RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DEBE PREVALECER EN EL JUICIO RELATIVO FRENTE A LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES EN UN JUICIO DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD.
RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DEBE PREVALECER EN EL JUICIO RELATIVO FRENTE A LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 496/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE FEBRERO DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, pues el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo suya la denuncia correspondiente, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los tribunales colegiados de circuito al emitirlos, lo que se realiza de la siguiente manera:
Origen del amparo directo 249/2011, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y criterio que en él se sostiene.
Origen. El asunto deriva de un juicio ordinario civil, en el que **********, en representación de su menor hijo de nombre **********, demandó de **********, diversas prestaciones, entre las que destaca: El reconocimiento de la paternidad a favor del citado.
Al dar contestación, el demandado opuso las excepciones y defensas que estimó convenientes, entre las cuales hizo valer la excepción de cosa juzgada.
El Juez del conocimiento dictó un auto en el que al observar que la actora ya había promovido un juicio de reconocimiento de paternidad en contra del demandado, en el que al omitir acreditar los hechos fundatorios de su acción, se absolvió al demandado; y como esa determinación causó ejecutoria, habiendo identidad de cosas, causas y personas, se debía declarar procedente dicha excepción dando por concluido el juicio.
En contra de esa determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual, previa prevención, dejó de tramitarse.
En desacuerdo con esa decisión, interpuso recurso de queja, el cual se declaró infundado.
Inconforme con esta determinación, **********, en representación de su menor hijo, promovió juicio de amparo, del que tocó conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien lo radicó con el número ********** y concedió el amparo.
En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se declaró fundado el recurso de queja y se tuvo por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación.
Seguido el procedimiento y una vez tramitado el recurso de apelación, éste se resolvió en el sentido de confirmar el auto apelado.
Inconforme con dicha sentencia, **********, en representación de su menor hijo, promovió juicio de amparo del que tocó conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien lo radicó con el número **********, y con fecha veintiséis de mayo de dos mil once, determinó conceder el amparo y protección a la quejosa.
Criterio. En lo que al tema interesa, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostuvo lo siguiente:
"Así pues, de lo anteriormente relatado se tiene que mientras el derecho al reconocimiento de la paternidad constituye un derecho humano de las niñas y de los niños que está íntimamente vinculado con el valor de la vida y de la dignidad de las personas; la cosa juzgada atañe a un principio establecido constitucionalmente para dar seguridad jurídica a las determinaciones emitidas por los órganos jurisdiccionales y crear un estado de certidumbre a fin de evitar cadenas impugnativas interminables sobre una misma cuestión litigiosa.
"Por otra parte, resulta conveniente distinguir entre la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material, entendiéndose por la primera denominación, el efecto que producen todas las resoluciones judiciales inherente (sic) a su firmeza o inimpugnabilidad derivada de la ausencia de recurso alguno o de cuando, aunque se conceda, no se interponga o no se formalice en los plazos previstos. Mientras que la cosa juzgada material es el estado jurídico de un concreto asunto cuando sobre él se ha dictado una resolución (generalmente una sentencia) con fuerza o autoridad de cosa juzgada formal, sólo el fondo es, sin discusión, cosa a los efectos de la ‘cosa juzgada’ cuando de cosa juzgada material se trata.
"En el caso, la naturaleza de la excepción de cosa juzgada asumida como legal por la Sala responsable, es formal, en tanto que en el juicio de origen no existió un pronunciamiento de fondo acerca de la procedencia o no de la pretensión de reconocimiento de paternidad, dado que en ninguna de sus instancias fue desahogada la prueba pericial en genética (ADN), que como bien lo señala la promovente del amparo, era el medio idóneo e indispensable para el conocimiento de ese extremo.
"Lo anterior es así pues consta en la inspección judicial que el tribunal responsable tomó como base para arribar a la resolución reclamada, que la determinación final en aquel proceso fue la sentencia que dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en revisión por un Tribunal Colegiado de Circuito, mediante la que confirmó la concesión del amparo al hoy tercero perjudicado en el juicio de amparo indirecto por él promovido en contra de la interlocutoria de ocho de marzo de dos mil cuatro, pronunciada por la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la cual, atento al principio del interés superior del niño **********, así como con base en los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dicho tribunal familiar modificó el ahí auto recurrido y ordenó la práctica de la prueba pericial en materia de genética con el propósito de que el juzgador estuviera en condiciones de concluir si el entonces demandado era o no el padre biológico del mencionado agraviado.
"Derivado de lo cual, contra lo asumido por el tribunal responsable, en la especie no existe cosa juzgada material, teniendo en cuenta que no ha habido un pronunciamiento de fondo sobre la solicitud de reconocimiento de paternidad promovida por la madre del niño **********, pues así lo revela la sentencia definitiva de once de febrero de dos mil cuatro, dictada en el anterior proceso, de la que se aprecia que el razonamiento toral que sostuvo su resultado se hizo consistir en lo siguiente: ‘... Y en el caso concreto esa carga de la prueba aparece insuficientemente evacuada por la actora, dado que en la casuística concreta que la actora omitió demostrar a través de medio de prueba fehaciente alguno que, conforme a los fundamentos de derecho que expone, la relación que sostuvo con ********** hubiere prevalecido suficiente o pertinente para que resultara demostrado que se engendrara al menor de referencia entre la accionante y **********, físicamente al tener relaciones sexuales con su entonces pareja por noviazgo, en la época de la concepción del menor de referencia ...’
"Luego, si ante la pretensión del derecho humano que asiste al niño ********** de conocer la identidad de su padre y por ende, hacerse acreedor de todas las consecuencias constitucionales, convencionales y legales inherentes a tal derecho fundamental, no se surte la cosa juzgada material dado que aún no existe un pronunciamiento de fondo por el que se hubiera desestimado tal pretensión, resulta indudable que en el caso debe prevalecer el interés superior del mencionado niño quejoso.
"Se afirma esto último, teniendo en cuenta que en el caso, la cosa juzgada formal que obtuvo el tercero perjudicado, derivada de la desestimación del derecho del niño quejoso a que se desahogara la prueba pericial en genética ofrecida en aquel juicio concluido, sucumbe frente al valor inherente al derecho humano que le asiste a dicho peticionario del amparo de conocer a su progenitor y como consecuencia de ello, de ejercer los derechos y deberes que emanan del mismo."
De las consideraciones sustentadas en el juicio de amparo directo 249/2011, deriva la tesis aislada de rubro y texto siguientes:
"RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD DE UN MENOR DE EDAD. EN CASO DE QUE NO HAYA SIDO DESAHOGADA LA PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA (ADN) EN EL ANTERIOR JUICIO CONCLUIDO, NO OPERA LA COSA JUZGADA EN EL NUEVO JUICIO EN DONDE SE CONTROVIERTA IGUALMENTE LA ACCIÓN DE. El Pleno de nuestro Alto Tribunal en el país ha sostenido por jurisprudencia firme que la figura procesal de la cosa juzgada cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene límites objetivos y subjetivos, siendo los primeros los supuestos en los cuales no puede discutirse en un segundo proceso lo resuelto en el anterior, mientras que los segundos se refieren a las personas que están sujetas a la autoridad de la cosa juzgada, la que en principio sólo afecta a quienes intervinieron formal y materialmente en el proceso (que por regla general, no pueden sustraerse a sus efectos). Por su parte, la importancia del derecho fundamental a la identidad derivado del reconocimiento de paternidad consagrado en la Constitución, las convenciones internacionales de derechos humanos suscritas por México y las leyes locales y federales respectivas, no sólo radica en la posibilidad de conocer el nombre y el origen biológico (ascendencia), sino que, a partir de ese conocimiento, puede generarse en primer lugar, el derecho de la niña o el niño a tener una nacionalidad y, por otra parte, el derecho constitucionalmente establecido de que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo integral. Por lo tanto, este derecho a la obtención de los satisfactores básicos para lograr el desarrollo es una extensión del derecho a la vida, pues implica que las condiciones de vida deben ser lo suficientemente buenas para que el niño o la niña crezca sana y armoniosamente, garantizándose su pleno desarrollo. Así pues, de lo anterior se tiene que mientras el derecho al reconocimiento de la paternidad constituye un derecho humano de las niñas y de los niños que está íntimamente vinculado con el valor de la vida y de la dignidad de las personas; la cosa juzgada atañe a un principio establecido constitucionalmente para dar seguridad jurídica a las determinaciones emitidas por los órganos jurisdiccionales y crear un estado de certidumbre a fin de evitar cadenas impugnativas interminables sobre una misma cuestión litigiosa, distinguiéndose dentro de este mismo concepto, la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material, esto es, la primera es la que se produce de todas las resoluciones judiciales inherentes a su firmeza o inimpugnabilidad que proviene de la ausencia de recurso alguno o de cuando, aunque se conceda, no se interponga o no se formalice en los plazos previstos, mientras que la cosa juzgada material es el estado jurídico de un concreto asunto cuando sobre él se ha dictado una resolución (generalmente una sentencia) con fuerza o autoridad de cosa juzgada formal, sólo el fondo es, sin discusión, cosa a los efectos de la ‘cosa juzgada’ cuando de cosa juzgada material se trata. Luego, si en un anterior juicio concluido sobre reconocimiento de paternidad de una niña o de un niño no fue desahogada la prueba pericial en genética, por virtud de que la sentencia definitiva no fue recurrida con oportunidad causando ejecutoria y, en consecuencia, no se resolvió el fondo de la litis planteada; de ello resulta que en un nuevo juicio, en el que se controvierte ese mismo derecho fundamental, no opera la cosa juzgada material, sino exclusivamente la formal, por lo que en esas circunstancias, el derecho humano a que se reconozca la paternidad de una niña o de un niño debe prevalecer ante el principio de cosa juzgada formal."
Origen del amparo directo 353/2009-I, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito y criterio que en él se sostiene.
Origen. El asunto deriva de un juicio ordinario civil, en el que **********, en representación de su menor hijo de nombre **********, demandó de **********, diversas prestaciones, entre las que destaca: El reconocimiento de la paternidad a favor de su menor hijo.
Al dar contestación, el demandado opuso las excepciones y defensas que estimó convenientes, entre las cuales negó la procedencia de la pretensión de su contraparte por no ser el padre biológico del menor e hizo valer la excepción de cosa juzgada.
Seguido el juicio por todos sus estadios procesales, el Juez de Primera instancia pronunció sentencia en la que consideró acreditada la acción con los elementos de convicción aportados por la actora, y respecto de la excepción de cosa juzgada, la estimó improcedente.
En contra de esa determinación, la parte demandada interpuso recurso de apelación, del que conoció la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, la que dictó sentencia en el sentido de revocar la de primera instancia, bajo la consideración toral de que en la especie operó la excepción de cosa juzgada, declarando improcedente la acción de reconocimiento de paternidad ejercida, con la consecuente absolución del demandado.
Inconforme con ese fallo, **********, en representación de su menor hijo, promovió juicio de amparo, del que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, quien lo radicó con el número ********** y en sentencia terminada de engrosar el treinta de noviembre de dos mil nueve, determinó negar el amparo solicitado.
Criterio. En lo que al tema interesa, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, sostuvo lo siguiente:
"Lo que permite concluir que la institución de la cosa juzgada se rige por los principios que inspiran la inmutabilidad de las sentencias, los cuales son absolutos, y no deben ceder frente a algunos otros de origen también constitucional, como en el caso el interés superior del menor salvaguardado por el artículo 4o. constitucional.
"Se dice lo anterior, toda vez que si bien es cierto que existe criterio definitivo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a que tratándose de menores e incapaces procede la suplencia de la queja en toda su amplitud, sin que obste la naturaleza de los derechos cuestionados ni el carácter del promovente (jurisprudencia 1a./J. 191/2005, de rubro: ‘MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.’)
"Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige el sistema jurídico de nuestro país desde mil novecientos diecisiete, estableció diversas garantías de orden personal y social en favor de los menores, precisamente en su artículo 4o., que en lo conducente prescribe:
"‘Artículo 4o. ...
"‘Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
"‘Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
"‘El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.’
"Y que nuestro país es parte integrante de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, en mil novecientos ochenta y nueve, en vigor desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa y ratificada por México el veintiuno de septiembre de ese mismo año; en la que se resalta, en lo que interesa, el derecho de los niños a la identidad, que incluye el derecho al nombre y a la nacionalidad.
"Sin embargo, como ya se dijo, en la especie debe prevalecer el principio de cosa juzgada, el cual es absoluto y no debe ceder por el del interés superior del menor acogido en los numerales y ordenamientos antes citados, habida cuenta que demostrado que entre el diverso juicio ordinario ********** sobre reconocimiento de paternidad en el que se dictó sentencia absolutoria de veintiocho de septiembre de dos mil cinco, confirmada por la de diecinueve de diciembre de ese mismo año emitida en el toca familiar **********, deducido de aquel procedimiento, y el que ahora es materia de estudio, existe identidad de partes, pues en ambos juicios figuraron como actora ********** en representación de su menor hijo **********, y como demandado **********; de la cosa demandada, pues en ambos se reclamó el reconocimiento de paternidad; y de la causa, atenta la negativa de reconocer al menor como su descendiente; aunado a que en el procedimiento anterior, en la primera instancia se decidió el fondo del negocio negándose la procedencia de la acción ejercida, confirmada dicha sentencia en segunda instancia.
"Fallo que ahora, se repite, no es posible alterar, máxime que, como lo destacó la responsable, durante la sustanciación del juicio relativo la actora estuvo en posibilidad de aportar y desahogar las pruebas conducentes a los intereses del menor, de alegar, o en su caso, impugnar tal determinación ante la potestad federal.
"De manera que si bien en la especie debían ponderarse valores constitucionales iguales en categoría, es decir, escoger entre el interés superior del menor, frente al de cosa juzgada, el primero debe ceder respecto del segundo.
"Resultando, por tanto, inexacto que la cosa juzgada se prevea sólo en los artículos 123 a 126 del código adjetivo civil de esta entidad federativa, y que el interés superior del menor tenga un mayor rango por establecerse en el artículo 4o. constitucional, porque como antes se vio, aquélla también tiene sustento en la Constitución Federal en sus artículos 14 y 17.
"Todo lo cual permite concluir sobre la debida valoración de los elementos de prueba de los que se ha dado noticia, y por ende, de la legalidad de la sentencia reclamada en la que la Sala responsable ponderó y declaró procedente la excepción de cosa juzgada.
"De manera que tal circunstancia impedía a la Sala responsable ocuparse del material aportado por la aquí quejosa, que veían al fondo del negocio.
"Sin que para lo anterior obste el argumento sintetizado con el número 4, en el que se aducen violaciones al procedimiento en relación a la falta de desahogo de la pericial en genética, al estado de indefensión que ello generó y a que el resolutor de la alzada gozaba de facultades plenas para ordenar su diligenciación, relacionadas con el juicio anterior.
"Ello, porque aun cuando no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que la Magistrada de la Séptima Sala en Materia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al dictar sentencia en el toca ********** deducido del expediente ********** relativo al juicio ordinario sobre reconocimiento de paternidad, declaró desierto el recurso de apelación por falta de agravios de la actora recurrente, con infracción a lo dispuesto por el artículo 949, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en relación con el 1o. de ese mismo ordenamiento, que le obligaba a realizar el estudio oficioso de la cuestión reclamada, de los elementos de prueba aportados y en su caso, ordenar al juzgador de primera instancia la recabación oficiosa de pruebas, o bien, cualquier providencia que pudiera considerarse benéfica o necesaria para los intereses del menor, a fin de estar en aptitud de decidir en definitiva sobre la reclamación del reconocimiento de la paternidad pretendida a favor de **********.
"Sin embargo, es claro que tal infracción no puede ser motivo de concesión de amparo en el presente juicio de garantías, habida cuenta que tal determinación no constituye el acto aquí reclamado."
De las consideraciones sustentadas en el juicio de amparo directo 353/2009, deriva la tesis aislada de rubro y texto siguientes:
"COSA JUZGADA. LA RIGIDEZ O INMUTABILIDAD DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DESCANSA EN LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICAS, LOS CUALES, POR SER ABSOLUTOS Y TENER RANGO CONSTITUCIONAL, NO DEBEN CEDER FRENTE AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DE EDAD. El respeto a la cosa juzgada, además de constituir la verdad legal para quienes fueron parte en el juicio, implica la imposibilidad de volver a discutir lo decidido, porque la rigidez o inmutabilidad de la sentencia definitiva descansa en los principios de seguridad y certeza jurídicas, consagrados en los artículos 14, párrafo segundo y 17, párrafo tercero, de nuestra Constitución Federal, los cuales por ser absolutos, no deben ceder frente al interés superior del menor de edad, aunque también su origen sea constitucional. De manera que al existir en un juicio previo sentencia firme en la que se decidió sobre la acción de reconocimiento de paternidad, la cual guarda identidad de personas, objeto y causa, es indudable que no es posible alterar aquélla, aun en el extremo de que se adviertan infracciones procesales o formales en detrimento del menor, ello, en aras del respeto a la institución de la cosa juzgada; además, soslayar lo anterior sería permitir la posibilidad de que se tramitara una cadena interminable de nuevos juicios hasta que finalmente, aun por un descuido procesal del supuesto padre, se reconozca y quede firme la paternidad atribuida."
CUARTO. Requisitos para la existencia de la contradicción. La existencia de la contradicción de tesis está condicionada a que los Tribunales Colegiados de Circuito sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis, el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia, pues lo que determina la existencia de una contradicción, es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango, adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales.
En efecto, el Pleno del Máximo Tribunal de la República, al resolver la contradicción de tesis 36/2007, en sesión del treinta de abril de dos mil nueve, estableció, por unanimidad de diez votos, que para que se dé una contradicción de tesis, es indispensable que exista un problema jurídico que amerite ser definido para el mundo jurídico, y así evitar que se sigan dando situaciones confusas y, desde luego, soluciones distintas y contradictorias a asuntos similares.
Lo anterior quedó plasmado en la jurisprudencia 72/2010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, que lleva por rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(1)
Así, de conformidad con el criterio anterior, la existencia de una contradicción de tesis está condicionada a que:
a) Dos o más órganos contendientes se pronuncien sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales; y
b) Que respecto de ese punto, sostengan criterios jurídicos discrepantes.
QUINTO. Análisis de los requisitos para la existencia de una contradicción de tesis en el caso concreto. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que en el caso a estudio sí existe contradicción de tesis entre el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito.
Se estima de esa manera, porque ambos tribunales conocieron de un juicio en donde se demandó el reconocimiento de paternidad, y cuyo tema a dilucidar consistió en determinar si frente al interés superior del menor opera o no la figura procesal de la cosa juzgada, ello en razón de que en un diverso juicio ya se había demandado la misma acción, sin que ésta haya prosperado, en virtud de que no se llevó a cabo la prueba pericial correspondiente.
Con relación a ese tema, dichos tribunales concluyeron de manera opuesta, pues mientras el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito concluyó que no puede operar la cosa juzgada, bajo el razonamiento de que si en un anterior juicio sobre reconocimiento de paternidad de una niña o un niño, no fue desahogada la prueba pericial en genética, ello genera que en un nuevo juicio en el que se controvierte el mismo derecho fundamental, no opera la cosa juzgada, pues en esas circunstancias el derecho humano a que se reconozca la paternidad de una niña o un niño debe prevalecer.
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, concluyó que en ese supuesto sí debe operar la cosa juzgada, pues según consideró, al existir en un juicio previo, sentencia firme en la que se decidió sobre la acción de reconocimiento de paternidad, la cual guarda identidad de personas, objeto y causa, es indudable que no es posible alterar aquélla, aun en el extremo de que se adviertan infracciones procesales o formales en detrimento del menor, ello en aras del respeto a la institución de la cosa juzgada, pues soslayar lo anterior sería permitir que se tramitara una cadena interminable de nuevos juicios hasta que finalmente, aun por descuido procesal del supuesto padre, se reconozca y quede firme la paternidad atribuida.
En esa virtud, la cuestión a dilucidar consiste en determinar:
• Si en un juicio de reconocimiento de paternidad, debe prevalecer la figura procesal de cosa juzgada cuando en un diverso juicio ya se demandó la misma acción, sin que ésta haya prosperado, en virtud de que no se llevó a cabo la prueba pericial correspondiente, o si por el contrario, ésta debe ceder ante el interés superior del menor.
SEXTO. Estudio de fondo. Como se advierte, para resolver la cuestión a dilucidar, se hace necesario conocer, por un lado, en qué consiste la institución procesal de la cosa juzgada y su razón de ser; y por otro, determinar qué es lo que implica el interés superior del menor y sus alcances, para después determinar cuál de ellos debe prevalecer cuando dicho interés se enfrenta a la citada institución, en una hipótesis como la generada en los asuntos que dieron origen a la presente contradicción.
Por tal motivo, siguiendo esa lógica, esta Primera Sala procederá en primer lugar, a estudiar el tema relativo a la cosa juzgada, después analizará el referente al interés superior del menor y, posteriormente, determinará cómo opera el interés superior de la infancia en un juicio de paternidad frente a la cosa juzgada, para finalmente decidir cuál de ellos resulta de mayor entidad; y por ende, cuál debe prevalecer cuando éstos se enfrentan en una hipótesis como la mencionada.
I. La Cosa Juzgada
La institución procesal de la cosa juzgada se relaciona con el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional y se vincula con la seguridad jurídica a que alude el artículo 14 de la Carta Magna, en su párrafo segundo.
En efecto, las disposiciones constitucionales citadas, establecen lo siguiente:
"Art. 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
"El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.
"Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24416-414d8759/reconocimiento-de-paternidad-el-interes-superior-del-menor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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