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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA DELIMITACIÓN DE LA LITIS EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA UNA SENTENCIA DICTADA EN AQUÉL, NO SÓLO ABARCA LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, SINO TAMBIÉN EL ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO POR EL JUEZ DE GARANTÍA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 202/2014. · Registro digital (IUS): 25574
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-04-10
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Pág. 1506.

AMPARO DIRECTO 202/2014. 16 DE ENERO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARTA OLIVIA TELLO ACUÑA. SECRETARIA: CLAUDIA CAROLINA MONSIVÁIS DE LEÓN.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Resultan sustancialmente fundados los conceptos de violación, de suyo suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, aun suplidos en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

Previo a formular los conceptos de violación, el defensor particular del quejoso señala que, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

Que los artículos 14, 16 y 20 constitucionales consagran los derechos de exacta aplicación de la ley, de legalidad, de seguridad jurídica y del debido proceso legal.

Como primer concepto de violación, refiere que causa agravio la sentencia combatida, ya que se violentó el derecho humano del debido proceso, primeramente por el Juez de primera instancia y después por la autoridad responsable al confirmar la sentencia bajo diversa argumentación, incurriendo ambas autoridades en inobservancia de las garantías de formalidades esenciales del procedimiento, debida fundamentación y motivación, así como los principios y reglas que rigen el procedimiento penal acusatorio oral y la garantía de defensa consignadas en los artículos 1o., 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Manifiesta que en la acusación formulada por el Ministerio Público no se le atribuyó participación alguna, ya que se refirió en específico a **********, ********** y otro individuo diverso al ahora quejoso y que durante la celebración de la audiencia del procedimiento abreviado, el agente del Ministerio Público reconoció expresamente que la participación de su representado era la culminación del agotamiento del tipo penal, es decir, la obtención del lucro, por lo que estima que la Magistrada responsable supera los hechos materia de la acusación al considerar que tal como lo había determinado el Juez de primer grado, su defendido acompañaba a los coimputados cuando realizaron los actos intimidatorios y que contribuyó en el atemorizamiento o zozobra de la víctima; por lo que, al sentenciar al ahora quejoso por una conducta que no le fue atribuida en la acusación se violentan las formalidades esenciales del procedimiento, específicamente la contenida en el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales, ya que, el ahora quejoso, aceptó los hechos materia de la acusación consistente en la participación que se le atribuyó el día nueve de noviembre de dos mil dos en el estacionamiento de Walmart Fuentes Mares y se dictó una sentencia condenatoria que excede los hechos materia de la acusación, por lo que se colocó en un plano de desigualdad procesal.

En el segundo motivo de disenso, señala que le causa agravio personal y directo la sentencia condenatoria, específicamente el considerando IV, inciso B), en lo tocante a su plena responsabilidad.

Señala que existe violación a las formalidades esenciales del procedimiento consignadas en los artículos 109, 154, 389, fracción II, en relación con los diversos 20, 330, 331 y 333, todos del Código de Procedimientos Penales, los cuales regulan el principio de lealtad y objetividad con base en los antecedentes recabados en la carpeta de investigación y la valoración de la prueba.

Que se sostiene la responsabilidad del quejoso en:

1. En la aceptación de los hechos como requisito para la procedencia del procedimiento abreviado.

2. Que se encontraba con los coimputados en el lugar donde iba a ocurrir el desapoderamiento y que sí se demostró que existía un acuerdo previo.

3. En la verificación de la comunicación vía mensajes por celular.

Considera que con la aceptación en el procedimiento abreviado únicamente reconoce los hechos materia de la acusación cuya acción se le atribuye y ello no constituye propiamente un indicio, ya que la aceptación no excluye al agente del Ministerio Público de la carga probatoria que constitucionalmente tiene como obligación de acreditar con base en los antecedentes de la carpeta de investigación los elementos del tipo penal y la plena responsabilidad del quejoso.

Refiere que el supuesto fáctico establecido por la autoridad responsable en el que sostiene que tuvo intervención en los actos intimidatorios, partiendo de que acompañaba a los coimputados al momento de ser detenidos, resulta equívoco, ya que debe basarse únicamente en los antecedentes de la carpeta de investigación, por ser con los que aceptó ser juzgado.

Como se anunció los motivos de disenso son fundados, habida cuenta que, en efecto, la responsable se apartó de la acusación al dictar la sentencia reclamada.

Antes de particularizar la afirmación que antecede, se estima oportuno señalar que de lo dispuesto en los artículos 14, 20, fracciones II, VII, VIII y 21 de la Carta Magna, emana que el Constituyente ha elevado a un rango constitucional el ejercicio de la función jurisdiccional en materia penal.

Así, se tutela como garantía del imputado la exacta aplicación de la ley en materia penal, por virtud de la cual en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

También se establece como principio que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial; además, el desahogo de las audiencias y valoración de las pruebas es una facultad propia del Juez, quien ejerce función de manera libre y lógica.

Aunado a lo anterior y con el objeto de no colapsar el proceso penal, se instituyó que una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el Juez citará a audiencia de sentencia. Se refiere, además, que la ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad.

El título séptimo del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua establece los modos alternativos de terminación del proceso, contemplando en el capítulo I Los acuerdos reparatorios y la suspensión del proceso a prueba, regulados en los artículos 196 al 209 del citado ordenamiento legal.

A diferencia de éstos, en el título noveno, denominado Procedimientos especiales, capítulo II, el legislador reguló el procedimiento abreviado, resultando oportuna la distinción anterior, en la medida que la voluntad de las partes para solucionar el conflicto tiene un alcance distinto para cada una de estas formas de concluir el procedimiento, como a continuación se verá.

Acorde con las disposiciones adjetivas reproducidas líneas precedentes, el proceso penal se sustenta en el principio de objetividad y deber de decidir. Esto es, los Jueces deberán resolver con objetividad los asuntos sometidos a su conocimiento, y no podrán abstenerse de definir, bajo cualquier pretexto, aun cuando sea el de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de las leyes, ni retardar indebidamente alguna determinación. Asimismo, desde el inicio del proceso y a lo largo de su desarrollo, las autoridades administrativas y judiciales deberán consignar en sus actuaciones y valorar en sus decisiones no sólo las circunstancias perjudiciales para el imputado, sino también las favorables a él.

Otro principio fundamental que debe observar la autoridad jurisdiccional, atiende a la fundamentación y motivación de las decisiones, es decir, se encuentran obligados a fundar y motivar sus resoluciones. La simple relación de las pruebas, la mención de los requerimientos, argumentos o pretensiones de las partes o de afirmaciones dogmáticas o fórmulas genéricas o rituales, no reemplaza en caso alguno a la fundamentación ni a la motivación. En esta medida, se estima que no existe motivación cuando se hayan inobservado las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo.

Aunado a lo anterior, tratándose de las pruebas, sólo tendrán valor si han sido obtenidas y producidas por medios lícitos e incorporados al proceso del modo que autoriza el Código de Procedimientos Penales; careciendo de valor la prueba obtenida mediante torturas, amenazas, o violación de los derechos fundamentales de las personas. Los medios de convicción serán valorados por los Jueces según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia.

El procedimiento abreviado antes señalado, se tramitará únicamente a solicitud del Ministerio Público en los casos en que el imputado admita el hecho y sus modalidades, que le atribuyera aquél en su escrito de acusación, consienta en la aplicación de este procedimiento y el acusador coadyuvante, en su caso, no presente oposición fundada; asimismo, la existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. Se escuchará a la víctima u ofendido, a pesar de que no se haya constituido como acusador coadyuvante, pero su criterio no será vinculante.

El Ministerio Público podrá presentar la acusación y solicitar la apertura del procedimiento abreviado desde la audiencia en la que se resuelva la vinculación del imputado a proceso, hasta antes del pronunciamiento del auto de apertura de juicio oral. En caso de que el Juez de garantía rechace la apertura del procedimiento abreviado, el Ministerio Público podrá retirar su acusación y solicitar al Juez que fije un plazo para el cierre de la investigación.

La autoridad ministerial manifestará su deseo de aplicar el procedimiento abreviado al formular su acusación por escrito, o verbalmente, en la misma audiencia intermedia. En este último caso, el Ministerio Público podrá modificar su acusación, así como la pena requerida.

También podrá solicitar la aplicación de una pena inferior hasta en un tercio de la mínima señalada para el delito por el cual acusa.

El Juez de garantía, antes de resolver sobre la solicitud del Ministerio Público, verificará que el imputado ha prestado su conformidad con el procedimiento abreviado en forma libre, voluntaria e informada y con la asistencia de su defensor; que conoce su derecho a exigir un juicio oral, que renunció voluntariamente a ese derecho y aceptó ser juzgado con base en los antecedentes recabados en la investigación; entendió los términos del acuerdo y las consecuencias que pudiera implicarle y que aceptó los hechos materia de la acusación y sus modalidades en forma inequívoca y de manera libre y espontánea.

Respecto a la solicitud de procedimiento abreviado, el Juez aceptará la del Ministerio Público cuando considere actualizados los requisitos correspondientes. En el supuesto de que no lo estimare así, o cuando considerare fundada la oposición de la víctima u ofendido, rechazará la solicitud de procedimiento abreviado y dictará el auto de apertura de juicio oral. En este caso, el requerimiento anterior sobre la pena no vincula al Ministerio Público durante el juicio, se tendrán por no formuladas la aceptación de los hechos por parte del acusado, así como las modificaciones de la acusación efectuadas para posibilitar la tramitación abreviada del procedimiento. Asimismo, el Juez dispondrá que todos los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud de proceder de conformidad al procedimiento abreviado, sean eliminados del registro.

Acordado el procedimiento abreviado, el Juez abrirá el debate y otorgará la palabra al Ministerio Público, quien efectuará una exposición resumida de la acusación y de las actuaciones y diligencias de la investigación que la fundamentaren. A continuación, se dará la palabra a los demás intervinientes. En todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado.

Terminado el debate, el Juez emitirá su fallo sobre condena o absolución en la misma audiencia, y deberá dar lectura pública a la sentencia dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas. En el supuesto de ser condenatoria, no podrá imponer una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público.

En ningún caso el procedimiento abreviado obstará a la concesión de alguna de las medidas alternativas consideradas en la ley, cuando correspondiere.

Asimismo, en el procedimiento abreviado, con la admisión de los hechos que el fiscal atribuye al imputado en su acusación, con base en los antecedentes recabados en la investigación, queda fijada la litis y se toma la decisión de renunciar al derecho de exigir un juicio oral.

Entonces, la garantía del imputado relativa a que la autoridad penal lo juzgue con base en los hechos que se le atribuyen queda resguardada, pues sólo en este sentido puede imponerse límite a su actividad, ya que las cuestiones de derecho relacionadas con la valoración de la prueba, como se desprende del contenido del artículo 20, fracción II, constitucional, no pueden delegarse, actualizándose la libertad y empleo del razonamiento lógico para emitir el juicio.

Por tanto, este procedimiento especial no despoja al Juez de la facultad que constitucionalmente le ha sido dada para valorar las pruebas de manera libre, conforme a la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, tampoco lo excluye de la obligación de motivar el acto, lo cual implica expresar las razones por las que concede o niega eficacia probatoria al acervo probatorio, apegado a las reglas de la sana crítica.

Entonces, aun cuando el imputado acepte o bien no se oponga a la acusación formulada por el Ministerio Público, corresponde al Juez de garantía determinar si existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación en todos sus aspectos.

Ahora bien, de lo anterior se obtiene que el Juez, con base en la acusación presentada por el Ministerio Público y con las pruebas que obren en la carpeta de investigación, las que deberá valorar en su totalidad, emitirá el fallo en el procedimiento abreviado.

En la especie, del análisis de la sentencia combatida se advierte que la Magistrada responsable violó el principio de congruencia que toda sentencia debe contener, pues determinó que quedó probado el hecho por el que la representación social formuló acusación y las consideraciones que externó en torno al de extorsión por el que emitió la sentencia reclamada, se circunscribieron a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevaron a cabo los actos de intimidación de que fue objeto el pasivo para obligarlo a darle información a los activos para lograr apoderarse del numerario que trasladaba en el vehículo de transporte de valores, y concluyó diciendo que el ilícito en cita se consumó cuando la víctima fue intimidada para obligarla a que proporcionara información.

Y, en el tema relativo a la responsabilidad del ahora solicitante del amparo, mantuvo la misma línea argumentativa, partió del hecho relatado por el denunciante en el sentido de que los actos intimidatorios se prolongaron en el tiempo, porque refirió que los activos acudieron a su domicilio en varias ocasiones; que identificó a dos y como indicó que cuando éstos fueron a su vivienda los acompañaban más personas a las que no logró verles la cara, la responsable concluyó que entre ellos estaba ********** aquí quejoso, lo que derivó de los que dijo indicios, entre ellos, la aceptación que efectuó de los hechos que se le atribuyen.

Tal forma de proceder deviene ilegal, porque la responsable pasó por alto lo que manifestó el agente del Ministerio Público en la audiencia intermedia, en el sentido de que la participación que iba a desempeñar el acusado, ahora quejoso, era en la culminación del agotamiento del tipo penal, es decir, la obtención del lucro, porque la consumación del delito (mediante amenazas) se dio desde el primer momento y que estuvieron acudiendo e interviniendo diversas personas, limitándose a declarar infundado el planteamiento del aquí quejoso consistente en que el único indicio que se le puede atribuir es que fue detenido acompañando a los coimputados.

Para luego establecer: "... Tales argumentos, se consideran incorrectos, debido a que analizados los antecedentes de investigación individualmente, es decir, fuera del contexto de las declaraciones del denunciante, esto es, sin relacionarlo con su dicho, implican una impresión errónea sobre su valor y las conclusiones a las que conllevan. Y por ello, este tribunal, estima que el Juez de garantía estuvo en lo correcto al decidir, en primer término, el valor que merecía el dicho del pasivo. Y la Sala estima acertado que lo considerara sincero, por lo siguiente: No es posible que el pasivo falseara los hechos denunciados, debido no sólo a que ello implicaría acudir varias veces a las oficinas del órgano investigador y del jurisdiccional, lo que pudiera generarle interferencia con sus labores, sino también, porque no se deduce de los antecedentes, que falseándolos evadiría algún tipo de responsabilidad, o bien, obtendría algo que le beneficiaría. Ni se advierte tampoco que tuviera algún motivo malicioso que lo llevara a inventarlos. Y tampoco se desprende de ellos, que tuviera algún motivo de animadversión contra las personas que le imputan los hechos, sino que por lo contrario, aparece que ni siquiera los conocía, ya que no son persuasivos los dichos de las testigos, ********** y **********, en el sentido de que la víctima y el coimputado, **********, se conocían, ya que como acertadamente lo concluyó el a quo, el dicho de **********, puso de manifiesto que había interés de que se declarara falsamente que el denunciante, junto con los detenidos, había planeado el robo de los valores que trasladaba, porque refirió en una posterior declaración, que así se lo pidieron a él que lo hiciera, dos sujetos que acudieron a su casa. Por lo que entonces, no es creíble la versión de las citadas testigos, de que el pasivo conociera a uno de los coimputados. b) Además, el dicho de la esposa del pasivo, a la que se denomina testigo 1, abona en las aseveraciones de aquél, porque fue ella quien atendió a los dos sujetos que acudieron en una primera ocasión a buscar a su cónyuge y a quien no encontraron y de nuevo los atendió en una segunda ocasión que regresaron. Y también se percató de una tercera ocasión que regresaron esos mismos sujetos a bordo de una troca blanca, según dijo, y observó que su marido, es decir, el denunciante, los atendió. Asimismo, refirió que su esposo le comunicó el motivo de la visita de tales sujetos, que a saber fue el mismo que señaló en su denuncia, así como también, testificó sobre el cambio de celular que le hicieron al denunciante y puso de manifiesto que fueron varias las veces que acudieron a su domicilio tales personas. Este dicho de la testigo denominada uno, es relevante, porque corrobora la veracidad de la información del pasivo, en lo que respecta a que fueron varias las veces que acudieron a su casa, los sujetos que sí logró identificar y otro u otros que no logró reconocer; así como también, demuestra que se trasladaba en una pick up de color blanca y que le cambiaron el celular que tenía, por otro. De ahí que entonces, la Sala estima que si tales aseveraciones del pasivo se encuentran apoyadas, debe creérsele también cuando asegura que en tales visitas ocurrieron ciertas cosas que nada más él presenció y que a saber fue, que tales sujetos le colocaron una granada en su mano y le señalaron que conocían sobre su familia y sus movimientos, así como que reiteradamente le llamaban al celular. Ello, porque el dicho de su esposa armoniza con el de él, ya que aquélla sí se percató de las varias ocasiones en que los individuos acudieron a su domicilio a buscar al denunciante. En la inteligencia de que las aseveraciones de tal testigo, nombrado como 1, no se advierten increíbles o maliciosas, ya que no hay dato que así lo demuestre. Y no es factible que falseara su testimonio para apoyar el del pasivo, de quien como ya se dijo, no existen motivos que hagan dudar de su versión. c) Por otra parte, como bien lo expresó el a quo, el testigo denominado P.A., también aportó información que puede considerarse eficaz, para creer que el pasivo sí vivió la situación que denunció. Ya que aunque, como lo alega el apelante, sea un testigo de oídas, no pasa desapercibido para la Sala que dicho testigo expresó ser el padre del denunciante y, por ende, se considera que en efecto, dado tal parentesco, el pasivo, por la gravedad de lo que pedían que hiciera, lo natural fuera que lo comentara con las personas más cercanas a él, como lo son, su esposa, quien por su parte dijo que también a ella se lo comunicó y a su padre. Y tal circunstancia cuando menos, sugiere que aun cuando tales testigos no les conste, por no presenciar lo que a la víctima le pidieron los citados sujetos que hiciera, de cualquier manera puede creerse que así fue, ya que si no hubiese ocurrido, entonces no tendría el pasivo porqué habérselo comentado a su esposa y a su progenitor. d) De igual modo, como lo advirtió el a quo, los otros indicios, como lo fueron el que se detuviera a dos de los sujetos que identificó la víctima como aquellos que, junto con otro a veces y otros, en diversas ocasiones, acudieron a su casa para imponerle u ordenarle, mediante una serie de actos que realizaron, que les informara sobre el vehículo de valores que conducía, así como sobre su ruta el día de los hechos. Detención que ocurrió en el sitio en el que, precisamente, dijo el pasivo que se pretendería llevar a cabo el desapoderamiento de los valores que trasladaba, e incluso, el hecho de que se les aseguraran ciertos objetos, que ya la víctima dijo que le habían mostrado un día antes para poder abrir el camión y que la Sala considera idóneos para tal efecto, como lo son, una sierra eléctrica, una barra de metal y dos chupones; éstos son indicios que también abonan en la veracidad de la totalidad de las afirmaciones del denunciante. En razón de que tal detención y el aseguramiento de los objetos, confirmaron las aseveraciones del denunciante. Ahora bien, como se acaba de referir que la identificación que realizó la víctima, de dos de varios de los sujetos que acudieron a su casa a amedrentarlo, es un indicio que válidamente puede considerarse que apoya su dicho, entonces, es menester dar respuesta al diverso agravio del apelante que versa sobre tal tema. Porque alega que la forma como reconoció el pasivo a esos dos sujetos, no fue lícita, esto es, a través de fotografías; ya que a su juicio, tal identificación debió hacerse conforme lo exige la legislación procesal, que la Sala entiende que alude al artículo 262 del Código de Procedimientos Penales; pero tal agravio es infundado, a juicio de la Sala, porque con la lectura interpretativa restrictiva que propone el apelante respecto del artículo 264 del citado código, relativo al reconocimiento por fotografía, y que traduce dicho recurrente, en que este tipo de reconocimiento sólo procederá cuando no esté presente o no pueda ser presentada la persona a la que ha de reconocerse, implicaría vulnerar el principio de libertad probatoria que consigna el artículo 330 del mismo código. Por lo que, la Sala opta por una interpretación extensiva de ese precepto (artículo 264) y con ella, concluye que el reconocimiento por fotografía puede realizarse esté presente o no, pueda ser presentada o no la persona que va a identificarse; ya que tal dispositivo legal utiliza la palabra podrá exhibirse y no dice deberá exhibirse sólo en tales casos. De ahí que bajo tal perspectiva de interpretación, la Sala considera ajustada a derecho la identificación realizada por el pasivo, sobre todo, si la hizo en presencia de un defensor público. Y por ende, no se vulnera, contra lo que entiende el apelante, sus derechos fundamentales, máxime si incluso, la identificación que realizó el denunciante, se advirtió sincera, ya que de entre las fotografías que se le pusieron a la vista, sólo reconoció a los coimputados ********** y **********, pero no al sentenciado. Por lo anterior, es que entonces este tribunal considera innecesario dar respuesta a los agravios que sobre el tema plantea el recurrente, relativos a que con tal modo de identificación, se confrontaron derechos humanos de la víctima y del sentenciado; ya que en realidad no medió tal conflicto, puesto que por las razones ya expresadas, el artículo 264 no prohíbe expresamente la identificación mediante fotografías cuando las personas a identificar sí puedan ser presentadas o estén presentes, y la Sala no advierte que con ello se vulnere algún derecho fundamental del sentenciado, máxime si incluso no fue reconocido entre ellas. Y contra lo que alega, del relato que hizo el agente de la fiscalía en la audiencia, aparece que en el reconocimiento por fotografías, sí hubo un defensor público. Y en consecuencia, también es innecesario dar respuesta al otro agravio que versa sobre que el reconocimiento a través de la cámara de Gesell, hubiera podido proteger la identidad del pasivo durante el reconocimiento que hiciera. Ello, porque se insiste, el reconocimiento por fotografías no está prohibido para cuando se encuentre presente el que va ser identificado. Y entonces, no es aplicable al particular la tesis consultable con el número de registro electrónico 160246 del IUS de la Red Jurídica Nacional, que cita el apelante y cuyo rubro dice: ‘COLISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. LIBERTAD DE TRABAJO Y LIBRE CIRCULACIÓN. SE VIOLAN DICHAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES SI LA AUTORIDAD COMPETENTE EN LA MATERIA DE MANERA OMISIVA TOLERA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES POR UN TERCERO (PARTICULAR) QUE POR DISPOSICIÓN DE LA LEY LE SON EXCLUSIVAS DE ELLA.’ Por otra parte, y contra lo que alega el apelante, la información extraída del aparato telefónico del pasivo, sí es válido tenerlo como dato incriminatorio, en razón de que, contra lo que alega, en el caso no era necesario que hubiera manifestación expresa de la víctima para que se extrajera la información. Ya que la Sala estima que fue acertado lo que concluyó el a quo, relativo a que tratándose del denunciante, puede deducirse que medió su consentimiento, cuando menos tácito, porque

s natural que al plantear los hechos al órgano investigador, tenía interés de su esclarecimiento, al ser él, el directamente afectado. De ahí que entonces puedan tenerse como válidos todos los mensajes que aparece que envió el día en que se detuvo a los coimputados y al sentenciado y que dicen: me cambiaron de ruta, voy al sur, 8 kg vamos a cargar gas, Soriana Fuentes Mares, Smart más seguro ahí, ... Smart Fuentes Mares 450 mil pesos, es esta rápido. ... En cambio, por lo que respecta a la información de los celulares asegurados a los coimputados y el sentenciado, la misma no debe considerarse, debido a que efectivamente, existe criterio de la Suprema Corte de Justicia y que citó el recurrente, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo 1, febrero 2013, página 431, que dice: ‘DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN SE EXTIENDE A LOS DATOS ALMACENADOS EN EL TELÉFONO MÓVIL ASEGURADO A UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A INVESTIGACIÓN POR LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO.’ De ahí que la información recabada de los teléfonos celulares de aquéllos no puede ser considerada con valor, dado que no se solicitó la intervención de sus teléfonos a la autoridad judicial. Sin embargo, sí puede considerarse, por las razones ya señaladas, la información extraída del celular del pasivo. Y la misma abona en la veracidad de la totalidad de su dicho, porque aparece que envía mensajes sobre su ubicación e incluso proporciona datos del numerario el día en que se iba a perpetrar el desapoderamiento, pero fueron detenidos el sentenciado y sus coimputados. Por todo lo antes expuesto, puede entonces considerarse acertada la conclusión del a quo, de tener como cierto que durante varios días, como lo aseveró el pasivo, el mismo fue objeto de intimidaciones. Ya que la Sala advierte que se le amedrentó, no sólo cuando se le colocó una granada en la mano para que participara en el desapoderamiento de los valores que trasladaba en un camión, mediante la información de su ruta y la descripción del automotor; sino también con las continuas visitas que se le hacían a su casa y que como además fueron varios los sujetos que acudían a su domicilio, así como con las manifestaciones que le hicieron sobre que lo habían estado siguiendo y le enumeraron las actividades que él realizaba; y con las constantes llamadas que le realizaban, primero, a su teléfono celular y luego, al que los sujetos que lo intimidaban le proporcionaron. E, incluso, con las llamadas o mensajes que se intercambiaron entre activos y pasivo el día que se detuvo a los primeros. Es decir, fueron todas esas circunstancias las que intimidaban, amedrentaban o infundían zozobra al pasivo y no pueden desvincularse una de la otra como si fueran actos aislados. En la inteligencia de que al atemorizar o intimidar al denunciante para obligarlo a que proporcionara la información antes citada, era con el afán, por parte de los sujetos activos, de apoderarse del numerario que el mismo trasladaba, lo que no pudo llegar a realizarse, debido a que fueron detenidos en el lugar que el pasivo les indicó que arribaría con el vehículo de valores. Y si tal hecho quedó probado con el dicho del denunciante, que se c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25574-de640e05/procedimiento-abreviado-la-delimitacion-de-la-litis-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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