INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL DERECHO DE LOS MENORES A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA NO PUEDE ESTAR PREDETERMINADO POR UNA REGLA FIJA EN RAZÓN DE SU EDAD. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 256/2014. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN. 25 DE FEBRERO DE 2015. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, RESPECTO DEL FONDO. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: LUZ HELENA OROZCO Y VILLA.
III. COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN
11. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en atención a lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en términos de la tesis aislada P. I/2012 (10a.), sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).",(2) así como en los artículos 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, a partir del tres de abril de dos mil trece y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece. Asimismo, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto circuito y el tema del fondo en materia civil, corresponde a la especialidad de esta Primera Sala.
12. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por el autorizado de una de las recurrentes en uno de los asuntos que motivó la presente contradicción de tesis.
13. En efecto, el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente dispone que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de diferente circuito, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el procurador general de la República, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.
14. En este caso, la denuncia de contradicción la formuló **********, quien se ostentó como autorizado, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, de **********, quien fue quejosa y recurrente en el recurso de revisión 227/2013, en el que se sostuvo uno de los criterios contendientes.
15. En las constancias de la presente contradicción, se advierte que en el oficio 4433, remitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, el órgano jurisdiccional señaló que el denunciante es autorizado de la recurrente.(3) En ese sentido, en el proveído de catorce de agosto de dos mil catorce, el presidente de este Alto Tribunal manifestó que ********** tiene acreditada su personalidad como autorizado de la quejosa en el juicio de amparo en revisión 227/2013, por haber quedado evidenciado en el oficio citado,(4) así como de la notificación personal realizada a dicha persona en las instalaciones de ese órgano jurisdiccional, en el que se indicó que es autorizado de ********** (recurrente).(5) Así, queda demostrado que el denunciante es autorizado de la recurrente en el recurso de revisión referido y, por ende, está legitimado en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.
16. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 152/2008 de la Segunda Sala -cuyo criterio se comparte-, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."(6)
17. Por tanto, esta Primera Sala estima que, formalmente, se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
18. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado,(7) consistentes en que:
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista, al menos, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
19. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Esto se advierte de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se expone a continuación:
20. Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. Al resolver el recurso de revisión 227/2013, el tribunal analizó un asunto con las siguientes características:
21. En la vía especial de divorcio contencioso, **********, por derecho propio y en representación de su menor hija (en aquel momento, de cinco años de edad), demandó de ********** la guarda y custodia de la niña y una pensión alimenticia para ambas.
22. La demanda fue admitida por la Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial Morelos, quien ordenó emplazar al demandado. Este último dio contestación, opuso las excepciones y defensas que estimó convenientes y reconvino de la actora un régimen de convivencias con la menor, así como las costas del juicio.
23. La Juez de primer grado dictó sentencia definitiva, en la que acogió la pretensión de la actora, declaró disuelto el vínculo matrimonial entre las partes, otorgó la guarda y custodia de la menor a favor de la madre, fijó como pensión alimenticia a favor de la niña el equivalente al veinte por ciento del total de las percepciones del demandado y decretó como régimen de convivencia el que se estableció para la convivencia provisional.
24. En contra de esa resolución, la parte actora interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Novena Sala de lo Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. En la sentencia, el tribunal de alzada ordenó reponer el procedimiento, para el efecto de que la Juez de primera instancia reparara la omisión en que incurrió, al no desahogar la comparecencia de la niña y, de considerarlo necesario, ordenara que se realizaran las gestiones necesarias con la finalidad de obtener datos suficientes para estar en condiciones de resolver sobre la guarda y custodia reclamada.
25. Contra esa determinación, la madre de la menor promovió juicio de amparo indirecto, argumentando, esencialmente, que en el juicio no existía contienda o desacuerdo sobre la guarda y custodia de la menor ni sobre los derechos de convivencia del padre con la niña, por lo que no era necesario que esta última compareciera. El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua admitió la demanda y resolvió conceder el amparo para efectos a la parte quejosa, a fin de que la Sala responsable fundara y motivara las razones por las cuales estimó que era necesario recabar la entrevista con la menor cuando en el juicio ya obraba ésta, y diera las razones por las cuales los medios de prueba aportados no resultaron idóneos o suficientes, a fin de que la sentencia que se emitiera protegiera el interés superior de la menor.
26. En el recurso de revisión interpuesto contra tal concesión del amparo, el Tribunal Colegiado dictó sentencia, en la que revocó la sentencia recurrida y negó el amparo a la quejosa, por las razones siguientes:
26.1. El tribunal federal calificó como infundados los conceptos de violación de la quejosa, al estimar ajustada a derecho la decisión de la Sala responsable de ordenar la reposición del procedimiento, a fin de recabar la comparecencia de la menor, ya que el Juez natural debía allegarse de los medios de prueba pertinentes para llegar al correcto conocimiento de la verdad. En este sentido, el tribunal afirmó compartir el sentir del Magistrado responsable, al considerar que se requerían más elementos de prueba junto con la intervención de la menor de edad, a fin de pronunciar de manera razonada la solución estable, justa y equitativa más benéfica para la menor, velando siempre por su interés superior.
26.2. Ello en atención a las tesis aisladas 1a. XCVII/2012 (10a.) y 1a. XCVIII/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO)."(8) y "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN."(9)
26.3. El Tribunal Colegiado puntualizó que la comparecencia de la niña, además de ser necesaria para la determinación de la guarda y custodia, es obligatoria en todo procedimiento judicial; sin que, en la especie, hubiera acontecido de la manera debida, pues aun cuando la niña compareció al juicio natural en algún momento, ello fue con el único objetivo de manifestar que en esa época vivía con su mamá, sin que se le hubiera dado la intervención legal que le correspondía.
26.4. El tribunal federal se refirió, entonces, al contenido del artículo 13 de la Convención sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, para sostener que la opinión del menor, respecto a la cuestión esencial de su retorno, puede ser decisiva si -en opinión de las autoridades competentes- ha alcanzado una edad y madurez suficientes.
26.5. Como marco normativo nacional e internacional aplicable al caso concreto, el Tribunal Colegiado citó los artículos 4o. constitucional; 3, 4, 7, 38, 39, 40 y 41 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 17 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 3, 4, 9 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. De dichos numerales, el tribunal federal destacó la relevancia del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, por ser el que prevé el derecho del niño a ser escuchado.(10)
26.6. En relación con este derecho, el Tribunal Colegiado retomó la Observación General No. 12 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que estableció que tal precepto garantiza a todo niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, para lo cual, se debe tener en consideración su edad y su madurez. Además -continuó el tribunal- previó específicamente el derecho del niño o niña a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte, con la opción de no ejercer tal derecho si no es su voluntad. Sin embargo -alertó- el Estado debe asegurarse que los niños reciban toda la información y el asesoramiento necesarios para tomar una decisión que favorezca su interés superior.
26.7. El Tribunal Colegiado también aludió a la Opinión Consultiva 17/2002, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para referirse al artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y a la igualdad de todas las personas en el derecho a ser oídas públicamente por un tribunal competente, precisando que tal disposición aplica tanto a tribunales ordinarios como especiales y que los menores deben disfrutar, por lo menos, de las mismas garantías y protección que se conceden a los adultos. Determinación que fue compartida por el órgano de amparo, pues estimó que el vocablo "garantizar", propuesto en ese numeral, es un término jurídico de especial firmeza, que no deja margen a la discreción de los Estados partes, por tanto, éstos tienen la obligación estricta de adoptar las medidas convenientes y necesarias para hacer respetar el referido derecho, en el entendido de que tal obligación supone asegurarse de que existan mecanismos para recabar las opiniones y que las mismas sean debidamente consideradas.
26.8. En relación con la acepción "que esté en condiciones de formarse un juicio propio", el tribunal de amparo consideró que no debe ser interpretada de manera limitativa en perjuicio de los menores, sino como una obligación a cargo del Estado, quien por conducto de los órganos habilitados para ello debe evaluar la capacidad del menor de formarse una opinión autónoma en la mayor medida posible. Esto es, los órganos estatales no deben ni pueden partir de la premisa de que un menor es incapaz de manifestar sus propias opiniones, sino, por el contrario, debe partirse de que sí la tienen.
26.9. El Tribunal Colegiado agregó que el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño no impone límite alguno de edad al derecho del menor de expresar su opinión y ha desaconsejado a los Estados partes que introduzcan -por ley o en la práctica- límites de edad que restrinjan este derecho. Para reforzar dicha posición, el tribunal aludió nuevamente a la opinión consultiva 17/2002, emitida por la Corte Interamericana, en donde se estableció que el aplicador del derecho debe tomar en consideración las condiciones específicas del menor y su interés superior para acordar la participación de éste en la determinación de sus derechos.
26.10. Para el órgano de amparo, el término "el derecho de expresar su opinión libremente", debe entenderse como la ausencia de presión hacia el menor al emitir la opinión, así como la facultad de elegir si desea o no hacer uso de su derecho. Para ello, el Tribunal Colegiado afirmó que los Estados partes deben garantizar las condiciones necesarias para que -al expresar los niños sus opiniones- se tenga en cuenta la situación individual y social, así como su entorno, y procurar que éstos se sientan respetados.
26.11. Según el Tribunal Colegiado, la frase "en todos los asuntos que afectan al niño", debe ser concebida en sentido amplio, es decir, los órganos estatales deberán analizar cada caso a fin de determinar si el menor puede o no sufrir una afectación y procurar la garantía de su derecho a ser escuchado.
26.12. De igual manera, respecto a la acepción "teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño", el Tribunal Colegiado estimó que ésta hace alusión a la capacidad del menor, que debe ser debidamente evaluada por los órganos del Estado, sin que la edad del niño o niña en sí misma determine la trascendencia de sus opiniones.
26.13. El tribunal de amparo agregó que, conforme a la segunda parte del artículo 12 referido, el Comité de los Derecho del Niño estableció que esa disposición es aplicable a todos los procedimientos judiciales que afecten al menor, sin limitaciones y con inclusión de cuestiones como la separación de los padres, custodia, cuidado, entre otros. Asimismo, el tribunal destacó que el derecho a ser escuchado es aplicable tanto a los procedimientos iniciados por el menor, como los iniciados por otras personas que afecten al niño, y que el referido derecho puede realizarse directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, lo que implica -a juicio de ese tribunal- que, una vez que el menor decida hacer uso de su derecho, podrá elegir la manera en que desee hacerlo, procurando (a sugerencia del comité) que la oportunidad de ser escuchado sea directamente en todo procedimiento.
26.14. Finalmente, el tribunal refirió que el término "en consonancia con las normas del procedimiento de la ley nacional", supone que la oportunidad de ser representado en términos de la legislación del Estado no debe interpretarse en sentido restrictivo o limitativo, procurando que no se impida el goce del derecho fundamental referido; por esa razón, se busca que los Estados partes cumplan con las normas básicas de imparcialidad en los procedimientos, como el derecho a la defensa y el derecho a acceder al expediente propio, previendo de que, en caso de no respetarse la reglamentación, la decisión del tribunal puede ser impugnada y anulada, sustituida o remitida a nuevo examen jurídico.
26.15. Después de precisar el alcance del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el tribunal federal aludió al contenido del artículo 13 de la Convención sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, para sostener que el Estado está obligado a hacer del conocimiento de los menores de edad sujetos a un procedimiento internacional de restitución, el derecho que tienen de expresar sus opiniones y, en caso de que los niños manifiesten su conformidad para emitir su opinión, el tribunal debe tomar seriamente en consideración la exposición de los menores al momento de resolver el asunto. Además, refirió el tribunal, una vez enterados de su derecho a ser escuchados, podrán solicitar por sí o por conducto de su representante que se les oiga en el procedimiento.
26.16. Sobre esa base, el órgano federal concluyó que es obligación del juzgador hacer del conocimiento de los niños relacionados con un procedimiento judicial, relativo a su guarda y custodia, con la información necesaria sobre el tema, su derecho a expresar libremente sus opiniones respecto del asunto, pues solamente de esa manera se satisfacen correctamente los lineamientos que se prevén a nivel internacional y se cumplen los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano.
26.17. De ahí que el Tribunal Colegiado desestimó los conceptos de violación de la quejosa, al considerar que la menor no fue informada de su derecho a emitir su opinión respecto a la guarda y custodia que se ventilaba en el juicio natural en relación con su persona, pues no existía constancia alguna de la que se desprendiera que la Juez responsable informó a la niña sobre su derecho de participación en el procedimiento judicial respectivo, ni que hubiera comparecido ante la autoridad responsable con la finalidad de externar su decisión respecto al disfrute del derecho cuestionado por sus progenitores. De tal manera que dicha juzgadora omitió garantizar el derecho de participación de la menor involucrada en el procedimiento judicial, lo que se tradujo en la violación al artículo 4o. constitucional en perjuicio de la niña. Como apoyo, el tribunal federal refirió la jurisprudencia, de rubro: "MENORES DE EDAD. EL JUEZ ESTÁ OBLIGADO, AUN DE OFICIO, A ESCUCHARLOS EN CUALQUIER JUICIO DONDE TENGA QUE RESOLVERSE SOBRE LA PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA, ASÍ COMO AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN, TENIENDO EN CUENTA LA FACULTAD QUE TIENE DE VALERSE DE CUALQUIER MEDIO A FIN DE SALVAGUARDAR EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."(11)
26.18. En consecuencia, el Tribunal Colegiado revocó la sentencia recurrida y negó el amparo a la quejosa.
27. Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región -en auxilio al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito-. Al resolver el recurso de revisión 315/2012 (cuaderno auxiliar 801/2012), el tribunal analizó un asunto con las siguientes características:
28. En la vía ordinaria civil, **********, como padre del menor **********, demandó de ********** (madre del menor) la convivencia y posesión interina del niño.
29. El Juez Tercero de lo Familiar y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, a quien correspondió el conocimiento del asunto, admitió la demanda y ordenó emplazar a la enjuiciada. Asimismo, el juzgador le dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado referido y determinó, como régimen de convivencia provisional entre el menor y su padre, un día a la semana, la cual debía ser supervisada por el Centro Estatal de Convivencia Familiar del Estado.
30. Seguido el procedimiento respectivo, se resolvió el juicio oral de convivencia y posesión interina de menores, en el que se recomendó tratamiento psicológico familiar por un periodo no menor a seis meses ni mayor a un año; entre otras cosas, se determinó que la convivencia entre padre e hijo debía ser de manera supervisada los domingos de cada semana por un lapso de dos horas.
31. Posteriormente, la demandada promovió juicio de amparo indirecto en contra de dos proveídos del Juez, en los que se ordenó la reanudación de las convivencias entre el menor y su padre en el centro de convivencias, en la modalidad de entrega-recepción, con el apercibimiento de multa a la madre para el caso de incumplimiento. La quejosa argumentó, esencialmente, que el cambio de régimen de convivencia implicó una violación al procedimiento, ya que esa determinación debió realizarse vía incidental, a fin de respetarse la naturaleza contradictoria del juicio. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León. El Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en auxilio del Juzgado de Distrito antes referido, concedió el amparo para efectos a la quejosa.
32. En el recurso de revisión interpuesto por la quejosa (demandada) contra esa resolución, el Tribunal Colegiado auxiliar dictó la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil doce, en la que modificó la sentencia recurrida y concedió el amparo a la promovente del amparo, en razón de las consideraciones siguientes:
32.1. El Tribunal Colegiado estimó parcialmente fundados los agravios. En primer lugar, destacó el conjunto de principios y valores que informan al derecho familiar y señaló que el sistema jurídico mexicano establece diversas prerrogativas de orden personal y social en favor de los menores. Además, citó el contenido del artículo 4o. de la Constitución Federal, así como el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño y los derechos en ella previstos, con especial énfasis en sus artículos 3, 9, 12, 19, 20, 21 y 27.
32.2. Sobre esa base normativa, el Tribunal Colegiado se refirió al interés superior del menor, indicando que todas las políticas, acciones y toma de decisiones tienen que realizarse de modo tal que se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas. Así, definió al interés superior de la niñez como el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como generar las condiciones materiales que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar personal, familiar y social posible, entre los que destacó el derecho de los niños a que en cualquier procedimiento tengan la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones; ello a fin de respetar el derecho del menor que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos de modo regular, salvo si es contrario a su interés superior.
32.3. Sobre el caso particular, el órgano federal señaló que la modificación del régimen de convivencia entre el menor y su padre debió realizarse vía incidental, porque únicamente de esa manera se escucharía a las partes involucradas y podrían analizarse las pruebas que al respecto ofrecieran, incluso, oír la opinión del menor (si fuera procedente), siempre en atención a las particularidades de su propia condición, como es su edad, tomando en cuenta que, con ello, no se le ocasionara algún daño de carácter psicológico, a fin de que en el juicio se resolviera lo más benéfico para el menor.
32.4. Máxime que -continuó el Tribunal Colegiado- en la sentencia definitiva se determinó que la modificación al régimen de convivencia sería resuelta incidentalmente, sin que ello hubiera ocurrido. A su parecer, el Juez de Distrito se pronunció indebidamente al respecto, pues a quien le correspondía valorar las pruebas era, en todo caso, al Juez responsable. En consecuencia, el tribunal afirmó que se había limitado la posibilidad de intervención de las partes involucradas, incluso, de no poder escuchar al menor en el caso en que fuera procedente, lo que había vulnerado las formalidades esenciales del procedimiento.
32.5. De tal manera que, según el tribunal federal, la modificación de convivencia familiar entre el padre y su hijo debió haberse llevado a cabo vía incidental, siempre con el objeto de salvaguardar el interés superior de la niñez -en términos de los artículos 3, 4 y 9, párrafos 1 y 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño y en aras de respetar el derecho de audiencia. Ello en atención a las jurisprudencias de rubros: "RÉGIMEN DE VISITA Y CONVIVENCIAS. SU DETERMINACIÓN DEBE OBEDECER A UNA PONDERACIÓN JUDICIAL PRUDENTE."(12) y "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. MODALIDADES PARA SU IMPLEMENTACIÓN."(13)
32.6. Por tanto, a juicio del Tribunal Colegiado, resultó incorrecta la determinación del Juez de Distrito, respecto a que, con plenitud de jurisdicción, la autoridad responsable debía decretar las medidas necesarias e inmediatas para hacer cesar cualquier situación irregular que ocurriera en relación con los intereses del menor, al no advertirse que existiera un estado de urgencia o de gravedad que supusiera la vulneración al interés superior de la niñez que justificara no escuchar a las partes, así como la valoración de pruebas por parte del juzgador federal en sustitución al Juez natural, más cuando éstas son posteriores a la resolución sobre convivencias y, en todo caso, deben tomarse en cuenta en el incidente respectivo.
32.7. Por otro lado, el Tribunal Colegiado manifestó que era necesario ejercer el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, específicamente en relación con el derecho de los niños a dar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que les afecten, incluidos los de carácter judicial y administrativo. Al respecto, citó la Observación General No. 12 del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, en la que se determinó que los Estados Partes de la Convención sobre los Derechos del Niño no pueden partir de la premisa de que un niño es incapaz de expresar sus propias opiniones, sino que por el contrario, los Estados deben dar por supuesto que el niño tiene capacidad para ello.
32.8. En ese sentido -señaló el tribunal federal- no corresponde al niño probar que tiene esa capacidad, por lo que no debe limitarse la edad de los niños como regla para ser escuchados. Tampoco es necesario -adujo- que el menor deba tener, necesariamente, un conocimiento exhaustivo de todos los aspectos del asunto que lo afectan, sino una comprensión suficiente para ser capaz de formarse adecuadamente un juicio propio sobre el asunto.
32.9. El Tribunal Colegiado afirmó que este derecho del niño a expresar su opinión libremente debía salvaguardarse en el sentido de que el menor en cuestión no fuera manipulado ni presionado, y que sus opiniones fueran tomadas en cuenta en función de su edad y madurez, para lo que debía tenerse en cuenta que los niveles de comprensión de los niños no van ligados de manera uniforme a su edad biológica, aunque sí a la experiencia, al entorno, las expectativas sociales y culturales y el nivel de apoyo.
32.10. Ahora bien -alertó el Tribunal Colegiado-, bajo el marco normativo referido por dicho órgano jurisdiccional, surge la pregunta de si existe el deber por parte de los juzgadores de que los menores de edad, en los procedimientos en los que pueden verse afectado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25608-fd04c042/interes-superior-del-menor-el-derecho-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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