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Modo: Corpus Pro

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 360/2013. · Registro digital (IUS): 25602
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Pág. 9.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 360/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 21 DE ABRIL DE 2014. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: GUADALUPE M. ORTIZ BLANCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiuno de abril de dos mil catorce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante oficio recibido el veintitrés de agosto de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por dicho órgano y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al fallar los juicios de amparo directo administrativo 315/2012 y 647/2012, respectivamente. El oficio de denuncia, en lo conducente, dice:

"Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que el Pleno de este tribunal, a través de la sesión celebrada el seis de junio de dos mil trece, acordó denunciar la posible contradicción de criterios entre el sustentado por este órgano, al resolver el amparo directo 315/2012, promovido por **********, en contra de la sentencia dictada el seis de agosto de dos mil doce, por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio de nulidad **********, contra el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 647/2012, en sesión de seis de diciembre de dos mil doce, lo que se corrobora del acta de sesión de la propia fecha, con cuya copia certificada se da cuenta.

"Asimismo, y como consecuencia a lo anterior, el Pleno de este tribunal ordenó girar instrucciones correspondientes a la Secretaría de Acuerdos, a fin de denunciar la posible contradicción de tesis al Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de resolver lo conducente.

"En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese la posible contradicción de tesis al Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, a ese fin, remítanse copia certificada de la demanda de amparo, del acta de sesión de fecha seis de junio de dos mil trece y del testimonio de la ejecutoria del amparo directo en mención, así como el CD que la contenga para que, de ser procedente, se decida el criterio que debe prevalecer."

SEGUNDO. Por auto del veintitrés de agosto de dos mil trece, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 360/2013, requirió a los Tribunales Colegiados involucrados la remisión de la copia certificada de las respectivas sentencias ejecutorias y el turno del asunto a la ponencia de la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre Tribunales Colegiados de distintos circuitos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor; 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del punto tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO. Legitimación de quien promueve. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

TERCERO. Criterios materia de la contradicción de tesis. Para verificar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, resulta necesario atender a las consideraciones de las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes:

I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el seis de junio de dos mil trece, el amparo directo 315/2012 sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente (fojas 18 a 66 del expediente):

"QUINTO. Estudio de los conceptos de violación en suplencia de la queja y solución del problema jurídico. Los conceptos de violación expuestos por el representante legal de la persona jurídica quejosa, son esencialmente fundados, aun cuando para calificarlos así es necesario que este tribunal ejerza la facultad de suplencia de la queja deficiente, en términos de lo previsto en el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo.

"Para arribar a esta conclusión, debe atenderse, en principio, a las particularidades del caso concreto.

"Por escrito presentado el once de mayo de dos mil doce, ante la Oficialía de Partes Común de la Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **********, en su carácter de representante legal de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio contencioso administrativo contra la resolución **********, de veintinueve de marzo de dos mil seis, determinante del crédito fiscal **********, cuyo pago, refiere, se pretende hacer efectivo por la Administración Local de Recaudación del Norte del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

"En la demanda de nulidad, manifestó desconocer tanto el origen como el fundamento de dicho crédito fiscal y alegó el mandamiento de ejecución respecto de dicho crédito, notificado, según su dicho, el diez de febrero de dos mil doce.

"La Magistrada instructora de la Segunda Sala Regional, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda de nulidad, por auto de dieciocho de mayo de dos mil doce, desechó la demanda por extemporánea, pues por la cuantía del asunto, el caso se situaba en los supuestos de procedencia del juicio en la vía sumaria, y porque el requerimiento con base en el cual se tuvo conocimiento de la existencia del crédito fiscal fue practicado el trece de febrero de dos mil doce; diligencia que no fue combatida en dicha demanda.

"Inconforme con esa determinación, el representante legal de la actora promovió recurso de reclamación y en el único agravio expuso, esencialmente, que del artículo 16, fracción II, en comento, se desprende que cuando el actor desconoce la resolución que desea impugnar así lo expresará en su demanda y, a su vez, deberá señalar la autoridad a quien le atribuye, ya sea su notificación o ejecución, siendo éstos los únicos requisitos que establece para que sea procedente el juicio; y que, en la especie, la empresa cumplió con esos requisitos, ya que la resolución impugnada fue desconocida tanto en su origen como en su fundamento, al no ser notificada conforme a derecho.

"El seis de agosto de dos mil doce, la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió la resolución del recurso de reclamación interpuesto por el demandante, en la cual, confirmó el desechamiento de la demanda de nulidad.

"Consideró, esencialmente, que era evidente que el auto de dieciocho de mayo de dos mil doce resulta apegado a derecho, pues la actora acompañó el mandamiento de ejecución y el requerimiento de pago a través del cual se pretendió exigir el cobro correspondiente al crédito **********, y esas diligencias se llevaron a cabo el trece de febrero de dos mil doce, y que desde ese momento se tuvo conocimiento de la existencia de un crédito fiscal, aunque no de su contenido; por lo cual, era a partir de esa fecha cuando el plazo de quince días previsto en el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo comenzó a computarse para que se impugnara no sólo el desconocimiento del crédito, sino las actuaciones realizadas en el procedimiento administrativo de ejecución, sin que la actora hiciera algún pronunciamiento sobre la ilegalidad de la notificación del mandamiento de ejecución y del requerimiento de pago instaurados por la autoridad a la luz del crédito **********.

"Además de que los argumentos relativos al artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo eran infundados, pues si bien cuando la actora manifiesta desconocer un acto o resolución se admite la demanda para que se dé a conocer el acto en la contestación, en el caso ésta supo sobre su existencia, a partir de que se hizo de su conocimiento el mandamiento de ejecución y requerimiento de pago que pretende impugnar, por lo cual, en la especie, no bastaba manifestar ese desconocimiento del crédito, sino que dicha manifestación debió hacerse en el plazo que se tiene para impugnar el mandamiento de ejecución y requerimiento de pago.

"En los conceptos de violación, la parte quejosa expone, por una parte, que la Sala pretende desarticular las palabras ‘no conoce’ del contexto de la fracción II del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y que el criterio sostenido es subjetivo, en el sentido de que las actuaciones de autoridad ajenas al acto desconocido en el juicio puedan ser determinantes para constatar que éste no se promovió en los plazos que prevé la ley, pues el conocimiento de la existencia del acto mediante mandamiento de ejecución y requerimiento de pago no equivale al conocimiento de aquél, ni mucho menos esos documentos amparan la práctica de una diligencia de notificación relativa a la resolución desconocida.

"Añade que en términos del artículo 16, fracción II, antes referido, que contiene un procedimiento especial, en la demanda debe expresarse que se desconoce el origen y fundamento del acto impugnado y la autoridad a que se imputa su notificación o la ejecución; pero ello sólo como requisito de procedencia, el que, además, sí se cumplió en el caso; y añade que la Sala alude al plazo en que se tuvo conocimiento de la existencia del acto impugnado, sin embargo, en el mencionado artículo 16, fracción II, no se señala el momento en que se debe acudir a impugnar la resolución que no conoce, y mucho menos se establece un plazo que, al fenecer y no impugnarse el acto que no se conoce, tenga como resultado la extemporaneidad de la demanda.

"Considera que la sola manifestación de desconocimiento genera la admisibilidad de la demanda para que sea contestada, acompañándose las constancias relativas a la resolución y a su notificación, que podrán impugnarse; además de que del hecho de que la responsable pretenda instruirle de la forma en que debió promover la demanda, considerando que debió impugnarse lo relativo al procedimiento administrativo de ejecución, se puede advertir que el asunto fue confuso para la Sala, pues relaciona las documentales exhibidas para contabilizar el plazo previsto en el artículo 58-2 de la ley de la materia, a partir de la notificación acontecida de los actos del procedimiento administrativo de ejecución, lo que resulta ilógico, pues esa notificación no corresponde a la resolución combatida en el juicio, basándose, así, en simples presunciones que no pueden ser acreditadas, hasta en tanto se conteste la demanda y se acompañen las constancias correspondientes.

"Finalmente, aduce que el solo conocimiento de la existencia del crédito fiscal no puede llevar a validar el desechamiento, al atender que la ley contempla un procedimiento especial en el que se concede al gobernado la oportunidad de que conozca el acto desconocido y su notificación para combatirlo mediante ampliación de demanda.

"Como se advierte de lo anterior, la parte quejosa propone una interpretación distinta al artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para su aplicación al caso concreto, de la efectuada por la Sala responsable, pues mientras ésta sostiene que si bien ese precepto establece que cuando se manifiesta desconocer un acto o resolución, se admite la demanda para que se dé a conocer el acto en la contestación, debe atenderse el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda en la vía sumaria (previsto en el artículo 58-2 de la referida legislación), desde el momento en que se supo sobre la existencia de aquel acto, aunque se desconozca su contenido, y que, en todo caso, debe impugnarse el mandamiento de ejecución con base en el que, precisamente, se conoció sobre la existencia de aquel acto, aquélla considera que la norma contiene un procedimiento especial relativo a que en la demanda debe expresarse que se desconoce el origen y fundamento del acto impugnado y la autoridad a que se imputa su notificación o ejecución, pero ello sólo como requisito de procedencia, siendo suficiente para su admisión, sin que se señale el momento en que se debe acudir a impugnar la resolución que no conoce ni plazo que, al fenecer, tenga como resultado la extemporaneidad de la demanda.

"En esta situación particular, se considera que es necesario llevar a cabo el ejercicio de suplencia de la queja de los conceptos de violación deficientes, pues si bien la interpretación normativa ahí efectuada se estima correcta, esto resulta en la medida de que se advierte la necesidad de acudir al principio constitucional de interpretación conocido como pro personae, a fin de determinar la mayor protección al derecho humano a la tutela judicial efectiva, a favor de la persona jurídica quejosa, en un caso donde la interpretación restrictiva sustentada por la autoridad responsable incide negativamente en el mencionado derecho de tutela judicial, dado que con base en una interpretación limitada se confirmó en el acto reclamado el desechamiento de la demanda de nulidad promovida por la actora.

"Ahora bien, atento a que en el caso concreto la parte quejosa es una persona jurídica, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, que acude al juicio de amparo directo por medio de su representante legal, es necesario determinar, en primer lugar, si existe la tutela de derechos humanos a favor de personas jurídicas y, de ser así, en qué casos.

"El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del diez de junio de dos mil once, dice textualmente: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe)

"De conformidad con el artículo transcrito, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías establecidas para su protección constitucional, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones en que la propia Constitución lo autoriza.

"Asimismo, esa disposición constitucional prevé que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, en tanto que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

"Finalmente, dispone la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos o libertades de las personas.

"De lo reseñado destaca que en el artículo 1o. constitucional, en su primer párrafo, el Poder Reformador de la Constitución estableció que todas las personas deben gozar de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

"La cuestión a resolver es, entonces, si la expresión ‘todas las personas’ empleada en el Texto Constitucional comprende a las personas jurídicas, como lo es la quejosa y, por ende, gozan estas últimas de la protección de derechos humanos.

"Para dirimir dicha cuestión es útil remitirse a los antecedentes legislativos que dieron lugar a la reforma del artículo primero constitucional; así, se advierte que en los trabajos legislativos que se localizan en el apartado III de Consideraciones del dictamen, de ocho de marzo del dos mil doce, de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, de la Cámara de Senadores, relativa a la reforma en materia de derechos humanos, textualmente, se señaló lo siguiente: ‘Primera. Respecto al párrafo primero del artículo 1o. constitucional, estas comisiones dictaminadoras estiman conveniente precisar que la incorporación del término «persona» propuesto desde la Cámara de Origen es adecuado, entendiendo por tal, a todo ser humano titular de iguales derechos y deberes emanados de su común dignidad y en los casos en que ello sea aplicable debe ampliarse a las personas jurídicas’; modificación que fue aceptada en sus términos, sin que hubiera sido motivo de discusión particular.

"Según deriva de las consideraciones del dictamen antes transcritas, el propósito del Constituyente en su calidad de Poder Reformador de ‘persona’ está referido a todo ser humano titular de iguales derechos y deberes emanados de su común dignidad y que eso debe ampliarse a las personas jurídicas ‘en los casos en que ello sea aplicable’, lo que significa el reconocimiento de que las personas jurídicas al igual que las físicas son titulares de iguales derechos y deberes constitucionales, aun cuando con la importante precisión de que tratándose de personas ideales la tutela de derechos humanos a su favor sólo procederá en casos determinados.

"La ampliación de la protección a derechos humanos de las personas jurídicas autorizada por el Poder Reformador de la Constitución Federal es acorde con la tutela que respecto de tales personas jurídicas se ha reconocido en el derecho constitucional comparado, como se desprende de los documentos fundamentales que, a título de ejemplo, se mencionan a continuación: derecho constitucional comparado al que se acude, por su calidad de doctrina jurídica universal de los derechos humanos, lo que permite su invocación objetiva y racional para elucidar el tema de la protección a personas jurídicas en materia de derechos humanos.

"La Ley Fundamental para la República Federal Alemana, de mil novecientos cuarenta y nueve, establece que la dignidad del hombre es sagrada y constituye deber de todas las autoridades del Estado su respeto y protección; el pueblo alemán reconoce, en consecuencia, los derechos inviolables e inalienables del hombre como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo, y los derechos fundamentales enunciados vinculan al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y a los tribunales, a título de derecho directamente aplicable. En el artículo 19.3 dispone expresamente que los derechos fundamentales rigen también a las personas jurídicas con sede en el país, ‘en tanto por su propia naturaleza sean aplicables a las mismas’.

"La Constitución de la República Portuguesa de veinticinco de abril de mil novecientos setenta y seis, establece que Portugal es una república soberana, basada en la dignidad de la persona humana y en la voluntad popular, y empeñada en la Constitución de una sociedad libre, justa y solidaria, concretamente en el artículo 12 señala que todos los ciudadanos gozan de los derechos y están sujetos a los deberes que se consignan en la Constitución y que las personas jurídicas gozan de los derechos y están sujetas a los deberes ‘que sean compatibles con su naturaleza’.

"Como se observa de lo expuesto, los documentos políticos fundamentales de la República Federal Alemana y de la República Portuguesa, establecen de modo expreso la tutela de derechos humanos a favor de las personas jurídicas; en el primer caso, los derechos fundamentales rigen para las personas jurídicas con sede en el país en tanto por su propia naturaleza sean aplicables a las mismas y, en el segundo caso, se reconoce que las personas jurídicas gozan de los derechos y están sujetas a los deberes compatibles con su naturaleza.

"Por otra parte, resulta de la mayor relevancia para la definición del punto jurídico a examen, atender a lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el tema de la protección de derechos reconocidos en la referida convención, a favor de personas jurídicas o ideales, puesto que dicha Corte, en términos del artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es la competente para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de ese propio instrumento, siempre que los Estados partes hayan reconocido o reconozcan dicha competencia.

"El Tribunal en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada LXVI/2011, consideró que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que derivan de sentencias en donde el Estado Mexicano no intervino como parte en el litigio, son orientadores para todas las decisiones de los Jueces mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional; de modo que todos los Jueces mexicanos tienen el deber de observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana, para evaluar si existe alguno que resulte más favorable y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger.

"En este contexto, es conveniente remitirse a las consideraciones que dicha Corte sostuvo en la sentencia de siete de septiembre de dos mil uno, en el caso ‘Cantos vs Argentina’, al atender las excepciones preliminares opuestas por el Estado demandado.

"En esa sentencia, la Corte analizó la excepción preliminar propuesta por el Estado Argentino, en la que opuso el argumento de que conforme al texto del artículo 1, inciso 2, de la Convención Americana, la misma no es aplicable a las personas jurídicas, al afirmar el artículo sujeto a interpretación que: ‘Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano’, de donde el demandado dedujo que las empresas del actor que poseen distintas formas societarias, no están amparadas por el mencionado artículo convencional.

"En apartados posteriores a la sentencia, al analizar la excepción preliminar, la corte precisó que resultaba útil, por un momento, aceptar la interpretación sugerida por el Estado demandado y examinar las consecuencias que ello tendría; y señaló que, según ese criterio, una sociedad civil o comercial que sufriera una violación de sus derechos reconocidos por la Constitución de su país, como la inviolabilidad de la correspondencia, no podría invocar el artículo 25 de la convención por ser precisamente una persona jurídica, y ejemplificó que, según esa interpretación, si un hacendado adquiere una máquina cosechadora para trabajar su campo y el gobierno se la confisca, tendrá el amparo del artículo 21, pero si en lugar de ello se trata de dos agricultores de escasos recursos que forman una sociedad para comprar la misma cosechadora, y el gobierno se la confisca, ellos no podrán invocar la Convención Americana, porque la cosechadora en cuestión sería propiedad de una sociedad; y que si los agricultores, en vez de constituir una sociedad la cosechadora en copropiedad, la convención podría ampararlos, porque según un principio que se remonta al derecho romano, la copropiedad no constituye nunca una persona ideal.

"Luego, refirió que toda norma jurídica se refiere siempre a una conducta humana, que la postula como permitida, prohibida u obligatoria; y cuando una norma jurídica atribuye un derecho a una sociedad, ésta supone una asociación voluntaria de personas que crean un fondo patrimonial común para colaborar en la explotación de una empresa, con ánimo de obtener un beneficio individual, participando en el reparto de las ganancias que se obtengan, por lo que el derecho ofrece al individuo una amplia gama de alternativas para regular sus conductas para con otros individuos y para limitar su responsabilidad, lo cual ejemplificó refiriéndose a las sociedades colectivas, anónimas, de responsabilidad limitada, en comandita, etcétera.

"Expuso que, en el caso concreto, Argentina afirmó que las personas jurídicas no están incluidas en la Convención Americana y, por lo tanto, a dichas personas no se les aplica sus disposiciones, pues carecen de derechos humanos; sin embargo, la Corte Internacional hizo notar que, en general, los derechos y las obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituyen o que actúan en su nombre o representación.

"Enseguida, la Corte hizo recordar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y que tal como lo había hecho en varias ocasiones, afirmó que la interpretación pretendida por el demandado conducía a resultados irrazonables, pues implicaba quitar la protección de la convención a un conjunto importante de derechos humanos.

"La Corte consideró que si bien la figura de las personas jurídicas no ha sido reconocida expresamente por la convención Americana, como sí lo hace el protocolo No. 1 a la Convención Europea de Derechos Humanos, eso no restringía la posibilidad de que bajo determinados supuestos el individuo pueda acudir al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para hacer valer sus derechos fundamentales, aun cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema del derecho. En este apartado, la Corte señaló que valía hacer una distinción para efectos de admitir cuáles situaciones podrían ser analizadas bajo el marco de la Convención Americana.

"Continuó sosteniendo que, en el caso sub júdice, todos los recursos administrativos y judiciales, salvo una denuncia penal y un amparo interpuesto en mil novecientos setenta y dos, al inicio de los hechos denunciados, fueron presentados directamente por ‘derecho propio y en nombre de sus empresas’ por el señor Cantos, por lo que la supuesta violación de los derechos de la Convención del señor Cantos podría ser analizada en la etapa de fondo correspondiente; además, la Corte precisó que la parte demandada no explicó cuál era el razonamiento lógico que utilizó para derivar del texto del artículo 1.2 de la convención la conclusión a que llegó, cuando la jurisprudencia internacional ha reiterado que quien pretende basarse en un razonamiento lógico, debe demostrar los pasos de esa operación, y concluyó que, una vez demostrado que la interpretación del artículo 1.2 de la Convención Americana se fundaba en un razonamiento inválido, debía rechazarse la excepción de incompetencia interpuesta.

"De lo anterior destaca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos efectuó, en su calidad de máximo intérprete de la Convención Americana, la interpretación que debe darse al artículo 1, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al establecer que toda norma jurídica se refiere siempre a una conducta humana, y cuando una norma atribuye un derecho a una sociedad, ésta supone una asociación voluntaria; de modo que el derecho ofrece al individuo una amplia gama de alternativas para regular su conducta frente a otros y limitar su responsabilidad, en consecuencia, sentó la premisa de que los derechos y las obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en los derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituyen o que actúan en su nombre y representación; asumir una interpretación contraria a la establecida en esa premisa llevaría a resultados irrazonables y a dejar sin protección un importante conjunto de derechos humanos. Por lo tanto, concluyó que si bien no ha sido reconocida la figura de las personas jurídicas de manera expresa por la Convención Americana, a diferencia de su reconocimiento en la Convención Europea, eso no debía restringir la posibilidad de que, bajo determinados supuestos, el individuo pudiera acudir al sistema interamericano para hacer valer derechos humanos, aun cubiertos por una ficción o figura jurídica creada por el mismo sistema del derecho.

"En suma, el artículo 1o. constitucional dispone que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; la expresión ‘todas las personas’ empleada en el Texto Fundamental comprende no sólo a las personas físicas consideradas en su calidad de seres humanos, sino a las personas jurídicas, aunque en este supuesto únicamente en los casos en que las consideraciones del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Senadores, de ocho de marzo de dos mil doce; dicha interpretación es uniforme con lo definido en el derecho constitucional comparado, al que resulta válido acudir por su calidad de doctr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25602-ff619eba/principio-de-interpretacion-mas-favorable-a-la-persona · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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