o no al ente para tomar decisiones o resoluciones que pudieran afectar unilateralmente la esfera jurídica del interesado sin su consentimiento y sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales y que éstas fueran exigibles mediante el uso de la fuerza pública o de otras autoridades, abandonando también la idea de que el acto debía emanar de un órgano central del Estado (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118).
"La tercera etapa en la concepción de la autoridad como sujeto pasivo de los derechos fundamentales deriva de las reformas constitucionales en materia de amparo y de derechos humanos de 6 y 10 de junio de 2011, respectivamente.
"Aunque a nivel constitucional no quedó definido el concepto de autoridades, ambas reformas tuvieron como objetivo poner a los derechos fundamentales en el centro del diseño constitucional, lo que sirvió como plataforma para la expedición de la Ley de Amparo de 2013, la cual establece un concepto amplio de autoridad responsable, definiéndola como aquella que ‘con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones’. Asimismo, considera como autoridades para efectos del amparo, a ‘los particulares ... cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.’ (art. 5o., frac. II).
"Así, las notas distintivas del concepto de autoridad como sujeto obligado a respetar los derechos fundamentales son: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que la relación derive de la ley, dotando al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni requiera la voluntad del afectado (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089).
"Esta noción material y extensiva del concepto de autoridad tendiente a la protección horizontal de los derechos fundamentales se incorporó a la Constitución en febrero de 2014 con la reforma al art. 6o., en el que se reconoce expresamente a los particulares como sujetos pasivos del derecho a la información, al señalar que es pública ‘toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal’, lo que se traduce en la posibilidad que tiene el organismo garante del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, de conocer de asuntos relacionados con el acceso a la información pública en posesión de particulares."
Ahora, atendiendo a las normas positivas, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece:
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"...
"II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.
"Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ..."
En el enunciado transcrito, el legislador secundario federal identificó a los sujetos en contra de cuyos actos es procedente el juicio de amparo; esto es, la autoridad y los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad.
Independientemente de su naturaleza formal, autoridad es aquel ente que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.
De esta forma, a través de la disposición citada, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma unilateral y obligatoria, situaciones jurídicas.
Por otro lado, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.
De lo que se sigue que para identificar a un acto producido por particular, como equivalente al de autoridad, habrá que estarse a las cualidades propias de éste; es decir, debe crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria.
En el proceso legislativo del proyecto de Ley de Amparo, que finalizó con la expedición de la vigente ley, en relación con la identificación de los particulares como equivalentes a autoridades para efectos del juicio de amparo, la Cámara de Origen en su dictamen consideró:
"Autoridad responsable y particulares
"Se define a la autoridad responsable como parte en el juicio de amparo en el artículo 5o., fracción II, del presente proyecto. Tendrá tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.
"En la teoría tradicional de los derechos fundamentales que ha sido predominante en México, su eficacia vertical implicaba que sólo fueran oponibles ante los actos del Estado. Esto estaba en gran medida justificado en que los derechos de las personas eran concebidos como limitantes de la actuación del Estado y provenía de las primeras declaraciones de derechos que surgieron como reacción a los Estados absolutistas y que representaban el ‘enemigo a vencer’ por el gran poder que detentaban sus gobernantes. Este concepto de verticalidad tuvo gran apoyo doctrinal y jurisprudencial en la relación jurídica de la ‘garantía individual’ de supra-subordinación entre el gobernado y los órganos de autoridad y, por lo mismo, la procedencia del amparo se restringió al concepto de autoridad responsable que fuere constituida con ese carácter conforme a la ley o que dispusiera directa o indirectamente de la fuerza pública para hacer cumplir sus resoluciones.
"El énfasis que se hizo en esta concepción de los derechos como una afectación del Estado en la esfera de los particulares, si bien es comprensible, también ha quedado rebasado por la realidad actual por tres razones principales.
"La primera es que el surgimiento de los derechos económicos, sociales y culturales ha transformado el papel del Estado frente a los gobernados, de tal suerte que ya no debe ser visto únicamente como enemigo, sino todo lo contrario, debe ser percibido como un aliado para hacer estos derechos efectivos. La tutela, el respeto y la protección de este tipo de derechos deben verse a través de una actividad positiva del Estado a favor de los particulares, como sucede en la educación, la vivienda, la salud, la cultura, el deporte, el medio ambiente y en otros derechos concretamente establecidos en las normas fundamentales.
"La segunda, es precisamente que hoy en día, en materia de derechos humanos, la vulneración más importante de tales derechos no sólo proviene del Estado, sino que también proviene de la actuación de los particulares en ciertas circunstancias. El medio ambiente ha sido principalmente vulnerado por los actos de particulares, más que del Estado mismo; la discriminación social no solamente proviene de los agentes del Estado, sino que lamentablemente es alimentada por prácticas dentro de la sociedad y de los mismos particulares; el derecho a la intimidad, a las comunicaciones privadas y a la protección de datos personales es una responsabilidad que hoy corresponde también a los particulares garantizar.
"Y, finalmente, la tercera razón es porque la vía de protección procesal que permita prevenir o reparar violaciones de derechos humanos realizadas por particulares era prácticamente nula o de una eficacia muy limitada.
"En muchos casos, en la jurisprudencia y doctrina jurídica en México se ha interpretado y reflejado que los destinatarios de los derechos básicos de las personas no sólo son las autoridades, sino también los demás gobernados, y que la continuación de esta teoría tradicional nos puede conducir a la violación de los compromisos internacionales que ha asumido el Estado Mexicano.
"En un análisis de derecho comparado se ha visto que el constitucionalismo latinoamericano cada vez abandona más la teoría tradicional o liberal de los derechos fundamentales para reconocer la plena eficacia horizontal de los derechos humanos. Países como Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia admiten en lo general el amparo contra particulares, ya sea porque sus disposiciones normativas lo contemplen expresamente, o que por no excluirlo en la norma constitucional se ha abierto en la legislación secundaria y en la interpretación jurisprudencial.
"En el caso de países como Costa Rica, Colombia y Guatemala, su admisión es de forma restrictiva, ya que procede el amparo contra particulares cuando actúen en ejercicio de funciones o potestades públicas, cuando actúen por ley o concesión del Estado, cuando estén en posición de poder de superioridad frente a los otros gobernados, o cuando los remedios jurisdiccionales resulten insuficientes.
"Estas dictaminadoras coinciden en que éste no es un cambio menor y que debe considerarse el impacto en la administración de justicia de la eficacia horizontal de los derechos humanos. Tales derechos se protegen con los mismos medios que tiene un particular para defenderse de los actos de autoridad, y por consecuencia pudiera interpretarse equivocadamente que los derechos remediables por las vías civil, penal o laboral, necesariamente deban iniciarse por la vía constitucional.
"Sin embargo, sí existen casos en los que deban tener este cauce procesal para obtener una protección más eficaz, más justa y por tratarse de una violación directa a este tipo de derechos. Por ello se considera que la mejor forma de plasmar este concepto en esta ley y de explicarlo en el presente dictamen es definir el acto de autoridad y que los particulares tendrán dicha calidad cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a las de ésta, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que objetivamente se define en la fracción II, y cuya potestad o función derive de una norma general y abstracta.
"En casos paradigmáticos sobre el tema, en países como Argentina, Colombia, Perú y Bolivia, que datan desde los años 50, donde se ha verificado que ha sido posible obtener la protección constitucional contra actos de particulares. En un caso se interpretó que si bien el nacimiento del amparo y de los derechos fundamentales había sido diseñado para proteger a los particulares contra la autoridad pública, también tuvieron los Constituyentes la sagacidad y prudencia de no fijar exclusivamente en los textos constitucionales que la protección de los derechos humanos sólo fuera contra ataques que provengan de la autoridad, ni que pudieran emanar de otros particulares o sus agrupaciones, ya que éstos acumulan gran poder material o económico y cuya fuerza se opone incluso a la del Estado. En otros casos, donde la vía ordinaria se había considerado más adecuada para remediar una violación a estos derechos, los tribunales constitucionales estimaron que, por lo contrario, al tratarse de violaciones directas a derechos fundamentales y por los alcances sociales que se concretan en este tipo de derechos, la vía constitucional resultaba idónea y más efectiva.
"A pesar de que los particulares pueden tener el carácter de autoridad en el juicio de amparo cuando realicen los actos identificados en el segundo párrafo de del (sic) artículo en cuestión, esto no implica el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, así como el agotamiento de los elementos procesales respectivos. El reconocimiento de estos actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar por parte de (sic) tribunal el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. En ningún momento se pretende que el Poder Judicial de la Federación sustituya a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos.
"Hay que tomar en cuenta que en la gran mayoría de los casos este tipo de violaciones requieren la mediación de las autoridades ordinarias, las cuales tienen que valorar inicialmente este tipo de actos. Sin embargo, siempre existirán actos que puedan llegar de manera directa al amparo cuando los particulares estén en una situación de supra-subordinación y sin medios de defensa que le permitan solventar su pretensión."
Conforme a lo transcrito, la implementación de la figura del particular equivalente a autoridad en la Ley de Amparo, tuvo su origen en el derecho comparado y se recogió en la legislación nacional para casos sui géneris, en los cuales:
i) Un particular se ubique frente a otro en una posición de supra a subordinación;
ii) Su acto destacado afecte directamente derechos fundamentales de otro particular; y,
iii) El juicio de amparo sea el proceso más viable para reparar esa vulneración.
En relación con esto, es decir, al analizar el concepto de autoridad responsable o particular responsable en la Ley de Ampa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25517-7cbba48e/autoridad-responsable-para-efectos-del-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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