ABOGADO PATRONO. EL DESIGNADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE QUIEN LO DESIGNÓ CON ESE CARÁCTER.
QUEJA 156/2013. 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: VÍCTOR JÁUREGUI QUINTERO. SECRETARIA: ALMA DELIA DÁVILA ELORZA.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-A criterio de este Tribunal Colegiado de Circuito, resultan fundados los agravios formulados por el recurrente, conforme a las razones que a continuación se expresan.
Aduce el disidente, en esencia, que la determinación recurrida le causa perjuicio, en virtud de que contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito, de conformidad al artículo 42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, el abogado patrono sí cuenta con facultades para promover el juicio de amparo a nombre del quejoso pues, la representación que se le confiere, se equipara a la de un mandatario judicial especial, con facultades generales; que la acción de amparo no encuadra en ninguna de las hipótesis del artículo 2236 del Código Civil del Estado de Jalisco, relativo a las facultades que requieren cláusula especial; que, además, la acción de amparo no constituye un derecho personalísimo, de los reservados en exclusiva a la parte interesada, tal como se desprende del artículo 5o. de la Ley de Amparo; que por ello, si el abogado patrono es representante de la parte que lo designa y legalmente no se le impide el ejercicio de la acción de amparo, entonces debe concluirse que tal representación, una vez reconocida por la autoridad responsable, es suficiente para acudir al juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo en vigor.
Las alegaciones que anteceden devienen sustancialmente fundadas, como se anticipó, en virtud de que se estima por este tribunal, que es incorrecto que el Juez de Distrito fundara su determinación, por analogía, en la jurisprudencia 1a./J. 97/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE."; para desechar la demanda de amparo presentada por el ahora recurrente, derivada de un juicio del orden civil; dado que se considera que dicha jurisprudencia no es aplicable al caso a estudio y, para así demostrarlo, conviene al presente asunto, tener en cuenta las razones que sirvieron de sustento al Juez de Distrito para resolver de la forma en que lo hizo, las cuales se hicieron consistir en lo siguiente:
Que de la interpretación conjunta de los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Amparo en vigor, se concluyó que la demanda de amparo debe ser formulada por el directo quejoso, o bien, por quien acredite ser su representante legal o su apoderado; y que a contrario sensu, en lo que aquí interesa, el juicio de amparo no puede ser promovido por quien no acredite ser representante legal o apoderado de la persona, moral o física, sobre la que recaiga directamente la afectación reclamada, determinación que sustentó en la tesis III.2o.C.18 K, de voz: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES."
Enseguida, refirió el Juez de amparo, que el motivo de improcedencia de la acción constitucional derivaba de que quien pretende ejercerla, **********, se ostentó como abogado patrono de **********, en términos del artículo 42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; sin embargo, la demanda de amparo debe formularse por el quejoso o su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por su abogado patrono previsto en el citado numeral porque, incluso, del artículo 11 de la Ley de Amparo, se podía advertir que dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio civil de origen, ya que el alcance de las facultades relativas a "en general, realizar todos los actos procesales", no se traduce en que pueda realizar cualquier acto en nombre de éste, sino que su participación, por un lado, debía entenderse limitada a la tramitación del proceso de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el abogado patrono adquiriera el carácter de representante legal y, por otro, porque tales facultades procesales debían armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual, se reserva al quejoso como directamente afectado la formulación de la demanda de amparo en materia civil.
Además -refirió el Juez Federal-, que del artículo 42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se apreciaba que tal designación -abogado patrono-, no confiere la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, dado que el alcance de sus facultades deben circunscribirse en el marco de defensa de los derechos del juicio donde se le designó, lo que no puede extenderse al ejercicio de una acción diferente como la presente.
Máxime -agregó el Juez de Distrito-, que el tercer párrafo del precepto invocado limita las facultades del abogado patrono, pues exceptúa la adquisición de bienes, la transacción, el desistimiento y los actos personalísimos que la ley o el Juez señalen, de lo que se advierte que no cuenta con las prerrogativas que sí tienen los apoderados o representantes legales designados en términos de los numerales 2204, 2205, 2206 y 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco.
Por lo que en ese sentido señaló el a quo federal, que en el juicio de amparo en materia civil, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del abogado patrono conforme al artículo 42, párrafo tercero, del enjuiciamiento civil del Estado de Jalisco; consideraciones que sustentó con la aplicación, por analogía, de las tesis de jurisprudencia y aisladas, de voces: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", "ABOGADO PATRONO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).", "LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS.", "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO." y "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO."
Concluyó el Juez de Distrito, que en tales condiciones, y dado que la demanda de amparo que se analizaba, no había sido instada por la directa quejosa, ni por su representante legal o apoderado, conforme a lo expuesto, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5o. y 6o., todos de la ley de la materia en vigor, con apoyo en el diverso precepto 113, procedía desechar la demanda amparo que se analizaba.
Precisado lo anterior, y para efectos de una mejor comprensión del presente estudio, se estima conveniente reproducir, en lo conducente, lo que sobre el tema del autorizado en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 135/2013, cuyo texto es el siguiente:
"...Es relevante para el caso que acorde con su párrafo tercero, las partes pueden autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para realizar las actuaciones que se mencionan, pero además, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, con las limitaciones de que, por un lado, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho; y por otro, no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero.-Sin embargo, no se aprecia de su texto que mediante tal autorización se confiera al designado la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, dado que el alcance de sus facultades de ‘defensa de los derechos del autorizante’ debe circunscribirse en el marco de la defensa de los derechos que el autorizante llevó al juicio mercantil mediante el ejercicio de la acción correspondiente, lo que no puede entenderse extensivo al ejercicio de una acción diferente como lo es la de amparo.-En efecto, aun cuando ese precepto contiene una cláusula abierta que faculta a los autorizados para que realicen cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, la amplitud de esa cláusula no significa que el autorizado pueda realizar absolutamente cualquier acto en nombre de su autorizante, ya que su participación debe armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada, el cual reserva al quejoso como directamente afectado (o a su representante) la realización de determinados actos en exclusiva, de tal suerte que los actos directamente vinculados con la formulación de la pretensión inicial de amparo son exigibles al actor o a su representante legal, como son el acto de formulación de la demanda.-En tal virtud, resulta concluyente para resolver este asunto, que en la demanda de amparo directo en materia mercantil, la petición debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, porque es el titular de la acción y el único legitimado para decidir cuáles actos son los que, en su concepto, le ocasionan perjuicio y de qué manera lesionan sus garantías individuales o derechos humanos; ello conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, pues acorde con el contenido conducente de los artículos 107, fracción I, de la Constitución General, 4o. de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, así como 5o., fracción I y 6o. de la nueva Ley de Amparo vigente, se desprende que el juicio de garantías se sigue a instancia de parte agraviada, lo que se traduce en que la demanda de amparo directo en materia mercantil sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, por quien es titular de la acción o su representante legal.-En consecuencia, la persona autorizada en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio, no cuenta con facultades para ejercer la acción de amparo directo en representación de su autorizante.-En adición de lo anterior, debe precisarse que la figura de autorización que prevé el artículo 1069 del Código de Comercio, no es equiparable en toda su extensión con el mandato judicial, cuyo alcance se encuentra previsto en los artículos 2587 y 2588 del Código Civil Federal,(1) dado que por un lado, la forma prevista en la ley para configurar el mandato judicial requiere de la satisfacción de requisitos especiales como lo es la escritura pública o la presentación de un escrito ratificado por el otorgante ante el Juez de los autos, además de que si el Juez no conoce al otorgante, exigirá testigos de identificación del mismo.(2)Requisitos éstos que no se podrían tener por colmados con la sola presentación de la promoción de autorización en los términos amplios que prevé el artículo 1069 del Código de Comercio.-Y por otro lado, porque en correspondencia con la distinta forma de perfeccionar el mandato judicial y la forma de conferir la autorización procesal en términos amplios, en el caso del mandato judicial se confiere una auténtica representación, la que se acompaña de una gama de facultades y deberes previstos en la ley que se confieren al mandatario;(3) entre tanto, en el caso de la autorización procesal prevista por el legislador en materia mercantil, destaca que, lejos de conferirse al autorizado una representación, únicamente se le confiere el carácter de persona autorizada para oír y recibir notificaciones, pues aun cuando tal autorización pueda acompañarse de ‘facultades amplias’ para intervenir en el juicio en el que se le autoriza, lo que incluso le puede generar responsabilidad de tipo sustantivo al autorizado, es relevante que el destinatario de las mismas sólo cuenta con una autorización en la que el legislador no previó que sea un representante legal, por lo que el alcance de las facultades procesales respectivas necesariamente se circunscribe al trámite y resolución del proceso en el que se le autoriza, sin que el autorizado cuente con representación de los intereses del autorizante (menos aún fuera del juicio respectivo), pues se reitera, con motivo de la autorización amplia para oír y recibir notificaciones, prevista en el artículo 1069 del Código de Comercio, lejos de constituirse un poder o un mandato judicial, solamente se confieren al autorizado facultades orientadas a facilitar la realización de los actos procesales necesarios para la defensa de los intereses de su autorizante en el proceso judicial correspondiente.-En esa tesitura, aun cuando los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada,(4) así como el 11 de la ley vigente en la materia,(5) prevén la posibilidad de que la personalidad o representación que se tenga reconocida ante la autoridad responsable, sea admitida en el juicio de amparo directo; debe advertirse que la figura procesal de autorización en términos amplios para oír y recibir notificaciones prevista en el artículo 1069 del Código de Comercio, no constituye un reconocimiento de personalidad ni de representación del autorizado respecto de su autorizante, sino únicamente revela un carácter procesal del autorizado, quien por disposición de la ley, queda facultado para llevar a cabo las actuaciones procesales señaladas por cuenta y en defensa de los derechos del autorizante dentro del proceso de origen respectivo, pero no en nombre, ni en representación, ni como extensión de la personalidad de su autorizante.-Por último, no es obstáculo para lo antes expuesto que en el cuarto párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio se establezca lo siguiente: ‘Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia.’.-Ello es así, debido a que dicha disposición, aun cuando prevé que el autorizado puede incurrir en responsabilidad sustantiva por su actuación, de ninguna manera establece que la figura jurídica del autorizado en un juicio mercantil para oír y recibir notificaciones en términos amplios, constituya un mandato judicial; sino que únicamente establece que ese autorizado será responsable de los daños y perjuicios que cause a quien lo autorizó; para lo cual establece como aplicables de manera analógica o extensiva las disposiciones del Código Civil Federal relativas a la responsabilidad de los mandatarios, con la finalidad de salvaguardar los intereses del autorizante en caso de que su autorizado incurra en conductas dañosas, pero destacando que tratándose del autorizado en términos amplios en un juicio mercantil, sus facultades permanecen limitadas a la tramitación del proceso de origen respectivo.-Dicho en otras palabras, el dispositivo en comento de ninguna forma tiende a equiparar, igualar o confundir las dos figuras jurídicas mencionadas, sino que únicamente remite a la regulación que en materia de responsabilidad sustantiva de los mandatarios desarrolla el Código Civil Federal, para que esas disposiciones sean aplicadas analógicamente a los casos en los que el autorizado en términos amplios en un juicio mercantil cause daños y perjuicios a su autorizante."
Luego, de igual forma, es menester hacer alusión a lo que prevé el artículo 1069, tercer párrafo, del Código de Comercio, que interpreta la jurisprudencia y ejecutoria en cita, el cual señala:
"Artículo 1069. ...Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo. ..."
Por su parte, los artículos 42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 2207 del Código Civil local prevén lo siguiente:
"Artículo 42. Los interesados y sus representantes legítimos podrán comparecer en juicio por sí o por medio del procurador con poder bastante.-Las partes e interesados podrán designar por escrito, en cualquier etapa procesal, abogado patrono legalmente autorizado para el ejercicio profesional quien no podrá delegar en otro su función o nombrar diverso abogado patrono.-La designación aceptada faculta al abogado para recabar, ofrecer, desahogar y objetar pruebas; interponer y continuar los recursos e incidentes, formular alegatos y en general, realizar todos los actos procesales salvo la adquisición de inmuebles que le correspondan a quien lo designó exceptuando la transacción, el desistimiento, la adquisición de inmuebles y los actos personalísimos que la ley o el Juez señalen. Cuando hubiere varios designados, podrán actuar conjunta o separadamente, pero en la práctica de diligencias o audiencias sólo uno de ellos podrá llevar la voz.-El designado en los términos de este artículo tendrá las mismas obligaciones que un mandatario especial con respecto a su patrocinado."
"Artículo 2207. En los poderes generales judiciales, bastará decir que se otorgan con ese carácter, para que el apoderado pueda representar al poderdante en todo negocio de jurisdicción voluntaria, mixta y contenciosa, desde su principio hasta su fin; siempre que no se trate de actos que conforme a las leyes requieran poder especial, en tal caso se consignarán detalladamente las facultades que se confieran con su carácter de especialidad. ..."
Asimismo, en la exposición de motivos, relativa al Decreto 15766, por el que se adicionaron los dos últimos párrafos del artículo 42 transcrito, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se expuso, en lo que interesa, lo siguiente:
"...VI. De la misma manera, dado el cúmulo de ponencias presentadas ante los foros de consulta respecto del tema de la figura del abogado patrono, se decidió reglamentarla y reubicarla en el capítulo II del título segundo ‘De la personalidad’, ampliando sus facultades hasta para interponer el juicio de amparo y limitando las mismas para celebrar transacciones, así como para desistirse y demás actos personalísimos que la ley o el Juez señalen..."
Del anterior marco conceptual y legal previamente citado, a criterio de este Tribunal Colegiado de Circuito, se arriba a la conclusión de que, como bien lo alega la parte recurrente, en la materia civil, a diferencia de la mercantil, el abogado patrono sí tiene facultades para ejercer la acción de amparo en nombre de su representado y, ello es así, por cuanto que, de la interpretación literal que se realiza se colige, en lo que importa, que la figura del abogado patrono prevista en el artículo 42 del código adjetivo civil local, se equipara a la de un mandatario judicial especial, con facultades generales, tal como lo dispone el último párrafo de dicho numeral y se robustece, desde luego, con lo que al respecto consignó el legislador local, en la exposición de motivos de la reforma de previa cita en cuanto a que, expresamente, en ella se dijo que se ampliaban las facultades del abogado patrono "...Hasta para interponer el ‘juicio de amparo...’."; por ende, se concluye que podrá ejecutar todos aquellos actos necesarios para la defensa de la parte que lo designó, incluida la promoción del juicio de garantías, toda vez que el procedimiento de origen se encuentra sub júdice, porque la decisión de la autoridad responsable, aún puede ser variada con motivo de la concesión de la protección constitucional, de ser el caso; situación que, como se observa, no ocurre con la autorización que otorga el artículo 1069 del Código de Comercio, toda vez que, de acuerdo a lo reseñado en este fallo, la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 135/2013 invocada, dejó expresamente establecido, en lo que importa, que la redacción del artículo 1069 del Código de Comercio, lejos de constituirse en un poder o mandato judicial, solamente confiere facultades al autorizado orientadas a facilitar la defensa de los intereses del autorizante en el proceso judicial correspondiente; lo que no sucede en el caso a estudio, en virtud de que, como se destacó, la redacción del artículo 42 del código adjetivo civil local, en forma expresa estatuye: "...el designado en los términos de este artículo tendrá las mismas obligaciones que un mandatario especial con respecto a su patrocinado..."; de lo que deriva entonces, que si su obligación connatural a su designación, es defender los intereses de su autorizante que están en juego en el juicio natural, es inconcuso que tal expresión legislativa contiene imbíbito, a su vez, el aserto de que igualmente el abogado patrono debe contar con las facultades propias del mandatario especial, cuando, como en el caso, actúa en defensa de los intereses litigiosos cuya defensa le fue conferida; y en este caso, hasta la de promover el juicio de amparo; máxime que, tal como se ponderó antes, así lo especificó el legislador local en la exposición de motivos correspondiente; de ahí que se concluya que contra lo resuelto por el a quo federal, en la especie, no resulta aplicable el criterio emitido por el Más Alto Tribunal del País, en el cual sostuvo el Juez de Distrito su determinación.
Máxime que, al respecto, la Ley de Amparo no limita la admisión de la personalidad de los profesionales del derecho, a etapa alguna; razón por la cual las partes en el procedimiento de amparo o sus representantes, pueden ocurrir ante el juzgador federal, en cualquier fase del proceso, a promover a nombre de su patrocinado, con la única limitante de que acrediten la representación con las constancias conducentes.
Sobre el tema es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 3a./J. 2/91, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 37/90, consultable en la página 57 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, febrero de 1991, Octava Época, que dispone:
"ABOGADO PATRONO. SÍ TIENE FACULTADES PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA).-De los artículos 71 y 72 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora y 2868 del Código Civil de dicha entidad federativa, se desprende que, junto al procurador o mandatario judicial, coexiste la figura del abogado patrono, como otra forma más de representación en el proceso. Por ello, la sola designación de abogado patrono confiere a este último facultades de representación, equiparables a las otorgadas en un mandato judicial, puesto que le permite llevar a cabo, directamente en beneficio de la parte que lo designó, todos aquellos actos procesales que correspondan a dicha parte, aunque con algunas de las restricciones impuestas a los mandatarios judiciales, a cuyas normas nos remite el legislador sonorense. Luego, la representación conferida al abogado patrono es muy similar a la otorgada a un procurador, pero sin las formalidades del mandato respectivo. Esta conclusión se robustece con la simple lectura de los artículos 148, párrafo segundo, 177 y 188, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. Por otra parte, el ejercicio de la acción constitucional de amparo no trae aparejada la disposición del derecho en litigio, en primer lugar, porque con su tramitación generalmente se busca el pronunciamiento acerca de la constitucionalidad del acto reclamado, así como la obtención del amparo de la Justicia Federal; y para ello nunca será necesaria la disposición o enajenación del derecho substancial controvertido. En segundo lugar, porque mientras el juicio de garantías no se resuelve, el pleito o litigio continúa sub júdice; de modo que el ejercicio de la acción de amparo no modifica o extingue el litigio, por lo que no implica una disposición del derecho relacionado con el mismo. Por otro lado, la acción de amparo tampoco encuadra en ninguna de las hipótesis mencionadas por el artículo 2868 del Código Civil para el Estado de Sonora, relativo a las facultades que requieren cláusula especial. Además, la acción de amparo no constituye un derecho personalísimo, en los reservados en exclusiva a la parte interesada, tal como se desprende del artículo 4o. de la Ley de Amparo. Ahora bien, como el abogado patrono es representante de la parte que lo designa y legalmente no se le impide el ejercicio de la acción de amparo, entonces debe concluirse que tal representación, una vez reconocida por la autoridad responsable, es suficiente para acudir al juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo."
En este contexto, se concluye que en el asunto de que se trata no existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia para desechar de plano la demanda, por lo que procede declarar fundado el presente recurso de queja y, por ende, el Juez de Distrito a quo, conforme a lo dispuesto en el numeral 103, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, si no advierte alguna irregularidad esencial en la demanda o causa diversa que motive su desechamiento, proceda a su admisión.
Lo anterior debido a que, si bien, por regla general el tribunal revisor está obligado a dictar la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, debe señalarse que, en la hipótesis que prevé el numeral en cita y en caso de resultar fundado el recurso, por su naturaleza se equipara a una reposición del procedimiento, ya que la materia del recurso únicamente consiste en analizar cuestiones de procedencia del juicio de amparo y no otra diversa, además de que, el examen de diversas cuestiones relacionadas con la admisión de la demanda, en términos de los artículos 112 a 169 de la ley de la materia, es facultad del Juez Federal, porque conduce al cumplimiento de una serie de requisitos legales y administrativos que sólo éste conoce y le corresponde prever.
Sirve de apoyo el criterio sustentado por el Décimo Primero Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte, contenido en la tesis I.11o.C.9 K (10a.), localizable en la página 1710, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. CUANDO RESULTA FUNDADO ESE RECURSO, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO PRONUNCIAR EL AUTO DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA.-De conformidad con el artículo 103 de la Ley de Amparo vigente, por regla general, en caso de resultar fundado el recurso de queja, el tribunal revisor está obligado a dictar la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, y sólo por excepción, cuando la resolución implique la reposición del procedimiento, es permisible regresar el asunto al inferior, a fin de que emita otra resolución en la que se subsanen los vicios concretos advertidos por el superior. En esos términos, tratándose del supuesto previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley citada, cuando se declara fundado el recurso, ello se equipara a una reposición del procedimiento. Lo anterior, porque el objeto de tal medio jurídico de impugnación, es que un órgano jurisdiccional superior reexamine o vuelva a analizar la actuación impugnada desde el punto de vista de su legalidad o ilegalidad, a través de la sustitución en el conocimiento del punto debatido por parte del órgano revisor. En ese sentido, su única finalidad es decidir si es o no ajustado a derecho el acuerdo que desecha una demanda de amparo dictado por un Juez Federal, al considerar que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; esto es, la materia del recurso únicamente consiste en analizar cuestiones de procedencia del juicio de amparo y no otra diversa. Asimismo, al decidirse en el recurso si es o no ajustado a derecho el acuerdo que desecha la demanda constitucional y, en consecuencia, que no tiene por iniciado el juicio de amparo, ello implica en caso de resultar fundado el recurso, el examen de diversas cuestiones relacionadas con la admisión de la demanda, que en términos de los artículos 112 a 169 del propio ordenamiento legal, el pronunciamiento a ese respecto, es facultad exclusiva del Juez de Distrito. Aunado a que será dicho juzgador quien cuenta con los recursos administrativos y materiales para pronunciarse, derivado de ser quien substanciará el procedimiento constitucional y en su carácter rector, no sólo de él sino de los diversos que lleva a su cargo, conoce perfectamente la agenda en la que deben desplegarse los actos procesales respectivos a fin de que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25674-f4a4cb25/abogado-patrono-el-designado-en-terminos-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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